Jose Agustin Santana Pech
Expediente 1154/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1154/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Jose Agustin Santana Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido el oficio 11151/2023 signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio que se le giró en estos autos remitiéndole el anexo correspondiente al presente juicio. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, el licenciado Raúl Ramos Berzunza. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos el oficio 10913 signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual, comunica que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada el cuatro de octubre del año en curso, mismo que radicó bajo el número ******************** Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Por último, se advierte que obra al cuidado y resguardo de la Secretaría de este Juzgado copias certificadas de las constancias que integran el juicio agrario ******************** del índice de la autoridad responsable; en tal virtud, mediante oficio que al efecto se giré, remítase dicho expediente a la Superioridad oficiante, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido el escrito signado por Ángela Carolina Maldonado Cachón autorizada en términos amplios del quejoso JOSÉ AGUSTÍN SANTANA PECH, con el que interpone RECURSO DE REVISIÓN en contra de la sentencia dictada en el presente asunto el cuatro de octubre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte tercero interesada, a la autoridad responsable y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese vía interconexión el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. Así mismo, una vez que se tenga conocimiento del Tribunal Colegiado del conocimiento, será remitido el tomo que remitió la autoridad responsable como anexo a su informe justificado. Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Por último, no ha lugar a formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1154/2023-I-B, promovido por ********************; y. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán en esa propia fecha; y turnado al día siguiente, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció ********************, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 1154/2023-I-B, del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados a la autoridad responsable, lo hizo consistir la parte quejosa en: La medida precautoria dictada por acuerdo de fecha veintiuno de junio de dos mil veintitrés, en el juicio agrario TUA 34.-364/2021. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con sede en esta ciudad (número de promoción 12680), pues así lo manifestó expresamente al rendir su informe con justificación. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Por cuestión de técnica jurídica, previamente al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, precisa examinar las causales de improcedencia que invocan la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, pues de ser fundada, sería ocioso analizar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Consecuentemente, por ser la improcedencia de la acción de amparo cuestión de orden público cuyo estudio puede efectuarse inclusive de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, con mayor razón procede llevarlo a cabo cuando así lo solicite alguna de las partes en el juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Para una mejor comprensión del presente asunto, resulta pertinente destacar los antecedentes del acto reclamado que se desprenden de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, derivadas del expediente TUA 34-364/2021, a fin de dotar al presente estudio del debido marco fáctico procesal. Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se obtiene, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 1. El cinco de julio de dos mil veintiuno, Tirso Chi Cua promovió juicio ordinario de prescripción positiva en materia agraria, contra diversos ejidatarios respecto de la parcela 128 Z-2 P1/1 (fojas 1 a 13 anexo). 2. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, el Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con residencia en Mérida, Yucatán, radicó la demanda con el número de expediente agrario 364/2021 y previno al demandante para que señalara con exactitud lo que le reclamaba a cada uno de los demandados; asimismo, señalara los nombres y domicilios colindantes con la parcela 128 Z-2 P1/1; exhibiera copia certificada de una prueba ofrecida de su parte y acompañara copias suficientes para realizar los emplazamientos respectivos (foja 182 anexo). 3. Cumplimentada la prevención, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, y entre otras cuestiones, se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia jurisdiccional prevista en los artículos 170 y 174 de la Ley Agraria, (fojas 191 y 192 anexo). 4. El siete de diciembre de dos mil veintiuno, se difirió la audiencia de mérito, en virtud de que no estaba emplazada la totalidad de la parte demandada (fojas 194 y 195 anexo). 5. El diez de febrero de dos mil veintidós, se difirió nuevamente la audiencia por las mismas razones, y se previno al demandante para que exhibiera las actas de defunción de los demandados 5) Felipe Pool Cetina, 7) Gustavo Pérez Nah, 9) Florentino Trejo Cauich, 10) Antonio Colli Cocom, 12) Francisco Pool y Chi, 13) Alfredo Cruz Estrella, 19) Gilberto Pech Trejo y 21) Dionicia Trejo Cauich, (fojas 200 a 203 anexo). 6. Mediante cédula de emplazamiento de quince de marzo de dos mil veintidós, se emplazó a juicio a ******************** (aquí quejoso) (foja 233 anexo). 