José Alberto López Vargas

Expediente 56/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
56/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2019

Partes del expediente

  • José Alberto López Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DETERMINACIÓN EN QUE SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. CON FUNDAMENTO ARTÍCULO 98 LEY AMPARO EN RELACIÓN CON EL 356, FRACCIÓN II, CÓDIGO FEDERAL PROCEDIMIENTOS CIVILES. SE DETERMINA NO OBRAN DOCUMENTOS ORIGINALES. SE ORDENA DESTRUIR PIEZA DE ACTUACIONES. ARCHÍVESE Y REMÍTASE AL LUGAR DE SU GUARDA.

  2. Principal

    León, Guanajuato, siete de febrero de dos mil diecinueve. I. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio que remite el juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el escrito signado por Christian Josué Jacobo Guerrero y José Alberto López Vargas. II. Promovente del amparo cumple requerimiento. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por Christian Josué Jacobo Guerrero y José Alberto López Vargas, mediante el cual el primero de los nombrados cumple con el requerimiento formulado en proveído de veintinueve de enero de dos mil diecinueve (fojas 6 y 7), para lo cual aclara que no tiene el carácter de defensor del directo quejoso ante la autoridad responsable; por tanto, se provee: III. Desechamiento. Atento al contenido de la demanda de amparo y escrito de cuenta, se provee: El artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la constitución federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese contexto, se estima que con relación a la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se surte de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con los diversos numerales 5°, fracción I, 6° y 15 del mismo cuerpo normativo, así como 107, fracción I de la Constitución Federal, pues los actos combatidos no generan en la esfera de derechos del aquí promovente Christian Josué Jacobo Guerrero agravio personal y directo, aunado a que el solicitante del amparo carece de legitimación procesal activa para promover ante la presente instancia constitucional en favor de José Alberto López Vargas. En efecto, los dispositivos de mérito estatuyen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)" "6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. (.)" "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" En el caso, procede desechar de plano la demanda de referencia puesto que se estima que el promovente del amparo Christian Josué Jacobo Guerrero carece de legitimación procesal activa para promover la presente instancia constitucional en favor de José Alberto López Vargas. Lo anterior se considera así, pues el espíritu que se establece en los artículos 107, fracción I, constitucional y 6º de la Ley de Amparo el cual constituye uno de los principios básicos del juicio constitucional, es que éste siempre se siga a instancia de parte agraviada, mismo que tiene tres hipótesis de excepción, a saber: a) Por medio de representante, acreditando debida y legalmente su personalidad -artículos 10 y 11 de la Ley de Amparo-; b) Por conducto de defensor, en materia penal -artículo 14 de la Ley de Amparo-; y, c) Por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; siempre y cuando el agraviado se encuentre imposibilitado para promoverlo -artículo 15 de la Ley de Amparo-. En la inteligencia de que las anteriores hipótesis únicamente son para promover el juicio de amparo, pues este únicamente puede seguirse por el propio agraviado, por su representante legal o por su defensor. Por lo anterior, es incuestionable que la demanda de amparo promovida por Christian Josué Jacobo Guerrero a favor de José Alberto López Vargas, es notoriamente improcedente, pues del escrito de demanda, así como del ocurso aclaratorio no se advierte dato alguno del cual se pueda válidamente inferir que el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promover el juicio de amparo, aunado a que el propio promovente asevera no tener reconocido el carácter de defensor en autos de la causa penal de origen, ni de autos se advierte que sea mandatario del directo quejoso. En consecuencia, en atención a los actos que se reclaman, consistentes en la orden de aprehensión girada contra el directo quejoso y su ejecución, es indudable que el promovente Christian Josué Jacobo Guerrero, carece de legitimación procesal activa para hacerlo y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5°, fracción l, 6° y 15, todos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación a las anteriores consideraciones, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, Enero de 1991, página 272, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." Es importante resaltar que de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, no se advierte dato alguno de que José Alberto López Vargas esté incomunicado, por tal razón, se estima que está en aptitud de promover el juicio de amparo por propio derecho, tan es así que incluso firmó el escrito aclaratorio. De ahí que, si en el caso, el directo agraviado por el acto reclamado no se