José Alberto Calderon Prieto

Expediente 985/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 37 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
985/2017
Año
2017
Actuaciones
37
Última actuación
02/07/2019

Partes del expediente

  • Juez Único de lo Penal de Partido Judicial En Cortazar, Guanajuato
  • José Alberto Calderon Prieto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 37.

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por juez suplente Único de Partido Penal, con residencia en Cortazar, Guanajuato, por el cual informa que, de conformidad con el Acuerdo del Consejo del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, dicho juzgado penal se fusiona a los Juzgados Primero y Segundo Penales de Partido de Celaya, Guanajuato, a partir del dieciséis de julio del año en curso; de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    A sus autos el oficio que remite la juez Único Penal de Partido de Cortázar, Guanajuato, por medio del cual remite copia certificada de la resolución dictada el dos de abril de dos mil diecinueve, en el proceso penal ***de su estadística, instruida en contra del aquí quejoso *******, en la que se dictó en su favor auto de libertad; lo anterior, dado que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, y además, respecto a dicha resolución se proveyó lo conducente en el diverso juicio de amparo ***

  3. Principal

    A sus autos el oficio que remite el juez Único Penal de Partido de Cortázar, Guanajuato, por medio del cual acusa recibo del comunicado con el que se le notificó el auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto y se le remitieron cinco tomos de pruebas de la causa penal ***, de su índice

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de tres días que se concedió a las partes por auto de veintisiete de abril inmediato anterior, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera con respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo que manifestó el juez Único Penal de Partido, residente en Cortázar, Guanajuato, derecho que solamente hizo valer el quejoso por conducto de su autorizado en amplios términos mediante su ocurso ingresado en la oficialía de partes de este juzgado federal bajo el registro 4566 (f. 92 a 94), no así las demás partes. Consecuentemente, este Juzgado Federal, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y a los datos proporcionados por la autoridad responsable, y con fundamento en lo establecido por el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, procede a determinar si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida en sus términos. En la sentencia de amparo emitida en trece de marzo próximo pasado (f. 49 a 64), se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la justicia federal para que la juez Único Penal de Partido, residente en Cortázar, Guanajuato, realizara lo siguiente: "1. Deje insubsistente su acuerdo ilegal de cinco de octubre de dos mil diecisiete, pronunciado en la causa penal ***, de su índice; 2. Hecho lo cual, dicte uno nuevo en el que, sin incurrir en los vicios señalados y bajo su más estricta responsabilidad, se pronuncie en torno a las garantías que deberán ser exhibidas por el procesado/quejoso, a fin de que acceda al beneficio de libertad provisional bajo caución que solicitó, haciéndole saber su derecho a elegir la naturaleza de la caución, y la consecuencia de no hacer uso de ese derecho, esto es, que corresponderá a esa potestad jurisdiccional determinar las formas de exhibir las garantías condignas." Luego, mediante proveído de once de abril del presente año, (f. 76), se declaró que la sentencia de mérito causó ejecutoria, requiriendo su cumplimiento a la autoridad responsable. Así, la juez de Partido Único Penal de Cortázar, Guanajuato, mediante su oficio número 372 (foja 81), remitió copia certificada de su proveído de veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, del que se observa dejó sin efecto el auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, y enseguida resolvió: ". la petición que realiza el indiciado, resulta del todo procedente en tanto el delito por el que se encuentra siendo procesado en la presente causa, no es considerado grave, conforme a la lista contenida en el artículo 11 once de la ley penal vigente en la entidad y por tanto, conforme a lo dispuesto por los artículos 20 apartado A fracción I, y B fracción IV de la Constitución Política Federal, 387 y 390 del código (sic) de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, tiene derecho a gozar de la libertad provisional, siempre y cuando reúna los siguientes requisitos: 1.-Que garantice el monto estimado de la reparación del daño causado a la parte lesa; precisando que dicho monto asciende, en el caso, a la cantidad de $***** ****** pesos con doce centavos moneda nacional, cifra que se fija conforme a los datos reunidos en actuaciones, precisamente en el dictamen pericial número ***** rendido por el contador público ******, perito especializado de la Procuraduría de Justicia en el Estado, en él explica la forma en que llego a su conclusión y los métodos que para ello aplicó, al señalar en su dictamen que se basó en la documental que le fue proporcionada, la cual describe pormenorizadamente, consistente relaciones de nómina, dispersiones de pagos de nómina de diversas fechas semanales de los meses de mayo a diciembre del año dos mil catorce, Estados de cuenta bancarios de la cuenta número ***** del banco ***** S.A. de C.V. de los meses de mayo a diciembre del 2014 y Enero del 2015, explicando que el dictamen lo realizó conforme a las reglas de la auditoria el cual consiste en la revisión documental en el periodo señalado y explicando las técnicas de auditoria utilizadas que fueron: Estudio general, Análisis, confirmación y calculo. Además de explicar el procedimiento que llevó a cabo, para determinar en la forma que lo hizo, es decir que al cotejar las listas de nómina contra las listas de dispersión de los pagos de nómina, de lo que se observó depósitos a diferentes cuentas de trabajadores no registrados, ni dados de alta en la empresa ofendida, como lo fueron: ***** y ******; concluyendo entonces que la afectación a patrimonio de la persona moral ofendida denominada '*****.´ por pagos indebidos de nómina, asciende a la cantidad precisada en líneas precedentes. Siendo por ello que se estima que el dictamen en estudio, como prueba técnica, revela que para enderezarla su autor se sujetó a los lineamientos prescritos por los artículos 222 doscientos veintidós y 223 doscientos veintitrés del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, sin que hasta el momento haya sido demeritada, imperativo es concluir que debe asignársele valía de fuerte indicio haciendo para ello uso de la facultad concedida por el artículo 276 doscientos setenta y seis del ordenamiento adjetivo de la materia, por ende atendible para establecer el monto de la reparación del daño. 2.- De igual manera deberá exhibir la cantidad de $5,000.00 cinco mil pesos para garantizar el cumplimiento de obligaciones procesales a las que se refiere la fracción II del citado artículo 387 trescientos ochenta y siete del Código Procesal Penal, monto que se fija atendiendo a lo dispuesto por el artículo 390 trescientos noventa del Código antes citado, tomando en cuenta que el indiciado *****, no tiene dependientes económicos, que su lugar de residencia se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, ya que según el mismo lo señaló se ubica en *****, que no obra en autos dato alguno que indique que el inculpado tenga antecedentes penales; que en cuanto a la gravedad y circunstancias del hecho imputado, de acuerdo a las declaraciones del representante de la persona moral ofendida ***** y los testigos *****, a las que se les tiene asignado valor probatorio de indicio conforme a lo dispuesto por el artículo 273 en relación con el 274 doscientos setenta y cuatro del código procesal de la materia, este fe cometido quebrantando la confianza que en él fue depositada como empleado de la persona moral ofendida, lo que le facilitó hacerse (hasta el momento presuntamente) de bienes que no le pertenecían, causando con ello un detrimento económico en la parte lesa; que no se cuenta con dato alguno de que pretenda evadir la acción de la justicia, tomando en cuenta además de que el indiciado se sometió voluntariamente a la potestad de este órgano jurisdiccional y de propio derecho solicito le fuera solicitadas las garantías para gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución; que en cuanto su condiciones económicas, el indiciado *****, dijo tener una carrera trunca de contador, y que se dedica a llevar la contabilidad de personas físicas de manera independiente, con utilidad mensual de aproximadamente $**** pesos, manifestación que junto a los demás datos aportados por el propio inculpado en su declaración preparatoria, es suficiente para tomarla como parámetro para fijar el monto de la fianza para garantizar el cumplimiento de obligaciones procesales, siendo por ello que la cantidad fijada, resulta le resulta (sic) asequible al inculpado, es decir, cuenta con un trabajo que le proporciona medios económicos para cubrir la mencionada cantidad. Asimismo, se le hace saber al indiciado *****, acorde a lo dispuesto por los artículos 20 veinte constitucional y 387 del código de Procedimientos penales para el Estado de Guanajuato vigente en el momento de los hechos tema de la presente causa penal, que las cantidades anteriormente señaladas, las podrá depositar a su elección en cualquiera de las formas permitidas por la ley, esto es mediante deposito en efectivo, prenda o hipoteca formalmente constituida. Ahora bien, para el caso que el inculpado no esté en posibilidad de acogerse al beneficio de la libertad provisional bajo caución en los términos antes expuestos, hágasele saber también que tiene la oportunidad, para que dentro del término de 3 tres días, se interne voluntariamente al centro carcelario correspondiente y así evitar el dictado y ejecución de una orden de reaprehensión para enfrentar el proceso, apercibiéndole que de no hacerlo se girará la correspondiente orden de reaprehensión en su contra." Ahora, del análisis integral de las constancias que integran el presente juicio, se desprende preponderantemente que el efecto de la ejecutoria de amparo fue para que el Juez de la causa, en principio, dejara insubsistente el acto reclamado -auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete-; lo que aconteció como se advierte del auto de veinticuatro de abril del presente año (párrafo segundo visible a fojas 84). Asimismo, para que dictara uno nuevo en el que se pronunciara en torno a las garantías que deberán ser exhibidas por el procesado/quejoso, a fin de que pueda disfrutar del beneficio de libertad provisional bajo caución que solicitó, haciéndole saber su derecho a elegir la naturaleza de la caución, y que de no hacerlo la juez responsable proveería respecto a la solicitud del quejoso de acogerse al aludido beneficio, esto es, determinaría las formas de exhibir las garantías condignas. Lo que también aconteció, pues en dicho proveído señaló el monto requerido para garantizar la reparación del daño, en cantidad de $****** (****** pesos, doce centavos moneda nacional), estableciendo que la misma la obtenía de los datos reunidos en la causa, concretamente con el dictamen pericial rendido por el perito oficial en contaduría, mismo que consideró ajustado a los requisitos exigidos por los artículos 222 y 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, justipreciándolo como fuerte indicio, acorde con la facultad que le irroga el diverso ordinal 276 de la invocada codificación, de lo que extrajo el monto estimado del detrimento patrimonial sufrido por parte lesa con motivo de la conducta ilícita atribuida en grado probable al inculpado/quejoso. Así también, fijó el monto para garantizar las obligaciones inherentes al proceso, en cantidad de $**** (***** pesos cero centavos moneda nacional), que estimó asequible para el inculpado/quejoso, considerando para ello las condiciones económicas del mismo, dentro de las que destacó los ingresos que en la misma cantidad de la antes señalada, dijo percibía de forma mensual y no tener dependientes en lo económico. También, señaló que no existen datos que evidencie una posible sustracción a la acción de la justicia por parte del inculpado y este no cuenta con antecedentes penales, pero ponderó que con la comisión de la conducta ilícita que en grado probable se le atribuía, vulneró la confianza que en él depositó la persona moral ofendida, y le ocasionó un detrimento económico por la cantidad estimada por concepto de la reparación del daño, y así también que tiene su domicilio fuera de la residencia del órgano jurisdiccional en el que se lleva su causa. Finalmente, le preciso las formas en que podría exhibir las garantías solicitadas para que pudiera gozar del beneficio de libertad provisional bajo caución condigno, y estableció un término de tres días para que en el caso de no tener la posibilidad de acogerse a dicho patrocinio, tenía la oportunidad de internarse de forma voluntaria en el centro carcelario correspondiente y así evitar el dictado de una orden de reaprehensión para enfrentar su proceso, apercibiéndolo que de no hacerlo entonces giraría el mandato de recaptura en su contra. En ese sentido, se concluye que con las documentales ofertadas, se acredita la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de su derecho violado en términos del artículo 196 de la ley de Amparo, lo que conduce a declarar que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Sin que obsten a lo anterior, las manifestaciones vertidas por el autorizado en términos amplios del quejoso, en su escrito visible a fojas 92 a 94, a través de las cuales señala no estar de acuerdo por cuanto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo que hace la responsable, al señalar en lo fundamental que el dictamen pericial contable en el que la juez de la causa sustentó su apreciación por cuanto al detrimento patrimonial sufrido por la parte ofendida, hoy tercera interesada, resulta ilegal al señalar que el juez de instrucción no señaló el valor probatorio que se le asignaba, e igualmente que las documentales en las que se sustentó dicha experticia carecen de valor probatorio al no haber sido obtenidas conforme a derecho. Lo anterior, porque contrario a lo sostenido por el autorizado del quejoso, la juez sí justipreció el aludido dictamen pericial, asignándole el valor probatorio de indicio, conforme a lo establecido por el artículo 276, en relación con el 222 y 223 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato. Ahora, por cuanto al señalamiento que hace respecto del valor probatorio que, en su concepto, corresponde a las pruebas documentales en las que el experto sustentó su dictamen pericial, debe decirse que, por tratarse de una cuestión co-sustancial al procedimiento natural, no es dable atenderla a través de la presente vía, en la que, acorde con lo establecido por el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, sólo corresponde examinar si la sentencia está cumplida o no lo está, si la responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y la medida suspensional provisional y definitiva, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones III y IV del acuerdo en cita, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que de ordenó su archivo, debiendo conservarse la demanda y la sentencia respectivas. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo, debiéndose, por tanto, conservar por separado del principal. Toda vez que el presente juicio se encuentra concluido y que resulta innecesaria la retención de cinco tomos de pruebas que adjuntó a su informe justificado el juez Único de lo Penal del Partido de Cortázar, Guanajuato, se ordena su devolución, y se solicita el acuse de recibo condigno.

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