7. El veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se celebró la audiencia en comento, en la que, entre otras cuestiones, se requirió al demandante para que, dentro del plazo de diez días, exhibiera la constancia de vigencia de derecho del certificado parcelario y el acta de defunción de 6) Gilberto Pool Chi, (fojas 242 a 246 anexo). 8. El diez de mayo de dos mil veintidós, Tirso Chi Cua solicitó medidas de protección para que ciertos codemandados, no afecten su parcela 128 Z-2 P1/1, ya que tuvo conocimiento que el siete y ocho de mayo del año en cita, diversos ejidatarios entraron a soltar sus animales (ganado vacuno), colocaron letreros, cortaron parte del alambrado de la parcela, entre otras circunstancias, (fojas 276 a 278 anexo). 9. El diecisiete de mayo de dos mil veintidós, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Treinta y Cuatro en el Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 166 de la Ley Agraria y los artículos 384, 387 y 388 del Código Federal de Procedimientos Civiles, concedió la medida precautoria solicitada respecto de la totalidad de la parcela 128 Z-2 P1/1, (fojas 267 y 268 anexo). 10. Juicio de amparo indirecto 1386/2022-III-B. El dos de junio de dos mil veintidós, se admitió bajo el número 1386/2022-III-B del índice de este juzgado de Distrito, la demanda de amparo promovida por Magaly Abigail Panti Cruz, en contra del Presidente Municipal y Director de Seguridad Pública y Tránsito, ambos del Municipio de Conkal, Yucatán, y del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, reclamando la orden de despojo de la parcela colectiva 128 Z-02 P1/1 del ejido de Conkal, Yucatán, con uso de la fuerza pública y su ejecución. Por acuerdo de fecha ocho de junio de dos mil veintidós, se desechó de plano la ampliación de la demanda promovida por Magaly Abigail Panti Cruz, en contra de los actos reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, al no guardar estrecha vinculación con los diversos actos precisados en el escrito inicial de demanda; acuerdo que causó estado el veinte de junio siguiente, y se ordenó su remisión del escrito de ampliación de demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, a fin de que proceda a su registro y sea turnada como nueva demanda. 11. Juicio de amparo indirecto ********************. El veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se admitió bajo el número ******************** del índice de este juzgado de Distrito, el escrito de ampliación de la demanda de amparo promovida por Magaly Abigail Panti Cruz, en contra del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, reclamando la falta de emplazamiento al juicio agrario TUA 34.-364/2021 de su índice y sus consecuencias, tales como la medida precautoria decretada consistente en la orden de desalojo, ingreso, ocupación, construcción y realización de cualquier tipo de obra, así como el uso y disfrute de sus derechos relativos a la parcela colectiva 128 Z-2 P1/1, del Ejido de Conkal, Yucatán. El veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en el juicio de amparo ********************, en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto reclamado consistente en la medida precautoria, para los siguientes efectos: "Ante ello, resultan fundados los motivos de disenso esgrimidos por la impetrante del amparo, por lo que procede conceder el amparo solicitado, para que una vez que cause ejecutoria la presente resolución, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34 en el Estado de Yucatán, debe realizar lo siguiente: Deje insubsistente el auto diecisiete de mayo de dos mil veintidós, dictado en el juicio agrario 364/2021, únicamente respecto a la medida precautoria que acaeció en la parcela colectiva 128 Z-2 P1/1 del ejido de Conkal, municipio de Conkal, Yucatán; y hecho ello, dicte otra en la que determine que la medida decretada sólo opera respecto de los derechos de los demandados dejando a salvo todos aquellos de los que no han sido llamados a juicio a esa fecha." Lo resaltado es propio. El dieciséis de junio de dos mil veintitrés, la sentencia causó ejecutoria, requiriéndose su cumplimiento. Actualmente el fallo constitucional se encuentra en vías de cumplimiento. En mérito de lo anterior, por acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, el Magistrado responsable dejó insubsistente el punto quinto del acuerdo de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, en el juicio agrario 364/2021, únicamente en lo que se refiere a la concesión de la medida precautoria solicitada por la parte actora Tirso Chi Cua, sobre la parcela colectiva 128 Z-2 P1/1, del ejido Conkal, municipio de Conkal, Yucatán. Asimismo, concedió la medida precautoria solicitada en los siguientes términos: ".se concede la medida precautoria solicitada, para el único efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran en la parcela 128 Z-2 P1/1, del ejido Conkal, municipio Conkal, estado de Yucatán, tanto en lo físico como en lo jurídico, en lo que se refiere a la parte alícuota de los codemandados MOISÉS CRUZ AYIL, JUANITA COLLÍ HERNÁNDEZ, ARSENIO HUMBERTO COLLI COCOM, GILBERTO PECH TREJO, LIBORIO IX DÍAZ, TEÓFILO PAY AYIL, LIBORIO ESTRELLA CHAN, JOSÉ GILBERTO POOL DZUL, GABRIEL PAT PÉREZ, MANUEL JESÚS POOL PUCH, JUAN NICOMEDES POOL CETINA, JOSÉ AGUSTÍN SANTANA PECH, MARÍA DE LA CRIZ ESTRELA COLLI, JAIME JESÚS POOL LÓPEZ, LORENZO POOL DZUL y TEODORO ESTRELLA CETINA, los cuales han sido emplazados en el presente juicio, así como del C. GILBERTO POOL CHI, en razón de que aún no ha sido emplazado por diferentes circunstancias, pero es parte del presente juicio al ser señalado, en el escrito inicial de la demanda