José Agustín Pérez López
Expediente 922/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 922/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 08/11/2023
Partes del expediente
- José Agustín Pérez López
- Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Funciones de Juez de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, Tijuana, B.C.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, se dictó sentencia el treinta de octubre de dos mil veintitrés, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso e), se instruye al actuario judicial para que notifique personalmente a las partes la sentencia de mérito, a fin de que se impongan de su contenido. Cúmplase.
- Principal
S E N T E N C I A Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 922/2023-E, promovido por José Agustín Pérez López, contra actos del Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y turnado a este Juzgado el día hábil siguiente, José Agustín Pérez López, por conducto de su defensor público Raúl Andrés Osuna Rivera, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades cuya denominación correcta a continuación se señalan: Autoridades responsables Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Jueza de Control. Actos reclamados "Reclamo la resolución de fecha 7 de julio dos mil veintitrés, mediante el cual el C. Juez de Control, impuso al quejoso José Agustín Pérez López, como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, al haberse dictado en su contra auto de vinculación a proceso por el hecho considerado en la ley como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y por el diverso contra la salud en su modalidad de posesión de metanfetamina con fines de veta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero del Código Penal Federal." Segundo. Admisión y trámite del juicio. En proveído de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, se solicitó informe con justificación a la autoridad responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación la intervención que legalmente le compete; y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional la cual, previo emplazamiento del tercero interesado, Agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula II-6 con sede en Tijuana, Baja California, se celebró al tenor del acta que antecede, turnándose los autos para dictar la sentencia que conforme a derecho proceda; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; preceptos 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y al Acuerdo General 107/2022 emitido por el citado Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés; al reclamarse actos que tienen ejecución en la circunscripción territorial en la que este órgano ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda de amparo, consisten en lo siguiente: La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del directo quejoso, decretada en la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintitrés y su continuación de siete del mismo mes y año, en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal de origen. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Jueza de Control, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 830, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección, página 830, Quinta Época, registro 1002815, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora, con el registro del audio y video de la audiencia inicial celebradas en la causa penal de origen, esta última en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa al quejoso José Agustín Pérez López. Documento público que detenta pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo; toda vez que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetado en su autenticidad. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2004362, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, Décima Época, con rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes, o que este Juzgado Federal advierta de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en virtud de que es el momento idóneo para analizar los actos tildados de inconstitucionales, se procede al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que resulte necesario realizar su transcripción, además de no haber disposición que obligue a ello. En consecuencia, en su oportunidad se procederá al análisis de dichos motivos de inconformidad que expone el promovente del amparo en su demanda. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación relativos a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahora bien, en relación con el acto reclamado que aquí se analiza, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del directo quejoso José Agustín Pérez López, decretada en la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintitrés y su continuación de siete de julio de mismo año, en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal de origen. Al respecto, conviene precisar que en suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se analizará dicho acto de acuerdo a los requisitos constitucionales y legales para su procedencia, con la finalidad de verificar si se encuentra apegado a derecho, dado que, como ya se dijo, el quejoso acude a este juicio en su carácter de imputado en el asunto penal de origen. En ese sentido, para resolver el presente juicio de amparo serán tomados en consideración algunos argumentos expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompaxtle Tecpile contra México, resolución en la que fue materia de estudio la prisión preventiva dentro del sistema judicial mexicano, misma que puede ser consultada en la dirección electrónica https://www.corteidh.or.cr/docs/ casos/articulos/seriec_470_esp.pdf. De inicio, se tiene que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 19. (.) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.(.)" Por su parte, el artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, señala: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios." Los preceptos antes trascritos, mismos que cuentan con igualdad de jerarquía al tratarse del texto constitucional y de un tratado internacional reconocido por el Estado Mexicano, constituyen el parámetro conforme al cual se deben analizar todos los actos de autoridad. En ese aspecto, también es necesario resaltar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que si bien deben prevalecer las restricciones expresamente previstas en la Carta Magna, ello no significa que la norma constitucional deba aplicarse indiscriminadamente, sino que existe la posibilidad de que "el intérprete constitucional", como son precisamente los tribunales de amparo, al hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también practique un examen de interpretación más favorable en la propia disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada con el resto del parámetro de regularidad constitucional, de manera que el operador jurídico, sin vaciar de contenido la disposición restrictiva, pueda darle una lectura de la forma más favorable posible. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 163/2017 de rubro: "RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES". En ese tenor, cabe ahora señalar que esa interpretación "pro persona" será la más extensiva cuando se trate de reconocer derechos fundamentales e inversamente, la más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos. Bajo esa guisa, y retomando el contenido de los artículos 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se tiene que el precepto constitucional en cita contiene un catálogo de delitos respecto de los cuales, "el juez" ordenará la prisión preventiva oficiosamente, mientras que los diversos artículos -de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, reconocen el derecho de todas las personas a no ser sometidas a encarcelamientos arbitrarios y que la legalidad de su detención sea revisada sin demora por un juez o tribunal competente. Ante este panorama, puede sustentarse que existe una aparente contradicción entre el texto constitucional y la convención, pues mientras uno señala un catálogo de delitos que permite que "el juez" ordene oficiosamente la prisión preventiva, tan sólo por tratarse de alguno de esos ilícitos, el otro reconoce el derecho de todas las personas a no ser privadas de su libertad arbitrariamente. Lo cual en apariencia puede ser contradictorio dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que una detención arbitraria es aquella en la que no se analiza, entre otros aspectos, la finalidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar; lo que ocurre precisamente en la prisión preventiva oficiosa. La consideración anterior encuentra apoyo en la sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México, en la que sostuvo lo siguiente: "96. Sobre la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención Americana, la Corte ha determinado que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de "arbitrariedad" con el de "contrario a ley", sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. Por otra parte, el artículo 8.2 se refiere al derecho a la presunción de inocencia. 97. La Corte ha considerado que, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. 98. Con respecto a lo anterior, cabe recordar que estas consideraciones, en torno a los elementos que deben tomar en cuenta las autoridades a la hora de restringir la libertad de una persona investigada por un delito, deben estar contempladas en los ordenamientos jurídicos de los Estados, y deben también ser aplicadas de manera efectiva y de buena fe por parte de los operadores de la justicia." En ese sentido, en apariencia surge una contradicción entre el texto constitucional y la convención; sin embargo, esta supuesta antinomia en realidad no existe, si se realiza la interpretación más restringida posible de lo establecido en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal. De esta manera, es posible observar que el contenido textual del artículo 19 de la Constitución Federal está dirigido al "juez" de control que resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado; asimismo, la propia Constitución, en el artículo 107, establece las bases para la solución de las controversias por parte de los Tribunales de la Federación, disposiciones que están dirigidas a un juzgador distinto, a saber, "al órgano jurisdiccional de amparo". Por ello, aunque en principio pudiera ser válido que el juez de control asuma que, ante los delitos señalados en ese catálogo, debe imponer la prisión preventiva de manera oficiosa, nada impide que ese mismo juzgador, el tribunal de apelación, o incluso el órgano jurisdiccional de amparo puedan reexaminar inmediatamente si la medida cautelar satisface, entre otros aspectos, la justificación sobre su finalidad, idoneidad y proporcionalidad en estricto sentido, pues esta revisión es la que autoriza el artículo 7.6 de la precitada Convención. Esta posibilidad desde luego se abre también para el Juez de Enjuiciamiento responsable, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales no estipula alguna excepción al respecto. En ese orden de ideas, se aprecia que tanto la Convención, como la Constitución, establecieron que la actualización de un hecho de los enlistados como delitos de prisión preventiva oficiosa, no implica de manera absoluta y definitiva que deba imponerse a quien se le imputa su comisión, esa medida -prisión preventiva oficiosa-, sino que, en todo caso previo a ello, deberán considerarse los parámetros ya indicados, pues el propósito de una medida cautelar no es imponer una sanción anticipada, sino que sólo es un instrumento que asegura la continuación del procedimiento. En esa línea de pensamiento se estima que para emitir y mantener una medida restrictiva de libertad, como lo es la prisión preventiva, se deben cumplir los siguientes requisitos: a) Que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) Cumplir con cuatro elementos: La finalidad de la medida que debe ser legítima y compatible con los tratados internacionales vinculantes. Ser idónea para cumplir con el fin que se persigue; Debe ser estrictamente necesaria su aplicación; y, Debe ser proporcional al caso. c) La determinación que la imponga debe contener una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. De ese modo, si se cumplen con los anteriores parámetros la medida de prisión preventiva estará justificada. Ahora, la prisión preventiva se encuentra contemplada en el artículo 19 de la Constitución General como una medida cautelar excepcional que puede decretarse de dos maneras: I. A petición justificada del Ministerio Público: sólo cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; II. De oficio: cuando se actualiza alguno de los ilícitos enlistados en el catálogo contenido en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece expresamente que se ordenará prisión preventiva oficiosa en diversos casos, entre ellos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación. De este modo, la prisión preventiva oficiosa es un límite al derecho de libertad personal, que cuenta con reconocimiento en el artículo 19 Constitucional y, en ese sentido, es una medida contemplada en la Norma Fundamental Mexicana para determinados ilícitos penales que, por sus especiales características, se consideró que se debía decretar en forma automática por los jueces penales, sin necesidad de valorar la posibilidad de que la persona imputada se sustraiga de la justicia o que pueda ocasionar una afectación en el proceso, pruebas o daños a las víctimas. No obstante, el Estado tiene la obligación de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, ya que no puede ser la regla general, ni una medida punitiva, sino que constituye una medida cautelar, de lo contrario se trasgrediría el principio de presunción de inocencia, según el cual una persona es considerada inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. En efecto, la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, por lo cual, se insiste, su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y la proporcionalidad; de ahí que, como ya se dijo, los principios que la rigen son: excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. I. Es una medida cautelar excepcional, ya que la libertad siempre es la regla, mientras que la prisión es la excepción. Esto es así porque las personas que se encuentran en prisión preventiva gozan del derecho a la presunción de inocencia, por lo que el Estado les tiene que proporcionar un tratamiento acorde con lo anterior. Es por esto que la prisión preventiva es una medida cautelar dirigida a asegurar el proceso penal, más no una medida punitiva. II. Se rige por el principio de necesidad, lo que significa que tiene que ser indispensable para conseguir el fin legítimo que ésta persigue. Tiene que haber una relación entre la prisión preventiva y el motivo por el cual se dictó la medida cautelar, de tal manera que la prisión preventiva sólo podrá imponerse cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso penal, después de haberse demostrado que otras medidas cautelares no serán adecuadas para lograr tal fin. III. Se rige por el principio de proporcionalidad, lo que implica que el sacrificio inherente a la privación de la libertad no debe ser desmedido en relación a las ventajas que se obtienen mediante la prisión preventiva. Además, se debe evitar que la medida cautelar sea igual o más onerosa que la pena que sería recibida en caso de que se determine la responsabilidad penal de la persona imputada. Así, dada la naturaleza excepcional de la prisión preventiva, ésta solamente podrá durar mientras tenga sustento en un fin legítimo que perseguir, por lo que está sujeta a una duración o plazo razonable, dado que la privación de la libertad de una persona más allá de lo necesario equivaldría a imponer una pena anticipada. En la inteligencia que su duración no puede establecerse en forma abstracta, sino que tiene que ser estudiada con base en las particularidades del caso en concreto y debe estar sujeta a una revisión periódica a fin