José Alberto Martínez Bravo

Expediente 198/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
198/2020
Año
2020
Actuaciones
22
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • José Alberto Martínez Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Visto, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el secretario General de Acuerdos Interino del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali, mediante el cual acusa recibo del oficio 16454/2021; de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente y vía electrónica a la parte quejosa

  3. Incidental

    Ensenada, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Vista; la certificación secretarial de cuenta y toda vez que el día de la fecha se dictó un proveído en el juicio principal del que deriva este incidente en el que se declaró cumplida la sentencia de amparo y se ordenó el archivo de aquél expediente; en consecuencia, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos de los artículos vigésimo, fracción II, inciso a) y vigésimo primero, inciso c), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada por la parte quejosa, el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en el último párrafo del artículo décimo octavo del Acuerdo General citado, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado del acuerdo de archivo en este asunto. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el original del cuaderno de este incidente, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en el expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, se ordena estampar en la carátula del original del incidente de suspensión, el sello con la leyenda "depurable", que determina su destino y en el duplicado del incidente la leyenda "destruible", lo anterior en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo General mencionado.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO ENE EL ARTICULO 26 FRACCION III DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA A LA TERCERO INTERESADA ESPERANZA SOLORIO IBARRA Ensenada, Baja California, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto, agréguense a los autos para que obren como corresponda los oficios signados por la autoridad tercero interesada agente del Ministerio Público adscrito a la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de tres de septiembre de dos mil veintiuno, informa que el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, recibió el oficio 27902/2021, de doce de agosto de dos mil veintiuno, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior y vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes en proveído de doce de agosto de dos mil veintiuno, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto; sin que hubiesen hecho manifestación al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran el expediente. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, bajo el rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa José Alberto Martínez Bravo, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con sede en Mexicali, en los términos y para los efectos siguientes: "1) Deje insubsistente la resolución dictada el once de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del toca penal 826/2019; y 2) Emita una nueva resolución, en la que, dejando intocados los aspectos que no fueron materia de la presente resolución, analice de nueva cuenta los agravios expresados por el agente del Ministerio Público en el recurso de apelación, bajo la óptica del principio de estricto derecho, esto es, sin suplirlos en su deficiencia; y con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho resulte procedente. [.]" Al no haber sido recurrida dicha sentencia, por auto de treinta de junio de dos mil veintiuno, causó ejecutoria, por lo que se requirió el cumplimiento del fallo protector a la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con residencia en Mexicali. En acatamiento a ello, mediante oficio registrado con folio 9408, la autoridad responsable Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, por conducto del secretario general, con residencia en Mexicali, remitió copia certificada de la resolución de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 826/2019, de su índice, en el que, dejó insubsistente la resolución dictada el once de diciembre de dos mil diecinueve, dentro del referido toca penal 826/2019; y emitió otra, en el que, con libertad de jurisdicción, dejando intocados los aspectos que no fueron materia de la sentencia de amparo, analizó de nueva cuenta los agravios expresados por el agente del Ministerio Público en el recurso de apelación, bajo la óptica del principio de estricto derecho, esto es, sin suplirlos en su deficiencia; y con plenitud de jurisdicción, resolvió confirmar en apelación la resolución impugnada, expresando los fundamentos y motivos que tomó en consideración para tales efectos. A la probanza relacionada, se le confiere valor probatorio pleno al tenor del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en tanto que fue emitida por una autoridad en el ejercicio de sus funciones. Por ende, mediante auto de doce de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que a su interés conviniera; sin que hubieran hecho manifestación alguna al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. En las relatadas condiciones, éste juzgador federal determina que la autoridad responsable Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Baja California, con residencia en Mexicali, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud que demostró que mediante resolución de diez de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el toca penal 826/2019, de su índice, dejó insubsistente la resolución de once de diciembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del referido toca penal; y emitió otra, en el que, con libertad de jurisdicción, dejando intocados los aspectos que no fueron materia de la sentencia de amparo, analizó de nueva cuenta los agravios expresados por el agente del Ministerio Público en el recurso de apelación, bajo la óptica del principio de estricto derecho, esto es, sin suplirlos en su deficiencia; y con plenitud de jurisdicción, resolvió confirmar en apelación la resolución impugnada, expresando los fundamentos y motivos que tomó en consideración para tales efectos. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de su derecho vulnerado, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. Atento a los razonamientos expuestos con anterioridad y al determinarse cumplido el fallo protector por parte de la responsable en mención, se ordena el archivo definitivo de este expediente, conforme lo dispone el penúltimo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso ordinal 214 de la citada legislación y que se hagan las anotaciones de rigor en el libro de juzgado respectivo. En términos del artículo décimo octavo, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos décimo octavo y décimo noveno del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se depurará el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido, así como las demás actuaciones que este juzgador considere; y se solicitará su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Finalmente, se autoriza que los oficios relativos a la notificación de éste acuerdo se entreguen utilizando los medios electrónicos correspondientes. Notifíquese personalmente y vía electrónica

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