como codemandado, excluyendo la parte alícuota de los demás cotitulares de la referida parcela, que la presente fecha no han sido llamados a juicio entre ellos la quejosa MAGALY ABIGAIL PANTI CRUZ, respecto de los cuales se deja a salvo sus derechos para los efectos legales conducentes." Esta resolución constituye el acto reclamado en este medio extraordinario de defensa. Ahora bien, una vez reseñados los antecedentes del acto reclamado, como se adelantó, en relación con el acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en el juicio de amparo o en ejecución de las mismas..." De acuerdo con esta disposición legal, el amparo indirecto es improcedente, cuando se reclamen resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Esto es, el juicio de amparo resulta improcedente contra resoluciones dictadas en él o en ejecución de ellas, entendiéndose por aquél la vía extraordinaria para impugnar actos inconstitucionales de cualquier autoridad, y no como el juicio estrictamente iniciado con la demanda y concluido con la resolución. En ese orden, las resoluciones emitidas en el juicio de amparo contra las cuales es improcedente, son las dictadas en el juicio principal, en el amparo en revisión, incidente de suspensión o en cualquier otro incidente que se tramite o resuelva con motivo de aquel. En el caso, de las copias certificadas que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, consistente en el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio agrario número TUA 34-364/2021, se advierte que el auto reclamado, fue dictado en cumplimiento del diverso juicio de amparo indirecto ********************, de la estadística de este juzgado. Ahora bien, de la revisión efectuada al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal (SISE), se observa que se encuentra almacenada en su versión electrónica, el citado Juicio de Amparo Indirecto ********************, lo cual constituye un hecho notorio de conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y la Tesis I.1o.A.14 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, número de registro 2006082, cuyo rubro dice: "SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PUEDEN INVOCAR EN SUS RESOLUCIONES LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE ÉSTE COMO HECHO NOTORIO Y CONCEDERLE VALOR PROBATORIO PLENO"; así mismo, dado que dicho medio electrónico forma parte de la infraestructura de comunicación del Poder Judicial de la Federación, que permite realizar consultas de jurisprudencia, legislación y de la base de datos que administra los asuntos que ingresan al Poder Judicial, de ahí que resulte válido que los titulares de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, invoquen de oficio las resoluciones que se publiquen en ese medio para resolver un asunto en particular, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes y aun cuando no se tenga a la vista de manera física el testimonio autorizado de tales resoluciones. De igual forma, es aplicable la Jurisprudencia P./J.16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Décima Época (Registro: 2017123), consultable en la página 10, del rubro y texto siguientes: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE).Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Acotado lo anterior, se advierte en el referido juicio de amparo ********************, que mediante sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, en sus puntos resolutivos primero y segundo, se concedió el amparo a la quejosa Magaly Abigail Panti Cruz, contra los acto reclamados al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con residencia en esta ciudad; luego, por proveído de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, causó ejecutoria dicha sentencia y se requirió a la citada responsable su cumplimiento. Ejecutoria que aún no ha sido cumplimentada, pues se han realizado diversos requerimientos para ello, la última actuación que se observa en el citado juicios de amparo, fue el veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se requirió al Director del Registro Civil del Estado, con sede en esta ciudad, remita copia certificada del acta de defunción del tercero interesado en ese juicio. Luego, si el auto de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado en el presente asunto, fue dictado en cumplimiento al Juicio de Amparo ********************, del índice de este juzgado, debe decirse que el juicio de amparo resulta improcedente, pues se dictó en ejecución de la sentencia protectora, en la que la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la determinación conforme a los lineamientos precisados. Es así, que la improcedencia deriva del hecho de que el proveído reclamado, dictado por la responsable, es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el citado juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Por ello, debe declararse la improcedencia de este juicio, en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse en la ejecución de la sentencia protectora dentro del juicio de amparo ********************, y por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de la responsable o del resto de las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCLXXVI/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, Página 307, Materia Común, Décima Época, registro 2010008, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia." En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos atribuidos a la responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 34, con residencia en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y cúmplase.
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