de verificar si persisten o dejan de existir las razones que hayan motivado su fijación, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. En ese sentido, se estima que, la forma de operar de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar del procedimiento penal vigente, es incongruente con las medidas cautelares, en tanto que se erige como una sanción anticipada, ya que no restringe derechos sino que priva de ellos; pues ésta medida no puede estar por encima de la libertad, adelantando los efectos que sólo pueden ser impuestos como resultado de un debido proceso y una sentencia de condena, de ahí que ésta no considera la posibilidad del dictado de una sentencia absolutoria, pues no evalúa el resto de opciones disponibles para cumplir con los fines de la medida cautelar, ni los efectos nocivos que tiene la aplicación inmediata de la privación de la libertad. De ese modo, el perjuicio de dicha medida radica en que la existencia de un catálogo de delitos supone una consideración diferenciada éstos, lo cual no responde a las condiciones particulares de comisión o a otros elementos conexos; es decir, si el ilícito está contemplado en el texto Constitucional y en el Código respectivo, es irrelevante si por sus características de ejecución -tipo de víctima u ofendido, lesión, monto, entre otras- se está en un caso que no amerita la imposición de esa, con lo cual se desconoce la complejidad inherente a la materia penal en detrimento de los derechos de las personas. De lo anterior se extrae lo siguiente: a. El primer párrafo del artículo 1º Constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. b. Las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo 1º, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, el juez constitucional deberá ponderar esa restricción a la luz de los derechos humanos de fuente internacional y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de determinar si existe un margen de apreciación nacional que permitiera al Estado Mexicano mantener la restricción constitucional en aras de proteger bienes de importancia suprema o, si por el contrario, es ineludible inaplicar la restricción constitucional y optar por la mayor protección de los derechos humanos derivada de los derechos de fuente internacional. c. Cuando exista una sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubiera condenado al Estado Mexicano con motivo de una restricción constitucional, el margen de apreciación nacional disminuye drásticamente y, en ese sentido, los jueces constitucionales deberán dar prevalencia a las normas internacionales que sean más protectoras de los derechos humanos. d. Se reitera que el principio de supremacía constitucional comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material. Por lo expuesto, se concluye que la prisión preventiva oficiosa, al ser impuesta de manera automática es una restricción del derecho a la libertad personal que no cumple con los parámetros exigidos por la jurisprudencia mexicana e interamericana, de manera que su implementación legislativa es contraria al parámetro de validez en materia de derechos humanos. Ahora bien, en el caso que nos ocupa el Juez responsable impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa bajo el argumento de que de acuerdo a lo establecido en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no hay margen para analizar la posibilidad de imponer una medida cautelar distinta, pues éste refiere que para el delito imputado la prisión preventiva oficiosa es automática. En efecto, del archivo digital de las grabaciones en audio video de la audiencia inicial de tres de julio de dos mil veintitrés y su continuación de siete de julio de mismo año, se aprecia que la Juez responsable impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del imputado, previo debate entre las partes, ya que atendiendo al hecho material vinculación a proceso que está previsto en el numeral 19 constitucional en relación con el 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, como aquellos que ameritan como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa aunado a que si bien existe la jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos en relación a la prisión preventiva que debe justificarse atendiendo a la necesidad proporcionalidad lo cierto es que existe una restricción constitucional y que de acuerdo a la jurisprudencia con registro digital 26224 tratándose del ordenamiento jurídico en su conjunto nacional e internacional y si existe esa restricción constitucional de derechos humanos como la libertad personal debe estar a la restricción constitucional, por lo que la prisión preventiva oficiosa debía subsistir durante el trámite del procedimiento, la cual no debía exceder de una temporalidad mayor a dos años. Hecha la anterior relatoría, es evidente que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa fue impuesta al quejoso, pues existe una restricción constitucional que impide llegar a una conclusión contraria. No obstante, sin perjuicio de las consideraciones expuestas por la Juez natural, no se analizó si existen indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que en el caso concreto existe una finalidad legítima para mantener una medida cautelar como lo es la prisión preventiva, además si ésta es idónea, necesaria y proporcional, es decir, si se satisfacen los parámetros