José Alberto Félix Escalante

Expediente 651/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
651/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
25/05/2023

Partes del expediente

  • José Alberto Félix Escalante
  • Ministerio Público Investigador del Sector III, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta que suscribe la actuaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo 651/2023 P de este índice, e informa que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del juicio de amparo promovido por José Alberto Félix Escalante, en contra del Ministerio Público Investigador del Sector III, con sede en esta ciudad y otras autoridades, registrando el mismo con el numero estadístico 724/2023. Asimismo, solicita los acuses de recibo de los oficios 10994/2023, 10995/2023 y 10996/2023 dirigidos a diversas autoridades responsables por el cual se les requirió por sus respectivos informes justificados. Estado procesal. Ahora, del estado procesal que guardan los autos, se advierte que por auto de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, se recibió el oficio suscrito por el director General de la Defensoría Pública del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y se reservó proveer lo conducente hasta en tanto se tuviera noticia sobre el returno planteado por este órgano jurisdiccional y toda vez que ello ya ocurrió; remítanse las constancias solicitadas, el escrito precisado en líneas anteriores, así como, los diversos acuses de recibo de las misivas 10993/2023, 11329/2023, 15000/2023, 15001/2023, 15002/2023, 15003/2023 y 15004/2023, para los efectos legales que haya lugar. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso i), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años, toda vez que se returnó en el presente juicio por conocimiento previo, máxime que este juicio no representa relevancia documental. Anotaciones. Téngase este asunto como concluido y háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio que suscribe el director General de la Defensoría Pública del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto se tenga noticia del returno planteado por este órgano jurisdiccional a favor del diverso juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, de esta ciudad. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, quince de mayo de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el titular del Centro de Atención Integral en el Estado de Sonora de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe justificado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de mérito y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Asimismo, de conformidad a lo establecido en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta, así como las diversas instrumental de actuaciones y presuncional en su aspecto legal y humano que refiere, sin perjuicio de hacer relación de las mismas al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Delegados y domicilio. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas que refiere en sus informes y como domicilio para recibir notificaciones el indicado en la misiva que se atiende. Correo electrónico. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen a las autoridades responsables proporcionando la dirección de correo electrónico que refiere en su oficio de cuenta. Estado de autos. Ahora bien, toda vez que del informe que se atiende y de la búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se pone de relieve la existencia, del juicio de amparo 325/2022-VI, del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, de esta ciudad, en el que reclama la omisión de investigar actos de tortura. Returno por conocimiento previo. En ese orden de ideas, este órgano jurisdiccional considera que quien debe conocer del presente juicio de amparo es el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, por las razones que a continuación se exponen. Normatividad. Del análisis de la demanda y anexos promovida por José Alberto Félix Escalante, en contra de la autoridad Ministerio Público Investigador del Sector III, con sede en esta ciudad y otras autoridades, se advierte que se actualiza la figura de returno, toda vez que en la circular SECNO 31/2020, emitida por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos en sesión de nueve de diciembre de dos mil veinte, que aprobó el punto de acuerdo 104/2020 relativo a la Interpretación de los artículos 45 y 46, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de las órganos Jurisdiccionales. Los numerales en cita son del tenor siguiente: "Articulo 45. Los asuntos se tunarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: (...) II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o especifico, de los contenidos en el propio sistema, se tunará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquel. Artículo 46. Son criterios generales de relación. En aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación. IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto. aunque las partes no sean las mismas;(...)" De la interpretación a los citados numerales, se advierte que, cuando se turne un asunto a cualquier órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Además, señala que en el supuesto de que se acepte el conocimiento del referido asunto se comunicar su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso de no consentir la propuesta, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno; en el entendido que, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Sin embargo, si persiste en su determinación, sin suspender el