Jose Adrian Marin

Expediente 159/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
159/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
28/04/2021

Partes del expediente

  • Jose Adrian Marin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por lo que con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d) y 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicha resolución; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15, del acuerdo citado. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 18, inciso a) del Acuerdo General en cita; y atendiendo a que en el asunto se concedió la suspensión de plano, este expediente es depurable, después de tres años. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el diecisiete de febrero del año en curso Luis Enrique Hernández Chávez promovió demanda de amparo a favor de José Adrián Marín; quien en diligencia de la propia fecha la ratificó; y en consecuencia, por auto de diecinueve de febrero pasado, se admitió a trámite, solicitándole informes justificados a las autoridades señaladas como responsables y dándole la intervención que compete a la Ministerio Público adscrita. Ahora, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que los actos que se reclaman en la presente instancia son: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA RECLAMO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL DIRECTO AGRAVIADO JOSÉ ADRIÁN MARÍN, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO JUDICIAL, ASÍ COMO EL PROBABLE TRASLADO A OTRA ESTACIÓN MIGRATORIA FUERA DEL ESTADO DE OAXACA Y POSTERIORMENTE UNA DEPORTACIÓN A SU PAÍS DE ORIGEN SIN CAUSA JUSTIFICADA, AL ENCONTRARSE CON VIGENCIA SU PASAPORTE DE VIAJE, MISMO CON EL QUE ACREDITÓ DE MANERA OPORTUNA SU LEGAL ESTANCIA, DOCUMENTO QUE TRAIA AL MOMENTO DE SU ILEGAL DETENCIÓN E INCOMUNICACIÓN. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA RECLAMO LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DEL DIRECTO AGRAVIADO ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 1°, 11°, 18° PRIMER PÁRRAFO, 19°, 21 CUARTO PÁRRAFO Y 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, porque de las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad señalada como responsable ordenadora 1. Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración se advierte: Mediante oficio JEF.OPTVA/017/2020 la Policía Municipal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, puso a disposición de la Sub-representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, al quejoso JOSÉ ADRIAN MARÍN, al no haber acreditado su legal estancia en el país. Por lo anterior, la autoridad migratoria instrumentó procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EM/PRE/266/2021, teniendo al quejoso con carácter de presentado ante tal institución. En cumplimiento a la suspensión de plano concedida en el presente expediente; la responsable informó que no ejecutaría orden de traslado, o deportación del quejoso a su país de origen. El dieciocho de febrero del año que transcurre fue puesto en libertad JOSÉ ADRIAN MARÍN, otorgándole salida de las instalaciones de la estación migratoria en Oaxaca. Bajo ese contexto, y dado que el quejoso ya no se encuentra privado de la libertad, ni le causa agravio el acto que motivó este juicio, se actualiza la causal de improcedencia invocada porque se destruyeron los efectos del acto reclamado, y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de que se vulneraran sus derechos humanos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. CL/97, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y uno del tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCION CONSTITUCIONAL.". Así, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 61 fracción XXI , de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar las causales de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo, es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima el artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable al caso por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, materia común, del apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con cinco minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que el diecisiete de febrero del año en curso Luis Enrique Hernández Chávez promovió demanda de amparo a favor de José Adrián Marín; quien en diligencia de la propia fecha la ratificó; y en consecuencia, por auto de diecinueve de febrero pasado, se admitió a trámite, solicitándole informes justificados a las autoridades señaladas como responsables y dándole la intervención que compete a la Ministerio Público adscrita. Ahora, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que los actos que se reclaman en la presente instancia son: DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO ORDENADORA RECLAMO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DEL DIRECTO AGRAVIADO JOSÉ ADRIÁN MARÍN, FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO JUDICIAL, ASÍ COMO EL PROBABLE TRASLADO A OTRA ESTACIÓN MIGRATORIA FUERA DEL ESTADO DE OAXACA Y POSTERIORMENTE UNA DEPORTACIÓN A SU PAÍS DE ORIGEN SIN CAUSA JUSTIFICADA, AL ENCONTRARSE CON VIGENCIA SU PASAPORTE DE VIAJE, MISMO CON EL QUE ACREDITÓ DE MANERA OPORTUNA SU LEGAL ESTANCIA, DOCUMENTO QUE TRAIA AL MOMENTO DE SU ILEGAL DETENCIÓN E INCOMUNICACIÓN. DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA RECLAMO LA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS DEL DIRECTO AGRAVIADO ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 1°, 11°, 18° PRIMER PÁRRAFO, 19°, 21 CUARTO PÁRRAFO Y 33 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior, porque de las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad señalada como responsable ordenadora 1. Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración se advierte: Mediante oficio JEF.OPTVA/017/2020 la Policía Municipal de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, puso a disposición de la Sub-representación Local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, al quejoso JOSÉ ADRIAN MARÍN, al no haber acreditado su legal estancia en el país. Por lo anterior, la autoridad migratoria instrumentó procedimiento administrativo migratorio INM/OROAX/SRLOAX/EM/PRE/266/2021, teniendo al quejoso con carácter de presentado ante tal institución. En cumplimiento a la suspensión de plano concedida en el presente expediente; la responsable informó que no ejecutaría orden de traslado, o deportación del quejoso a su país de origen. El dieciocho de febrero del año que transcurre fue puesto en libertad JOSÉ ADRIAN MARÍN, otorgándole salida de las instalaciones de la estación migratoria en Oaxaca. Bajo ese contexto, y dado que el quejoso ya no se encuentra privado de la libertad, ni le causa agravio el acto que motivó este juicio, se actualiza la causal de improcedencia invocada porque se destruyeron los efectos del acto reclamado, y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de que se vulneraran sus derechos humanos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis P. CL/97, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y uno del tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCION CONSTITUCIONAL.". Así, sería ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las condiciones apuntadas, con fundamento en el artículo 61 fracción XXI , de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia constitucional, pues a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar pruebas que de modo alguno pueden desvirtuar las causales de improcedencia, además que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado, porque tiene a su alcance el recurso de revisión, y esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo, es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario al que anima el artículo 17 de la Constitución Federal. Es aplicable al caso por identidad de razón la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, materia común, del apéndice del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En atención a lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con cinco minutos del nueve de abril de dos mil veintiuno. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales correspondientes. Notifíquese personalmente y cúmplase. QUEDA DEBIDAMENTE NOTIFICADA LA PARTE QUEJOSA EN TERMINOS DE LEY

  4. Principal

    MESA IV "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que conste el oficio del CAP CENTRO de la Administración del Servicio Postal Mexicano, con sede en la ciudad de Oaxaca, dado que en autos ya obra la pieza postal MN680108218MX, que ampara el oficio 3436/2021, dirigido al Director de la Policía Municipal dependiente del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. Para los efectos legales consiguientes, comuníquese lo anterior a la autoridad oficiante. Notifíquese y cúmplase.

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