José Alberto Flores Díaz

Expediente 1180/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1180/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
03/11/2022

Partes del expediente

  • José Alberto Flores Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a tres de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se tiene por recibido el oficio signado por el actuario judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en el Estado, por medio del cual transcribe el proveído de veintiséis de octubre del año en curso, en el que entre otras cosas informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto en autos, en contra de la resolución dictada en la presente contienda constitucional, el cual quedó radicado bajo el amparo en revisión número 500/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Ana Delia Quintero Cervantes, Delegada del Congreso del Estado de Michoacán, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto a la ejecutoria de amparo; al respecto, se tiene por hecha la comunicación aludida, para los efectos legales conducentes. Ahora, por cuanto o los oficios signados por Noemí Guadalupe Ayala Dueñez, Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Quiroga, Michoacán, mediante los cuales solicita le sea remitida las información proporcionada por la parte quejosa, por la que señaló los datos bancarios para que le sea devuelta la cantidad respecto del derecho de alumbrado pagado por la promovente del presente juicio, ello en virtud de que no fueron adjuntados mediante los oficios por el cual se le hizo saber a la responsable que ha causado ejecutoria de amparo. Al respecto, se tiene por realizadas las gestiones y con relación a su contenido, para el efecto de evitar dilaciones, remítase copia del escrito que presenta el apoderado legal de la parte quejosa a la autoridad responsable. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se concede una prórroga a la autoridad responsable, y se requiere al Tesorero Municipal de Quiroga, Michoacán, para que en el término de cinco días, contados a partir del momento al que queden legalmente notificados del presente proveído, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que deje de observarse lo solicitado por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, la razón actuarial suscrita por la fedataria de la adscripción, a través de la cual manifiesta su imposibilidad para emplazar al presente juicio de amparo al tercero interesado Gerardo Francisco Chávez Rodríguez, por las razones expuestas. En virtud de lo anterior y visto el estado procesal de autos, se advierte del informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, obra domicilio diverso a los agotados con anterioridad, donde puede ser emplazado el tercero interesado antes mencionado. En consecuencia, emplácese a Gerardo Francisco Chávez Rodríguez, por conducto del Actuario adscrito, en calle Abasolo número seis, primer piso, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, corriéndole traslado con copia de la demanda, haciéndole saber la hora y fecha de la audiencia constitucional, y lo emplace a la presente instancia constitucional, requiriéndolo para que al momento de la notificación, o bien, dentro de los tres días a dicha formalidad procesal, señale domicilio en esta ciudad, para el efecto de oír y recibir notificaciones; con el apercibimiento para el caso de no hacerlo así, con hacerle las ulteriores notificaciones, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado Federal; debiendo el fedatario judicial cumplir con los requisitos que para una notificación personal establece el ordinal 27, de la Ley de Amparo; habilitándolo para que realice tal formalidad procesal inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de la materia. Una vez agotadas, las medidas necesarias tendentes a la investigación del domicilio de la parte tercera interesada, sin obtener resultados favorables o en caso de que los proporcionados sean incorrectos, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Notifíquese; y emplácese al tercero interesado. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.BAHENA

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito, y el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en esa fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Integrantes de Comisariado de Bienes Comunales del Poblado de Ahuatepec, municipio de Cuernavaca, Morelos solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, con sede en esta ciudad. ° Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: ".Reclamamos la ejecución judicial que se llevará a cabo dentro del expediente agrario número 143/2016, del predio ubicado en el Núcleo Agrario del Poblado de Ahuatepec, mismo que será detallado con posterioridad, y como consecuencia directa e inmediata de ello, la privación de los derechos agrarios de posesión y propiedad del predio materia del presente juicio de garantías que más adelanta detallaremos. .LA RESTITUCIÓN material y jurídica del predio comunal que se localiza en el inmueble localizado en el paraje denominado PAPAYOS II en el lote 23-A de la manzana 3, calle sin nombre, hoy identificado como CALLE LAGO DE TEQUESQUITENGO NÚMERO 2-A de la Colonia México Lindo del poblado de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, perteneciente a la poligonal de Ahuatepec, Cuernavaca, Morelos, con una superficie aproximada de 148.87 METROS CUADRADOS, con todas sus accesiones civiles, industriales y naturales, así como sus frutos civiles, industriales y naturales. .SE DEMANDA LA NULIDAD ABSOLUTA, de todos los documentos que hayan sido expedidos y firmados por los terceros interesados, como constancia de posesión número 00283, contrato de compra-venta, cesiones de derechos, contratos de donaciones, comodatos, arrendamiento y cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia privar total o parcialmente la forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute del núcleo agrario comunal, en virtud de que la ilegalidad de la ocupación está siendo disfrutada por persona que se consideren propietario o poseedor indicadas en la prestación que antecede. .omisión por parte del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, por no haberse notificado el expediente 143/2016 a la Comunidad de Ahuatepec, en Cuernavaca, Morelos, integrantes del Comisariado o Asamblea de Comuneros de Ahuatepec, Cuernavaca, Morelos.". SEGUNDO. El cinco de octubre de dos mil veintiuno, esta autoridad radicó la demanda con el número de expediente 1357/2021, y se declaró legalmente incompetente por razón de turno, antecedente o conocimiento previo del juicio de amparo 218/2021, índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. TERCERO. Por auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, recibió oficio de nuestro índice con motivo de la incompetencia planteada por este Juzgado, radicó el asunto con el número de expediente 1340/2021-III, no aceptó la competencia planteada, en virtud de la existencia del antecedente 230/2021, índice de este Juzgado Federal. CUARTO. Por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, este Juzgado insistió que no era competente para conocer del presente juicio de amparo, y ordenó enviar para tal efecto copia certificada de las constancias que se consideren necesarias a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. QUINTO. El diez de diciembre de dos mil veintiuno, en atención al oficio de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, que resolvió la competencia en favor de este Juzgado Federal, realizó prevención a la demanda de amparo, la que una vez desahogada el veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, admitió la demanda de amparo, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama: ° La ejecución judicial consistente en la restitución material y jurídica del predio comunal localizado en el paraje PAPAYOS II, en el lote 23-A, de la manzana 3, calle sin nombre, identificado como calle Lago de Tequesquitengo número 2-A de la Colonia México Lindo del poblado de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, la nulidad absoluta de todos los documentos expedidos, así como la omisión de notificación o emplazamiento, dentro del expediente agrario 143/2016, de la hoy quejosa comunicad de Ahuatepec, en Cuernavaca, Morelos, Integrantes del Comisariado o Asamblea de Comuneros de Ahuatepec, en Cuernavaca, Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña a su informe justificado; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En ese sentido, debe decirse que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al diverso 5°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, al no contar la quejosa con interés jurídico para comparecer al juicio de amparo; es así que los artículos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado; a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis III.2o.C.18 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 1827, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." Cabe destacar que la disposición legal en estudio establece uno de los principios fundamentales del juicio de garantías, el cual consiste en la posibilidad de que la parte quejosa acuda al juicio de amparo cuando sea titular de un derecho que sea transgredido por un acto de autoridad, esto es, que se haya afectado su esfera jurídica de derechos y acuda en su defensa. Efectivamente, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico tutelado, cuenta con legitimación, procesal y sustantiva, para promover y obtener la protección constitucional. En ese contexto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo que, de resultar afectado con el acto autoritario u omisión, que en su caso reclame, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho legítimo del quejoso sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho (legitimación); y la afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Cabe citar al respecto la tesis VI. 3o. J/26, de Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VIII, Diciembre de 1991, Materia Común, Octava Época, que establece lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se puntualiza que el interés jurídico reviste tal importancia en el juicio de amparo, que debe quedar fehacientemente acreditado y no inferirse de simples deducciones, tal como lo advierte la jurisprudencia 2a./J. 16/94, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, Octubre de 1994, Materia Común, Octava Época, que indica: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". No está por demás señalar, que en el presente caso no resulta aplicable examinar si ante la falta de demostración del interés jurídico, se presenta un interés legítimo que haga procedente el amparo indirecto, pues esta figura jurídica se entiende como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, no es posible verificar su actualización en el caso concreto porque por disposición expresa del último párrafo de la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, forzosamente tiene que contar con un interés jurídico comprobable. De tal manera, si los actos reclamados en este juicio provienen de una autoridad materialmente jurisdiccional, como es el Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, con sede en esta ciudad y del Actuario de dicho Tribunal, para que proceda el juicio de amparo, la parte quejosa debe demostrar que tiene un interés jurídico y no legítimo, esto dada la naturaleza jurisdiccional de los actos reclamados. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, Materia Común, Décima Época, que literalmente establece lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.". En el caso, la parte quejosa comparece al presente sumario ostentándose como tercero extraño en estricto sentido al juicio agrario 143/2016, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, con sede en esta ciudad, arguyendo que en dicho sumario se emitió la determinación de ejecución judicial consistente en la restitución material y jurídica del predio comunal ubicado en el paraje denominada PAPAYOS II en el lote 23-A de la manzana 3, calle sin nombre, hoy identificado como Calle Lago de Tequesquitengo número 2-A de la Colonia México Lindo del poblado de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, perteneciente el poligonal de Ahuatepec, el cual tiene las siguientes medidas y colindancias Norte: En 07.18 metros, colinda con lote número 19. Sur: En 18.00, metros colinda con calle sin nombre. Oriente: En 20.00 metros colinda con lote número 22. Poniente: En línea quebrada de 09.30, 00.69. 08.33, 06.25 metros colinda con lote 24 y terreno comunal de Ahuatepec, con una superficie aproximada de 148.87 metros cuadrados, ostentándose en este juicio como su poseedor y propietario con base en su dicho en el que bajo protesta de conducirse con verdad. Precisado lo anterior, es importante establecer que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños, esto es, en estricto sentido y por equiparación. En ese orden, el tercero extraño a juicio en estricto sentido - supuesto en el que se encuentra la parte quejosa-, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Mientras que el tercero extraño a juicio por equiparación, es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al juicio en el que debió ser parte, o en virtud de que fue citada al mismo en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado, y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Apoya al tema la tesis jurisprudencial VII.2o.C. J/21, Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1305, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación.". Ahora bien, es necesario hacer una breve relación de los antecedentes que informan este juicio de amparo, lo cual se recaba de las actuaciones del presente juicio de amparo. El dieciséis de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, dictó sentencia definitiva en el juicio agrario 143/2016, de su índice, la que en sus puntos resolutivos dijo lo siguiente: ".La parte actora MAYRA DELGADO ROJAS acredita parcialmente los extremos de la acción que hacen valer en contra de la parte demandada MIGUEL VILLAGÓMEZ RODRÍGUEZ y codemandada LAURA EUGENIA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ en consecuencia es procedente declarar a favor de MAYRA DELGADO ROJAS el mejor derecho a poseer el inmueble localizado en el paraje denominado PAPAYOS II en el lote 23-A de la manzana 3, calle sin nombre identificado como CALLE LAGO DE TEQUESQUITENGO NÚMERO 2-A de la Colonia México Lindo del Poblado de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, con una superficie aproximada de 148.87 metros cuadrados cuyas medidas y colindancias han quedado establecidas en el escrito de demanda inicial.". El veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, promovió amparo directo el aquí tercero interesado, que una vez integrado fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, negando el Amparo y Protección de la Justicia Federal al hoy tercero interesado Miguel Villagómez Rodríguez, contra la sentencia de dieciséis de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, en el juicio agrario 143/2016. El siete de agosto de dos mil veinte, se dictó acuerdo de ejecución forzosa, dentro del expediente 143/2016, índice de la autoridad señalada como responsable; asimismo, se dictaron diversos requerimientos de ejecución de la sentencia, el último con fecha treinta de marzo de dos mil veintiuno. El tres de agosto de dos mil veintiuno, se dictó acuerdo por el que se tiene por recibido el oficio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, por el cual ese Juzgado se da por enterado de la concesión de la suspensión dentro del juicio de amparo 218/2021, promovido por el hoy tercero interesado Miguel Villagómez Rodríguez. De lo anterior, como se anticipó, se llega a la conclusión que la parte quejosa no figuró como parte en el juicio de origen, toda vez que el mismo fue promovido por Mayra Delgado Rojas; en contra de Miguel Villagómez Rodríguez y Laura Eugenia Rodríguez Hernández. No obstante, si bien se encuentra demostrado que la parte impetrante es tercera extraña en estricto sentido al juicio natural, del análisis de las constancias antes destacadas, también se evidencia que la falta de intervención en el juicio agrario 143/2016, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18 con sede en esta ciudad, no afecta su interés jurídico, pues para que ello ocurra es indispensable que se encuentre demostrado de manera fehaciente su interés derivado del derecho de propiedad y posesión que dicen tener sobre el inmueble materia de la controversia. En ese orden, para demostrar su interés jurídico, la quejosa ofreció como medios de convicción los siguientes: 1.- El acta de asamblea de elección de fecha diez de julio de dos mil diecinueve, efectuada por el núcleo agrario del poblado de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, sobre la elección de nuevos integrantes del Comisariado Comunal de Ahuatepec, correspondientes al periodo 2019-2022. 2.- La documental pública consistente en copias certificadas de la carpeta básica sobre reconocimiento y titulación de bienes comunales, con la finalidad de acreditar que el predio materia del acto reclamado, se encuentra dentro del polígono del núcleo agrario del poblado de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos. 3.- La documental pública consistente en los tarjetones de los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, de la Delegación del Estado de Morelos del Registro Agrario Nacional. 4.- La documental consistente en el oficio RAN/DGRCD/AGA/1198/2020, de fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte, expedido por el Director del Archivo General Agrario. 5.