establecidos tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para justificar la permanencia de la prisión preventiva, apartándose del eje fundamental de que procede su reiteración por el hecho de que el ilícito que se atribuye al imputado -aquí quejoso- se encuentra en el catálogo de delitos en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual, por los motivos que ya se expusieron deviene inconstitucional. Sirve de apoyo, por las consideraciones que la sustentan, el criterio publicado por el Consejo de la Judicatura Federal, en la nota informativa DGCV/NI:09/2023, que dice: "CUANDO SE RECLAMA EN UN JUICIO DE AMPARO LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEBERÁ CONCEDERSE CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN TUTELA ANTICIPADA. Ello en razón de que con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se condena al Estado mexicano, se actualiza la apariencia del buen derecho. Dichos casos son Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México. El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, determinó, esencialmente, que es viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ello, con motivo de que se actualiza la apariencia del buen derecho con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida. Por tanto, cuando el quejoso solicite la suspensión provisional ante la imposición de la prisión preventiva oficiosa, ésta deberá tener efecto de tutela anticipada y el juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, convocará a una audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de un plazo de 48 horas, en la que prescinda de la reclamada en el juicio de garantías y podrá imponer una diversa previo contradictorio." En ese sentido, si es viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en virtud de que se actualiza la apariencia del buen derecho atendiendo a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que entre otras cuestiones, se declaró la inconvencionalidad de dicha medida, a fin de convocar a una audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de un plazo de 48 horas, en la que prescinda de la reclamada en el juicio de amparo, y podrá imponer una diversa previo contradictorio; con mayor razón se considera procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, bajo la luz de la citada inconvencionalidad. Por lo anterior, resulta procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto del acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del directo quejoso. Atento a lo anterior, al haberse otorgado la protección constitucional respecto a ambos actos materia de reclamo, es innecesario atender los restantes conceptos de violación, puesto que los analizados son suficientes para conceder el amparo solicitado y dejar insubsistentes los actos reclamados y sus consecuencias. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII, Diciembre de 1991, página 170, y Tomo IX, Marzo de 1992, página 89, que dicen respectivamente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN POR VICIOS DE FORMA DEL ACTO RECLAMADO. SU PROCEDENCIA EXCLUYE EL EXAMEN DE LOS QUE SE REFIEREN AL FONDO. Cuando se alegan en la demanda de amparo violaciones formales, como lo son las consistentes en que no se respetó la garantía de audiencia o en la falta de fundamentación y motivación del acto reclamado, y tales conceptos de violación resultan fundados, no deben estudiarse las demás cuestiones de fondo que se propongan, porque las mismas serán objeto ya sea de la audiencia que se deberá otorgar al quejoso o, en su caso, del nuevo acto, que emita la autoridad; a quien no se le puede impedir que lo dicte, purgando los vicios formales del interior aunque tampoco puede constreñírsele a reiterarlos." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Habiendo resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado, uno de los conceptos de violación, resulta innecesario el estudio de los demás conceptos de violación vertidos en la demanda de amparo." SEXTO. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, y primer párrafo de la Ley de Amparo, se precisa que el amparo concedido es para efecto de que el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, realice lo siguiente: Cite a una audiencia a las partes, donde deje insubsistente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, establecida en la causa penal 729/2023, de su índice, en contra del quejoso José Agustín Pérez López, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83, fracción II, en relación con el artículo 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y por el diverso contra la salud en su modalidad de posesión de metanfetamina con fines de veta, previsto y sancionado en el artículo 195, párrafo primero del Código Penal Federal. Dé oportunidad a la Ministerio Público, para que haga manifestaciones al respecto y de solicitar la medida de prisión preventiva aporte los datos de prueba que estime necesarios para sustentar su petición y justifique la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la imposición de la medida; El imputado y su defensa, puedan hacer las manifestaciones relativas, en su caso, en cuanto a la solicitud de la representación social y, de estimarlo oportuno, ofrecer los medios de prueba conducentes, a efecto de otorgarle garantía de audiencia respecto de tal medida. Dicte otra resolución