José Adrian Ramírez Barbosa
Expediente 47/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 47/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Adrian Ramírez Barbosa
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
- Principal
COSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de siete de febrero de dos mil diecisiete, por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA, la sentencia dictada el tres de febrero de dos mil diecisiete, en atención a que no compareció los días ocho o nueve de los actuales, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por *****, atento a su contenido, se tiene al ocursante dando cumplimiento al requerimiento formulado por este Juzgado Federal mediante auto de diecinueve de enero del año en curso. Así las cosas, y a fin de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Esencialmente, el citado criterio jurisprudencial interpreta que para el desechamiento de plano de la demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo como cita sea manifiesto, es decir, cuando se advierta, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por otra parte, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, según sea el caso específico. En efecto, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma absoluta y patentemente clara de la lectura del escrito de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Sentado lo anterior se tiene que, respecto de los actos que aquí reclama el promovente del amparo: consisten esencialmente en: a) El oficio número 141/2017, de dieciséis de enero de dos mil diecisiete, emitido por el Agente del Ministerio Público de Litigación de la Unidad de Investigación Común, dentro de las actuaciones de la carpeta de investigación número *****, por medio del cual se le autoriza la devolución de una motocicleta de su propiedad, el cual considera ilegal, en tanto en dicha documental se expresa que la devolución autorizada, lo es sin perjuicio de las penas administrativas a que se hubiese hecho acreedor (foja 6); y b) El cobro que le pretende aplicar con motivo del tiempo que su vehículo permaneció depositado en la pensión Norte de esta localidad, la cual, según señaló bajo protesta de decir verdad en sendos escritos aclaratorios (fojas 16 y 25), es un recinto concesionado a un particular. En la especie y respecto del oficio por el cual se autoriza la devolución de la motocicleta a su propietario y aquí quejoso, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de garantías, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público como se mencionó, es así, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso 5º fracción I, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que, el ejercicio de la acción constitucional está reservada únicamente a quien resiente una afectación real y actual en su esfera jurídica, siempre que la norma, acto u omisión reclamados violen derechos humanos. La noción de afectación jurídica para que proceda la acción constitucional, presupone: 1) La existencia de un derecho legítimamente tutelado; y, 2) La afectación de ese derecho, por el acto de autoridad. De modo que al ser transgredido ese derecho por la actuación de una autoridad o por la Ley, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente, demandando el cese de esa transgresión. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo; destacando que, no todos los intereses que puedan concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cuestión acontezca, es menester que el derecho objetivo se haga cargo de ellos, a través de una o varias de sus normas. Es decir, la génesis de la acción constitucional, en el caso concreto, presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado por el ordenamiento legal objetivo, cuyo derecho constituye el interés jurídico que, entre los intereses que pueden concurrir en un gobernado, para que sea jurídico, y por consiguiente, legalmente protegido, precisa estar reconocido y amparado por la norma legal (derecho positivo vigente), de tal manera que cuando con los actos de autoridad se afecte ese derecho, irrogue agravio real, personal, directo y actual en su esfera jurídica. Así también, que el interés legítimo es la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. Para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. El concepto de interés legítimo es más amplio que el de interés jurídico, pero no se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple; no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Aquí, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que el juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. En síntesis, para el interés legítimo se requiere que se demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Se requiere como mínimo, aunque no exclusivamente, la demostración de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Así, en el caso que nos ocupa y de la simple lectura del oficio reclamada se obtiene, que en él, se autoriza la devolución al quejoso de una motocicleta de su propiedad y se agrega, dicha autorización se emite "sin perjuicio de las penas administrativas a que se haya hecho acreedor", es evidente que contrariamente a lo aseverado por el peticionario del amparo, dicho documento en manera alguna afecta sus derechos o intereses jurídicos o legítimos, pues el párrafo precedente, debe ser interpretado en el sentido de que la devolución se obsequia sin perjuicio de las sanciones administrativas a que el propietario se hubiese hecho acreedor, lo cual, como lo reconoce el propio impetrante, no se actualiza, es decir no se le ha impuesto ninguna sanción administrativa, como en el caso pudiese ser alguna multa, pues de lo que se duele medularmente, es del cobro que -como contraprestación- se le pretende aplicar en la pensión en la cual estuvo depositado su automotor, luego, es incuestionable que dicho oficio de devolución en manera alguna incide en su esfera de derechos y no le impacta ningún derecho legalmente tutelado. En suma, toda vez que el acto que por esta vía combate el impetrante del amparo, no afecta ningún derecho jurídicamente tutelado del peticionario del amparo y por ende, tampoco afecta algún interés jurídico o legítimo del cual sea titular, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso 5º fracción I, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado no afecta su interés jurídico o legítimo. Ahora bien, en lo que atañe al segundo acto que reclama y que de manera esencial hizo consistir en el ilegal cobro que el *****, pretende aplicársele con motivo del tiempo en que el vehículo de su propiedad permaneció en ese lugar, cobro que el propio impetrante del amparo le reconoce la naturaleza de una contraprestación, se advierte diverso motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la demanda de amparo, que motiva su desechamiento de plano, misma que se hace valer de oficio por ser una cuestión de orden público. En efecto, se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De acuerdo con estas disposiciones legales la procedencia del juicio de amparo, se encuentra supeditada al hecho de que los actos, omisiones, normas generales o tratados que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, la que en términos del aludido artículo 5 de la Ley de Amparo, es -con independencia de su naturaleza formal-, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, o bien, se trate de un particular que realice actos equivalentes a los antes citados cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede verse, la