encuentra imposibilitado para promover por sí mismo la demanda de amparo y no lo hizo, es patente que no se cumple con el principio de acción de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Tampoco pasa inadvertido que el firmante de la demanda de amparo no exhibe documento alguno que refiera es apoderado o representante legal del supuesto quejoso, o bien, defensor del mismo en algún procedimiento penal, por el contrario, de las manifestaciones que realiza en el escrito de cuenta refiere no tener el carácter de defensor dentro de algún proceso. De este modo, la acción que intenta el promovente Christian Josué Jacobo Guerrero es por cuenta propia y no del señalado como quejoso. Por tanto, dado que al promovente no le afectan los actos reclamados en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, en tanto que no es sujeto de los actos reclamados que tilda de inconstitucionales, es dable concluir que no tiene legitimidad para incoar la protección constitucional que nos ocupa. Abona a lo anterior, el hecho de que en el presente caso no se configura ninguno de los supuestos que señalan los artículos 6° y 15 de la Ley de Amparo, ya que de la lectura integral del escrito de demanda, así como del ocurso aclaratorio, se obtiene que los actos reclamados por el promovente del amparo no son actos que ataquen la libertad personal fuera de procedimiento, ni encuadran en ninguno de los supuestos prohibidos por el artículo 22 constitucional, consistentes en pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o penas inusitadas y trascendentales, aunado a que tampoco se advierte imposibilidad de que el directo agraviado suscriba por sí mismo la demanda de amparo, tan es así, que incluso firmó el ocurso aclaratorio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VI.2o.P.14 P (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo 3, Agosto de 2013, libro XXIII, página 1688, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. AL CONSTITUIR UN ACTO DICTADO DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO." Sin que haya lugar a tener a José Alberto López Vargas por haciendo suya la demanda de amparo promovida por Christian Josué Jacobo Guerrero, ni requerirlo para que manifieste si ratifica o no la misma, puesto que ello únicamente se ordena cuando el promovente del amparo posteriormente carece del carácter con el que se ostentó, lo que no se verifica en la especie, ya que desde el ocurso de cuenta fue enfático en aseverar no tener reconocido tal carácter en procedimiento alguno, o cuando se está en alguno de los supuestos que establece el artículo 15 de la Ley de Amparo, esto es, privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, lo que tampoco acontece en la especie. En las relatadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con sus diversos numerales 61, fracción XXIII, 5°, fracción l, 6° y 15, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. IV. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    León, Guanajuato, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa. José Alberto López Vargas, por conducto de quien se ostenta como su defensor Christian Josué Jacobo Guerrero. II. Autoridad responsable. Juez de Oralidad Penal con sede en esta ciudad. III. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 56/2019-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Prevención a la parte quejosa. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 112 y 114, fracción I, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, cumpla con lo siguiente:  Manifieste, bajo protesta de decir verdad, si tiene reconocido el carácter de defensor del directo quejoso José Alberto López Vargas ante el juez de Oralidad Penal de esta ciudad, toda vez que se limita a promover como abogado defensor; empero es omiso en dar cabal cumplimiento a lo ordenado en el numeral 14 de la ley de la materia, para lo cual deberá manifestar, bajo protesta de decir verdad, tener tal carácter; lo anterior, en aras de una adecuada integración y seguimiento de este asunto. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento de la parte promovente que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." V. Acceso a expediente electrónico, domicilio y autorizados. Como lo solicita el ocursante, se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, toda vez que su nombre de usuario (christian.jacobo) se encuentra registrado en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), con lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. De la misma forma, como el promovente solicita expresamente que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio; se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ricardo Orozco Pacheco y José de Jesús Cabrera García, por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos del citado numeral y el correlativo artículo 24 segundo párrafo, ambos de la ley de la materia a las demás personas que menciona en su demanda, por así solicitarlo. VI. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente.

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