trámite, con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado así como con el proyecto que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos la que resolverá de plano. Ahora, del análisis de la demanda de derechos que dio origen al presente asunto, promovida por José Alberto Félix Escalante, contra el acto atribuido al Ministerio Público Investigador del Sector III, con sede en esta ciudad y otras autoridades, y en relación con la información obtenida del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 325/2022-VI del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Por lo que, se advierte que los actos reclamados en ambos juicios de amparo tienen su génesis en la carpeta ATP/HER/091/09721/11-2020, con número único de caso: SON/HER/FGE/2020/091/49768 del índice de la responsable. En ese sentido, se considera que se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 46, fracción II, bajo el procedimiento establecido en el diverso 46 Quater, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales vigente Conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las Direcciones Generales de Gestión Judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado catorce de marzo del año en curso, que dicen: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. [.] II. Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; Quedan exentas de crear antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo; aseguramiento; embargo; órdenes de cateo; intervención de comunicaciones que resulten indispensables para las averiguaciones previas o integración de carpetas de investigación; los conflictos competenciales, los incidentes de inejecución de sentencia, las quejas urgentes, las demandas que deriven de una separación de juicios, los procesos civiles federales, mercantiles y administrativos así como los concursos mercantiles. No se relacionarán los asuntos que no se encuentren contemplados en el presente artículo, con excepción de las hipótesis previstas en los criterios específicos de relación determinados por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. (.)" "Artículo 46 Quater. El procedimiento que deben seguir los órganos jurisdiccionales para formular una consulta de turno es el siguiente: I. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá directamente con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo; II. Si el órgano requerido acepta el turno, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo; III. De no aceptar el turno, devolverá el asunto al órgano requirente, el que determinará si insiste en no conocer del asunto. En el supuesto de que no insista, se limitará a comunicar su resolución al órgano requerido; IV. Si el órgano requirente insiste en su postura, formulará consulta de turno sin suspender el trámite del asunto y remitirá vía electrónica las constancias que acrediten lo argumentado, así como la propuesta que se plantee; V. El planteamiento de una consulta de turno en ningún caso justifica la suspensión del procedimiento. En el caso de juicios de amparo indirecto, no debe reservarse la fijación de la fecha para la audiencia constitucional o diferirse la ya señalada; VI. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos contará con un plazo de hasta diez días hábiles para dar respuesta a las consultas planteadas o para someter el proyecto de solución a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. En el caso de las consultas de turno que involucren a órganos con competencia en la materia penal o de ejecución penal, el plazo será de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la consulta; y VII. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos o la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos resolverán de plano la consulta de turno." De la interpretación sistemática de dichos preceptos se obtiene que, para efecto de considerar procedente la vinculación entre juicios de amparo y turnarlos a determinado órgano jurisdiccional, el Acuerdo General contempla diversos criterios generales de relación, entre otros, cuando se promueva un juicio de amparo contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional originado en una misma secuela procesal; controvertido que se turnará al juzgado que tenga registrado el último antecedente relacionado con esos mismos asuntos. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis XVII.2o.2 K, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3342, que dice: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ARTÍCULO 46 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, NO CONTIENE EXCEPCIÓN ALGUNA EN CUANTO AL TIPO DE CONOCIMIENTO PREVIO PARA EL TURNO DE LOS ASUNTOS. El acuerdo general mencionado, fue modificado, entre otros, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, el cual retomó el contenido del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado por el diverso Acuerdo General 48/2008, en el que se instauró el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las oficinas de correspondencia común verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 46 del acuerdo citado en primer término, entre ellos, el que refiere su fracción III, respecto de que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo al que tenga el antecedente del que deriva, conocido por cualquier vía, con la única excepción de que se trate de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Por otra parte, la finalidad del returno no solamente se cumple con enviar un asunto relacionado a un diverso órgano jurisdiccional por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio, relativo a utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de sentencias contradictorias, sino que implica, además, aprovechar ese conocimiento previo, por haber conocido de otro acto relacionado o vinculado, de manera general o específica, que constituye el antecedente o hecho común que dio origen al acto impugnado correspondiente, que implica un conocimiento previo. En ese sentido, en términos del artículo 46, fracción III, indicado, los asuntos relacionados con otro presentado con anterioridad se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior, sin excepción o límite a su aplicación, salvo la prevista en la parte final de la fracción III referida, para efectos de vinculación, al tipo de conocimiento previo para el returno de los asuntos. Lo anterior toda vez que, se reitera, la finalidad del returno se cumple con enviar un expediente a diverso órgano jurisdiccional, ya sea por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizar sus consideraciones y evitar el dictado de resoluciones contradictorias; o bien, cuando se trata de aprovechar ese conocimiento previo acerca de sus antecedentes del expediente respectivo." Sobre ese tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 194/2010, Visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXII, diciembre de 2010, Novena Época, publicada en la página 233, de rubro: "COMPETENCIA POR TURNO. SE ACTUALIZAN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL INCISO B) DEL ARTÍCULO 9 DEL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, CUANDO DOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES CONOCEN DE ASUNTOS CON HECHOS O ANTECEDENTES COMUNES." En cuyas consideraciones estableció lo siguiente: "En esta virtud, a partir del nueve de septiembre de dos mil ocho, entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, e instauró nuevamente el turno o asignación de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que previamente a la asignación aleatoria de los asuntos, los Jefes de las Oficinas de Correspondencia Común verificaran si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguna de las tres hipótesis siguientes: a) Que provenga de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad, que otro ya asignado. b) Que se trate de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía. c) Que las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa, o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, a excepción de los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Conforme al sistema de relación, los asuntos que se encuentren relacionados con otro presentado con anterioridad, en tanto se trate de un recurso vinculado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado, en cualquier vía, se turnarán por medio del sistema computarizado al órgano jurisdiccional que haya conocido o esté conociendo del anterior. [.] Sin que sea óbice a lo anterior el que la hipótesis contenida en el inciso b) únicamente se refiera a "recurso relacionado con un juicio de amparo del conocimiento de algún Tribunal Colegiado en cualquier vía"; toda vez que si bien en el caso no se trata de un recurso de revisión, queja o reclamación, ya que es un juicio de amparo nuevo, la hipótesis normativa contenida en el citado inciso debe interpretarse en un sentido amplio; es decir, en un argumento interpretativo a fortiori o por mayoría de razón, si procede el turno de un asunto por conocimiento previo en un recurso, con mayor razón en un juicio de amparo cuyos hechos tienen relación con diverso asunto ya resuelto por un determinado Tribunal Colegiado." De lo expuesto, se advierte que el máximo tribunal del país determinó que los supuestos de relación deben interpretarse con una visión amplia, de tal modo que la vinculación entre asuntos no se limite a que literalmente provengan del mismo expediente de origen, sino que también atienda a que tengan antecedentes en común, lo que resulta lógico en virtud de que la finalidad del turno relacionado previsto en la normatividad general del Consejo de la Judicatura Federal es aprovechar al máximo el conocimiento previo y evitar el posible dictado de resoluciones contradictorias. De ahí que, la modificación realizada al artículo 46, fracción II, del Acuerdo General, por la que se establece que la vinculación y el turno relacionado entre juicios de amparo es procedente cuando sus actos reclamados derivan de un mismo expediente jurisdiccional, debe interpretarse como una ampliación al catálogo de los diversos actos reclamados que pueden derivar del mismo expediente de origen, mientras se trate de la misma secuela procesal -o sea el mismo juicio o procedimiento-, y sin que pueda oponerse como excepción el hecho de que el sumario génesis haya sido materia de un juicio de amparo durante una etapa diversa a la que se combate actualmente, o bien, en una instancia recurrida con anterioridad a la nueva. Ahora, en el caso concreto, resulta relevante destacar las siguientes circunstancias: La parte quejosa José Alberto Félix Escalante, en lo que interesa reclama la omisión de investigar los actos de tortura de los que refirió ser víctima, y que refiere durante años ha solicitado a las responsables la investigación de los hechos y la omisión referida consta en el expediente del índice de la autoridad responsable. Por su parte, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) se advierte que la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo 325/2022-VI del índice del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en el que reclama la omisión de investigar actos de tortura, y que dicho juicio se sobreseyó ante la inexistencia del acto en reclamo al