José Alberto de la Asunción Balancán Soberanis
Expediente 647/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 647/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Alberto de la Asunción Balancán Soberanis
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de octubre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos la razón actuarial de imposibilidad de entregar el oficio 21997/2023, al respecto, gírese oficio al Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos (denominación correcta), al cual deberá anexarse el proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, para conocimiento de la citada autoridad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 34 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintitrés". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 20, fracción I, del acuerdo general en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General de referencia. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por cuerda separada el incidente de suspensión, destrúyase en el plazo de tres años toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 20, fracción III, de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada definitivamente. Finalmente, no se ordena devolución de documento original alguno, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 647/2023, promovido por José Alberto de la Asunción Balancán Soberanis contra actos del Juzgado Penal del Primer Distrito Judicial en Morelos y otras autoridades, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el once de mayo de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, José Alberto de la Asunción Balancán Soberanis solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOS1. Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado, del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Atlacholoaya, Morelos. Ejecutoras. 2. Fiscalía especializada en niñas, niños y adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. 3. Grupo de la Policía de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Morelos. 4. Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. 5. Comandante de Órdenes de Presentación y/o Aprehensión de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. Aclaración de denominación. La orden de investigación, presentación, detención y/o aprehensión, así como los efectos derivados de la misma. SEGUNDO. El quince de mayo de este año, se radicó el asunto con el número de expediente 647/2023, se previno al quejoso para que subsanara su demanda, para que precisara la denominación de las responsables ordenadoras. TERCERO. Posteriormente, el veintisiete de junio de dos mil veintitrés, previo a que el quejoso subsanara su demanda de amparo, esta autoridad desechó parcialmente la demanda respecto de la orden de investigación reclamada, y admitió la demanda de amparo, únicamente por la orden de presentación, detención y/o aprehensión requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable, la orden de presentación, detención y/o aprehensión, así como los efectos derivados de la misma. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, el Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Encargada de la Comandancia de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal Zona Metropolitana y el Comandante de la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos, en sus denominaciones correctas, al rendir sus informes justificados negaron los actos que la parte quejosa reclama en su contra. Por otra parte, resulta importante precisar en el presente apartado, que por lo que hace a la diversa autoridad señalada como Fiscalía Especializada en Niñas Niños y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Morelos, ésta no rindió su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificada, por lo que se tienen por presuntamente ciertos los actos que se le reclaman. No obstante, a juicio de quien resuelve, debe sobreseerse el juicio de amparo por lo que hace a dicha autoridad, pues la responsable ordenadora, en el caso, el Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos, negó haber ordenado los actos reclamados. Lo anterior es así, pues al no existir un acto génesis de la ejecución que reclama la quejosa, es indudable que ésta no podría cumplirse. Sirve de apoyo a lo anterior, de manera ilustrativa, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1990, página 114, con registro 225506, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Y EJECUTORAS, SEÑALAMIENTO DE. Si el amparo procede contra la autoridad que ejecuta el acto, la que lo ordena, o contra ambas, esto significa que cuando se reclamen actos de ejecución, la demanda se interpondrá contra la autoridad ejecutora y cuando se reclamen la orden o resolución misma, el amparo se enderece contra la autoridad que lo emitió, y si se pide contra la orden y su ejecución, se precisarán como responsables tanto la que ordena como la que ejecuta, conclusión a la que se llega si se examina el artículo 11 de la Ley de Amparo, que dice: "Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado". En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". (Énfasis añadido) Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento del juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. En ese orden de ideas, si las autoridades responsables negaron los actos atribuidos por el quejoso, corresponde a este último la carga procesal de desvirtuar esa negativa; esto es, correspondía a José Alberto de la Asunción Balancán Soberanis, acreditar que las autoridades responsables emitieron y/o ejecutaron la orden de presentación, detención o aprehensión girada en su contra. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por José Alberto de la Asunción Balancán Soberanis. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa María del Rosario García Jiménez. Doy fe.
- Incidental
V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 647/2023; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. José Alberto de la Asunción Balancán Soberanis, reclama de las siguientes autoridades: 1. Juzgado Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado, del Único Distrito Judicial en el Estado, con sede en Atlacholoaya, Morelos. Ejecutoras. 2. Fiscalía especializada en niñas, niños y adolescentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. 3. Grupo de la Policía de Investigación Criminal adscrito a la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Morelos. 4. Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos. 5. Comandante de Órdenes de Presentación y/o Aprehensión de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, la Orden de presentación, detención y/o aprehensión, así como los actos derivados de la misma. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de veintisiete de junio de este año, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O ÚNICO. Las autoridades responsables Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Encargada de la Comandancia de Aprehensiones de la Agencia de Investigación Criminal Zona Metropolitana, Juez Único en Materia Penal Tradicional de Primera Instancia del Estado de Morelos y el Comandante de la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes de la Agencia de Investigación Criminal del Estado de Morelos, en sus denominaciones correctas, al rendir su respectivo informe previo negaron la existencia de los actos que se les reclaman. Aunado a ello, la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". Por su parte, la Fiscalía Especializada en Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General de Justicia de Morelos, no rindió su informe previo, pese a encontrarse debidamente notificada, por lo que se tienen por presuntivamente ciertos los actos reclamados para efectos de la suspensión definitiva, de conformidad con el artículo 142 de la ley de amparo. Sin embargo, a juicio de quien resuelve debe negarse la suspensión definitiva, pues dicha autoridad tiene el carácter de ejecutora, no obstante, que la autoridad responsable ordenadora negó los actos reclamados, pues resulta inconcuso que aquella no puede ejecutar actos inexistentes. Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador, la tesis de la Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Abril de 1992, página 650, de rubro y texto: "SUSPENSION DEFINITIVA. CASO EN QUE SE DENIEGA SIN EXISTIR INFORME DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS. Si del texto de los informes previos que rindieron las autoridades responsables ordenadoras, se desprende que negaron la existencia de los actos que les atribuyó el quejoso, es inconcuso que a quien correspondía rendir pruebas en la audiencia respectiva era a este último, por lo que el a quo obró en estricto apego a lo establecido en el artículo 131 de la Ley de Amparo, al resolver negando la suspensión definitiva solicitada; sin que lo impidiera el hecho de que en autos no obrara el informe de las autoridades ejecutoras, ya que no podían llevar a cabo un acto inexistente." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ********************respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando único de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante ROBERTO BRAVO VARGAS, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
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