José Acosta Ruíz

Expediente 989/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
989/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • José Acosta Ruíz

Actuaciones

  1. Principal

    El veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, trascurrió del dieciocho al veinticuatro del mes y año en curso, con exclusión de los días veintiuno y veintidós por ser inhábiles, contra el auto que desechó la demanda de derechos. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que desechó la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, éste expediente es destruible. En consecuencia, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina.

  2. Principal

    18641 CUENTA. El trece de diciembre de dos mil diecinueve, la Secretaria licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra da cuenta con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por José Acosta Ruíz, registrada con el folio 18641, con cuatro copias. La circunstancia de que el licenciado Pascual Román Villagrana (658871), cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, no así Rosalva de la Cruz Ruíz. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, trece de diciembre de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por José Acosta Ruíz, contra actos del agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Homicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad; por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16 y 20 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 989/2019 que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DESECHAMIENTO. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: Autoridades responsables: - Licenciada Andrea Viridiana Arellano, Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Homicidios, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con domicilio bien conocido en su recinto oficial en la Fiscalía General de Justicia del Estado. - Secretaria Auxiliar de Ia Agente del Ministerio Público, señalada en el punto anterior, de igual forma con domicilio bien conocido en su recinto oficial en Ia Fiscalía General de Justicia del Estado. Acto Reclamado: Le reclamo la NEGATIVA DE PERMITIRME EL ACCESO Y LA NEGATIVA DE EXPEDIRME COPIA DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 10682/2019; AÚN Y CUANDO SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS PARA QUE ME ENTREGUEN COPIA Y ME PERMITAN EL ACCESO A LA CARPETA, HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 218 PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: ARTICULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo examinará el escrito de demanda; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del anterior artículo, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Respecto al concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 77, número 68, agosto de 1993, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE A. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo de demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Por ello, es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, como en el caso acontece. Ahora bien, respecto del citado acto reclamado, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]. Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, afecten la libertad personal, o bien, en el supuesto que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, supuesto en el que el quejoso queda en libertad de interponer el recurso procedente o acudir al juicio de amparo. Ahora bien, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre otras hipótesis. En este contexto, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. De ahí la obligación del gobernado de agotar dichos recursos o medios, para estar en la posibilidad de promover el juicio de amparo. En ese tenor, tenemos que en contra del acto reclamado consistente en la omisión o negativa por parte del agente responsable de acordar el escrito signado por el aquí quejoso, presentado ante ella el diez de diciembre de dos mil diecinueve, en la causa penal 10682/2019, así como la negativa de permitirle el acceso a la misma, procedía el recurso innominado que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, del tenor siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. De la intelección literal del artículo transcrito se advierte que puede impugnarse ante el Juez de Control en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, a fin de que el mismo Juez las examine y dicte la resolución que corresponda. Así, el acto reclamado reúne las características establecidas en el aludido numeral, pues consiste en que la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre la petición del ahora quejoso, al no ser privativo de libertad, sino de molestia, por ello tiene derecho de inconformarse ante el Juez de Control. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la Jurisprudencia: 1a./J. 28/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época, del tenor siguiente: SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad."Así como la diversa tesis: I.6o.P.123 P (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, Materia Común, Penal, Décima Época, del tenor siguiente: ETAPA DE INVESTIGACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LA OMISIÓN O NEGATIVA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROVEER SOBRE LAS PETICIONES DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que durante la etapa de investigación de un delito, tanto el imputado, cuando haya comparecido o haya sido entrevistado, como su defensor, como la víctima u ofendido del delito, podrán solicitar al Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideraren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; de ahí que si la autoridad ministerial es omisa o se niega a proveer sobre las peticiones del imputado o su defensor, dicho acto no es privativo de la libertad, sino de molestia, por ello éstos tienen derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del artículo 258 del propio código, que establece que las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por tanto, al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es imperativo para el imputado agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Por lo tanto, la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, debió agotar el recurso innominado que establece el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en contra la negativa por parte del agente responsable de permitirle el acceso y la negativa de acordar el escrito presentado ante la agente responsable el diez del mes y año en curso, en la que solicita el quejoso se le expida copia de la carpeta de investigación 10682/2019, por ser el medio idóneo para lograr su revocación o modificación. Por analogía en el precepto que se interpreta, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Así como la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, localizable en el Tomo 12, Sexta Parte, página 37, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que se pase por alto que, como se precisó, existen supuestos de excepción a dicha regla; sin embargo, debe destacarse que en la especie no se actualiza alguno de tales casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación del quejoso de acatar ese principio. Lo anterior, porque de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado emana de un procedimiento penal, consistente en la negativa por parte del agente responsable de permitirle el acceso y la negativa de acordar el escrito presentado ante la agente responsable el diez del mes y año en curso, en la que solicita el quejoso se le expida copia de la carpeta de investigación 10682/2019, lo cual conlleva a considerar que no se está ante la presencia de algún acto prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni de aquellos que afecten la libertad personal del quejoso; por lo que no existe un supuesto de excepción para agotar los medios ordinarios de defensa antes de acudir al juicio de amparo. En otro contexto, aun cuando el acto reclamado tuviera la característica de ser de imposible reparación, ello no exenta al quejoso de haber agotado los medios ordinarios de defensa procedentes en su contra, puesto que en esos casos el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por el artículo en el artículo 61, fracción XVIII, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por José Acosta Ruíz. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita el quejoso, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Pascual Román Villagrana (658871) toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Rosalva de la Cruz Ruíz, por no contar con el requisito anterior; y como domicilio para tal efecto en calle Mina Valenciana, número quinientos uno (501), colonia Minera, en esta ciudad. Por otra parte, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, ante Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. Regina,

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano