José Adame Bautista

Expediente 920/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
920/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
17/09/2018

Partes del expediente

  • José Adame Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda los autos, del que se advierte que mediante oficio 3298-III, el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, solicitó que se notificara al quejoso **********, el proveído de cinco de septiembre del año en curso, sin que se hubiera ordenado al actuario de la adscripción la realización del mismo. Por tanto a efecto de evitar mayor dilación procesal, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de Amparo, hágase a la parte quejosa la notificación del proveído de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, en el domicilio que tiene señalado en autos, es decir, por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional y en los términos solicitados por el homologo. Una vez hecho lo anterior, hágase del conocimiento al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, mediante oficio que se gire, anexándose copia certificada de la notificación en cuestión, para los efectos legales conducentes.

  2. Principal

    Ténganse por recibido el oficio procedente del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, mediante el cual, acusa recibo del expediente original del presente juicio de amparo, e informa que se aceptó la competencia planteada, al que le correspondió el número amparo directo laboral 248/2018. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la citada ley ARCHÍVESE el mismo. En mérito de lo anterior, toda vez que el presente cuaderno de antecedente, carece de relevancia documental, sin que se advierta de autos documento alguno en original exhibido por las partes; hipótesis contenida en la fracción II, punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; por tanto, el presente expediente es susceptible de ser destruido.

  3. Principal

    Por recibido el oficio firmado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, por medio del cual remite el juicio de amparo 920/2018, de su índice, promovido por José Adame Bautista, por derecho propio, por haberse declarado legalmente incompetente para conocer del mismo por los motivos que expone en el auto de veintiocho de agosto del año en curso; acúsese el recibo de estilo. En consecuencia, con fundamento en los articulas 29 y 45 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. Vista la demanda de amparo promovida por José Adame Bautista, por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo y otras autoridades; de quienes reclama violaciones a los artículos 1, 14 Y 16 Constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 248/2018, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.SE.). Del mismo modo, a fin de cumplir con el articulo JO de la Ley de Amparo, y con el objeto de facilitar a los justiciables el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, así como el diverso que establece los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónica, publicado por el mismo medio el uno de octubre de dos mil catorce, fórmese el expediente electrónico relativo. Bien, para estar en aptitud de proveer respecto de su admisión y procedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracción V, así como 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días y bajo protesta de decir verdad complemente su demanda de la siguiente manera: 1. Manifieste en forma clara, completa y en orden cronológico los antecedentes del acto reclamado, esto es, reseñe las actuaciones más relevantes que han tenido lugar en el procedimiento SSP/SPCPI002l2018, del índice del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero; en el entendido que se abstendrá de volver a realizar esa narrativa en los términos que se encuentran en su escrito inicial de demanda. 2. Indique el estado procesal exacto y actual que guarda el procedimiento indicado en el párrafo anterior, esto es, qué actos se han efectuado y cuáles son los pendientes por realizarse en el trámite del mismo, toda vez que esto resulta relevante para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad -de ser procedente- de conceder la suspensión provisional; asimismo, para determinar et alcance de los efectos de la medida cautelar solicitada. 3. Al tomar en consideración que la parle quejosa refiere que promovió un juicio contencioso ante la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa, radicado bajo el número de expediente TJA/SRI/025/2018, deberá indicar en forma clara, completa y en orden cronológico los antecedentes de dicho sumario, esto es, reseñe las actuaciones más relevantes que han tenido lugar en él, así como el estado procesal exacto y actual que guarda, esto es, qué actos se han efectuado y cuáles son los pendientes por realizar en el trámite o en la fase de ejecución del mismo. 4. Exhiba copla o transcriba Íntegramente el escrito inicial del juicio contencioso administrativo TJA/SRI/02512018, del índice de la Sala Regional Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, así como las autoridades a las que demandó. 5. Señale si en contra del auto de vinculación a procedimiento de dieciocho de mayo del año en curso, dictado en el procedimiento SSP/SPCP/002l2018, hizo valer algún medio ordinario o extraordinario de defensa y de ser así, informe si ese recurso fue admitido a trámite y qué estado procesal guarda. 6. Toda vez que en el capítulo de suspensión el promovente señala la existencia de un amparo en revisión 1299/2017, deberá realizar una relatarla de la totalidad de los juicios de amparo que se han promovido en el procedimiento SSP/SPCP/002/2018, esto es, Indicar el órgano jurisdiccional al que le tocó conocer de los mismos, el acto que se reclamó, así como el estado procesal de dichos sumarios. 7. Diga la fecha del auto por medio del cual le fueron aplicados los preceptos impugnados consistentes en el artículo 59 fracción IV del Reglamento del Servicio de Carrera Policial, 111 y 114, fracción V, de la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como las circunstancias de modo, tiempo y lugar por las cuales tuvo conocimiento del mismo. Y, es que la finalidad de una prevención es que se satisfagan tos requisitos de ley, pues el quejoso no está eximido de cumplirlos, sobre todo porque únicamente con base en su contenido preciso es factible verificar los presupuestos procesales de la acción constitucional y apreciar que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este sentido, las exigencias contenidas en el artículo 108 de la legislación de la materia deben ser colmadas por el que se dice agraviado, por lo que este juzgado no puede soslayar que no se satisfagan las formalidades del numeral en comento. Apercibido que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, podrá ser sujeto a lo dispuesto en el numeral 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que pueden hacerse merecedores la parte quejosa, su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal Indebida, Incurren en las conductas anteriores. Dígase a la parte quejosa que la materia de la prevención versa sobre aspectos conformadores de la litis constitucional y exigen declaratoria bajo protesta de decir verdad, cuya fijación está reservada para la parte directamente agraviada, lo que implica que el desahogo a esta prevención debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, o bien, por su apoderado facultado para ello. Sirve de apoyo por las razones que la informan la 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 348, que al rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. [Transcribe]" Por otro lado, se precisa que deberá presentar su escrito aclaratorio de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, con las copias correspondientes para cada una de las partes autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita-o Apercibido que de no dar cumplimiento a la prevención, su demanda se tendrá por NO PRESENTADA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo, de la ley de la materia. Al tomar en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, se solicita a dicho órgano declinante para que en auxilio de las labores de este juzgado, de no tener inconveniente legal alguno, notifique el presente acuerdo a José Adame Bautista, por medio de lista diaria que se publica en ese órgano constitucional. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la diligencia, o bien dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo que se le concede, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio' de la lista que se fija diariamente en este este juzgado, en términos del citado artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, Hecho lo anterior, remita a este órgano federal las constancias que acrediten lo antes solicitado. Finalmente, se autoriza en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Rony Osvaldo Ozuna Ávila (5994521) y Jacinto Borja Lito (8342523), toda vez que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito: asimismo, se tiene como autorizado únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a Fernando García Solache. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba.

