José Agustín Ramos Valadez
Expediente 60/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/11/2019
Partes del expediente
- Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Ciudad de México
- José Agustín Ramos Valadez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de cinco de noviembre del año que transcurre, por medio del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo sin que haya sido recurrido; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que esta juzgadora considera que las constancias que obran en autos no son de relevancia documental, de conformidad con lo ordenado en la fracción I del Punto Vigésimo del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. En las relatadas condiciones, con apoyo en el Punto Décimo, fracción I, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece que el archivo judicial reciente será conservado en el órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en consecuencia, remítase el expediente, al archivo de este Juzgado para su resguardo hasta que transcurra el término mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos, el escrito que vía electrónica fue presentado por el quejoso José Agustín Ramos Valadez; en atención a su contenido, se le tiene desahogando el requerimiento efectuado en auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, y por ende, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 79 y 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al impetrante de amparo en cita, el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico, en el entendido de que queda obligado a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III, del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir del envío electrónico que de notificaciones haga este Órgano Jurisdiccional. Bajo el apercibimiento que de no ingresar a dicho sistema en el plazo señalado, se tendrán por hechas las notificaciones que por tal vía se hayan emitido, de conformidad con lo dispuesto en la última parte de la fracción II, del artículo 30 citado en el párrafo que antecede. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto del usuarios "jaramosvaladez", únicamente por el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, como lo solicita el quejoso de referencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa la copia simple del auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, que solicita, previa toma de razón que por su recibo obre en autos; en la inteligencia de que quién se presente a recibirla, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, la cual previo cotejo que con su original se realice, será glosada en autos para constancia. Notifíquese; y vía electrónica al quejoso José Agustín Ramos Valadez.
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso José Agustín Ramos Valadez, el proveído de cinco de noviembre del año en curso; en consecuencia, notifíquesele el auto en comento, que en lo sustancia dice: ...En el caso, el quejoso señala como acto reclamado, el siguiente: "Se reclama la omisión por parte de las autoridades que se señalan como responsables, dentro del ámbito de sus respectivas competencias constitucionales y legales que le son propias, de brindar de manera adecuada, completa y suficiente acceso al derecho humano de seguridad pública al suscritos (sic) promovente de amparo como tijuanense (sic), baja californiano (sic) y mexicano (sic), ello derivado de la falta de estrategias efectivas de educación, seguridad e inteligencia necesarias para poder reflejar en las calles una real, actual y material seguridad pública". Por tanto, teniendo en consideración que el promovente del amparo, reclama los actos de autoridad por ser habitante de la ciudad de Tijuana, al considerarse en recientes fechas a esta ciudad como la más violenta del mundo; resulta que no cuenta con interés legítimo alguno, para combatirlos. Lo que se afirma así, pues para que pueda reconocerse el interés legítimo, éste debe ser palpable y discernir objetivamente la afectación que alega resentir, pues de no ser así, no es susceptible de evaluarse; ello es así, dado que no cualquier tercero ajeno a los actos reclamados, pueden provocar la función de control constitucional, ya que el principio que inspira el requisito de parte agraviada, obliga a reconocer el interés legítimo en aquellos casos en que la parte quejosa acredite una afectación real en un sentido cualitativo, temporal, actual o inminente, pero nunca incierto. Así, en el caso en concreto, no se justifica el interés legítimo del quejoso para acceder a esta instancia extraordinaria, puesto que sólo busca lograr un control de legalidad en abstracto sobre los actos reclamados, pues de prosperar esta instancia constitucional, el beneficio que pudiera obtener el promovente no sería concreto o directo, e tal manera que tampoco podría diferenciarse del que recibiría el resto de la sociedad. No hay que olvidar que si bien es cierto que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, también lo es que no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Por lo expuesto, válidamente puede decirse que en el caso particular, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. En congruencia con todo lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo relativa, lo cual es lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que ni aun con el curso y trámite del juicio de amparo, se modificaría la naturaleza de las partes y los efectos de los actos reclamados, por lo menos, al momento en que se instauró esta vía constitucional. Al efecto, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil novecientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XCI, que dice así: "DEMANDA DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DE LA. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, para desechar de plano la demanda de amparo, por su notoria improcedencia debe desprenderse de la propia demanda de amparo." Téngase a Alan Alberto Palma Ávila, para actuar en el presente asunto en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a Eugenia Guadalupe González Ortiz, quien actualmente no cuenta con el registro de su cédula profesional. De la demanda de amaro se advierte que el quejoso señala como domicilio convencional para recibir notificaciones, el ubicado en avenida Paseo de los Héroes número 10289, tercer piso, interior 311, edificio Paseo Corporativo, Zona Río de esta ciudad, y a su vez, solicita que se autoricen las notificaciones de manera electrónica, de las actuaciones que se emitan en el presente juicio. Por tal motivo, se estima procedente requerir al promovente del amparo, para que en un plazo de tres días, precise cuál es la vía que elige para oír y recibir notificaciones; en el entendido que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo otorgado, se tendrá por señalado para esos efectos, el domicilio convencional señalado. Días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los Actuarios adscritos a este Juzgado, estén en posibilidad de notificar las actuaciones dictadas en este juicio, que por su carácter lo requieran, lo anterior, con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de la materia.Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Por último, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. En atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al quejoso en el domicilio proporcionado. En el entendido de que las subsecuentes actuaciones personales, se le notificarán por medio de lista que se publique en los estrados de este Juzgado.
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.
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