José Adán Palacios Gazga

Expediente 1145/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1145/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
05/10/2022

Partes del expediente

  • José Adán Palacios Gazga

Actuaciones

  1. Principal

    El cinco de octubre de dos mil veintidós, se da cuenta con una promoción con folio 17605. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio suscrito electrónicamente por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, mediante el cual, refiere que acepta la competencia y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Adán Palacios Gazga, por lo tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años. Hágase saber para los efectos establecidos en multicitado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De autos se advierte que la parte promovente no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Conforme a lo dispuesto por el artículo 21 del multicitado Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno que devolver a la parte promovente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Nes En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del seis de octubre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe

  2. Principal

    7488 treinta de marzo de dos mil veintidós CUENTA. El doce de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta con: La demanda de amparo promovida por José Adán Palacios Gazga y anexos, registrada bajo el folio 16611. Que Salvador Esaú Constantino Ruiz, tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Efraín Gómez Acuña. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de septiembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Adan Palacios Gazga, contra actos del Comisario General de la Guardia Nacional y Comandante de la Guardia Nacional y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1145/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Ahora bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, POR RAZÓN DE TERRITORIO, determina carecer de legal competencia para conocer de la demanda de mérito, en atención a las razones que enseguida se expresan. En efecto, al analizar la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado tiene su primer acto de ejecución en San Andrés Tuxtla, Veracruz, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: Oficio GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós, donde se hace del conocimiento a la parte quejosa de su cambio de adscripción a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, Denominada Dirección General de Servicios Especiales, con efectos a partir del uno de agosto del presente año. Luego, la parte quejosa en sus antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifestó: ".además es importante señalar que actualmente me encuentro adscrito a la estación de San Andrés Tuxtla, Veracruz, donde he venido desempeñando las funciones que acaban de ser mencionadas." Como se apuntó, en el caso interesa destacar la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral revela, en su conjunto, que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, por lo que es necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera, es el lugar donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar. Al respecto, es dable precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial; y, en ese tenor, es el sitio donde los actos reclamados se hayan ejecutado, vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien previno primero. Finalmente, cuando el acto reclamado consista en una resolución que requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado. Tiene aplicación la tesis sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo sesenta y cinco, segunda parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que al rubro dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Así mismo, tiene aplicación la tesis sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página setenta y tres, tercera parte, volumen 217-228, Séptima Época, que al rubro dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ." Así pues, el presente juicio de amparo encuadra en la primera hipótesis mencionada, toda vez que la parte quejosa refiere que actualmente se encuentra adscrito a la estación de San Andrés Tuxtla, Veracruz, es decir donde comenzó a ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior, en razón de que, se reitera, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar desempeñando sus funciones en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y por ello, es que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se considera legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, ello en razón de que se trata de acto que inicialmente tuvo su ejecución, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Por tal motivo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ (BOCA DEL RIO), EN TURNO. Remítase la demanda de amparo, anexos y copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz (BOCA DEL RIO); para que, por su conducto, se turne al Juzgado, que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Salvador Esaú Constantino Ruiz toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Efraín Gómez Acuña; por no contar con dicho registro; además, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Como lo solicita, en términos del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en relación con los artículos 5 y 28 del acuerdo General Conjunto 21/2020 del propio Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "SECORLEGAL", la consulta y trámite electrónicos. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando como medio de contacto el correo electrónico que indica, únicamente para establecer comunicaciones no procesales. En el entendido que dichos tipos de comunicación, no sustituyen las notificaciones respectivas, sino solo son un medio de contacto para facilitar la comunicación entre las partes. No ha lugar a notificar las actuaciones personales vía electrónica, toda vez que la parte quejosa no refiere algún usuario para poder realizarlo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado, ante Diana Jaimes Villanueva, secretaria que autoriza y da fe. Nes