  4. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por José Adame Bautista, por propio derecho, contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad y otras autoridades responsables. Regístrese en el libro de gobierno con el número 920/2018-II, fórmese expediente. Pues bien, del análisis integral de la demanda de cuenta, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. En efecto, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: [TRANSCRIBE] En ese orden, se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como actos reclamados los siguientes: [TRANSCRIBE] En principio, debe indicarse que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas de competencia que deben imperar dentro del juicio de amparo, al indicar: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios jueces federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Ahora, como se señaló con anterioridad, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los jueces de distrito, así, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del juzgador, es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, de quien conoció primero. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se presente la demanda de amparo, esta regla se aplica a actos negativos o declarativos, que no tienen como origen algún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, rigen las dos reglas precedentes. En el caso concreto, el peticionario de amparo reclama de las autoridades responsables legislativas la aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación, refrendo y publicación del decreto que contiene el Reglamento del Servicio de Carrera Judicial, en el artículo 59 fracción VI y la Ley número 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en los artículos 111 y 114 fracción V, normativos que le fueron aplicados por la autoridad responsable que denomina Consejo de Honor y Justicia y/o H. Comisión del Servicio Profesional de Carrera, ambos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al dictarse el auto de vinculación a procedimiento, imputación, apercibimiento, y confirmación de la suspensión de funciones y salarios, de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dentro del procedimiento disciplinario SSP/UCAI/1002/2018. Es decir, el primer acto de aplicación del reglamento y ley reclamadas, lo es el auto de vinculación al procedimiento disciplinario de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictada por el Consejo de Honor mencionado, el cual, evidentemente trae aparejada ejecución, pues en dicho auto, se confirmó la medida cautelar consistente en la suspensión preventiva de funciones y haberes del quejoso José Adame Bautista, emitida por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. En ese tenor, de los antecedentes que narra el aquí quejoso en su demanda, bajo protesta de decir verdad, se advierte que ingresó a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, realizando funciones como Comandante en la Coordinación Regional de Tierra Caliente, ubicado en Coyuca de Catalán, Guerrero, el cual, el trece de marzo del año en curso, fue suspendido de sus funciones y salarios, inconforme con esto, promovió el juicio administrativo TJA/SRI/25/2018, ante la Sala Regional de Iguala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, para lo cual el dieciséis de agosto actual, el actuario de dicha Sala Regional, le notificó la contestación de la demanda realizada por la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, en el que se adjuntó el auto de vinculación a procedimiento disciplinario a que se ha hecho referencia, siendo en esa fecha cuando se enteró de este último procedimiento. Como se aprecia de lo anterior, el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a procedimiento disciplinario, que es el primer acto de aplicación de las leyes que también tilda de incunstitucionales, tuvo ejecución o se sigue ejecutando en la ciudad de Iguala, Guerrero, es decir, donde se ejecuta o se ejecutó la suspensión de funciones y salarios del quejoso, ya que este refiere que era Comandante en la Coordinación Regional de Tierra Caliente, con sede en Coyuca de Catalán, Guerrero, lugar donde ejercen jurisdicción los Jueces de Distrito, con sede en Iguala, Guerrero. De ese modo, el acto de aplicación de las leyes reclamadas, tendrá ejecución en un lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, por lo cual se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente; de lo que deviene entonces que esta Juzgadora es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. [...] Sentado lo anterior, de conformidad con el 37, primer párrafo, así como el punto cuarto, apartado XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Iguala de la Independencia, Guerrero. Se transcribe en lo conducente el Acuerdo 3/2013 en mención: [TRANSCRIBE] Así las cosas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, la que suscribe declina la competencia del presente asunto al Juzgado de Distrito en Turno, con residencia en Iguala, Guerrero, por lo que, previo cuaderno de memoria que se deje del mismo remítase el presente expediente, a la oficialía de partes común de dichos juzgados, y en caso de aceptar la competencia planteada, solicítese al titular del juzgado que por razón de turno conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado Federal, por así haberlo señalado, y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rony Osvaldo Ozuna Ávila y Jacinto Borja Lito, por contar con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a las diversas persona que menciona; por no contar con el requisito anterior.

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