en la que, con base en los razonamientos expuestos en esta sentencia, analice si la permanencia de la medida cautelar de prisión preventiva, persigue una finalidad legítima, si es idónea, necesaria y proporcional al hecho que se atribuye al imputado; prescindiendo del argumento de que procede la prisión preventiva de oficio, por el solo hecho de que el ilícito que se le imputa se encuentra dentro del listado de delitos señalados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia de que la concesión del amparo en los términos antes descritos no significa que el Juez responsable no pueda imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, sólo que para poder mantenerla deberá revisar que ésta satisfaga el análisis de, entre otros aspectos, la finalidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar SÉPTIMO. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. La Justicia Federal ampara y protege a José Agustín Pérez López, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, y por las razones y efectos precisados en los considerativos quinto y sexto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a tres de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, presentado por la autoridad responsable, con sede en esta ciudad; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue solicitado; con su contenido, dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual manera, téngasele informando que puso a disposición de este juzgado, las constancias que integran la causa penal ********************, de su índice, así como la audiencia de la que emana el acto reclamado, ello a través del expediente electrónico correspondiente al NEUN 32953732; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se les tiene anunciando como pruebas de su intención las documentales que obran en el expediente electrónico de la causa penal en cita, sin perjuicio de hacer nueva relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Ahora bien, de la consulta del expediente electrónico de referencia, se advierte que, la agente del Ministerio Público de la Federación que tuvo intervención en el procedimiento penal del que deriva la materia de reclamo lo fue la licenciada********************, quien intervino en la audiencia inicial de formulación de imputación de tres de julio de dos mil veintitrés, así como audiencia de continuación de audiencia inicial de siete de julio de dos mil veintitrés, relativa a la causa penal ********************. En ese tenor, se le reconoce el carácter de tercero interesado a la representación social que tuvo intervención dentro de la causa penal de origen, por tanto, se ordena notificarle a********************, agente del Ministerio Público de la Federación, mediante oficio que se le envíe, anexándole fotocopia de la demanda, del auto admisorio y del presente proveído; asimismo, hágasele del conocimiento que se encuentran señaladas las once horas con veinte minutos del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo antes expuesto la jurisprudencia XXVII.3o. J/3, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, pagina 2713, Decima Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "NOTIFICACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU CALIDAD DE TERCERO INTERESADO. BASTA CON REALIZARLA AL QUE PARTICIPÓ EN EL PROCEDIMIENTO DE DONDE EMANA EL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, tiene el carácter de tercero interesado el Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual emana el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable. Por otra parte, los procedimientos penales del sistema tradicional son: a) averiguación previa a la consignación a los tribunales, b) preinstrucción, c) instrucción, d) primera instancia o juicio, e) segunda instancia, f) ejecución y, g) procedimientos especiales. En cada uno de ellos, la ley prevé la participación de la institución ministerial federal como representante de la sociedad (parte acusadora de carácter público), empero, materialmente no es un solo agente quien participa en cada etapa del proceso, sino que la propia institución, con base en su organización interna, designa mediante adscripción, a los encargados de solventar las facultades que corresponden al Ministerio Público en cada procedimiento mencionado. Así, es claro que esa intervención está acotada en atención al procedimiento en que se genera el acto reclamado; por tanto, la calidad de tercero interesado se actualiza para el Ministerio Público de la Federación que intervino en el procedimiento respectivo. De ahí que, si el acto reclamado es la sentencia de segunda instancia, tendrá el carácter de tercero interesado el Ministerio Público adscrito al tribunal de alzada (Tribunal Unitario o Sala Penal) señalado como responsable, al ser el representante social que intervino en la fase del proceso penal de la que deriva el acto reclamado y, además, no tener la calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo. Por consiguiente, basta con la notificación que la autoridad responsable practique al agente del Ministerio Público de su adscripción, para tener por satisfecho el emplazamiento en su carácter de parte tercero interesada, sin que sea necesario notificar también al agente ministerial que fungió en otros procedimientos, como el de primera instancia." Notifíquese; y vía oficio a la representación social.