acreditarse la existencia de la carpeta ATP/HER/091/09721/11-2020, con número único de caso: SON/HER/FGE/2020/091/49768 del índice de la aquí responsable. En ese contexto, los actos impugnados en este juicio y en el diverso 325/2022-VI, guardan estrecha vinculación porque tienen su génesis en el mismo expediente natural, por lo que se actualiza la hipótesis del returno prevista en la fracción II del artículo 46 del acuerdo general. En consecuencia, este juzgado de distrito concluye que por razón de turno, corresponde conocer del presente asunto al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora. En mérito de lo anterior, previo cuaderno de antecedentes, remítanse al citado órgano jurisdiccional los autos del presente juicio, para que provea lo conducente, y lo haga del conocimiento de este juzgado; solicitándose el acuse de recibo respectivo e informe lo que tenga a bien determinar. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio al Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta suscrito por la encargada del Despacho de la Delegación Sonora del Instituto Federal de Defensoría Pública, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa su imposibilidad para designar defensor público federal por las razones ahí expuestas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, requiérase al Director del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, designe un profesionista de esa dirección que funja como autorizado (defensor o asesor) para que asesore al quejoso José Alberto Félix Escalante, en el trámite del presente juicio, en el que reclama al Ministerio Público Investigador del Sector III, con sede en esta ciudad, actos considerados violatorios de sus derechos humanos, lo cual constituye la litis en este juicio de amparo, que constitucionalmente es una garantía de índole federal, mediante la cual el gobernado busca proteger sus derechos fundamentales. En el entendido de que la petición que se realiza al Instituto de Defensa Pública, deriva también de la obligación que tiene este juzgador como garante de los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada del peticionario de amparo, por ser una persona privada de su libertad. Es de invocarse en apoyo a lo acordado, la jurisprudencia V.3o.P.A. J/1, registro 2016971, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 2171, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Décima Época, Materia Constitucional del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal, respectivamente, es como sigue: "ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA Y DEFENSA ADECUADA. PARA GARANTIZAR ESTOS DERECHOS HUMANOS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO RECLUIDO EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL QUE RECLAMA ACTOS RELATIVOS A LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DISPONER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE SEA DEBIDAMENTE REPRESENTADO Y ASESORADO POR UN PROFESIONAL DEL DERECHO, INCLUSO CON LA DESIGNACIÓN DE UN ASESOR JURÍDICO. Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional deben ejercer el control de constitucionalidad; por ello, se estableció que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por su parte, el artículo 18 constitucional, en la parte que se refiere al régimen penitenciario, establece que el sistema de ejecución de penas tiene como fin lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Asimismo, que la organización del sistema penitenciario se apoyará, entre otros, en el respeto a los derechos humanos; de ahí que sea indispensable dar contenido a los derechos que tienen los reos, entre los que se encuentran, la oportunidad a una debida defensa y asesoría legal en las situaciones que se les presenten en su condición de internos, la que, por sí misma, y por obvias razones, les impiden como a cualquier otra persona no privada de su libertad, buscar orientación legal adecuada. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclamen actos que no derivan de un procedimiento judicial, pero que se encuentran relacionados directamente con las condiciones de internamiento del quejoso en un centro de reclusión, como lo pudiera ser la falta de atención médica, malos tratos o azotes, ser aislado o segregado del resto de los internos, o interno en condiciones que transgredan el respeto a su dignidad, el Juez de Distrito, para garantizar los derechos de acceso a la justicia y defensa adecuada, debe disponer las medidas necesarias para que el quejoso sea debidamente representado y asesorado por un profesional del derecho, incluso con la designación de un asesor jurídico, quien tiene, dentro de sus funciones, brindar esos servicios jurídicos profesionales a los sectores de la población destacados de manera enunciativa, pero no limitativa, en el artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública. En consecuencia, puede deducirse que por razones análogas, también los núcleos de la población penitenciaria tienen una condición escasa de oportunidades para encontrar un apoyo legal digno, a fin de adquirir una representación jurídica capacitada para enfrentar las diversas situaciones que se les presenten bajo las condiciones restrictivas en que se encuentran; de ahí que los asesores jurídicos pueden ser designados por el juzgador de amparo para intervenir como autorizados de los quejosos en dichos juicios". Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento con tal requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad aludida. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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