Jose Adrian Larraga Torres

Expediente 863/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
863/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
18/07/2022

Partes del expediente

  • Jose Adrian Larraga Torres

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con su contenido y anexo dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, corriéndole traslado con copia autorizada de los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintidós. Téngase recibida la demanda de amparo promovida por Federico Coronado Enríquez, quien se ostenta como abogado defensor del directamente agraviado José Adrián Lárraga Torres, anexos y copias que acompaña; contra actos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente y regístrese bajo el progresivo 863/2022-III en libro de gobierno. Ahora bien, vista la demanda de mérito, se advierte que, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere bajo protesta de decir verdad, en esencia, que: 1. Se dictó sentencia absolutoria en su favor. 2. En contra de tal determinación, tanto el Ministerio Público como diverso ofendido, interpusieron recurso de apelación. 3. Dentro del procedimiento respectivo, la representación social solicitó a la sala designada como responsable, se difiriera la audiencia de vista; circunstancia que fue acordada favorablemente, a decir del impetrante, en menoscabo de sus derechos como imputado, al otorgarle mayor temporalidad para expresar los agravios respectivos, reitera, sin sustento legal. 4. En contra de dicha determinación promovió el recurso de revocación, mismo que fue declarado improcedente. Determinación la anterior que constituye el acto que por esta vía se combate. Precisado ello, conviene señalar ahora que la ley que rige el juicio de control constitucional, en sus artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, establece: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Del texto de los preceptos legales antes transcritos, se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto, actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos, no tengan reparación alguna para el gobernado, cuando sea dictada la resolución que concluya el procedimiento natural, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales de la parte que se siente agraviada, mismos que se encuentran tutelados en nuestro texto constitucional a través de los llamados derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra, obtenga una sentencia definitiva favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. En el caso, se estima que la resolución por la cual se declaró improcedente el recurso de revocación intentado en el expediente de origen, no es un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio de la parte promovente, pues la repercusión del acto impugnado, implica que el procedimiento natural continúe por sus etapas hasta llegar a su resolución; cuestión que, contrario a lo manifestado por la impetrante, evidentemente no arroja alguna nota distintiva de los actos de imposible reparación que afecten derechos sustantivos. Cierto, pues no se soslaya que en el caso se emitió sentencia definitiva en primera instancia; empero, la determinación que por esta vía se pretende combatir, se dictó dentro del proceso de apelación, es decir, en segunda instancia, en la cual se analizará dicha resolución definitiva. Por tanto, la determinación reclamada implica que el gobernado continúe con el procedimiento respectivo, de modo que, en caso de afectar las defensas de la impetrante del amparo, será hasta que se dicte la resolución correspondiente, cuando se verá si tal actuar trasciende o no al resultado del fallo; por lo que, por el momento, en caso de existir, al no haberse pronunciado la sentencia de que se habla, no tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, sino que éstas, por afectar derechos adjetivos o procesales, son reparables si la parte afectada obtiene fallo favorable; o bien, puede hacerse valer dicha violación en los medios ordinarios o extraordinarios de defensa que se estimen pertinentes. Lo anteriormente determinado encuentra apoyo, por las razones que la sustentan, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39 del libro 7, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, junio de 2014, Décima Época, con registro digital 2006589, que señala: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado - con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. Asimismo, se invoca al respecto, como criterio orientador, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439, tomo LXV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con registro digital 309192, que dispone lo siguiente: APELACION EN MATERIA PENAL, AGRAVIOS EN LA. Si el Ministerio Público omite expresar agravios en la apelación que interpone contra la sentencia de primera instancia, la alzada queda sin materia, pues no cabe perfeccionar deficiencias de esa naturaleza, en favor de la citada institución, por que tal cosa equivaldría a una revisión de oficio, con infracción del artículo 21 constitucional. Ahora bien, si el Ministerio Público interpone el recurso de apelación, y al tiempo de celebrarse la vista, el procurador de Justicia manifiesta estar inconforme con la sentencia dictada, suplicando al Magistrado se sirva reformarla, de acuerdo con las conclusiones del Ministerio Público, por encontrarse éstas arregladas a la ley, esta manifestación no envuelve expresión alguna de agravios, sino la simple inconformidad por el hecho de no haberse dictado la sentencia en los términos pedidos por el agente en primera instancia; y siendo el apelante el Ministerio Público, debió expresar con claridad los agravios que causó a su representación la sentencia, con la cita de los preceptos inexactamente aplicados u omitidos por la jurisdicción sentenciadora; y la falta de expresión de agravios, deja sin materia el recurso y hace procedente la confirmación del fallo pronunciado en primera instancia, debiendo concederse el amparo para tal efecto. Así como la jurisprudencia 1a./J. 110/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en la página 11 del tomo XXXIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 2011, Novena Época, con registro digital 162938, que dispone lo siguiente: AMPARO DIRECTO. CUANDO EL SENTENCIADO LO PROMUEVE EN VISTA DE QUE LA SALA INCREMENTA LA PENA O MODIFICA LA CONCESIÓN DEL BENEFICIO DE LA CONDENA CONDICIONAL, A RAÍZ DE QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ÚNICAMENTE APELÓ LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTO A ESTOS TEMAS, LA LITIS EN EL AMPARO SE CONSTRIÑE EXCLUSIVAMENTE A ESTOS ASPECTOS, SIN QUE PUEDA CONCEDERSE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN FAVOR DEL SENTENCIADO PARA EL EFECTO DE QUE LA SALA ANALICE LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL Y LA RESPONSABILIDAD DE ÉSTE. De los artículos 364 y 415 de los Códigos de Procedimientos Penales Federal y para el Distrito Federal, respectivamente, se advierte que la segunda instancia se abre a petición de parte legítima para resolver sobre los agravios expresados por el promovente al interponer el recurso de apelación. En consecuencia, si únicamente el Ministerio Público se inconforma a través de dicho recurso respecto de la modificación de la pena o de la concesión del beneficio de la condena condicional, la sala incrementa aquélla o modifica ésta, y el sentenciado promueve juicio de amparo directo contra la resolución recaída al indicado recurso, el tribunal colegiado de circuito no puede conceder la protección constitucional para el efecto de que la responsable analice los elementos del tipo penal y la responsabilidad del sentenciado. Lo anterior, en virtud de que la litis en el juicio de garantías se concreta exclusivamente a los agravios planteados por la representación social, pues al ordenarse el análisis de los aspectos mencionados se estaría realizando una revisión oficiosa no permitida. Así, resulta por tanto indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que promueve ante este juzgado de Distrito Federico Coronado Enríquez, quien se ostenta como abogado defensor del directamente agraviado José Adrián Lárraga Torres, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en un contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido que en la especie no se cumple con el requisito a que se refiere el artículo 14 de la Ley de Amparo; no obstante, de acreditarse el mismo, en nada modificaría la improcedencia del presente asunto. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otro lado, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Por último, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Notifíquese personalmente el presente acuerdo a la parte promovente en el domicilio que para tal efecto señala, teniéndose por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que precisa, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto a que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado.

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