- Incidental
Resolución. Vistos para resolver en definitiva los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 922/2023-E, promovido por********************, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control; y,R e s u l t a n d o s: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, vía electrónica,******************** demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control. Segundo. Admisión, trámite e integración. Este órgano de control constitucional en auto de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda de amparo, ordenó formar en original el incidente de suspensión en que se actúa, en el que se proveyó respecto de la suspensión provisional del acto reclamado, se solicitó a la autoridad responsable su informe previo, y señaló hora y día para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, toda vez que deriva del juicio de amparo indirecto 922/2023-E, del cual conoce este órgano de control constitucional, ya que conserva jurisdicción para conocer de las cuestiones relativas a las incidencias que deriven de tal procedimiento, atento al principio de unidad que rige al juicio de amparo, asimismo de conformidad con los Acuerdos Generales 3/2013 y 13/2019 emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 146, fracción I de la Ley de Amparo, se señala que el quejoso reclama: La resolución de siete de julio de dos mil veintitrés, en la cual la autoridad responsable impuso al quejoso, como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, por haberse dictado en su contra auto de vinculación a proceso, por el hecho considerado como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y por el diverso delito contra la salud en su modalidad de posesión de metanfetamina con fines de venta. Tercero. Existencia del acto reclamado: Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en funciones de Juez de Control, al rendir su informe previo. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 226 del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece como requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la solicite la parte quejosa y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, el artículo 138 de la ley en cita, establece que promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Por su parte, el artículo 147 de la ley de la materia, en su párrafo segundo dispone que en los casos en que la suspensión fuera procedente, atendiendo la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas de mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Ahora bien, la apariencia del buen derecho, ha sido definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como la comprobación aparente del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo, se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones. Definición que se desprende de la jurisprudencia 949, visible en la página mil sesenta y seis del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte - SCJN Novena Sección - Suspensión del acto reclamado Subsección 1- Reglas generales, Materia: Común, Novena Época, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. El primero de ellos se basa en un conocimiento superficial dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Dicho requisito aplicado a la suspensión de los actos reclamados, implica que, para la concesión de la medida, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. Ese examen encuentra además fundamento en el artículo 107, fracción X, constitucional, en cuanto establece que para el otorgamiento de la medida suspensional deberá tomarse en cuenta, entre otros factores, la naturaleza de violación alegada, lo que implica que debe atenderse al derecho que se dice violado. Esto es, el examen de la naturaleza de la violación alegada no sólo comprende sino que implica también el hecho o acto que entraña la violación, considerando sus características y su trascendencia. En todo caso dicho análisis debe realizarse, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho, es decir, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que esto sólo puede determinarse en la sentencia de amparo con base en un procedimiento más amplio y con mayor información, teniendo en cuenta siempre que la determinación tomada en relación con la suspensión no debe influir en la sentencia de fondo, toda vez que aquélla sólo tiene el carácter de provisional y se funda en meras hipótesis, y no en la certeza de la existencia de las pretensiones, en el entendido de que deberá sopesarse con los otros elementos requeridos para la suspensión, porque si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil repartición que pueda sufrir el quejoso, deberá llegarse la suspensión solicitada, ya que la preservación del orden público o del interés de la sociedad están por encima del interés particular afectado. Con este proceder, se evita el exceso en el examen que realice el juzgador, el cual siempre quedará sujeto a las reglas que rigen en materia de suspensión". Por tanto, lo procedente es conceder a********************, la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto establecido en el artículo 166 de la mencionada ley; esto es, para que quede a disposición de este juzgado en el lugar de su reclusión por lo que hace su libertad personal y a disposición del Juez responsable para la continuación del proceso penal ******************** del índice de la autoridad responsable, que se le instruye, -por ser de orden público, por tanto insuspendible-, en virtud que dicha concesión no conlleva afectación alguna al proceso, sin perjuicio de las facultades del Juez responsable para determinar su libertad en