Jose Alberto Alarcón Alonzo

Expediente 507/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
507/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
15/10/2018

Partes del expediente

  • Jose Alberto Alarcón Alonzo
  • Jose Alberto Alarcón Alonzo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley en aplicación, se declara que dicha resolución que sobresee, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, jurídica ni histórica. Finalmente, tomando en consideración que no es necesario seguir conservando los dos discos en DVD que anexó el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la ciudad de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Los Bravo, con residencia en esta ciudad capital (fojas 26 y 108); así como los tres DVD que adjuntó el Magistrado de la Sala Unitaria del Sistema Penal Acusatorio con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero (foja 29); por tanto, hágase la devolución respectiva de los mismos a sus lugares de origen, solicitando el acuse de recibo correspondiente dado que los discos contienen las audiencias celebradas en la carpeta de origen. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el oficio y anexo signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, con Jurisdicción y Competencia en los Distritos Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero con sede en esta ciudad, y tomando en consideración que la audiencia constitucional en el juicio de amparo citado al rubro fue celebrada a las doce horas con cuarenta minutos del cinco de julio de dos mil dieciocho. En virtud de lo anterior, agréguese el oficio y anexo de cuenta, ya que en el presente juicio de amparo, como ya se dijo fue celebrada la audiencia constitucional; por tanto, dichas constancias serán consideradas al momento de emitir la sentencia, al advertirse una causal de improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 25/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de 2012, Tomo 2, Décima Época, Materia Común, página: 1279, con número de registro 2000902, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Con la precisión que una vez dictada la sentencia respectiva, el presente cuaderno de antecedentes se glosará al expediente principal.

  3. Principal

    Visto el oficio y anexo signado por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado con sede en Chilpancingo de los Bravo Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de Los Bravo, Álvarez y Guerrero, mediante el cual en atención al requerimiento formulado en auto de quince de agosto de dos mil dieciocho, remite constancias en copia certificada y el disco compacto en DVD, que contiene videograbada la audiencia de acuerdo preparatorio de dos de julio de dos mil dieciocho, emitido en la carpeta judicial de origen. Ahora bien, con las constancias anexas al oficio que remitió la autoridad oficiante de cuenta, se advierte que el Juez de control aprobó un acuerdo preparatorio de cumplimiento diferido, cuyos términos y condiciones se precisaron en la audiencia y que para una mejor apreciación se transcriben: 1. El imputado realizara el pago total de $45,000.00 (cuarenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) en dos pagos de $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) cada uno, los cuales depositara el treinta de julio y treinta de agosto de la presente anualidad a través del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado. 2. Asimismo el imputado cederá el 50% de los Derechos que le corresponden ante notario público, de dos bienes inmuebles, identificados como lotes número ocho y nueve, con una superficie de ciento veinte metros cuadrados cada uno, ubicados en Avenida México, colonia Laguna de Pala, antes identificada como Nueva Imagen en Chilpancingo Guerrero, los cuales adquirieron con María Teresa Organista Vázquez, durante la sociedad conyugal. 3. El cumplimiento de las obligaciones pactadas con anterioridad, implicara el pago de las pensiones alimenticias adeudadas y no pagadas por el imputado, comprendidas de catorce de abril de dos mil catorce a la fecha y las que se generan hasta el treinta de agosto del año en curso. En ese orden de ideas, el Juez de origen, señaló las doce horas del tres de septiembre de dos mil dieciocho, para que tuviera verificativo la audiencia de revisión de cumplimiento de las condiciones decretadas en el acuerdo preparatorio y que se expusieron con antelación; en consecuencia requiérase al Juez de Control y Enjuiciamiento Penal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la audiencia señalada para el tres de septiembre de dos mil dieciocho, remita las constancias que acrediten si se cumplieron las condiciones decretadas en el acuerdo preparatorio y el resultado de dicha diligencia. Con el apercibimiento para el citado Juez que de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, que asciende a $2,418. (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Es aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319, del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Finalmente, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Basilio Rojas Zimbrón.

  4. Principal

    Visto el escrito y anexo presentado por María Teresa Organista Vázquez, mediante el cual informa que llegó a un acuerdo reparatorio en lo autos de la carpeta judicial número C-08/2018, con el quejoso José Alberto Alarcón Alonzo, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, para lo cual anexa con ello un disco compacto de una grabación de audio y video. En tal virtud, con fundamento en los artículos 61 fracciones XVII y XXIII, de la Ley de Amparo en relación al numeral 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Juzgado de Control y Enjuiciamiento Penal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero y Jurisdicción y competencia en los Distritos Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, para que dentro del término de tres días, legalmente computados y remita las constancias que acrediten dicha circunstancia, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, que asciende a $2,418. (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $80.60 (ochenta pesos 60/100 moneda nacional), lo anterior, de conformidad con lo dispuesto, en el numeral 238 del texto normativo antes mencionado. Es aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319, del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Finalmente, toda vez que la audiencia constitucional fue celebrada el cinco de julio de dos mil dieciocho, con la promoción de cuenta fórmese cuaderno de antecedentes, mismo que deberá ser glosado al expediente principal, una vez que se dicte la resolución respectiva.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

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