José Alberto Martínez Bravo

Expediente 241/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
241/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
09/10/2019

Partes del expediente

  • José Alberto Martínez Bravo
  • Agente del Ministerio Público con sede en Ensenada, Baja California, encargado de la tramitación de las Averiguaciones Previas correspondientes al Sistema Tradicional

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la actuaria del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, Baja California, mediante el cual informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa José Alberto Martínez Bravo, por conducto de su autorizado Carlos Adrián Becerra Santamaría, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado bajo amparo en revisión 485/2019.

  2. Incidental

    R E S U E L V E ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva que solicitó **, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, por las razones que quedaron especificadas en el tercer considerando de esta resolución.

  3. Incidental

    Visto; agréguese a los autos con vista a las partes el informe previo de cuenta rendido por la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de Amparo.

  4. Incidental

    Vista la copia simple de la demanda de amparo, fórmese por duplicado y separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 241/2019, promovido por José Alberto Martínez Bravo, contra actos que reclama al Agente del Ministerio Público, con sede en Ensenada, Baja California, encargado de la tramitación de las Averiguaciones Previas correspondientes al "Sistema Tradicional". Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, siguientes a aquel en que reciba el oficio en el que se le solicita; apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación. Se señalan las diez horas con quince minutos del tres de octubre de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Ahora, en el caso, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el siguiente: "[.] La determinación de fecha 28 de marzo de 2019, mediante la cual, se da respuesta a mi escrito de esa misma fecha, desestimando las peticiones efectuadas.. [.]" De igual forma, solicita la medida cautelar para el efecto siguiente: "[.] para el efecto de que el Agente del Ministerio integrador, no ejercite acción penal, hasta en tanto se resuelva este juicio de amparo en revisión con relación al acto que le es atribuido. [.]" Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128, fracción I de la Ley de Amparo, se proveerá respecto de la medida cautelar. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, lo que en el caso concreto se actualiza al haberse solicitado expresamente por la parte quejosa y con su otorgamiento no se contravienen disposiciones de orden público ni de interés social, al no advertirse alguno de los supuestos contemplados por el artículo 129 de la Ley de Amparo. Por tanto, por cuanto hace a la suspensión del acto reclamado consistente en que el Agente del Ministerio Público integrador, no ejercite acción penal en la averiguación previa ***, se concede la suspensión provisional a la parte quejosa, para el efecto de que, sin paralizar la integración de aquélla, una vez culminada la labor de investigación, el órgano ministerial se abstenga de ejercer acción penal, hasta en tanto se resuelva sobre a la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial PC.I.P. J/36 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2015408, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo III, materia común, página 2100, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO SE IMPUGNEN ACTOS DE LA REPRESENTACIÓN SOCIAL RELACIONADOS CON LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA PARA EL EFECTO DE QUE, SIN PARALIZARLA, EN CASO DE SER PROCEDENTE, EL ÓRGANO MINISTERIAL NO EJERZA LA ACCIÓN PENAL. Si el quejoso combate actos de la representación social relacionados con la integración de la indagatoria que afectan el ejercicio de su derecho de defensa adecuada, establecido en el artículo 20, apartado A, fracciones V, VII y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, debe otorgarse la suspensión (provisional o definitiva), para el efecto de que, sin paralizar la integración de aquélla, una vez culminada la labor de investigación, de resultar procedente, el órgano ministerial no ejerza la acción penal, porque si se realizara la consignación respectiva, se afectaría irreparablemente esa prerrogativa constitucional." En la inteligencia de que la medida cautelar que se decreta, no surtirá efecto legal si el ejercicio de la misma es en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo; asimismo, se aclara que dicha medida no incide en la ejecución de alguna sentencia dictada en su contra. En otro aspecto, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su escrito de demanda y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Adrián Becerra Santamaría, Alejandro Santibáñez Halphen y Jesús Alberto Mouett Magaña, toda vez que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora bien, a fin de evitar dilaciones procesales, se habilita a cualesquiera de las actuarias de este juzgado para que en días y horas inhábiles haga entrega de los oficios correspondientes y realice las notificaciones inherentes a los acuerdos que se dicten en este incidente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. En otro contexto, se ordena notificar la presente resolución de manera personal a la tercero interesada Esperanza Solorio Ibarra, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con la Jurisprudencia 143/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de Tesis 11/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación en su gaceta tomo XII, de diciembre de dos mil, página veintitrés, del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión". Por último, se autoriza a la secretaria del juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto.

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