José Agustín Conejo Sánchez
Expediente 488/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 488/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Agustín Conejo Sánchez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el veintiuno de junio del año en curso, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, promovida por ---, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó la demanda de garantías. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, su expediente relativo al Juicio Especial Ordinario Civil C-52/2007, en cinco tomos, mismo que anexo a su informe justificado.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL
- Principal
CONSTANCIA: en virtud de que la PARTE QUEJOSA, no compareció ante este órgano jurisdiccional los días veintitrés ó veinticuatro de junio del año en curso, para que se le practicara la notificación del proveído dictado el veintiuno de junio del presente año, no obstante el aviso que se le dejó para tal fin; se le notifica por medio de lista dicho acuerdo, el cual dice: Téngase por recibido el oficio y anexos de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual remite un escrito de demanda, en atención a su resolución de quince de junio de dos mil dieciséis, por la que se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo de referencia promovida por ***, por conducto de su mandatario judicial, contra actos del Juez Segundo de Partido Civil de esta ciudad u otras autoridades, que considera violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ordena su remisión al Juzgado de Distrito en turno con residencia en esta ciudad, por lo que le correspondió conocer del mismo a este Juzgado Décimo de Distrito. Acúsese recibo. Atento a lo anterior, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del presente asunto, por lo que se ordena formar y registrar el expediente en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el número 488/2016-VII, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que establece textualmente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo, dispositivos que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "[.]" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." "En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Ahora bien, en la especie se actualiza la causal de improcedencia invocada, pues de la demanda de garantías, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en el auto de fecha trece de mayo del año en curso, dictado en el expediente *****, del índice del Juzgado Segundo de Partido Civil de esta ciudad, en el que se requirió al promovente ***, para que una vez que se presentara ante el juzgado de referencia a realizar los trámites administrativos que estimara pertinentes, se le haría entrega de la ficha respectiva, a fin de que se requiera a la parte actora ***, ahora quejoso, en términos del proveído de veintiséis de junio de dos mil doce, en el que se ordenó que el quejoso hiciera el pago al demandado ***, a través de su mandatario judicial ***, de la cantidad de $13,851.00 (trece mil ochocientos cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional), o en su defecto señalara bienes de su propiedad, suficientes para garantizar lo reclamado, apercibiéndolo que de no hacerlo, dicho derecho pasaría al actor. Sin embargo, dicho acto no es la última determinación dictada para cumplir con dicho fallo, ya que se requiere que "se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declarar la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenar el archivo definitivo del expediente", lo cual no acontece en el caso a estudio. Así es, porque el amparo indirecto es improcedente contra actos o violaciones acaecidas en el procedimiento de ejecución de sentencia, pues éstas deben ser alegadas y, en su caso, reparadas en el juicio que se promueva en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, que es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por lo que, el acto reclamado por la parte quejosa, no es la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución en el juicio de origen, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción IV, último párrafo de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior es así, si se tiene en consideración, que el acto reclamado, tiene como apoyo la existencia de una sentencia con el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que los actos que se realicen dentro de dicho procedimiento, sólo podrán impugnarse hasta que se dicte la última resolución en el mismo, que en el caso lo constituiría la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordenar el archivo definitivo del expediente; razones por las cuales, la demanda de amparo que se promueve deviene improcedente. En ese orden de ideas, es claro que el quejoso deberá esperar a que se pronuncie una de las determinaciones para estar en presencia de la última resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, u ordena el archivo definitivo del expediente, a efecto de estar en presencia de la indicada "última resolución", para que resulte viable el juicio de garantías, donde podrán reclamarse las violaciones procesales que se hubieran cometido durante ese propio procedimiento. De lo anterior, es factible precisar que dicha resolución no encuadra en alguna de las excepciones para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en ejecución de sentencia, por no ser una resolución que goce de autonomía propia, ni mucho menos afecta derechos sustantivos. En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia, y no está en presencia de un acto autónomo al procedimiento de ejecución, ni de imposible reparación. Consecuentemente, de lo antes narrado se advierte que el acto que se reclama fue emitido en ejecución de sentencia en el juicio ordinario civil del que emana el acto reclamado, en el que el quejoso tiene la calidad de parte, por lo que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, por lo que al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados del Tribunal Colegiado, por conducto del actuario adscrito notifíquese a éste el presente proveído y los subsecuentes, hasta en tanto señale nuevo domicilio en el ubicado en ***; asimismo, se le tiene autorizando en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona en su libelo constitucional, toda vez que no cuentan con registro de cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito. Ahora bien, la Superioridad acompaña a su oficio las constancias derivadas del juicio ordinario civil ***, en cinco tomos. En consecuencia, dada la voluminosidad de las constancias que se exhiben, fórmense cinco tomos de prueba. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
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