José Alberto caballero cruz

Expediente 2657/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2657/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/12/2022

Partes del expediente

  • José Alberto caballero cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta la resolución pronunciada el diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, en el toca 50/2022 de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la quejosa ********************, contra la sentencia firmada el trece de enero de dos mil veintidós; así como el juicio de amparo ********************-IV-B. En la resolución recibida, se advierte que la Superioridad en sus resolutivos, señaló: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia firmada el trece de enero de dos mil veintidós por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, en el juicio de amparo indirecto ********************. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó del Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades atento a las consideraciones expuestas. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, en contra de los actos que reclamó del Congreso del Estado de Yucatán y otras autoridades por las razones señaladas.". Al respecto, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes de lo informado, por lo que se ordena acusar recibo a la Superioridad. Glósese a estos autos las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del aludido recurso de revisión. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    RESULTANDO: PRIMERO. Por oficio 10913/2022 presentado el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de esta Entidad, turnó el veinticinco siguiente a este órgano jurisdiccional, copia certificada de las constancias relativas al juicio de amparo 369/2022-II del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Ello, en virtud de lo ordenado en proveído de catorce de marzo del año en curso, dictado en autos del referido juicio, en el que el Juzgado Federal de referencia se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo y se ordenó remitir por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, el juicio constitucional en comento, a fin de que se procediera a su registro como nueva demanda, y se turnara al Juzgado de Distrito en turno. SEGUNDO. En consecuencia, mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se registró el presente juicio constitucional 855/2022-VI-A, y este Juzgado Federal se avocó al conocimiento de la demanda de que se trata. En ese sentido, se tuvo a ********************, en su carácter de apoderado legal de la persona moral denominada ********************, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos atribuidos a las siguientes autoridades: El Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El Servicio de Administración Tributaria. CIUDAD DE MÉXICO Asimismo, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Ampliación de demanda. Por acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, respecto del nuevo acto reclamado al Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México; en consecuencia, se solicitó su correspondiente informe justificado a la responsable en cita, reiterándole la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la Litis constitucional. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, lo hizo consistir la parte quejosa en: "PRIMERO. Del H. Congreso de la Unión, a través de sus dos Cámaras, de Diputados y de Senadores se reclama la discusión y aprobación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos; en específico, las modificaciones realizadas al artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación. Al efecto se precisa que únicamente se impugna en relación a los cambios en la forma en que la Autoridad Responsable pretende que se cumpla con la obligación de Controles Volumétricos, pero de ninguna manera se pretende impugnar la existencia de dicha obligación o el objetivo que ésta persigue. SEGUNDO. Del C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos se reclama la promulgación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos; en específico, las modificaciones realizadas al artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación. Al efecto se precisa que únicamente se impugna en relación con los cambios en la forma en que la Autoridad Responsable pretende que se cumpla con la obligación de Controles Volumétricos, pero de ninguna manera se pretende impugnar la existencia de dicha obligación o el objetivo que ésta persigue. TERCERO. Del C. Titular del Servicio de Administración Tributaria, se reclama la discusión, diseño, elaboración, suscripción y emisión de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021; específicamente el numeral 2.6.1.3., la fracción X del 2.6.1.4, y el numeral 2.6.1.5 en relación con la forma en que la Autoridad Responsable pretende que se cumpla con la obligación de Controles Volumétricos, pero de ninguna manera se pretende impugnar la existencia de dicha obligación o el objetivo que ésta persigue. CUARTO. Del C. Titular del Servicio de Administración Tributaria, se reclama la discusión, diseño, elaboración, suscripción y emisión de los ANEXOS 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2022, en específico el numeral 30.6 del ANEXO 30 y la totalidad de los ANEXOS 31 y 32. AMPLIACIÓN DE DEMANDA QUINTO. Del C. Titular del Servicio de Administración Tributaria, se reclama la SEGUNDA Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y sus Anexos 1-A, 23, 30, 31 y 32 publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de marzo de veintidós. En específico las modificaciones realizadas a las reglas 2.6.1.4 y 2.6.1.6 así como las modificaciones a los ANEXOS 30, 31 y 32. Debe mencionarse que los Actos Reclamados forman parte del Sistema Reclamado en el escrito inicial de demanda; es decir, el sistema normativo relativo a los controles volumétricos que rige el ejercicio fiscal de 2022, Sistema Reclamado conforme al cual la Quejosa es contribuyente obligado al cumplimiento de las disposiciones correspondientes." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y Jefa del Servicio de Administración Tributaria, ambos con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. En tal virtud deberán tenerse por existentes al tenor de lo señalado en la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Presunción de certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Diputados y Senadores, con sede en la Ciudad de México, toda vez que fue omisa en rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente notificada de su requerimiento como se advierte de la constancia de notificación correspondiente que obra en autos, de donde se desprende que el plazo de quince días para presentar el informe justificado transcurrió sin que lo rinda. En consecuencia, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume como cierto el acto que se le atribuye, sin que haya lugar a requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello se le estaría concediendo una nueva oportunidad, no prevista en la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en la tesis publicada en la página mil trescientos sesenta y tres, Marzo de dos mil dos, Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 187512, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." Además de que el acto reclamado se hace consistir en leyes, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." QUINTO. Causa de improcedencia advertida de oficio. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, ya sea de oficio o que lo alegue alguna de las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, en relación con los actos reclamados a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, consistentes en: ".Del C. Titular del Servicio de Administración Tributaria, se reclama la discusión, diseño, elaboración, suscripción y emisión de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2021; específicamente el numeral 2.6.1.3., la fracción X del 2.6.1.4, y el numeral 2.6.1.5 en relación con la forma en que la Autoridad Responsable pretende que se cumpla con la obligación de Controles Volumétricos, pero de ninguna manera se pretende impugnar la existencia de dicha obligación o el objetivo que ésta persigue. CUARTO. Del C. Titular del Servicio de Administración Tributaria, se reclama la discusión, diseño, elaboración, suscripción y emisión de los ANEXOS 30, 31 y 32 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de enero de 2022, en específico el numeral 30.6 del ANEXO 30 y la totalidad de los ANEXOS 31 y 32.". Se actualiza la causal de sobreseimiento prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Para evidenciar lo anterior, es conveniente conocer el contenido del precepto señalado, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En relación con dicha causa de sobreseimiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, para que se actualice, no es suficiente que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que destruya todos los efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional planteada. