José Alberto Estrada Salgado

Expediente 835/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
835/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
15/06/2018

Partes del expediente

  • José Alberto Estrada Salgado

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, quince de junio de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por JOSÉ ALBERTO ESTRADA SALGADO, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veintiocho de mayo de dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: ... Cuernavaca, Morelos, veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ ALBERTO ESTRADA SALGADO, por su propio derecho, contra actos del JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 835/2018-V-B. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, de su análisis integral del escrito de cuenta, se desprende que el acto reclamado es la omisión de dictar sentencia definitiva dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 16/2018-V. Por consiguiente, dado que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que si se actualiza, en este asunto, la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Ahora bien, con relación a dicho artículo y fracción, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) destacó que el amparo indirecto resulta procede contra aquellos actos dentro de un procedimiento jurisdiccional cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose estos como actos que pueden producir una afectación material a derechos sustantivos; dicho de otra manera, que sus consecuencias impidan de forma actual el ejercicio de ese derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; así, por regla general resulta improcedente contra actos cometidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun en caso de que se reclamen violaciones a los artículos 8, 14 y 17 Constitucionales, ya que no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, habida cuenta que no se trata de una afectación autónoma, sino que se presenta dentro del procedimiento. Asimismo, para la procedencia del amparo, dicha jurisprudencia señaló dos excepciones, a saber: Que el juzgador advierta una abierta dilación en el procedimiento, y Que exista una paralización total. Así, en el caso de que una demanda de amparo encuadre en las excepciones anteriormente transcritas, el juicio de amparo será procedente. La citada jurisprudencia es del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.". Por tanto, si el quejoso hace valer como acto la omisión de dictar sentencia definitiva dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 16/2018-V. Aun cuando ciertamente, conforme a los antecedentes del acto reclamado, la autoridad responsable no ha emitido sentencia, dentro del plazo [de ocho días] que le marca la ley, no menos cierto es que, en atención a la data de instauración del juicio de amparo, la demora en el dictado de la sentencia definitiva no puede considerarse como causante de una afectación material al derecho a la administración de justicia. En efecto, en escrupulosa observancia del artículo 1407 del Código de Comercio, debió haber dictado sentencia definitiva dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 16/2018-V, pues el citado arábigo, otorga un plazo de ocho días siguientes al haberse dictado el cierre de alegatos. Para mayor comprensión, el referido artículo refiere lo siguiente: "Art. 1,407. La sentencia se pronunciará dentro del plazo de ocho días, posteriores a la citación." De lo antes transcrito, se desprende: En fecha trece de junio de dos mil dieciséis se ordenó a trámite la demanda ejecutiva mercantil 14/2016, en contra del quejoso. Una vez notificado de dicho auto, el quejoso compareció, dio contestación y se desahogaron todas las etapas en el juicio ejecutivo mercantil. El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, se emitió auto en la que no haber prueba pendiente por desahogar, se turnaron los autos para resolver y dictar sentencia definitiva. Consecuentemente, se estima que no se está en el caso de excepción que haga procedente el juicio de amparo, es decir, sí se está ante un caso en demora en el dictado del acuerdo, pues si bien, los ocho días han transcurrido en referencia a los actos reclamados que hace referencia la parte quejosa en proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, en conformidad con el artículo 1407 del Código de Comercio, no se está ante una abierta dilación, concepto que en la jurisprudencia invocada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emplea para distinguir entre el retraso y una abierta dilación, que, a juicio de quien resuelve implica una dilación en el trámite de una amplia extensión, que en el caso no ocurre; máxime que es un hecho notorio la elevada carga de trabajo de los jueces, puesto que así lo refieren al rendir los informes previos y justificados que se reciben día a día en este juzgado. Por lo expuesto, es inconcuso que el acto reclamado consistente en la omisión de dictar sentencia definitiva dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 16/2018-V; no produce una afectación de imposible reparación, pues únicamente produce una lesión jurídica formal o adjetiva. Además de que debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan los requisitos para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, lo que en el caso no acontece. Apoya a la anterior determinación, la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de dos mil quince, con número de registro 2009477, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por JOSÉ ALBERTO ESTRADA SALGADO. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su escrito inicial de demanda; asimismo se tiene como autorizados con las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas propuestos NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada en sesión celebrada el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/3765/2017, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.

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