José Alberto Calderon Prieto

Expediente 1171/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1171/2017
Año
2017
Actuaciones
26
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • José Alberto Calderon Prieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de tres días que se concedió a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en autos, sin que ninguna de ellas hubiese hecho uso de ese derecho Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, procede a determinar si se cumplió o no De constancias se advierte que la sentencia que concedió a la parte quejosa *******, el amparo y protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que el Juez Único Penal de Partido en Cortázar, Guanajuato, dentro de la causa penal *** El efecto de la protección constitucional es para que la juez responsable: Deje insubsistente el auto de bien preso reclamado, así como sus consecuencias; Con plenitud de jurisdicción dicte otra resolución que resuelva la situación jurídica de la parte quejosa, que puede ser en el mismo sentido o en otro diverso, lo que no se prejuzga, pero deberá purgar los vicios de inconstitucionalidad destacados en esta resolución, por lo que deberá considerar los aspectos abordados en este fallo, previo a valorar las siguientes probanzas La documental que se encuentra glosada a fojas 32 a 51 y 167 a 435, del tomo I de pruebas; y, Las documentales consistentes en impresiones de "correos electrónicos" entre particulares, que obran integradas entre las fojas 32 a la 440, 443 a la 773 y 872 a la 889, del tomo I de pruebas Bajo ese contexto, toda vez que lo antes señalado es suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, es innecesario abordar los diversos conceptos de violación, pues no se generaría mayor beneficio. [.]" Al respecto, la responsable remitió el oficio registrado con el número 4015 [F. 112], al que adjuntó copia certificada de la resolución emitida el dos de abril de dos mil diecinueve [F. 114-136] Así, del análisis integral de las constancias que conforman el presente juicio, en específico la resolución aludida en el acápite que antecede, se desprende que la Juez responsable cumplió a cabalidad con la ejecutoria de amparo. Se explica En lo relativo al efecto citado como: ". deje insubsistente el auto de bien preso así como sus consecuencias, y con plenitud de jurisdicción dicte otro que puede ser en el mismo sentido o en otro diverso, lo que no se prejuzga.", determinó en la cual resolvió que la justicia de la Unión ampara y protege a *******, en contra de la resolución dictada por este juzgado de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Cortázar, Guanajuato, el día once diciembre de dos mil diecisiete, en el expediente en que se actúa, resolución de amparo que causó ejecutoria en fecha veintidós de marzo del año en curso, lo que fue informado mediante oficio número 4417/2019. Así, en acatamiento a lo ordenado por dicha autoridad federal, se deja insubsistente la resolución de once diciembre de dos mil dieciocho, en la cual se dictó auto de formal prisión en contra del quejoso, y siguiendo los lineamientos del fallo protector dictado por el Juez Octavo de Distrito en el Estado, se procede a dictar nuevo proveído en los términos siguientes Asimismo, con la plenitud de jurisdicción otorgada, emitió un nuevo auto de plazo constitucional, en el que determino que en autos no quedó acreditado el cuerpo del delito de Administración Fraudulenta, cometido en perjuicio de la persona moral denominada *** , y por ende, tampoco la probable responsabilidad penal de *********, en su comisión, destacados en el fallo protector, respecto de las pruebas documentales bajo el siguiente contexto "[.] los documentos que integran el anexo 7, que contiene el informe de la institución BBVA Bancomer sobre los pagos indebidos que se hicieron a través de la cuenta *** de *********** Documentales, que examinadas fueron por autoridad federal en el juicio de amparo 1171/2017, cuya ejecutoria cumplimentada; y que en relación a ellas advirtió, que por lo que hace a las documentales que integran el anexo 3 consultable de la foja 32 a 51, en cuya confección, no se observaron las formalidades del proceso establecidas en los artículos 16, 17, 23 y 24 del Código de Procedimientos Penales, en razón de que no se encuentran debidamente certificadas, porque en la certificación que de las mismas realizó la fiscal investigador, establece que ese grupo de hojas, corresponde a 52 fojas, cuando que solo se agregaron 20, lo que por supuesto pone en evidencia que no se observaron las formalidades procesales establecidas en el código adjetivo penal, para su incorporación al expediente, en e es momento de averiguación previa Similar situación existe respecto a las fojas 167 a la 435 del expediente en que se actúa, que corresponde a las documentales que el querellante presento como anexo 6, para demostrar "el periodo de nómina realizadas por el C. José Alberto Calderón Prieto del periodo en que se transfirió dinero de tarjetas de nómina de personas que no laboraron en ********Señalando el juez federal octavo de distrito en el estado, que al omitir incorporar la totalidad de las fojas a que hacen mención las certificaciones que obran en las fojas 52 y 435, en principio genera incertidumbre respecto de cuales son esas constancias, que en todo caso podrían constituir pruebas de cargo de descargo, a favor o en contra del quejoso José Alberto Calderón Prieto, inobservado con ese actuar la fiscal, los principios de legalidad y de certeza jurídica, por tanto, esas documentales no generan convicción de la veracidad sobre su contenido y por lo mismo no se le reconoce valor de prueba alguno Ahora, ********, representante legal de la querellante, en su escrito de querella, después de establecer en la lista o gráfica, visible a fojas 8 y 9 del expediente, las fechas en que asegura, se realizaron depósitos en las cuentas de nómina de **********, las cantidades y las fechas en que se realizaron , que inician el 7 de mayo de 2014 y culminan el 20 de diciembre del mismo año, por un total de $785,071.12 que obtuvo el inculpado, al haber incorporar o mantener a esas cuatro personas en los registros de nomina que se remitan al banco para que en ellas se transfieran las sumas de dinero que determinaba como su salario en esa temporalidad, en detrimento de su representada; lo acredita con la documental que en anexos acompaño a su escrito de querella consultables, para los fines precisados al inicio de este párrafo, desde la foja 32 a la 440, entre los que se encuentran los que constituyen '.evidencia de que el *********** desempeñaba el puesto de encargado de nominas.'; que inicia en la foja 32, que acreditaba el desvió de dinero a personas que no laboraban dentro de la organización y/o les fue transferido dinero cuando ya no laboraban en la empresa.', que inicia en la foja 110; la '.selección de movimientos representativos que demuestran que las transferencias fueron realizadas a las personas que no estaba incluidas en las solicitudes de nominas realizadas por el ******** del periodo en que se transfirió dinero a tarjetas de nomina de personas que no laboraron en ********, que inicia en la foja 167, y la tabla o grafica que corresponde del 29 de diciembre de 2014 al 4 de enero de 2015, consultables de la foja 443 a la 773 Para los mismos fines probatorios, el mismo representante legal de la querellante, en nueva comparencia, de fecha 5 de septiembre de 2016, dijo que tenia constancia de que el inculpado en varios correos enviaba en banco a direcciones de correos con errores, como se corrobora en su declaración en la que dijo que el correo de ******** es *****, cuando que el correcto es ******; pero además, que representaba documental que demostraba que José Alberto tenia el manejo completo de las cuenta que creo ficticias documental que dio se encontró en el lugar de trabajo de *******o, que del correo que utilizaba José Alberto, el que era de la empresa no personal, el 11 de agosto de 2014, envió solicitud al correo electrónico **** para desbloquear la tarjeta de ********, que nunca laboro para ellos, documental que obra glosada de la foja 872 a la 884 Sin embargo, la autoridad de amparo en la ejecutoria que se cumplimenta, al examinar las documentales que se citan en los tres párrafos que preceden al tener como fuente un correo electrónico, señala que para su valoración se tiene que considerar, que acorde a la naturaleza de esas documentales, al carecer de firma de la persona a la cual se le atribuye el correo electrónico, puede tener como consecuencia que no se tenga la certeza de que a quien se atribuye su envió a través de la red, sea quien efectivamente lo emitió En el caso, esas documentales no fueron ratificados en su contenido y firma por el suscriptor como se establece en la primer tesis de cita; pero además fueron objetados por el inculpado y su defensa; y si a ello se agrega, como lo expuso la autoridad de amparo, el correo electrónico se asemeja a las comunicaciones privadas por la existencia de un pasword o clave para ingresar a su contenido, para otorgarles valor probatorio es necesario como requisito previo, una autorización judicial para su acción o la exhibición de estos y convalidación, de un de sus intervinientes de la foja 32 a la 440, de la 443 a la 773 y de la 872 a 889, por lo que al conculcar los principios de legalidad, el de imparcialidad y el derecho a la defensa que le asiste al inculpado contenidos en los artículos 16, 17 y 20 apartado A fracción IX, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, se les niega valor de prueba alguno Por tanto, no se cuenta con pruebas pertinentes para acreditar que las cuentas bancarias ****, de nomina cuya titularidad se atribuye a *********, las tuviera en su poder, el inculpado, en los meses de mayo a diciembre de 2014 y hasta el 4 de enero de 2015, que esta cuentas hayan recibido recurso monetarios procedente de la cuenta nomina ***, propiedad de *********,lo que resulta necesario para conocer que en efecto el inculpado realizó esa conducta, esas acciones administrativas que generaron un detrimento patrimonial a la querellante; y así establecer que en el caso en efecto se realizó la conducta que describe el artículo 253 del Código Penal; que *********., sufrió un detrimento patrimonial y, por ende, la asiste la calidad de sujeto pasivo del delito, pues que se afectó su patrimonio, bien jurídico que protege el número 253 mencionado En razón de lo anterior, se hace necesario entrar al estudio de la probable responsabilidad que se atribuye al inculpado en la comisión de hechos materia de la querella En ese tenor, si no se encuentran acreditados todos y cada uno de los elementos del cuerpo del delito, de la figura típica cuya comisión se atribuye al inculpado ********, como lo exige el artículo 158 del Código de Procedimientos Penales, en relación con el artículo 253 del Código Penal; con apoyo en el número 157 del mismo código adjetivo penal, se dicta auto de libertad por falta de elementos para procesar, a José Alberto Calderón Prieto De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable ejerció la plenitud de jurisdicción que le fue otorgada y dictó otra resolución en la que resolvió la situación jurídica de la parte quejosa, purgando los vicios de inconstitucionalidad destacados en la resolución que cumplimiento, y respecto a la valoración de las probanzas consistentes en la documental que se encuentra glosada a fojas 32 a 51 y 167 a 435, del tomo I de pruebas; y, las documentales consistentes en impresiones de "correos electrónicos" entre particulares, que obran integradas entre las fojas 32 a la 440, 443 a la 773 y 872 a la 889, del tomo I de pruebas, como se advierte de la transcripción de la resolución emitida, valoró las pruebas En resumen, la responsable en uso de la libertad de jurisdicción otorgada, acató puntualmente el fallo protector; consecuentemente, si la protección federal se otorgó para esos precisos efectos, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida Consecuentemente, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral en cita, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III del acuerdo en cita, el presente expediente y original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años, puesto que en el expediente principal se dictó resolución en la que se concedió el amparo, así como la suspensión provisional y definitiva solicitada; debiéndose conservar la determinación relativa a su otorgamiento y, en su caso, de su violación Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado Finalmente, al resultar innecesaria la retención de los tomos de pruebas que allegó la Juez Único Penal de Partido de Cortázar, Guanajuato, a su informe justificado, devuélvanseles

  2. Principal

    Por recibido el escrito signado por el quejoso *******, por medio del cual hace diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable; atento a lo anterior, una vez que concluya el término otorgado a las demás partes, se acordara lo conducente. Por otro lado, en atención al contenido del ocurso, con fundamento en el artículo 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele copia certificada de las constancias que solicita, previa razón que de su recibo se plasme en autos. En la inteligencia que las personas que autoriza para tal efecto, ya tienen reconocidas sus facultades conforme el auto admisorio, esto es, en términos del articulo 12 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    A sus autos el oficio por medio del cual la responsable juez de Partido Único Penal, con residencia en Cortázar, Guanajuato, anexa copia certificada de la resolución de dos de abril de dos mil diecinueve, con la que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En razón de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se les haga de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, este juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no cumplida.

  4. Principal

    Por este conducto se notifica al quejoso, el auto de doce de abril de dos mil diecinueve, toda vez que se hace efectivo el apercibimiento hecho en el citatorio, y no se presento en este juzgado para su notificación personal, auto que señala:Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo signada por *********, en contra de actos del agente del Ministerio Público Investigador de la Mesa 2 en esta ciudad y otra autoridad, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 4, 14, 16, 17, 20 y 21 constitucionales. Fórmese cuaderno de amparo físico y digital, con el registro número 303/2019-IV-A. Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se provee: Desechamiento de demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al mencionado principio de impartición de justicia pronta y expedita, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que, en su caso, se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: En el caso concreto, la quejosa señala como acto reclamado en forma destacada: La apertura y trámite de una carpeta de investigación, iniciada por la omisión de presentarse ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Mediación y Conciliación Penal 4 en Celaya, Guanajuato, con motivo de la carpeta de mecanismo alternativo *****; y, en vía de consecuencia, La citación o requerimiento de presentación; así como su ejecución. De lo narrado con antelación se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; lo que se hace valer de oficio, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), aplicada contrario sensu, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Conviene recordar que a través del juicio de amparo es reclamable todo acto de autoridad que viole los derechos humanos reconocidos al particular y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, según lo dispone el artículo 1° de la ley de la materia; en tanto que en el numeral 107, se indican con precisión los casos específicos en que procede el juicio de amparo biinstancial, cuya hipótesis establecida en la fracción III, inciso b), refiere que los actos en el procedimiento deben ser de imposible reparación, a fin de que proceda en su contra el juicio constitucional por la vía biinstancial, puesto que la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución; esto es, cuando el acto reclamado únicamente afecta derechos adjetivos o procesales. Cobra aplicación, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, que se lee: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Sobre el particular, debe precisarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos con ejecución de imposible reparación solo se presentan, cuando producen una afectación material a derechos sustantivos, ya que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado de la resolución respectiva; además, de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, ya que la afectación no podría repararse, aun obteniendo resolución favorable en el procedimiento respectivo, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate. Cobra aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, los actos reclamados no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulneran ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, derechos patrimoniales, la vida, la libertad o el estado civil. Lo anterior, toda vez que el inicio y trámite de una carpeta de investigación no es un acto que afecte algún derecho sustantivo o de la quejosa; pues únicamente constituye una cuestión de derecho procesal. Ilustra lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia 1a./J.78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el siete de diciembre del dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época de rubro y texto siguientes: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En ese contexto, se reitera, es inconcuso que el inicio y trámite de la carpeta de investigación se reclama ante esta potestad federal, constituye una cuestión de derecho procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos de la quejosa, toda vez que con el mismo no se afectan materialmente esos derechos, pues en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos de la promovente, dado que el citatorio no representa restricción alguna a su libertad personal pues se trata de un acto fuera de juicio que no le limita en forma alguna sus libertades. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo III, en Materia Civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida." De ahí que en el particular, al reclamarse en forma destacada un acto que no es de imposible reparación, se actualiza la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), aplicado a contrario sentido, de la Ley de Amparo; por lo que acorde a lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Finalmente, con relación al acto consistente en la orden de citación o requerimiento de presentación y su ejecución, que se reclama en vía de consecuencia de la carpeta de investigación aludida, debe decirse que también es improcedente el juicio constitucional. Ello es así, porque de la documental exhibida por el solicitante de la tutela federal -citatorio-, se desprende que el Ministerio Público señalado como responsable no estableció como medio de apremio para el caso de incomparecencia, orden de afectación alguna a la libertad personal de la quejosa; así, en el hipotético caso de que ello ocurriera, tal acto sería autónomo a la citación reclamada, con lo que quedaría expedito el derecho de la agraviada para impugnarlo mediante un juicio de amparo, una vez que exista tal acto. Cabe precisar que la causal de improcedencia cuya actualización se destaca, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, y que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes; verdad es que ello no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales. Cobra vigencia sobre el particular, en lo conducente, la tesis I.2o.C.1 K (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 1771, Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de epígrafe siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA." Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones por la parte promovente, el ubicado en calle *******, en esta ciudad; asimismo, como autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *******, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que autoriza, tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12 de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); sin perjuicio de que una vez solventada dicha situación se acuerde lo conducente. Habilitación de días y horas. Se faculta al actuario de la adscripción para que proceda a llevar las notificaciones del presente asunto, aun en días y horas inhábiles; lo anterior con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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