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, registro 193758; de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Tratándose del juicio de amparo contra normas generales, dicha causa se traduce en atender a las nuevas circunstancias que regulan y determinan la situación jurídica actual de la parte quejosa, incluyendo, en su caso, la cesación de los efectos del acto de aplicación. En el caso de que se promueva juicio de amparo contra disposiciones generales de carácter autoaplicativo, y durante su tramitación éstas sean reformadas o derogadas, ello implica la eliminación incondicional y total de todos sus efectos. Con mayor razón, si la obligación o prohibición de la norma general impugnada no actualizó una consecuencia material en perjuicio de la parte quejosa. Corrobora lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 6/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSA SI DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN EL QUE SE RECLAMA COMO AUTOAPLICATIVA UNA LEY, ÉSTA ES REFORMADA O DEROGADA", aplicable en términos del artículo sexto transitorio del decreto por medio del cual entró en vigor la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, por no oponerse a las disposiciones de dicho ordenamiento. En el caso particular, la quejosa reclama la emisión de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós, en específico las reglas 2.6.1.3, 2.6.1.4 y 2.6.1.5, de la Resolución Miscelánea Fiscal para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós, así como, de los anexos 30, 31 y 32. Sentado lo anterior, es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Resolución Miscelánea Fiscal para este ejercicio fiscal, y posterior a ello, el nueve de marzo de dos mil veintidós, se emitió la Segunda Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós, y sus anexos 1-A, 23, 30, 31 y 31, con lo que tácitamente quedaron insubsistentes las referidas disposiciones de carácter general impugnadas, por lo que cesaron sus efectos y consecuencias en perjuicio de la parte quejosa, tornándose legalmente imposible analizar su constitucionalidad. Se llega a tal afirmación, pues, como se adelantó, las reglas y anexos señalados, ya no estaban vigentes en su porción normativa establecida al momento de presentarse la demanda que dio origen al presente juicio, además de que fueron reclamadas en su carácter de normas autoaplicativas, las cuales, durante la tramitación de este juicio, fueron modificadas, destruyéndose así de manera total e incondicionada sus consecuencias, de modo que una eventual concesión del amparo contra la ley carecería de efectos prácticos. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 136/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, página 696, correspondiente al mes de octubre de dos mil dieciséis, de la Décima Época, con registro digital 2012919, cuyo rubro dice: "CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. AL HABER CESADO LOS EFECTOS DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS RELATIVAS CONTENIDAS EN LAS DIVERSAS RESOLUCIONES MODIFICATORIAS DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2014, QUE CONSTITUYE LA REGLA GENERAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA." Asimismo, por analogía de razón, la diversa jurisprudencia P./J. 24/2005 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Localizable en Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXI, página 782, correspondiente al mes de mayo de dos mil cinco, de la Novena Época, con registro 178565, cuyo rubro en: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES IMPROCEDENTE POR CESACIÓN DE EFECTOS DE LA NORMA GENERAL IMPUGNADA CUANDO ÉSTA HA SIDO REFORMADA O SUSTITUIDA POR OTRA". En este contexto, procede decretar el sobreseimiento del juicio de amparo en términos de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, respecto de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós, publicada en el Diario Oficial de la Federación, de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. SEXTO. Causales de improcedencia infundadas. Por otro lado, la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sostuvo que, en el caso, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63, mismo que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" Manifestaciones que se desvirtúan del análisis realizado en el considerando que antecede, en donde se tienen por ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables. Asimismo, la citada autoridad señaló que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, toda vez que la parte quejosa reclama una omisión legislativa, cuando refiere que respecto a los artículos reclamados, el legislador incurrió en la omisión de establecer un periodo de vacatio legis razonable para permitir que se emitieran las disposiciones técnicas correspondientes por parte del Servicio de Administración Tributaria; que existieran suficientes proveedores de equipos de controles volumétricos, y que existieran suficientes proveedores acreditados o autorizados para emitir los dictámenes y certificaciones a que obliga la regulación. Se desestima la causa de improcedencia así planteada, pues no corresponde a un estudio de procedencia del juicio de amparo, sino a un estudio de fondo. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 135/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse". Asimismo, refiere la responsable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 5, fracción I, párrafo primero, 6 y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, pues asevera que la parte quejosa de ninguna manera ha resentido una afectación actual en sus prerrogativas y que combate actos futuros e inciertos. Sin embargo, tales aseveraciones son infundadas, pues la parte quejosa promovió este juicio contra un conjunto de preceptos que integran un sistema normativo, de los cuales en su mayoría son autoaplicativos, lo que implica que contrario a lo indicado por la autoridad responsable, la peticionaria ha resentido un menoscabo desde la entrada en vigor de los dispositivos controvertidos. Ello, pues a partir del uno de enero de dos mil veintidós, la parte quejosa se vio automáticamente obligada a acatar los imperativos impuestos con motivo de las actividades que desarrolla en relación con el gas licuado de petróleo y por eso debe desestimarse la actualización de la causa de improcedencia anunciada. Por otro lado, refiere la citada responsable que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 63, fracción V, 65, y 107 fracción I, todos de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa impugna las normas reclamadas bajo la vertiente de que la reforma impugnada no sólo perjudica a los permisionarios del sector, por lo que hace a las inversiones efectuadas y sus expectativas económicas en ese respecto, sino que la falta de confianza legítima en un sector altamente regulado y con economías a escala, terminará por desincentivar la inversión de la iniciativa privada. De manera que, a decir de la responsable, tales alegaciones no entrañan lesión a un derecho establecido por la Constitución y, por ende, debe sobreseerse el juicio en que se actúa. Lo argumentado resulta infundado. Lo anterior se dice así, puesto que en el caso particular, la quejosa controvierte la constitucionalidad de los artículos precisados en el considerando segundo de este fallo, con motivo de su entrada en vigor. Al respecto, dichas disposiciones de carácter general, son de carácter autoaplicativo, pues desde su entrada en vigor establecen una serie de obligaciones formales a cargo de los contribuyentes que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, como es el caso de la parte quejosa. Esto, porque, a manera de síntesis, los artículos que reclama la parte quejosa prevén la eliminación de los señalamientos a los proveedores autorizados por el Servicio de Administración Tributaria para controles volumétricos, y el establecimiento de los procedimientos correspondientes para que los contribuyentes cumplan con esta nueva obligación. Debe entenderse que un control volumétrico se compone de todos los registros de volumen de entrada, salida y existencias, objeto de las operaciones de los contribuyentes, asociados a las facturas o pedimentos correspondientes a la adquisición, enajenación o servicios que tengan por objeto hidrocarburos y petrolíferos, así como a la determinación del tipo de hidrocarburo o petrolífero del que se trate (Regla 2.6.1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022 y artículo 28, fracción I, apartado B, del Código Fiscal de la Federación). Ahora, a partir de dos mil veintidós, para los que se dedican a la actividad en comento, tienen como nueva obligación: a) Adquirir los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos; b) Contratar los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos; y, c) Obtener los dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero, del que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina (artículo 28, fracción I, apartado B del Código Fiscal de la Federación, regla, 2.6.1.2., 2.6.1.4. y artículo transitorio Primero de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022). Por lo que aquellas personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero, deberán enviar los reportes de controles volumétricos (artículo 28, fracción I, apartado B del Código Fiscal de la Federación, regla 2.6.1.2. y transitorio Vigésimo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022). Asimismo, si se desea continuar con la facilidad de emitir un CFDI global, se deberá enviar a través del Portal del Servicio de Administración Tributaria, los reportes de controles volumétricos de conformidad con las "Especificaciones Técnicas para la Generación del Archivo XML mensual de Controles Volumétricos para Hidrocarburos y Petrolíferos" o las "Especificaciones Técnicas para la Generación del Archivo JSON mensual de Controles Volumétricos para Hidrocarburos y Petrolíferos", según corresponda, publicadas en el Portal del Servicio de Administración Tributaria (artículo 28, fracción I, apartado B del Código Fiscal de la Federación, regla 2.6.1.2. y transitorio Vigésimo de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022). De lo anterior se tiene que ya no será necesario acudir exclusivamente con los proveedores autorizados por el Servicio de Administración Tributaria de equipos y programas para llevar los controles volumétricos, para la prestación de servicios para verificar la correcta operación y funcionamiento de los referidos equipos y programas informáticos y para la emisión de los dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate. Ahora se podrá acudir a cualquier proveedor de equipos y programas informáticos, verificadores y laboratorios, para poder llevar los controles volumétricos. Sin embargo, ahora los certificados que acrediten la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos formarán parte de la contabilidad, generando una carga administrativa a los contribuyentes en esta rama. Ello puesto que: 1. Se tendrán que generar y conservar reportes del volumen objeto de las operaciones del contribuyente; 2. Los registros de volumen deben obtenerse de sistemas de medición; 3. Especificar cuáles son los puntos de medición; y 4. Se obliga a asociar a los registros de volumen la información de los CFDI o pedimentos. Lo anterior, en el entendido que en caso de que no se estén cumpliendo con las regulaciones en materia de hidrocarburos y petrolíferos, el Servicio de Administración Tributaria presuntivamente podrá determinar la utilidad fiscal, procedimiento para el cual, acorde a lo preceptuado en los artículos 55 y 56 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales calcularán los ingresos brutos de los contribuyentes, el valor de los actos, actividades o activos sobre los que proceda el pago de contribuciones, para el ejercicio de que se trate. En atención a lo anterior, el Servicio de Administración Tributaria, aplicará el coeficiente del 6%, 38% o 15% a los ingresos brutos declarados o determinados presuntivamente conforme a lo indicado en el numeral 58 del Código Fiscal de la Federación. Con dicho aspecto, se pretende que cuando se detecten inconsistencias en la contabilidad, o cuando no se cuente o lleve correctamente el control volumétrico, la autoridad podrá verificar sus operaciones. Bajo ese panorama, para la determinación presuntiva, se tendrán nuevos parámetros, como la capacitad útil del tanque, así como la cantidad de tanques en cada una de las instalaciones de servicios, bodegas de expendio, planta de distribución o cualquier ubicación en la que se encuentren (entre menor urbanización menor rotación de inventario), y cantidad de mangueras. Asimismo, se tomará en cuenta la capacidad de almacenamiento y la información reportada por el contribuyente, en la base de datos del Servicio de Administración Tributaria. Cuando se desconozca la operación realizada o el CFDI no sea confiable, o no tenga efectos fiscales, se tomará como precio de la operación el precio promedio que publique la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en el periodo revisado, y en su defecto se tomará el último publicado. Si los contribuyentes desean desacreditar la presuntiva del Servicio de Administración Tributaria, se tendrá que hacer forzosamente a través de un dictamen pericial en el que se detallen los litros vendidos asociados a los registros de volumen que provengan de los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos y a los registros contables correspondientes. Si no se combate lo anterior, aparte de la aplicación del nuevo coeficiente aplicable, se podrá multar a los contribuyentes que no hayan cumplido con las nuevas obligaciones de llevar los controles volumétricos, o llevarlos deficientemente al alterarlos o destruirlos, entre otras cosas. Como se observa, la incorporación de la obligación a la esfera jurídica de la parte quejosa se produjo desde que entró en vigor la norma. Resulta aplicable, por identidad de razón, el criterio que contiene la jurisprudencia 2a./J. 43/2005, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 734, tomo XXI, abril de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "CONTROLES VOLUMÉTRICOS. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE CONTIENE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON ELLOS Y DE MANTENERLOS EN OPERACIÓN, ES UNA NORMA AUTOAPLICATIVA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas debe acudirse al concepto de individualización incondicionada, conforme al cual cuando las obligaciones derivadas dela ley nacen con ella misma, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada, y cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley no surgen de forma automática con su sola entrada en vigor, sino que para actualizar el perjuicio se requiere de un acto o hecho diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material dela norma se halla sometida a la realización de ese evento. En tal virtud, el artículo 28, fracción V, del Código Fiscal de la Federación tiene la naturaleza de una norma autoaplicativa, ya que a partir de su entrada en vigor, quienes enajenen gasolina, diesel, gas natural o licuado de petróleo para combustión automotriz en establecimientos abiertos al público en general, están obligados a contar con controles volumétricos y mantenerlos en todo momento en operación, los cuales formarán parte de su contabilidad, sin que sea una condición el hecho de que el control volumétrico deba llevarse con los equipos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, pues esto no exime al contribuyente de su obligación de contar con ellos. Además, el artículo segundo transitorio, fracción VII, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004, establece el plazo de seis meses a partir de su entrada en vigor para satisfacer la obligación de incorporar los referidos equipos y en caso de no hacerlo, estará sujeto a la sanción prevista en el artículo 111, fracción VII, del mencionado código." En ese sentido, la parte quejosa considera que el sistema normativo que integra aquel precepto legal y las reglas administrativas, ocasiona una afectación en su esfera de derechos (seguridad jurídica). En esa medida, al exponer una posible afectación a ese principio y prerrogativa constitucionalmente reconocido es que se actualiza su interés jurídico para acudir a la presente instancia, resultando en consecuencia infundada la causa de improcedencia que en tal sentido hace valer el titular del Ejecutivo Federal. En ese orden de ideas, la Jefa del Servicio de Administración Tributaria considera que la parte quejosa no acreditó que hayan sido aplicadas en su perjuicio las reglas que por esta vía impugna. Para responder lo anterior, importa resaltar que de los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo es motivo de sobreseimiento contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del gobernado, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al promovente, sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que lo genere. En relación con lo anterior, es necesario tener en cuenta que los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, así como el diverso 107, fracción I, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, resulta suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, el que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo, sin ningún acto ulterior de autoridad; esto es, sin condicionar su individualización para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Por su parte, se está frente a una disposición heteroaplicativa cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su publicación, ya que con su sola vigencia no se crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure el perjuicio de algún gobernado se requiere de la actualización de un acto que condicione de alguna forma su aplicación. La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto-condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o acto voluntario será el que determine la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. Para controvertir la constitucionalidad de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genera de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también pueden surgir de actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/97, con registro 198200, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, en Materia Constitucional, Común, Página 5, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA". Así como, la tesis 1a.CCLXXXI/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 148, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO." Ahora, de los artículos impugnados por la quejosa, se desprende que dichas disposiciones regulan los conceptos que deberá integrar la contabilidad de las personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen cualquier tipo de hidrocarburo o petrolífero. Que la regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil veintidós, señala que, para los efectos del artículo 28, fracción I, apartado B, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, se entiende por personas que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen, los hidrocarburos y petrolíferos, entre otros sujetos, a las personas físicas o morales que transporten hidrocarburos o petrolíferos al amparo de un permiso de la Comisión Reguladora de Energía. Por su parte, la regla número 2.6.1.3 de la citada resolución miscelánea fiscal establece que para efectos del artículo 28, fracción I, apartado B, párrafos primero, segundo, tercero y último, y fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos deberán generar, recopilar, almacenar y procesar, los registros de los volúmenes de las operaciones y de las existencias de los hidrocarburos o petrolíferos incluyendo la información sobre la determinación del tipo de hidrocarburo o petrolífero, de que se trate, así como de los CFDI o pedimentos asociados a la adquisición y enajenación de dichos bienes o, en su caso, a los servicios que tuvieron por objeto tales bienes. Mientras los requerimientos para llevar controles volumétricos de hidrocarburos y petrolíferos se encuentran establecidos en la regla 2.6.1.4 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022. De lo anterior se concluye que las normas que por esta vía se reclaman son de carácter autoaplicativas, toda vez que desde su entrada en vigor establecen una serie de obligaciones formales a cargo de los contribuyentes que se dediquen a ese tipo de actividades, por lo que con su entrada en vigor se genera de inmediato una afectación en la esfera jurídica de dichos contribuyentes (individualización incondicionada). Así, la parte quejosa, para acreditar el interés que le asiste, exhibió el título por el que se le otorgó el permiso de comercialización de hidrocarburos. La prueba ante referida y valorada de conformidad con los artículos 197, 202, 207 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, alcanza valor probatorio pleno, quedando acreditado el interés jurídico de la quejosa para instar el presente juicio. Lo anterior es así, porque está demostrado que cuenta con un permiso de la Comisión Reguladora de Energía, cuyo objeto es comercializar hidrocarburo; de manera que, conforme a lo expuesto, las normas reclamadas actualizan una afectación en su esfera jurídica con su sola entrada en vigor, aunado a que las normas que por esta vía se impugnan son de carácter autoaplicativo, por lo que la quejosa puede controvertir su contenido y alcance mediante la presente instancia, aun sin necesidad de esperar a que se emitan las autorizaciones correspondientes o se acredite un primer acto de aplicación. Asimismo, la Jefa del Servicio de Administración Tributaria resalta que las normas impugnadas son actos consumados, lo cual ocurrió en el momento en que se expidieron y publicaron dichas disposiciones, por lo se concreta la causa prevista por el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo. No obstante, se desestima dicho motivo de improcedencia atendiendo al contenido de los preceptos reclamados, a la naturaleza de éstos y a los efectos que imprimen en la esfera jurídica de las sociedades quejosas. Finalmente, la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, invoca la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, argumentando que la parte quejosa no expresa argumentos tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los preceptos reclamados. Para dar respuesta a lo anterior, cabe decir que los artículos 61, fracción XXIII, y 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, disponen que uno de los requisitos del escrito de demanda lo constituye el señalamiento de los conceptos de violación que causen a la parte quejosa los actos impugnados. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que para que se tengan por vertidos conceptos de violación se requieren simples razonamientos aducidos en la demanda, en los que se exprese con claridad: a) La causa de pedir b) La lesión o agravio con que el quejoso estima que se le vulneró su esfera jurídica con el acto, ley o resolución reclamada; c) Los motivos que originaron ese agravio; y, d) Cuando se reclame la inconstitucionalidad de una ley, se precisa especificar los derechos fundamentales que contraviene de la Carta Magna. Los conceptos de violación constituyen un elemento esencial en el juicio de amparo, pues son el medio eficaz y único para establecer la violación o violaciones de los derechos fundamentales en perjuicio de quien promueve la acción constitucional, por ende, ante su ausencia procede decretar el sobreseimiento en el juicio de que se trate. Sirve de apoyo a lo asentado, por las razones que informa, el criterio sustentado en la tesis 28/93, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia(s): Común, Diciembre de 1993, página 38, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que aparece bajo el rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO. Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." Bajo estas premisas, de la demanda de amparo se aprecia claramente que la parte quejosa reclama la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós, esencialmente, bajo la consideración de que la obligación relativa a los controles volumétricos resulta de imposible cumplimiento. De ahí que resulte infundada la causal propuesta, pues contrario a lo que aseveró la autoridad responsable, la parte quejosa sí expresó conceptos de violación que puedan ser analizados en el presente juicio de amparo. Así, al no existir causas de improcedencia que las partes hayan invocado o se adviertan de oficio, menos aún que sean de obvia y de objetiva constatación, procede el estudio de la constitucionalidad o no de los actos reclamados. SÉPTIMO. Análisis de los conceptos de violación. La parte quejosa en el apartado de conceptos de violación de su escrito inicial de demanda y ampliación de demanda, formuló los conceptos de violación en los que refiere que las disposiciones reclamadas vulneran el principio de seguridad jurídica y progresividad, por ser de imposible cumplimiento e irracionales, al tenor de los argumentos siguientes: - Que los anexos 30 y 31 vulneran los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que dejan al arbitrio y decisión de un tercero el cumplimiento de una obligación que puede acarrear, en caso de incumplimiento una sanción que puede implicar la revocación del permiso correspondiente, o en el peor de lo casos, un proceso penal. - Que no existe la posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones que establecen tales disposiciones, ya que la Entidad Mexicana de Acreditación, asociación civil, en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria, se encuentran trabajando en el programa informático para llevar controles volumétricos de acuerdo a los requisitos establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal, de ahí que no se cuenten con las condiciones necesarias para que la obligación de controles volumétricos se exija en la forma en que se encuentra planeada en dicha Resolución y sus Anexos. - Que en razón de lo que dispone el artículo 28, fracción I, inciso B, del Código Fiscal de la Federación, las personas que almacenen cualquier petrolífero deberán contar con los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos y los certificados que acrediten su correcta operación y funcionamiento, ahora, las entidades comercializadoras de petrolíferos -como la persona moral quejosa- se encuentran expresamente impedidas para ser propietarias de la infraestructura de almacenamiento que se utilice para guardar los petrolíferos que compren y vendan; por lo que resulta una condición de imposible cumplimiento que un comercializador sea titular de la infraestructura de transporte o almacenamiento, o bien, que controle dichas instalaciones para el efecto de instalar los equipos necesarios para llevar a cabo los controles volumétricos. - Que en el anexo 30 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós, se establecen una serie de requisitos que deben de cumplir los programas informáticos relativos a los controles volumétricos, sin embargo, tales obligaciones son de imposible cumplimiento ya que los contribuyentes obligados no están en posibilidad de contratar los programas informáticos que cumplan con tales requisitos, pero por causas no imputables a éstos, si no al hecho de que no se ha publicado una lista de proveedores autorizados que lleven a cabo tal actividad. - Que el artículo 111 Bis del Código Fiscal de la Federación impone una sanción desproporcional, en razón de que lo que el bien jurídico busca proteger en dicho artículo no es la vida o integridad física de una persona, sin embargo, la sanción que establece para el caso de incumplimiento de la regla 2.6.1.2 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós, es pena de prisión que va de tres a ocho años. De ahí que contravenga lo dispuesto en el artículo 22 constitucional. - Que tal disposición vulnera la presunción de inocencia del artículo 20 constitucional, ello en razón de que por la naturaleza de sus actividades de almacenamiento, está sujeta a que otros contribuyentes (almacenistas y/o transportistas) le proporcionen la información en relación con los controles volumétricos para que, a su vez, la ahora quejosa pueda reportar dicha información a la autoridad fiscal responsable; de ahí que el artículo 111 Bis referido, establece sanción de prisión a la quejosa, ignorando factores ajenos a ella, tales como pueden ser, un error humano, la mala fe y/o el dolo. - Que el sistema que reclama, en particular el artículo 28, fracción I, inciso B y fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, establece que los comercializadores de petrolíferos están obligados a contar con programas informáticos para llevar controles volumétricos; ahora, para que dicho comercializador de petrolífero pueda cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en los programas informáticos, los contribuyentes que se dedican a la compresión, transporte, almacenamiento y/o distribución, deberán proporcionar la información sobre los registros del volumen de los petrolíferos, para que dichos comercializadores puedan reportarlos al SAT, de no hacerlo, la sanción es de tres a ocho años de prisión, sin considerar que de conformidad con el anexo 30 los comercializadores de petrolíferos están obligados a contar con programas informáticos para llevar controles volumétricos. - Que las normas impugnadas son inconstitucionales por vulnerar el derecho a la seguridad jurídica, en su vertiente de confianza legítima, figura que invoca bajo la perspectiva de irretroactividad de las normas consagrada en el artículo 14 Constitucional, lo que refiere, se traduce en la exigencia que la administración pública no pueda modificar unilateralmente el sentido de sus decisiones, de no haber una clara y concreta justificación que lo permita; y de ser ese el supuesto, es decir, de existir una alteración, debe mediar un periodo de transición que permita a las personas ubicarse razonablemente en la hipótesis normativa que pretende introducirse; en ese sentido, concluye, son inconstitucionales las normas impugnadas pues pretenden sancionar penalmente a los contribuyentes, sin siquiera establecer una motivación legislativa reforzada que sustente su dicho. Calificación de los conceptos de violación. Los conceptos de violación plasmados por la parte quejosa son infundados, tal como se pondrá de manifiesto en apartados subsecuentes. Para justificar tal aserto, es necesario considerar en principio la exposición de motivos del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, del Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se dejaron expuestos los siguientes razonamientos: "Exposición de Motivos "I. Diagnóstico El mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos lesiona y pone en peligro a la población, el patrimonio nacional, el medio ambiente, la economía nacional obviamente a la misma industria petrolera, abarcando actividades como el transporte, almacenamiento, distribución y comercialización. A pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir el robo de combustibles, en 2019 y 2020, Petróleos Mexicanos descubrió 13,137 y 11,022 de tomas ilícitas en ductos, respectivamente El Servicio de Administración Tributaria, en ejercicio de sus atribuciones, ha detectado que, entre 2019 y 2020, se han presentado incrementos considerables en la importación de productos que se utilizan para el contrabando técnico de combustibles automotrices, lo cual ocasiona un grave perjuicio al fisco federal, dado que, al declararse incorrectamente la mercancía, se omite el pago del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. A su vez, el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos también afecta y daña gravemente a la economía nacional en su conjunto, principalmente, a toda la industria petrolera, no sólo a Petróleos Mexicanos. En última instancia, se ha observado que todos los hidrocarburos y petrolíferos introducidos ilegalmente son vendidos en el mercado ilícito. De acuerdo con el Informe de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 3 de septiembre de 2021, Petróleos Mexicanos reporta un desvío promedio de tres mil barriles diarios de hidrocarburos al mercado ilícito, de lo que se advierte que por los volúmenes señalados, el contrabando no es sólo un delito de cuello blanco, sino en el que participa el crimen organizado II. Medidas contra el mercado ilícito en territorio nacional 63.1. Contabilidad en materia de controles volumétricos. En 2018, con el ánimo de combatir y mitigar el mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, se publicaron reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley Aduanera, al Código Penal Federal y a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos. En ese sentido, la reforma al Código Fiscal de la Federación de 2018 contempló, entre otras cosas, la facultad del Servicio de Administración Tributaria para otorgar las autorizaciones como proveedores de equipos y programas para llevar controles volumétricos, para la prestación de los servicios para verificar la correcta operación y funcionamiento de los referidos equipos y programas informáticos, y para la emisión de los dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate. Ahora bien, derivado de la pandemia originada por la enfermedad COVID19, se ha observado un impacto económico negativo en todas las industrias y actividades a nivel mundial. En particular, la industria petrolera enfrentó una baja demanda de hidrocarburos por el distanciamiento social y la parálisis económica, ocasionando que los precios internacionales del petróleo se redujeran de manera significativa, sumado a una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia, incluso la mezcla mexicana vio su precio más bajo en la historia durante la pandemia, de -2.37 dólares por barril el 20 de abril del 2020. Las compañías privadas también enfrentaron estragos y no lograron cumplir su meta de producción. Las petroleras agrupadas en la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos anunciaron en noviembre de 2020 que reducirían su meta de producción de crudo, de 75,000 a 57,000 barriles diarios A tres años de la reforma, y ante la situación actual que se está viviendo en el país, se hace necesario un ajuste al esquema que facilite el cumplimiento de los sujetos obligados, permitiendo continuar el combate al mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos que afectan el desarrollo del país al mermar la recaudación de impuestos, así como poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Es por ello que, con el objetivo de agilizar la implementación del proyecto de controles volumétricos y como medida para impulsar la economía de las empresas que se dediquen a actividades que tengan por objeto los Hidrocarburos y petrolíferos, afectada por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se propone reformar el artículo 28, fracción I, apartado B del Código Fiscal de la Federación para eliminar la figura de las autorizaciones para ser proveedor de equipos y programas para llevar controles volumétricos, para la prestación de los servicios para verificar la correcta operación y funcionamiento de los referidos equipos y programas informáticos y para la emisión de los dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate. Con esta propuesta los contribuyentes obligados a llevar controles volumétricos accederán a un mercado más amplio y competitivo de proveedores de equipos y programas informáticos, verificadores y laboratorios. Como consecuencia de lo anterior, los precios de los bienes y servicios proporcionados por los proveedores se verán disminuidos, ya que no se trasladarán los costos asociados a la autorización que emitía el Servicio de Administración Tributaria a los consumidores finales de sus bienes y servicios, impactando positivamente en la economía de todos los integrantes de la cadena de valor de la industria petrolera. Lo anterior, implica que los contribuyentes obligados podrán acceder a un mercado más amplio para contratar a verificadores y laboratorios, sin reducir el estándar de cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos en las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. En ese contexto, también se propone reformar el artículo 28, fracción I, apartado B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, para aclarar que los certificados que acrediten la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos forman parte de la contabilidad. Asimismo, se propone adicionar la referencia específica a conocer, a través de un dictamen, el poder calorífico del gas natural, pues en relación con dicho hidrocarburo la práctica tanto internacional como en México es celebrar las operaciones en función de la energía que éste produce. Por otra parte, la medición de los hidrocarburos y petrolíferos se considera un punto medular en la industria petrolera, toda vez que permite determinar su volumen y calidad con el objetivo de determinar los impuestos, así como los demás ingresos con los que contará el Estado por la explotación y uso de sus recursos naturales. Es por ello, y con la finalidad de cumplir con esta actividad fundamental en la industria, que se propone reformar el citado artículo 28, fracción I, apartado B del Código Fiscal de la Federación, para incluir los parámetros de la obligación de llevar controles volumétricos consistentes en:  La obligación de generar y conservar los reportes en los que cada volumen objeto de las operaciones del contribuyente.  Los registros de volumen deben obtenerse de sistemas de medición.  Especificar cuáles son los puntos de medición.  La obligación de asociar a los registros de volumen la información de los CFDI o pedimentos. Por otra parte, se propone añadir a la cláusula habilitante para que el Servicio de Administración Tributaria determine las características técnicas mediante reglas de carácter general, a la normatividad en materia de hidrocarburos y petrolíferos emitida por cualquier autoridad competente." Como se advierte, el legislador motivó la reforma de diversas disposiciones relacionadas con la posesión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos y petrolíferos, en razón de la sustracción de combustibles de la red de ductos de Petróleos Mexicanos, lo cual, pone en peligro, entre otras cosas, el patrimonio y la economía nacional. Siendo un hecho conocido que a tres años de la reforma de dos mil dieciocho, y ante la situación actual que se está viviendo en el país, se hizo necesario un ajuste al esquema que facilite el cumplimiento de los sujetos obligados, permitiendo continuar el combate al mercado ilícito de hidrocarburos y petrolíferos que afectan el desarrollo del país al mermar la recaudación de impuestos, así como poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos. Es por ello que, con el objetivo de agilizar la implementación del proyecto de controles volumétricos y como medida para impulsar la economía de las empresas que se dediquen a actividades que tengan por objeto los hidrocarburos y petrolíferos, afectada por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), se reformo el artículo 28, fracción I, apartado B del Código Fiscal de la Federación para eliminar la figura de las autorizaciones para ser proveedor de equipos y programas para llevar controles volumétricos, para la prestación de los servicios para verificar la correcta operación y funcionamiento de los referidos equipos y programas informáticos y para la emisión de los dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero de que se trate. Entonces, las reformas al artículo 28, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación, persiguen un fin válido, en razón de que incluye en la obligación de llevar controles volumétricos a todos los participantes en la cadena de valor de la industria petrolera, con el objeto de que se tenga una medición completa de aquella que incide en el pago de contribuciones, permitiendo al Estado allegarse de los recursos que se obtiene por la explotación de hidrocarburos y petrolíferos. Es necesario tener en cuenta que, de conformidad con lo establecido por el artículo 28 constitucional, son áreas estratégicas del Estado, entre otras, la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos; de ahí que, la regulación que al efecto establecen las normas reclamadas, para el correcto cumplimiento en materia de contribuciones -vinculado con tales aspectos- resulta idóneo y proporcional con el fin perseguido por el legislador. Esto es así, pues, las normas que por esta vía se impugnan establecen la obligación de los contribuyentes que fabriquen, produzcan, procesen, transporten, almacenen, incluyendo almacenamiento para usos propios, distribuyan o enajenen, los hidrocarburos y petrolíferos, de integrar en su contabilidad controles volumétricos y dictámenes emitidos por un laboratorio de prueba o ensayo, que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero, de que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina, entendiéndose por controles volumétricos, los registros de volumen, objeto de sus operaciones, incluyendo sus existencias, mismos que formarán parte de la contabilidad del contribuyente. Medida que, como se dijo, resulta idónea para los fines que se persiguen, en virtud de que con los referidos controles volumétricos y dictámenes, las autoridades hacendarias estarán en posibilidad de ejercer las facultades de revisión que les otorgan las diferentes legislaciones tributarias; y, los propios contribuyentes podrán determinar el pago de impuestos con base en la información que arrojen los citados controles. Al margen de lo expuesto, es conveniente destacar que las normas reclamadas tampoco vulneran el derecho de seguridad jurídica. Es así, puesto que el principio de seguridad jurídica no aplica para efectos de política fiscal o de control contable que implique la implementación de un mecanismo para que las autoridades cuenten con mayor control administrativo, contable y fiscal de las operaciones realizadas por dichos contribuyentes, derivada de la venta ilegal de combustibles en el mercado informal que afecta los ingresos del Estado. Abona a lo anterior, el hecho de con independencia de la entrada en vigor de las reglas de carácter general que se reclaman, desde anualidades anteriores ya existía la obligación de contar con controles volumétricos para obtener los registros de contabilidad, por lo que la normatividad que se tilda de inconstitucionalidad sólo viene a detallar la forma en que deberá cumplirse con esa obligación y, por ende, no tiene el carácter de acto privativo, en tanto que no implican el menoscabo o supresión de un derecho incorporado en la esfera jurídica de los gobernados, pues sólo se trata de una condición para el desempeño de un actividad económica que tiene como finalidad que la autoridad compruebe el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a cago del contribuyente. Como se anticipó, son infundados lo conceptos de violación en los que pretende evidenciar la inconstitucionalidad del sistema normativo reclamado, consistente en el artículo 28, fracción I, inciso B), y 111 Bis del Código Fiscal de la Federación y las reglas de la Resolución Miscelánea Fiscal, para dos mil veintidós precisadas en el considerando segundo. Lo anterior es así, porque respecto a la constitucionalidad del tema previsto en el artículo 28, fracción I, inciso B), como parte integrante de un sistema normativo en relación con las reglas que desarrollan el referido precepto, contenidas en la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós, reclamadas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya se ha pronunciado al resolver el amparo en revisión 28/2021, en sesión de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, resolución que se invoca como un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el presente asunto, en términos del artículo 2 de la Ley de Amparo. En esa medida, se estima necesario señalar que del contenido de los preceptos que integran el sistema normativo impugnado, se aprecia que los contribuyentes que participen en la cadena de valor de la industria petrolera tienen la obligación de llevar controles volumétricos, para lo cual deben contar con los equipos y programas informáticos, así como con dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo petrolífero de que se trate, así como el octanaje en el caso de gasolina; obligación que incluye la medición del producto recibido en los servicios que desarrollan los permisionarios de transporte, almacenamiento y distribución. También se establece que la obligación de adquirir los equipos y programas informáticos se realizará con cualquier proveedor de equipos y programas informáticos, verificadores y laboratorios; asimismo, se determina que los certificados que acrediten la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos deben cumplir con las reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria, tomando en consideración las normas oficiales mexicanas relacionadas con hidrocarburos y petrolíferos expedidas por la Comisión Reguladora de Energía. Atento a ello, es dable señalar que, como lo ha dispuesto el Alto Tribunal, el artículo 28, fracciones I, inciso B, y II, del Código Fiscal de la Federación, establece obligaciones formales para los contribuyentes que participen en la cadena de valor de la industria petrolera, consistentes en: a) Adquirir los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos; b) Contratar los servicios de verificación de la correcta operación y funcionamiento de los equipos y programas informáticos para llevar controles volumétricos; y, c) Obtener los dictámenes que determinen el tipo de hidrocarburo o petrolífero, del que se trate, y el octanaje en el caso de gasolina. Asimismo, las disposiciones de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil veintidós, establecen, de forma específica y en relación con el mencionado artículo, quiénes son sujetos de las obligaciones referidas, la función que tienen los equipos y programas informáticos de los controles volumétricos, así como la periodicidad y el medio por el que los contribuyentes deben remitir la información. Asimismo, es infundado el concepto de violación donde la parte quejosa refiere que el artículo 111 Bis del Código Fiscal y las reglas reclamadas de la resolución de la miscelánea fiscal para el dos mil veintidós, contraviene al principio de seguridad jurídica, ello, en virtud de que dicho principio de seguridad aplica a los derechos humanos reconocidos por el Estado Mexicano, no para una política fiscal o de control contable que implique la implementación de un mecanismo para que las autoridades cuenten con un mayor control administrativo, contable y fiscal de las operaciones realizadas por dichos contribuyentes, derivado de la venta ilegal de combustible en el mercado informal que afecta a los ingresos del Estado. Conviene añadir que la Segunda Sala del Alto Tribunal, sostuvo que, en materia tributaria, el legislador tiene amplia libertad configurativa, por lo cual, una vez que se encuentra que la medida sí busca un fin constitucionalmente válido y que es idónea, como quedó adelantado, por tanto, las obligaciones formales contenidas en las normas reclamadas no tienen el carácter de acto privativo, en tanto no implican el menoscabo o supresión de un derecho incorporado a la esfera jurídica de los gobernados, pues sólo se trata de un acto condición para el desempeño de una actividad económica que tiene como finalidad que la autoridad compruebe el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente. Resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J. 182/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONTROLES VOLUMÉTRICOS. LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES PRIVATIVA DE DERECHOS POR LO QUE NO LE ES APLICABLE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004)." Del anterior criterio se advierte que se consideró que la obligación a cargo de los contribuyentes que forman parte de la industria petrolera de contar con controles volumétricos y mantenerlos en operación en todo momento por formar parte de su contabilidad, mediante reglas de carácter general, no tienen el carácter de acto privativo, en tanto que no implica el menoscabo o supresión de un derecho incorporado a la esfera jurídica de los gobernados, pues sólo se trata de un acto condición para el desempeño de una actividad económica que tiene como finalidad que la autoridad compruebe el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contribuyente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 178/2004, de rubro: "CONTROLES VOLUMÉTRICOS. A LA OBLIGACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONTAR CON ELLOS Y DE MANTENERLOS EN OPERACIÓN COMO PARTE DE LA CONTABILIDAD, NO LE ES APLICABLE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRI BUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). Finamente, por lo que hace a los argumentos vertidos por la parte quejosa en el sentido de que la forma en que las autoridades responsables pretenden que se cumpla con la obligación de controles volumétricos resulta de imposible cumplimiento, por las razones que expone, debe decirse que los mismos devienen inoperantes. Ello, pues la parte quejosa pretende demostrar la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado, mediante argumentaciones que se refieren a una circunstancia particular y concreta en que pudiera, en algún momento, ubicarse, por lo que no le causa, en este momento, un perjuicio real y concreto. Lo que se afirma, pues como se puede desprender de los conceptos de violación en estudio, la dolencia que se plantea descansa en que no existen en el mercado los elementos informáticos que cumplan con las especificaciones detalladas en la norma; lo cual se intenta sustentar, a través de la búsqueda de proveedores, tanto en instancias públicas como privadas, a nivel nacional como internacional, de lo que se dice se obtuvieron resultados negativos y, por ende, se refiere que la forma en cómo se pretende implementar la normativa reclamada, es de imposible cumplimiento. Sin embargo, no existe prueba en los presentes autos con la que se demuestre que tal circunstancia ocasione una afectación a la esfera de derechos fundamentales de la parte quejosa, que amerite la protección de la Justicia Federal que solicita. Ello, pues no existe la certeza plena de que la búsqueda o investigación realizada por la parte quejosa, en realidad, se agotó con los medios y/o proveedores en su totalidad; esto es, no existe forma de corroborar o, al menos, de las constancias que obran en estos autos no se advierte que, como se alega, existe una falta absoluta en el mercado de proveedores capaces de implementar los equipos necesarios y con los requerimientos técnicos que exige la autoridad responsable. Premisa que se estima de vital trascendencia a fin de determinar con absoluta seguridad que, en efecto, el cumplimiento del sistema normativo reclamado resulta de imposible materialización y que es el punto que da sustento a la impugnación de la parte quejosa. Es por ello que se afirma, que al pretender ésta demostrar la inconstitucionalidad del sistema normativo impugnado, mediante argumentaciones que se refieren a una circunstancia particular y concreta en que pudiera, en algún momento, ubicarse, toda vez que la búsqueda o investigación en el mercado de los elementos informáticos que cumplan con las especificaciones detalladas en la norma, para ser considerada realmente eficaz y suficiente para el efecto pretendido, depende en gran medida de las actividades propias desarrolladas por la parte quejosa y que pudieran variar en uno y otro sujeto obligado, de acuerdo a múltiples factores que pudieran incidir, como el acceso a la información correspondiente, las respuestas o falta de las mismas brindadas por los entes requeridos, la forma en cómo se realicen las solicitudes respetivas, entre otros. En otras palabras, este Juzgador no tiene forma de corroborar que el esfuerzo desarrollado por la parte quejosa a fin de encontrar la forma de cumplir con la norma, en realidad fue eficaz y/o suficiente. Por lo que, se reitera, al no existir por el momento un acto de aplicación con el que la autoridad responsable hubiere aplicado los preceptos impugnados, que le cause un perjuicio real, es que devienen inoperantes los conceptos de violación planteados. Apoya la anterior consideración, por el principio que contiene, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página setecientos tres, Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 197804, de rubro y texto: "LEYES AUTOAPLICATIVAS, NO TIENEN ESE CARÁCTER LAS QUE, REFORMADAS, PROHÍBAN AL PARTICULAR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PARA LA CUAL SE LE CONCEDIÓ LA LICENCIA. Ciertamente, una ley es autoaplicativa cuando con su sola vigencia causa un perjuicio real al particular, empero, no solamente debe atenderse a que éste se encuentre en la posibilidad de realizar determinados actos, sino que es necesaria la existencia de un acto posterior de autoridad que aplique los preceptos y mientras ello no suceda, no se afecta su interés jurídico; por consiguiente, en los casos en que los quejosos cuenten con una licencia para ejercer una actividad que posteriormente es prohibida por la reforma a la ley, se necesita de un acto posterior de autoridad para impedirles que la continúen ejerciendo, pues mientras tanto, pueden ejecutar su actividad comercial hasta que sean requeridos en alguna forma por el órgano correspondiente, razón por la cual el precepto que se reclama no tiene el carácter de autoaplicativo ya que requiere de un acto posterior de aplicación". Así como la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos quince, Tomo XXIII, junio de dos mil seis, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 174873, que señala: "NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE DEPENDER DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL SUJETO A QUIEN SE LE APLICAN. Si se toma en consideración que la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general deriva de sus propias características, en razón de todos sus destinatarios y no de que uno de ellos pueda tener determinados atributos, es inconcuso que los argumentos que se hagan valer, en vía de conceptos de violación o agravios, en contra de disposiciones generales, y que hagan depender su inconstitucionalidad de situaciones o circunstancias individuales, propias del quejoso, independientemente del conjunto de destinatarios de la norma, deben ser declarados inoperantes porque no podrían cumplir con su finalidad de demostrar la violación constitucional que se le atribuye y que por la naturaleza de la ley debe referirse a todos los destinatarios de la norma y no sólo a uno de ellos". Finalmente, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuarenta y tres, Tomo XVIII, octubre de dos mil tres, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 183118, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. SON INOPERANTES CUANDO TIENDEN A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE ALGÚN PRECEPTO, SUSTENTÁNDOSE EN UNA SITUACIÓN PARTICULAR O HIPOTÉTICA. Los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios en contra de algún precepto, cuya inconstitucionalidad se haga depender de situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la violación constitucional, dado el carácter general, abstracto e impersonal de la ley". Bajo esa tesitura, al haber resultado infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa; lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. OCTAVO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado legal ********************, en contra del acto que reclama de la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, por conducto de su apoderado legal ********************, en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables señaladas en el resultando segundo, por las razones apuntadas en el considerando séptimo de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que mediante proveído de catorce de los corrientes se tuvo por ampliada la demanda de amparo, señalándose como nueva autoridad responsable al agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía General del Estado de Campeche, por lo que aún no obra en autos su correspondiente informe justificado ni constancia de que hubiesen recibido el correspondiente oficio con el que se le solicitó. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy, y se señalan las nueve horas con cuarenta y dos minutos del trece de diciembre de dos mil veintidós, como nueva hora y fecha para su celebración. NOTIFÍQUESE POR LISTA DE ESTRADOS.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por la encargada del despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, que remite en relación al cumplimiento de la sentencia ejecutoriada dictada en estos autos, la cual se encuentra en vías de ejecución. Así, del oficio y anexo de mérito se aprecia que la citada autoridad, a fin de dar debido cumplimiento a la ejecutoria, mediante oficio RAN/YUC/SR/5479/2022 de diez de noviembre de dos mil veintidós, solicitó al Director General de Registro y Control Documental del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, que en el ámbito de su competencia, gire instrucciones a quien corresponda para continuar con la liberación de la clave y la inscripción del trámite relativo a la parcela 469 Z1 P2/2, del ejido de Suytunchén, municipio de Mérida, Yucatán. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes y se ordena que en término prudente se le requiera nuevamente cumplimiento. Notifíquese.

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