- La prueba pericial en materia de topografía y agrimensura. Estas dos últimas probanzas con la finalidad de acreditar que el predio materia del acto reclamado corresponde el núcleo agrario de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos. 6.- La instrumental de actuaciones, así la presuncional en su doble aspecto legal humana. No obstante lo anterior, los aludidos medios de prueba, si bien es cierto pudieran resultan idóneos para demostrar la posesión y en su caso propiedad del predio en cuestión, también lo es que la controversia de donde emana el acto el acto reclamado derivó del derecho a mejor poseer dicho predio, sin que la materia se trate de que el bien comunal salga del régimen o polígono del núcleo agrario de Ahuatepec, Morelos, por ello que la parte quejosa no acredite una circunstancia distinta, lo que incluso es pronunciado por la autoridad señalada como responsable, que multicitado predio materia de los actos reclamados, no saldrá del régimen comunal. Ello es así, pues las constancias que integran el juicio de origen únicamente son eficaces para corroborar que la quejosa no fue parte en el mismo, en tanto que la documental referente al plano topográfico de los predios que por esta vía se defienden, carece de valor probatorio pleno para acreditar la propiedad o posesión del quejoso, por tratarse de una declaración unilateral, respecto de la ubicación medidas y colindancias de los predios de comento. Cobra aplicación de manera ilustrativa la Tesis: II.2o.C.251 C emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 1406, Materia Civil, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "NOTARIOS PÚBLICOS. CARECEN DE FACULTAD E IMPERIO PROPIOS PARA PROTOCOLIZAR UNA ACLARACIÓN DE MEDIDAS O COLINDANCIAS POR CONSECUENCIA DE UNA DECLARACIÓN UNILATERAL DE VOLUNTAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción V, inciso b), de la Ley Orgánica del Notariado del Estado de México, no es permisible a los fedatarios modificar en una escritura la descripción de un inmueble, si con ello en forma unilateral se implementa un incremento del área de antecedentes de propiedad. Luego, en orden con lo dispuesto por dicho precepto, no es jurídicamente factible que con base en una mera declaración de la demandada y un plano topográfico se "corrigiera", según el acta notarial tildada de nula, cierta superficie o determinada cantidad de terreno, máxime que una recta comprensión y exégesis del diverso artículo 94 de la ley en consulta permite concluir que los hechos, abstenciones, estados y situaciones que refiere el propio numeral, deberán apreciarse precisamente por el notario público en forma objetiva, es decir, según los elementos idóneos y precisos con que cuente, pero no a solicitud unilateral de la compareciente para que se haga la protocolización relativa, y menos aún con base en una documental privada carente de eficacia jurídica. Consecuentemente, aunque el acta notarial contenga una manifestación de voluntad de parte legítima que podría generar efectos de derecho, en la realidad se trata de un acto autónomo de las partes y sus efectos se producirán sólo si resultan acordes a derecho, concepto que obviamente no puede comprender una "supuesta aclaración de medidas y colindancias" unilateral e impropia, pues de ser así, ya no es susceptible de producir consecuencias legales porque, reitérase, los notarios públicos carecen de facultades para determinar por sí la corrección o aclaración de las medidas de un inmueble, pues ello compete solamente en juicio contencioso a la autoridad judicial.". Por ende, no es posible considerar que existe una violación a los derechos de audiencia y debido proceso respecto de la peticionaria del amparo en el juicio natural, porque, no acreditó con medio probatorio idóneo que bien comunal materia de los actos reclamados, saldrían el régimen al pertenecen, sino solamente se advierte que en efecto se dilucidó únicamente una cuestión del derecho a mejor poseedor. Tiene aplicación al respecto por las razones que la informan la Tesis: PC.III.A. J/10 A (10a.), Plenos de Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo III , página 2406, Materia Administrativa, Décima Época, cuyo contenido es el siguiente: "COMISARIADO DE BIENES COMUNALES. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA OPONERSE A LAS DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE LA SUCESIÓN LEGÍTIMA DE LOS DERECHOS COMUNALES DE UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD. De los artículos 18, 23 y 33 de la Ley Agraria, no se advierte que para la eficacia de la sucesión legítima se requiera de la aprobación o intervención de la asamblea general de comuneros -a través del comisariado de bienes comunales-, pues entre sus facultades no se encuentra la de intervenir en el procedimiento sucesorio y, menos aún, condicionar la trasmisión del derecho sucesorio a su aprobación; máxime que en tales procedimientos no está en riesgo que la tierra y los demás derechos inherentes al comunero finado se sustraigan del régimen comunal. Por tanto, el comisariado de bienes comunales carece de legitimación para oponerse a las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre la sucesión legítima de los derechos comunales de un miembro de la comunidad.". En efecto, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. En consecuencia, el acto impugnado en la materia de análisis, no irroga afectación a la parte promovente del amparo, dado que no se acredita la afectación a los bienes comunales de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca, Morelos, por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XII, esta última en relación con el 5°, aplicada a contrario sensu de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 fracción V del ordenamiento en cita. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy ocho de septiembre de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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