Jose Adonay Murillo Martinez
Expediente 1102/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 19 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1102/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 20/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Adonay Murillo Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de abril de dos mil veintidós. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda la pieza postal relativa a la comunicación oficial 23382/2021 derivada del proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte la leyenda "REHUSADO X OFICIALIA DE PARTES AUTORIDAD QUE CITA NO SE ENCUENTRA EN ESTE DOMICILIO"; lo anterior toda vez que mediante proveído de nueve de marzo del presente año, causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia decretado en el presente asunto. Hecho lo anterior, vuelvan los presentes autos al archivo de donde fueron extraídos. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda el telegrama remitido por la Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, toda vez que mediante proveído de nueve de marzo del presente año, causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia dictado dentro del presente juicio de amparo. Por otra parte, como está ordenado en autos, remítase este expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el contenido del proveído en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, que causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Hágase constar la valoración del expediente referido, en la carátula respectiva, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. En otro aspecto, por ser innecesaria su retención, devuélvanse al Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, las constancias que exhibió en este asunto. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se les informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, nueve de febrero de dos mil veintidós. Agréguense a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta remitidos vía electrónica por el Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, en atención a su contenido, se provee: Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que los quejosos Sayda Jazmín Fuentes López y José Adonay Murillo Martínez, en su escrito de demanda señalaron como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Titular, Subdirector de Control y Verificación Migratoria y Subdirector, todos de la Estación Migratoria de las Oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí: 1. La orden escrita con la que se hubiese determinado su aseguramiento, alojamiento, privación de su libertad o detención dentro de la estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí, por más de treinta y seis horas, derivada de la aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración. 2. La omisión de emitir la orden de salida de la estación migratoria a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo de treinta y seis horas. 3. La deportación o regreso asistido. Todo ello derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión y Secretario de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Migración, específicamente a su artículo 111. Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil veintiuno, se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados, para los siguientes efectos: ".que las autoridades de la Estación Migratoria en esta ciudad, de inmediato: 1. Paralicen la deportación de los directamente agraviados. En el entendido que las autoridades responsables migratorias quedan obligadas al acatamiento de esta medida cautelar desde el momento en que se emite, por lo cual es imperativo que suspendan la ejecución de la aludida deportación, aun cuando ésta ya hubiese iniciado, pues de no hacerlo, podrían incurrir en la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. [.] 2. Los pongan en libertad bajo las condiciones que las propias autoridades establezcan bajo su estricta responsabilidad, con el fin de que aquéllos queden obligados para la continuación del procedimiento administrativo que en su caso se siga en su contra. Quedando obligados los quejosos a presentarse ante las autoridades migratorias responsables cuantas veces sean requeridos para ello, apercibidos que de no dar cumplimiento, con fundamento en el artículo 1676 de la ley de la materia, la suspensión dejará de surtir efectos y quedará expedita la jurisdicción de las autoridades responsables para ordenar la ejecución de los actos reclamados. [.]" Ahora bien, por auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo a los quejosos de mérito por ratificando la demanda promovida en su favor por Aldo Casillas Flores, por lo que se admitió en sus términos en la propia data. Así, respecto del acto de aplicación del artículo 111 de la Ley de Migración, que se atribuye al Titular, Subdirector de Control y Verificación Migratoria, Subdirector, todos de la Estación Migratoria en las Oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de San Luis Potosí, materializado con la orden y ejecución de la retención prolongada de los quejosos en la estación migratoria; así como en relación a la omisión de emitir en su favor la orden de salida de la referida estación; derivado del procedimiento migratorio instaurado en su contra, se comulga con la responsable de mérito, en el sentido de considerar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, pues está demostrado que en la especie ocurrió un cambio de situación jurídica. El precepto citado establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto por cambio de situación jurídica y para su actualización deben cumplirse los siguientes requisitos. a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, tales presupuestos se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: a) Los actos reclamados de que se trata derivan de un procedimiento administrativo migratorio instaurado a los quejosos. b) Con motivo de la suspensión de plano concedida por este órgano tutelar de derechos fundamentales, el Subdirector de la Estación Migratoria en esta ciudad, acompañó a su oficio de cuenta, copia certificada de los proveídos de tres de enero de dos mil veintidós, dictados en los expedientes 6954 y 6957, de los que se observa que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil veintiuno, ordenó la salida de la estación migratoria, de los aquí quejosos, informándoles su obligación de acudir los días lunes de cada semana o el siguiente hábil si aquél no lo fuera, para la prosecución del procedimiento administrativo migratorio. Igualmente se observa que, la citada autoridad responsable hizo constar que los quejosos no habían acatado dicha obligación, ya que solo cumplieron el día seis de diciembre de dos mil veintiuno, por lo cual precisó, resultaba imposible la continuación del procedimiento administrativo. Así, estimó que en el caso debía observarse lo dispuesto en el artículo 57, fracción V, de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos y como consecuencia, dio por concluido los procedimientos administrativos migratorios instruidos a los citados quejosos. c) Derivado de lo anterior, deviene innegable que este órgano no podría decidir sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin afectar la determinación de conclusión del procedimiento administrativo, que es la que actualmente rige el estadío procesal; esto es, una eventual concesión del amparo no podría surtir efectos. d) El auto de conclusión del procedimiento no guarda vinculación directa con el presente juicio de amparo, sino con la postura procesal evasiva del justiciable, respecto de sus obligaciones. Así las cosas, es inconcuso que los actos reclamados de que se trata quedaron afectados por la resolución de conclusión del procedimiento; de ahí que en su caso, las violaciones reclamadas deben considerarse irremediablemente consumadas, pues se reitera, no se podría decidir sin afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En consecuencia, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DOCE HORAS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente.
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