José Alberto Bernabé Millán
Expediente 58/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Alberto Bernabé Millán
- José Alberto Bernabé Millán y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón levantada por la Actuaria Judicial adscrita de veintitrés de enero del año actual, mediante la cual hace constar que para llevar a cabo la diligencia de notificación mediante interconexión cisco webex al quejoso********************, del proveído de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, concretó con el Centro de Readaptación Social Cerro León del Municipio de Villa Aldama Perote Veracruz número 5, las QUINCE HORAS DEL UNO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, para lo cual se debe girar el oficio de convalidación de la temporalidad en cita. En atención a lo anterior, gírese oficio al Director del Centro de Readaptación Social Cerro León del Municipio de Villa Aldama Perote Veracruz número 5, haciendo de su conocimiento que se convalida la temporalidad señalada para la diligencia de notificación de que se trata, apercibido que de no facilitar las medidas necesarias a la Actuaria Judicial para tal efecto, se le impondrá una multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, que asciende a la cantidad de $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha Unidad de Medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Notifíquese. Así lo proveyó y firma la licenciada Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de Los Bravo, ante el Secretario José Francisco Herrera García, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda firmado por ******************** por su propio derecho, contra actos del Juez Federal del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guerrero, Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Subsecretaría del Sistema Penitenciario en Guerrero, Director del Reclusorio de Chilpancingo, Dirección Jurídica del Reclusorio de Chilpancingo, Consejo Técnico Interdisciplinario del Reclusorio de Chilpancingo, y Director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad. Registro demanda, tramitación e integración del expediente electrónico y físico. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 58/2023 que le corresponde. En ese orden de ideas del escrito de demanda el quejoso señala como acto reclamado: "LOS INDEBIDOS, ARBITRARIOS E ILEGALES TRASLADO E INCOMUNICACIÓN DE LA QUE FUI OBJETO POR PARTE DE LOS ELEMENTOS DE SEGUIDAD Y CUSTODIA EN TURNO EN EL RECLUSORIO DE CHILPANCINGO GUERRERO." Sin que pase inadvertido por la suscrita que el quejoso señale que como acto la incomunicación; sin embargo, debe destacarse también que la presente demanda de amparo la promueve por su propio derecho y que fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero con residencia en esta ciudad capital. Por ende, es evidente que el directo quejoso tuvo oportunidad de estar en comunicación con un familiar o persona a la cual le solicitó presentará de manera física ante la citada oficina su demanda de garantías, dado que él se encuentra interno en el Centro de Readaptación Social Cerro de León del Municipio de Villa Aldama Perote Veracruz número 5°. En consecuencia, el acto reclamado es la orden de traslado realizada el cuatro de diciembre de dos mil veintidós, del Centro de Reinserción Social Chilpancingo, al Centro de Readaptación Social Cerro de León del Municipio de Villa Aldama Perote Veracruz número 5°. DECISÍÓN. Ahora bien, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. Sobre el particular se invoca la tsis I.4o.A.269 A del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Novena Época, registro: 196322, tomo VII, mayo de 1998, materia administrativa, página: 1008 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." Ahora, del análisis integral de la demandada de amparo propuesta, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Art. 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;." La anterior norma recoge el principio de definitividad, que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado, y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo, en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Sobre ese tópico, cabe mencionar que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: a) Régimen de internamiento; en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. b) Régimen disciplinario; en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. c) Traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Como se puede advertir, respecto a la hipótesis referida en el inciso c), se distinguen tres tipos de traslados, a saber: 1. Los traslados voluntarios; se encuentran Previstos en el artículo 50 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y son aquellos que inician a petición del propio interno, quien deberá elevar su petición al Juez de Ejecución, este último celebrará una audiencia en la que requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor. En este supuesto, se deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ley. 2. Los traslados involuntarios; tanto de procesados como de sentenciados, son aquellos previstos en el artículo 51 de la ley nacional especial, y deben ser autorizados previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, según se trate. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En este supuesto, la autorización judicial deberá ser previa al acto del traslado. 3. Los traslados urgentes o excepcionales, que surgen cuando la autoridad penitenciaria, sin autorización previa del Juez, más bien por cuenta propia y solamente en los casos expresamente permitidos en la ley, emite una resolución administrativa en la que ordena y ejecuta el traslado de alguna persona privada de la libertad, pero tiene como requisito importante conforme al artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, notificar al Juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, quien calificará la legalidad de la determinación administrativa dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación. En este caso excepcional la autorización judicial no es previa, sino posterior al traslado. Ahora bien, en contra de la decisión judicial que califique la resolución administrativa de traslado, procederá el recurso de apelación, pero en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. De lo anterior, se deduce que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente. Así, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez. Por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un sistema de control jurisdiccional sobre el tópico en examen. Cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber: un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena. A su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas. Esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Así, de los precitados regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, es dable afirmar que el acto reclamado consistente en la orden de traslado forma parte de las condiciones de internamiento, por ser un medio necesario para garantizar una vida digna y segura para todas las personas privadas de la libertad; tan es así, que se encuentran reguladas en el mismo capítulo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en específico en sus artículos 30 y 31. Sentado lo anterior, si en el caso concreto ********************, reclama la orden de traslado del Centro de Reinserción Social de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, al Centro de Readaptación Social Cerro de León del Municipio de Villa Aldama Perote Veracruz número 5°, argumentando que sin orden alguna o mandamiento escrito por una autoridad competente fue trasladado, es inconcuso que procede en su contra controversia judicial establecida en el artículo 52, en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, previo a la promoción del juicio de amparo y al advertirse que el peticionario no lo promovió, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada y por ello, con fundamento en el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo lo que procede es desechar la demanda de propuesta. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 1a. XXI/2021 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el registro 2023063, de la Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, página 1760, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento". En otro orden, dado que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social Cerro de León del Municipio de Villa Aldama Perote Veracruz número 5°, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción, para que notifique al quejoso ********************, el presente proveído, mismo que deberá leérsele en su totalidad, vía internet, a través de la plataforma CISCO WEBEX MEETINGS. En ese orden, debido a la fe pública que la Ley le otorga únicamente hará constar dicha notificación sin necesidad de recabar la firma del aludido quejoso, pero cerciorándose de que quede debidamente notificado. Notifíquese al quejoso interno ******************** vía webex y por correo electrónico como lo solicita.
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