José Alberto Gonzalez Ramírez

Expediente 1125/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1125/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • José Alberto Gonzalez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Causa estado determinación de diez de febrero de dos mil veintitrés. En este caso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin medio de impugnación interpuesto, por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado la aludida resolución. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir esta pieza de actuaciones, en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE DIEZ DE FEBRERO DE DOS MIL VEINITRÉS, DICTADO EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 1125/2022-V, DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO, QUE REZA: Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como las constancias remitidas (tomo 1 de pruebas) por la magistrada Presidenta de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cumplimiento al proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, se advierte la actualización de diversas causales de improcedencia, siendo éstas las previstas en el artículo 61, fracciones XXI (cesación de efectos de los actos reclamados) y XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu (responsables no son autoridades para efectos del juicio de amparo), todos de la Ley de Amparo, como enseguida se expondrá: Cesación de efectos de los actos reclamados. Sobre este primer punto, es menester señalar que el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, expresa: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)". Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Se explica. En el caso en estudio, el quejoso ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades responsables jefe de Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación del Estado de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación del Estado de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de quienes reclamó la emisión del oficio ********************, de ********************, con el que se pretendió dar cumplimiento a la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, e interlocutoria de treinta de junio de dos mil veintidós, emitidas en el juicio de nulidad ********************, del índice de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, de las documentales que anexó la magistrada Presidenta de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en acato al requerimiento que le fue formulado el veintiocho de diciembre del año pasado, se advierte que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo -veintiocho de septiembre de dos mil veintidós-, se dictó el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, por el que se dejó sin efectos el oficio ********************, de ******************** (reclamado en esta instancia constitucional) y se requirió a la autoridad demandada para que diera cabal cumplimiento a la sentencia dictada por dicha Sala (fojas 93 a 98 de autos). Documentales a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°. Con base en lo anteriormente expuesto, se considera que la directa responsable ha restituido al solicitante del amparo en el goce de sus derechos fundamentales, y con ello, han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, puesto que el solicitante de la acción constitucional se duele de la emisión oficio ********************, de ********************, por el que se realizó el indebido cumplimiento a las resoluciones dictadas en el juicio de nulidad ********************; y, la autoridad requerida, acreditó con constancias fehacientes que con posterioridad a la data en que se presentó la demanda de amparo, se dejó sin efectos la referida misiva; lo que de suyo hace que los efectos de dicho acto hayan cesado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del impetrante. Por lo anterior, toda vez que la autoridad requerida dictó el acuerdo de diez de enero de dos mil veintitrés, por el que se dejó sin efectos el oficio ********************, de ********************, y conminó a la autoridad demandada para que diera cabal cumplimiento a la sentencia dictada por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio del que emana el oficio reclamado; es innegable la actualización de la causal de improcedencia en estudio prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y, por ende, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia III.2o.C. J/22, de rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Señaladas como responsables no son autoridades para efectos del juicio de amparo. En otro contexto, también se advierte que el juicio de amparo en que se actúa es improcedente respecto a los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables jefe de Departamento de Pensiones Seguridad e Higiene de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación del Estado de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Subdelegación de Prestaciones de la Delegación del Estado de Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5°, fracción II (éstos últimos interpretados a contario sensu), todos de la Ley de Amparo y, por tanto, deberá sobreseerse en el presente juicio fuera de audiencia, como se verá a continuación. Los dispositivos legales citados textualmente establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" Conforme al artículo 61 fracción XXIII, el juicio de amparo es improcedente en los casos análogos de la ley de la materia; mientras que el artículo 1º, fracción I, dispone que el juicio de amparo tiene por objeto resolver contradictorios relativos a normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por su parte, establece que por autoridad responsable debe entenderse "la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas"; precepto normativo que no constituye una norma legal aislada, sino que se encuentra sujeta a los principios constitucionales establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, en su carácter de norma primaria que rige la protección de los derechos fundamentales. En esas consideraciones, a través del juicio de amparo, únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad, o de un particular que actúa con tal carácter, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación que se hayan esgrimido en su contra. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia P. XXVII/97, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema tratado emitió la tesis 2a. XXXVI/99, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." De los criterios referidos se obtiene que para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable quien emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones legales que afectan la esfera jurídica de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; por tanto, es autoridad quien ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y cuyo ejercicio es irrenunciable al ser de naturaleza pública. De lo expuesto, se observa que la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que el concepto de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, es una noción autónoma, esto es, propia de la legislación de amparo e independiente del derecho administrativo y, en general, de otras materias que han definido cuestiones similares. Para nuestro Alto Tribunal resulta innegable que el sistema jurídico autoriza que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos para esos efectos y que en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse mediante el juicio de amparo. En ese orden de ideas, afirmó que no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir, los que supongan el ejercicio de facultades que otorguen a la autoridad privilegios sustentados en el orden público y el interés social de tal magnitud, que actualicen una relación de supra a subordinación. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Con base en lo expuesto, se advierte el concepto de autoridad para los efectos del juicio de amparo se determina atendiendo a los siguientes elementos: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación (supra a subordinación) emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitido en la jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, página 1089, cuyo rubro es: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Ahora bien, en la especie, se estima que el actuar que se reclama a las señaladas como responsables responsable no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, toda vez que las mismas no han actuado con facultad de imperio, con motivo de alguna relación de supra a subordinación con la parte quejosa, es decir, las responsables no han actuado como autoridades frente al peticionario del amparo, puesto que no han emitido actos unilaterales que creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de la parte quejosa. Se explica. Al derivar el acto reclamado de un juicio de nulidad instaurado ante la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo el número de expediente ********************, el quejoso y dichas autoridades señaladas como responsables (como unidad jurídica sustancial) figuran como parte en el procedimiento contencioso arriba mencionado; por ende, no pueden ser consideradas como autoridades para efectos del juicio de amparo, debido a la naturaleza intrínseca que guarda su relación de igual a igual en un proceso administrativo contencioso del que son partes procesales; esto es, en un plano de coordinación. Ahora bien, es importante destacar que el artículo 3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo estipula: "Artículo 3. Son partes en el juicio contencioso administrativo: I. El demandante. II. Los demandados. Tendrán ese carácter: a) La autoridad que dictó la resolución impugnada. (.). (Lo destacado es propio). Expuesto lo anterior, se estima que los actos aquí reclamados no lo pueden ser a través del juicio de amparo indirecto, puesto que en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no se encuentran en la hipótesis establecida en la fracción I, del artículo 1º, de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque su relación con la parte quejosa no está en un plano de supra a subordinación, sino más bien, -se reitera- de coordinación. Lo anterior es así, ya que quienes son señaladas como responsables figuran como parte demandada en el juicio de nulidad ********************, luego, sus actuaciones (con independencia de la ilegalidad que se les atribuye), han sido en cumplimiento a la sentencia e interlocutoria emitidas en el juicio de nulidad citado; cumplimiento el cual, deberá ser debidamente analizado por la propia Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme lo dispone los artículos 52, 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y no por esta Juzgadora Federal (ya que la constitucional no es la vía idónea para ello) lo que de suyo robustece aun más la improcedencia que aquí se analiza. Luego entonces, quienes son señaladas como autoridades responsables (al figurar como parte demandada en aquél juicio o procedimiento contencioso), indudablemente, actúan en un plano de igual a igual frente al quejoso, y no con calidad de imperio, como desacertadamente lo aduce este último. Ello, se itera, en calidad de demandante y demandadas, respectivamente. En este orden de ideas, si los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, no tienen como fuente una potestad de naturaleza pública, sino que derivan de un vínculo procesal, el juicio de amparo resulta improcedente, pues las conductas de las que se duele la parte quejosa, contrario a lo que sostiene, como ya se dijo, no reúnen las características de imperio para que se consideren como de autoridad, según lo previsto en el artículo 103, fracción I, de la Carta Magna. Es aplicable la tesis 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, Página: 307, con número de registro 194367, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Por lo tanto, atendiendo a lo aquí analizado, es dable concluir que los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sino que solo constituyen actos entre particulares, dadas las condiciones generadoras de la relación procesal que ambas partes guardan en un procedimiento administrativo contencioso o juicio de nulidad; así, por más que se alegue como premisa fundamental la infracción a diversos derechos humanos, ello se da con motivo de una relación de coordinación o en un plano de igualdad, que no puede considerarse originado en una relación de supra a subordinación. Con base en lo anterior, es permisible concluir que los actos reclamados en esta vía, no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esa tesitura, procede sobreseer fuera de audiencia constitucional al actualizarse la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la fecha señalada para el verificativo la audiencia constitucional (nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés). Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública del presente proveído, para que pueda ser consultable por el público en general.