los casos en que legalmente proceda y bajo su más estricta responsabilidad; lo anterior, hasta en tanto se resuelva el fondo del presente asunto. Lo anterior es así, toda vez que las solicitudes de medidas cautelares según lo dispone el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resuelven por un Juez de Control en forma inmediata y por cualquier medio, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. De tal manera que para su emisión "ya existió un escrutinio judicial por el Juez de Control, cuya función es vigilar que las actuaciones de investigación se realicen sin infringir los derechos fundamentales de los implicados en la controversia penal." Ello, aunado a que el supuesto que prevé el numeral 166 fracción II de la Ley de Amparo, refiere en su primera parte al supuesto de procedencia de la suspensión, cuando el quejoso no ha sido detenido, lo que no acontece en el caso. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos que la integran la tesis: XXVII.3o.83 P (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2019121 de rubro y texto siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. CONTRA LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO CON EFECTOS RESTITUTORIOS, NO OBSTANTE QUE EL QUEJOSO AFIRME QUE SE TRATA DE UN CASO EXCEPCIONAL. Las solicitudes de medidas cautelares, según lo dispone el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se resolverán por un Juez de Control en forma inmediata y por cualquier medio, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. En consecuencia, para su emisión ya existió un escrutinio judicial por el Juez de Control, cuya función es vigilar que las actuaciones de investigación se realicen sin infringir los derechos fundamentales de los implicados en la controversia penal. Por tanto, si el quejoso, con el objeto de que se le pusiera en libertad, solicitó la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada porque, a su juicio, se trata de un caso excepcional por presentar un "trastorno mental" que le impide permanecer privado de su libertad, es improcedente concederla contra dicha orden coactiva con los efectos solicitados, porque ello implicaría atentar contra la finalidad propia de esta medida cautelar del juicio amparo, la cual consiste en mantener las cosas en el estado que guardan al momento de decretarla y no puede tener efectos restitutorios de derechos, en virtud de que ello es materia exclusiva de la sentencia de fondo, cuando en el caso proceda la protección constitucional, por lo que, en todo caso, acorde con los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, se concederá para el único efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, en lo que se refiere a su libertad personal y a disposición del Juez responsable, por cuanto al procedimiento penal concierne." Así como la tesis: XXVII.3o.78 P (10a.) sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2019122 de rubro y texto siguiente: "PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR, ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA QUE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD SE EJECUTE EN EL DOMICILIO DEL QUEJOSO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 162, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA. Conforme al artículo 163, en relación con el párrafo segundo del diverso 166, ambos de la Ley de Amparo, que prevé expresamente que cuando el quejoso ya se encuentre materialmente detenido por orden de autoridad competente y el Ministerio Público que interviene en el procedimiento penal solicite al Juez la prisión preventiva porque considere que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar, entre otras cosas, la comparecencia del imputado en el juicio, y el Juez del proceso penal acuerde la prisión preventiva, el efecto de la suspensión será que el quejoso quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señale, únicamente en lo que se refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Ahora bien, si se promovió el juicio de amparo indirecto contra la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y su ejecución, es improcedente conceder la suspensión para que la privación de la libertad se ejecute en el domicilio del quejoso, en términos del artículo 162, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no es una orden de privación de la libertad (distinta de la prisión preventiva) no ejecutada, ni una prohibición de abandonar una demarcación geográfica a las que se refiere este último precepto, sino una medida cautelar de prisión preventiva dictada por autoridad competente (Juez de Control) y ejecutada, al estimar que otras son insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado, quien se encuentra materialmente privado de su libertad, lo que trae como consecuencia que los efectos de la suspensión desarrollados en ese dispositivo no le sean aplicables y sea improcedente concederla en los términos solicitados por el quejoso, es decir, con el efecto de que la privación de la libertad se ejecute en su domicilio." La anterior determinación encuentra sustento, además, en el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, al resolver el recurso de queja 132/2023, interpuesto dentro del índice de suspensión del juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado de Distrito********************. Por lo expuesto y fundado, se; R e s u e l v e: Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por********************, respecto a la autoridad y acto reclamado, por los motivos precisados en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese.
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