característica que esencialmente distingue un acto de autoridad, es que se emite en forma unilateral y obligatoria por cualquier ente, público o particular, y que con él, cree, modifique o extinga situaciones jurídicas, en perjuicio de un gobernado, que lo lleve a instar el juicio de amparo. Por el contrario, cuando el actuar de un particular derive de un plano de igualdad, con motivo de una relación laboral o de carácter contractual, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. En efecto, en el presente sumario, el acto reclamado en segundo término, se hace consistir en el cobro que, como contraprestación se le pretende hacer efectivo, a efecto de que le sea devuelto el vehículo citado con atentación. Así, como se adelantó, el referido acto no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque lo reprochado deriva de una relación entre sujetos en un mismo plano. En este orden de ideas, debe decirse que del contenido de los preceptos invocados en párrafos precedentes, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos, leyes, reglamentos o tratados que en el mismo se reclamen provengan de autoridad, como ya quedó asentado. Cierto, sólo los actos aludidos dan lugar a la procedencia del juicio de amparo; sin embargo, el legislador no informó en la ley, quiénes son autoridad para los efectos del amparo, únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio; tampoco abordó las características que deben reunir éstas para ser consideradas como tales para efectos de dicho juicio. En el mismo sentido, la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, establece que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Entonces, del criterio antes citado, en síntesis, se destaca que una autoridad para efectos del amparo es, la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora, de acuerdo con la doctrina, el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados. Las relaciones de supraordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones. Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. En el caso, este Juzgador Federal estima que se está ante la causal de improcedencia invocada, pues a través de esta vía constitucional se intenta combatir un acto que emerge de una relación en un plano de igualdad entre quien pretende aplicar el cobro y el promovente, es decir, en la que ambos sujetos se encuentran en un plano de igualdad, aspecto que se robustece con el escrito aclaratorio en el que el peticionario del amparo informó a este tribunal federal, que la pensión en la que se le pretende realizar el cobro, es un recinto concesionado a un particular. En ese sentido, si el acto reclamado no proviene de una autoridad, el conflicto existente no podrá sujetarse al análisis constitucional. Por tanto, es incuestionable que al *****, que al ser un servicio concesionado a un particular, no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que se trata de actos entre entes que se encuentran en un mismo plano de igualdad. Así pues, los actos que provengan de dichos entes- el cobro por el depósito de un vehículo-, al carecer de fuerza pública y facultades para ejercer actos de imperio y decisión de manera unilateral y coercitiva, se ubican en una relación de mera coordinación, en torno a la cual no concurren los elementos que surgen en las relaciones de supra a subordinación, supuesto en el cual las partes no se colocan en el mismo plano como particulares, pues el ente de gobierno impone su voluntad sin el consenso del afectado. Además, es menester establecer que la nueva legislación de amparo, en su artículo 5, fracción II, establece la existencia de particulares con la calidad de autoridad responsable, cuando el acto equivale a los de autoridad, afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Del precepto citado se advierte que, para que los actos de particulares se estimen equivalentes a los de autoridad, deben contener los siguientes elementos: a) Que el particular dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto, o en su caso lo omita; b) Que ese acto sea equivalente al de una autoridad, es decir, que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, o que la omisión de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; c) Que con dicho acto u omisión afecte derechos en los términos señalados en el punto que antecede, y, d) Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. En ese orden de ideas, se advierte que en este caso, el acto reclamado al *****, señalado como responsable, que al ser un servicio concesionado a un particular, no reúne las características reseñadas para considerarlo como equivalente a los de autoridad, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, pues no se actualizan las condiciones anteriormente precisadas; ya que el acto reclamado a la señalada como responsable, no acontece en la calidad de autoridad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto por la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el diverso 5° fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos del ordenamiento legal citado.
- Principal
CONSTANCIA: Por este medio se notifica a la PARTE QUEJOSA el contenido del acuerdo dictado el veitisiete de enero del año en curso, toda vez que no acudió a este Juzgado los días treinta y uno de enero ó uno de febrero de los actuales, no obstante el AVISO que para ello se le dejó, proveído que en lo conducente dice: Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso J*****, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada en auto de diecinueve de enero del año en curso; ahora, se hace de su conocimiento que no ha lugar a tenerle por cumplido el requerimiento efectuado en el auto de referencia, en virtud de las siguientes consideraciones, en dicho proveído se requirió a la parte quejosa, para que con las copias necesarias de su escrito aclaratorio y bajo protesta de decir verdad: "1.- Aclare si el Encargado de la pensión Norte es un servidor público y si la pensión de referencia es un recinto oficial a cargo del Gobierno Municipal o Estatal; 2.- Si el encargado de la Pensión Norte, es un particular con motivo de que dicho recinto presta un servicio público concesionado; 3.- Para el caso de que el Encargado de la Pensión Norte sea un servidor público, si es su deseo señalarlo como autoridad responsable y si asimismo desea señalar como acto reclamado el cobro de derechos por concepto de pensión que refiere; 4.- En la hipótesis de que el servicio de pensión sea concesionado a un particular, precise si es su deseo señalar como responsable el encargado de dicho depósito de vehículos y como acto reclamado el cobro que, como contraprestación se pretende hacérsele efectivo." Así, por medio del escrito de cuenta, la parte quejosa pretende dar cumplimiento a lo requerido en los párrafos de previa alusión, pero en el escrito de cuenta únicamente expresó en la parte final "protesto lo necesario"; lo que no puede sustituir el requisito formal, que en el apartado de antecedentes del acto reclamado se narren los hechos "bajo protesta de decir verdad". En esas condiciones, se considera que la parte quejosa no cumple con lo requerido; por lo tanto, se hace del conocimiento del promovente que se encuentra transcurriendo el término concedido en el auto de diecinueve de enero del año que trascurre, y vigente el apercibimiento contenido en éste, lapso que reanudará su cómputo a partir de que surta efectos la notificación del presente auto.
- Principal
NOTIFICACIÓN PERSONAL.
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