  3. Principal

    CUENTA. El doce de septiembre de dos mil veintidós, se da cuenta con: a) La demanda de amparo promovida por José Adán Palacios Gazga y anexos, registrada bajo el folio 16611. b) Que Salvador Esaú Constantino Ruiz, tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Efraín Gómez Acuña. Conste. Zacatecas, Zacatecas, doce de septiembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Adan Palacios Gazga, contra actos del Comisario General de la Guardia Nacional y Comandante de la Guardia Nacional y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1145/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Ahora bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, POR RAZÓN DE TERRITORIO, determina carecer de legal competencia para conocer de la demanda de mérito, en atención a las razones que enseguida se expresan. En efecto, al analizar la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado tiene su primer acto de ejecución en San Andrés Tuxtla, Veracruz, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente:  Oficio GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós, donde se hace del conocimiento a la parte quejosa de su cambio de adscripción a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, Denominada Dirección General de Servicios Especiales, con efectos a partir del uno de agosto del presente año. Luego, la parte quejosa en sus antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifestó: ".además es importante señalar que actualmente me encuentro adscrito a la estación de San Andrés Tuxtla, Veracruz, donde he venido desempeñando las funciones que acaban de ser mencionadas." Como se apuntó, en el caso interesa destacar la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral revela, en su conjunto, que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, por lo que es necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera, es el lugar donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar. Al respecto, es dable precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial; y, en ese tenor, es el sitio donde los actos reclamados se hayan ejecutado, vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien previno primero. Finalmente, cuando el acto reclamado consista en una resolución que requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado. Tiene aplicación la tesis sin número, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo sesenta y cinco, segunda parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que al rubro dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Así mismo, tiene aplicación la tesis sin número, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, página setenta y tres, tercera parte, volumen 217-228, Séptima Época, que al rubro dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ." Así pues, el presente juicio de amparo encuadra en la primera hipótesis mencionada, toda vez que la parte quejosa refiere que actualmente se encuentra adscrito a la estación de San Andrés Tuxtla, Veracruz, es decir donde comenzó a ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior, en razón de que, se reitera, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar desempeñando sus funciones en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y por ello, es que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se considera legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, ello en razón de que se trata de acto que inicialmente tuvo su ejecución, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Por tal motivo, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ (BOCA DEL RIO), EN TURNO. Remítase la demanda de amparo, anexos y copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz (BOCA DEL RIO); para que, por su conducto, se turne al Juzgado, que corresponda, por razón de turno; a quien atentamente se solicita dentro del plazo legal, informar si acepta o no la competencia declinada. Se solicita acuse de recibo. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Salvador Esaú Constantino Ruiz toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a Efraín Gómez Acuña; por no contar con dicho registro; además, se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. Como lo solicita, en términos del acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en relación con los artículos 5 y 28 del acuerdo General Conjunto 21/2020 del propio Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza al usuario "SECORLEGAL", la consulta y trámite electrónicos. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se le tiene señalando como medio de contacto el correo electrónico que indica, únicamente para establecer comunicaciones no procesales. En el entendido que dichos tipos de comunicación, no sustituyen las notificaciones respectivas, sino solo son un medio de contacto para facilitar la comunicación entre las partes. No ha lugar a notificar las actuaciones personales vía electrónica, toda vez que la parte quejosa no refiere algún usuario para poder realizarlo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, LA DETERMINACIÓN DE 12 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS (2022), LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO: ....Zacatecas, Zacatecas, doce de septiembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Adan Palacios Gazga, contra actos del Comisario General de la Guardia Nacional y Comandante de la Guardia Nacional y otra autoridad. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1145/2022 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INCOMPETENCIA. Ahora bien, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, POR RAZÓN DE TERRITORIO, determina carecer de legal competencia para conocer de la demanda de mérito, en atención a las razones que enseguida se expresan. En efecto, al analizar la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado tiene su primer acto de ejecución en San Andrés Tuxtla, Veracruz, toda vez que el acto reclamado se hace consistir en lo siguiente: Oficio GN/SPAyL/M.Movs./0864/2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós, donde se hace del conocimiento a la parte quejosa de su cambio de adscripción a la Unidad de Apoyo al Comandante de la Guardia Nacional, Denominada Dirección General de Servicios Especiales, con efectos a partir del uno de agosto del presente año. Luego, la parte quejosa en sus antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, manifestó: .... Como se apuntó, en el caso interesa destacar la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Dicho numeral revela, en su conjunto, que la competencia de los Jueces de Distrito se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional; si bien en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, por lo que es necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera, es el lugar donde vaya a ejecutarse el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar. Al respecto, es dable precisar que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva. Así, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial; y, en ese tenor, es el sitio donde los actos reclamados se hayan ejecutado, vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien previno primero. Finalmente, cuando el acto reclamado consista en una resolución que requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, o se haya ejecutado el acto reclamado. ... Así pues, el presente juicio de amparo encuadra en la primera hipótesis mencionada, toda vez que la parte quejosa refiere que actualmente se encuentra adscrito a la estación de San Andrés Tuxtla, Veracruz, es decir donde comenzó a ejecutarse el acto reclamado. Lo anterior, en razón de que, se reitera, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar desempeñando sus funciones en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y por ello, es que este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, se considera legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, ello en razón de que se trata de acto que inicialmente tuvo su ejecución, fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. .... Notifíquese personalmente...

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