  3. Principal

    Autoridad cumple requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta que remite la Magistrada Presidenta de la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través del cual cumple con el requerimiento formulado en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós y, al efecto, informa el estado procesal que guardan los autos del expediente ********************, y remite copia certificada de las constancias que integran el aludido expediente; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en dicho auto; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Tomo de prueba. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su especial naturaleza las documentales que anexa la citada autoridad, sin perjuicio de hacer relación de estas en la audiencia constitucional; en tal virtud, dada la voluminosidad de las constancias que acompaña, por separado fórmese cuaderno de prueba en un (1) tomo, al tenor de la siguiente carátula: *************. Del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a su disposición en el expediente impreso los cuales no se agregan en su versión electrónica dada su voluminosidad. Diferimiento anticipado de audiencia constitucional. Ahora bien, del estado de autos se advierte entre la fecha en que se acuerda la recepción de las constancias requeridas oficiosamente, y la señalada para la audiencia constitucional, no media el término de ocho días; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y se fija como nueva fecha para su desahogo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés.

  4. Principal

    Se requieren constancias a autoridad. Visto el estado procesal de autos, y toda vez que del informe con justificación rendido por el Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Delegación Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se obtiene que la emisión del oficio ******************** de ********************, que constituye el acto reclamado fue emitido en cumplimiento a la sentencia interlocutoria de treinta de junio del año en curso, esta última dictada por la Décimo Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del juicio de nulidad ********************; consecuentemente, con fundamento en los artículos 62 y 75 tercer párrafo de la Ley de la Materia, requiérase a la Sala Regional en cita, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, informe el estado procesal que guardan los autos del expediente ********************, y remita a este Juzgado de Distrito, copia debidamente certificada, legible y completa de las actuaciones llevadas a cabo en dicho procedimiento, así como la totalidad de las constancias relativas a la ejecución de la interlocutoria arriba mencionada, de las que derivó la emisión del oficio ******************** de ********************, y en su caso, su impugnación, la resolución correspondiente, o la declaración del debido cumplimiento de la resolución de trato, o bien, manifieste la imposibilidad para cumplir con ello, toda vez que resultan necesarias para resolver fundadamente el presente asunto. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo convenido, a quien la preside se le impondrá la medida de apremio, consistente en multa equivalente a cincuenta unidades de medida de actualización (UMA) con apoyo en el artículo 237 fracción I con correlación con el 259 de la Ley de amparo.

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