José Alberto Dávila Ramírez
Expediente 764/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 764/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 24/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Alberto Dávila Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 764/2017-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que en el único punto resolutivo determinó negar el amparo y protección a la parte quejosa; HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que la MAGISTRADA TITULAR DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO CUARENTA Y NUEVE, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, remítase a las autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, a la parte tercera interesada Erendira Plancarte Vásquez y Martina López Quiroz, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la sentencia de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal.... SENTENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JOSÉ ALBERTO DÁVILA RAMÍREZ, contra el acto reclamado consistente en acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete dictado en el juicio agrario 119/2015, por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con residencia en Cuautla, Morelos por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del veintiuno de diciembre dos mil diecisiete, que en lo conducente dice:VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 764/2017-I, promovido por José Alberto Dávila Ramírez, en contra de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con residencia en Cuautla, Morelos y otra autoridad, y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Estado de Morelos, y remitida al día siguiente diecisiete por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, José Alberto Dávila Ramírez, promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades responsables Magistrada, Secretario de Acuerdos y Actuario, todos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos, contra el acto consistente en el acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete dictado en el juicio agrario 119/2015, por el cual rechaza las pruebas ofrecidas para desvirtuar la ilegal proceder de la actuaria en la inspección del cinco de enero de este año. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, este Juzgado formó el expediente 764/2017-I, y previno al quejoso para que expresara si señalaba como acto reclamado, la parte conducente del auto de siete de abril de este año, en lo que se refiere a que ordena hacer efectiva la multa que se le impuso. TERCERO. Una vez que la quejosa dio cumplimiento al auto de prevención, en el sentido de que reclama la multa impuesta por la autoridad jurisdiccional, por auto de dos de junio siguiente, este juzgador desechó la demanda de amparo por cuanto al acto consistente en el acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete dictado en el juicio agrario 119/2015, en lo que se refiere al desechamiento de las pruebas ofrecidas por el quejoso, asimismo, desechó por cuanto a la autoridad responsable Secretario de Acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos. Por otra parte, la admitió a trámite respecto a dicho acuerdo pero en lo que se refiere a que se le hizo efectiva la multa al quejoso; por tanto, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, emplazó a la tercero interesada Eréndira Plancarte Vásquez y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Mediante auto dictado el treinta de junio de dos mil diecisiete, este juzgado ordenó el emplazamiento de las terceros interesadas Asamblea General de Ejidatarios del Poblado de Yautepec y Martina López Quiroz y una vez emplazadas éstas, inició la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA: Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48, 49 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radica la autoridad responsable que emitió el acto reclamado. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, consistente en el acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete dictado en el juicio agrario 119/2015, por el cual ordena hacer efectiva una multa a cargo del quejoso equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización en razón del valor diario, así como su ejecución reclamada al actuario de su adscripción, tal como lo aceptaron dichas autoridades en sus informes justificados, además, se acredita su existencia con las copias certificadas que remitió la propia autoridad responsable del citado juicio, las cuales, por ser documentos públicos se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. TERCERO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Las autoridades responsables hacen valer la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, ya que alegan que el acto reclamado no afecta el interés jurídico del quejoso, en virtud de que no ofrece pruebas para acreditar su dicho. Es infundado el argumento, debido a que, como ya se analizó en el considerando anterior, ha quedado demostrado el acto reclamado a la autoridad ordenadora, que es el acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete dictado en el juicio agrario 119/2015, por el cual el Tribunal responsable ordenó hacer efectiva una multa al quejoso equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización en razón del valor diario, para tal efecto, ordenó girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación Morelos "1" en el Estado de Morelos, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que hiciera efectiva la multa impuesta, y que a su vez, giró el oficio 633/2017, con data del siete de abril de dos mil diecisiete. Es decir, ya es una determinación en contra del quejoso, como lo es la imposición de una multa, así como el oficio que se ejecute en su contra. Razón por la cual, los actos reclamados, sí afectan la esfera jurídica del quejoso, máxime la Suprema Corte ha establecido jurisprudencialmente tanto el concepto de interés jurídico entendido como la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, al ser transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando que esa transgresión cese; como el perjuicio, entendido como la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado. Dichos criterios se observan de la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 97-102, Primera Parte, materia común, página ciento veintitrés, de la voz y texto: "PERJUICIO E INTERÉS JURÍDICO.- De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." Así como en la jurisprudencia sustentada por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72, Séptima Parte, materia común, página cincuenta y cinco, de voz y letra: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.- El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: 'El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona'. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, 'no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados' (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." En conclusión, si en el juicio agrario 119/2015, existe la determinación emitida en el acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete en el juicio agrario 119/2015, en el cual, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos, aplicó la medida de apremio consistente en una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización en razón del valor diario, asimismo, ésta se ejecutó puesto que giró oficio el oficio 633/2017, con esa misma data, dirigido a autoridad al Administrador Desconcentrado de Recaudación Morelos "1" en el Estado de Morelos, para que hiciera efectiva dicha multa, especificando el nombre del quejoso José Alberto Dávila Ramírez, entonces, los actos reclamados sí afectan de manera personal y directa el interés jurídico del promovente del juicio y, por ende, resulta infundada la causal de improcedencia hecha valer por la responsable. Por último, la circunstancia de que no se haya materializado el acto reclamado, no se traduce en que no le cause perjuicio al quejoso, ya que la ejecución de la multa, se torna un acto de realización inminente, porque en cualquier momento se puede ejecutar, en virtud de que la determinación ya está emitida y su ejecución ya está ordenada. Al no existir alguna causal de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio, se pasa al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. CUARTO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Resultan infundados los conceptos de violación de la quejosa. En su primer concepto de violación, el quejoso transcribió una porción del artículo 14 Constitucional y concluye que en el caso concreto se pretende privar sus derechos con violación a dicho escrito. En su segundo concepto de violación reproduce parte del diverso numeral 16 constitucional y señala que se le pretende molestar en su persona y posesiones sin mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento y pretende quitarle la libertad a la que tiene derecho sin reunir los requisitos previstos en dicho precepto constitucional Para contestar los agravios es necesario señalar los antecedentes relativos al acto reclamado: a) El acto reclamado deriva del juicio agrario 119/2015, que promovió Eréndira Plancarte Vásquez, en contra del quejoso José Alberto Dávila Ramírez y otra persona, ya que mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil quince, les demandó diversas prestaciones (fojas 1 a 15 del anexo). b) Dicha demanda fue admitida por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos, mediante auto emitido el veintidós de abril de dos mil quince (fojas 24 del anexo I). c) El quejoso fue emplazado al juicio y compareció contestando la demanda instaurada en su contra, en la audiencia de nueve de julio de dos mil quince, en dicha audiencia, la magistrada decretó la medida precautoria solicitada por la actora, y requirió a los demandados para que mantuvieran la situación de hecho existente en ese momento respecto del bien inmueble motivo del conflicto y se abstuvieran de realizar mejora alguna dentro de ese predio, así como cualquier acto tendente a transmitir a terceras personas la posesión o propiedad del mismo; los apercibió que en caso de cumplir se harían acreedores a una multa consistente en equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal como primera medida de apremio por desacato a un mandato judicial conforme a la fracción I, del artículo 59 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles (fojas 25a 37 del anexo I) d) En cumplimiento al auto de diez de octubre de dos mil dieciséis, la actuaria responsable, el jueves tres de noviembre de dos mil dieciséis, llevó a cabo una diligencia de inspección judicial contenida en la respectiva acta circunstanciada en el inmueble materia de la litis en el juicio agrario (fojas 197 y 198 del anexo I) e) Por acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, la magistrada responsable impuso a los demandados la multa consistente en equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal como medida de apremio por desacato a un mandato judicial ordenado en la diligencia de nueve de julio de dos mil quince conforme a la fracción I, del artículo 59 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles (fojas 199 y 200 del anexo I) f) En cumplimiento al auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, la actuaria responsable, el jueves cinco de enero de dos mil diecisiete, llevó a cabo una diligencia de inspección judicial contenida en la respectiva acta circunstanciada en el inmueble materia de la litis en el juicio agrario (fojas 287 a 284) del anexo I) g) Por acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete la magistrada responsable impuso a los demandados, entre ellos, a José Alberto Dávila Ramírez, la multa consistente equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización en razón del valor diario como medida de apremio por desacato a lo ordenado en la diligencia de nueve de julio de dos mil quince conforme a la fracción I, del artículo 59 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles (fojas 335 y 336 del anexo I) h) Dicho acuerdo fue notificado al quejoso el veintiuno de abril siguiente (foja 341 del anexo I) Este último auto es el acto reclamado en este juicio de amparo. De lo anterior, se deriva lo infundado del primer concepto de violación, en virtud de que en cuanto a que no existe violación al debido proceso que prevé el numeral 14 constitucional, pues el quejoso es parte demandada del juicio agrario en el que se dictó el acto reclamado, en el cual, ya compareció y se encuentra ejerciendo su derecho de defensa, esto es, no quedó inaudito en cuanto al acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete, en el que se le impuso una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización, que si bien le priva de su derecho de propiedad, no menos cierto es que lo emitió un tribunal competente (Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos) y conforme a las formalidades de ese procedimiento. Por otro lado, también es infundado el segundo concepto de violación toda vez que acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete dictado en el juicio agrario 119/2015, en primer lugar, porque no se le pretende quitar de la libertad a la que tiene derecho, como lo aduce el quejoso, en segundo término, porque se encuentra por escrito, precisamente consta de un acuerdo; en tercer lugar, porque se encuentra sustentado en lo dispuesto por los artículos 166 de la Ley Agraria, 59, fracción I y 384 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria, así como en el párrafo séptimo, apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal, es decir, se encuentra fundado. Por último, está motivado ya que la Magistrada responsable expuso que dicha multa consiste en una media de apremio que se le hace efectiva por desacato de la medida cautelar decretada en audiencia de nueve de julio de dos mil quince, lo que derivaba de los hechos contenidos en el acta circunstanciada de cinco de enero de dos mil diecisiete, pues se encontraban haciendo mejoras en el inmueble motivo de conflicto en ese juicio. No obsta que en una parte de la demanda de amparo manifestara que "si analizamos todo lo que existe en la carpeta de investigación YA-UIDD-A/169/2012, no existe ningún elemento en mi contra" pues tal afirmación no combate los motivos por los cuales la autoridad responsable determinó imponerle la multa. Por tanto, resultan infundados los conceptos de violación del quejoso, sin que este juzgador advierta que se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir la deficiencia de su queja, incluso, no se ubica en los supuestos de la fracción IV del citado precepto legal, pues no tiene la calidad de ejidatario o comunero. Tampoco se aprecia cualquier otro argumento tendente a combatir el acto reclamado, habida cuenta que es a la parte quejosa a quien le corresponde exponer razonadamente el por qué estima inconstitucional o ilegal el acto que reclama, sin que se advierta por parte de este juzgador causa de pedir alguna tendente a controvertir las razones y actuaciones contenidas en el acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala Novena Época, identificada con el número 1a./J. 81/2002, consultable en la página 61, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Diciembre de 2002, registro número 185425, que precisa lo siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse". Consecuentemente, al resultar infundado los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa y no encontrándose en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó José Alberto Dávila Ramírez, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado consistente en el acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete dictado en el juicio agrario 119/2015, en el aspecto que ordenó hacer efectiva una multa al quejoso, emitido por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos Negativa de la protección constitucional que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado al actuario de su adscripción, toda vez que no se impugnan por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de la determinación de la cual derivan. Al respecto, es aplicable la tesis aislada sostenida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 357, Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada. Por lo expuesto, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o, fracción I, 2º, 73, 74, 75, 77 y 107, de la Ley de Amparo; y 1º, 42, 48, 49 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JOSÉ ALBERTO DÁVILA RAMÍREZ, contra el acto reclamado consistente en acuerdo de siete de abril de dos mil diecisiete dictado en el juicio agrario 119/2015, por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 49, con residencia en Cuautla, Morelos por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre del dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos. Así lo resolvió y firma el maestro en derecho CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en que las labores de este Juzgado Federal lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez. DOY FE
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el expediente, del que se desprende que se fijaron las diez horas con treinta y un minutos del día veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, como se desprende la certificación que antecede fue declarado día inhábil; en consecuencia, es procedente diferir la fecha y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional, fijando en su lugar, las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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