José Abraham Vázquez Días
Expediente 693/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 693/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Abraham Vázquez Días
- Fiscal General de Justicia del Estado de Guerrero. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II, y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se declara que la sentencia que por una parte sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido, y por cuanto hace a la valoración de los cuadernos incidentales, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E." Por otra parte, vistas las constancias de autos se aprecia que el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se advierta documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico; lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. En tal virtud, y con fundamento en el artículo dieciocho, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser DEPURADO, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda, resoluciones recurridas, sentencia definitiva y del presente auto. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del multi mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la caratula de este expediente. Lo anterior, hágase del conocimiento a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, debiéndose adjuntar a dicha misiva copia autorizada de la sentencia ejecutoriada para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse de manera personal, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Incidental
Visto el estado jurídico procesal que guardan los autos del juicio principal del que deriva el presente incidente, en específico el proveído de esta fecha, en el que se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva y a su vez se decretó el archivo como asunto totalmente concluido; por tanto, deja de surtir sus efectos la medida cautelar decretada en el presente cuaderno incidental, y a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión, y dado que en interlocutoria de once de marzo de dos mil veintiuno, se concedió la suspensión definitiva solicitada, es susceptible de ser depurado, una vez transcurridos tres años a partir de la presente fecha, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, inciso a), del referido Acuerdo General; y respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser destruido una vez transcurridos seis meses a partir de esta data, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a), del multicitado Acuerdo General; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número ***, promovido por José Abraham Vázquez Días; contra actos de quien señalo como responsable Fiscal General de Justicia del Estado de Guerrero, y otras autoridades responsables; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el doce de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Séptimo de Distrito, José Abraham Vázquez Días, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y actos que a continuación se especifican: "AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS: FISCAL GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. [Negó] JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS, RESIDENTE EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. [Negó] JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DEL RAMO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA, CON RESIDENCIA EN HUAMUXTITLÁN, GUERRERO. [Omiso] EJECUTORAS. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO. [Inexistente] COORDINADOR GENERAL DE LA POLICÍA INVESTIGADORA MINISTERIAL DEL ESTADO DE GUERRERO DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. [Negó] FISCAL REGIONAL DE LA MONTAÑA DEPENDIENTE DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO, RESIDENTE EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. [Negó] AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE MORELOS, CON SEDE EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. [Negó] AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO JUDICIAL DE ZARAGOZA, CON RESIDENCIA EN HUAMUXTITLÁN, GUERRERO. [Negó] COMANDANTE DE LA POLICÍA MINISTERIAL INVESTIGADORA DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. [Negó] AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADA EN DELITOS SEXUALES EN TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO. [Negó] ACTOS RECLAMADOS: "De las autoridades señaladas como ordenadoras reclamo, la Orden de aprehensión y/o de presentación, supuestamente librada en mi contra. De las ejecutoras reclamo, el cumplimiento que pretenden dar a dicha orden". [Énfasis añadido] Actos que la parte quejosa consideró violatorios de sus derechos humanos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se tuvo recibida la demanda de amparo y se ordenó registrar en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", como juicio de amparo 693/2020, se admitió a trámite, consecuentemente se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado la intervención que legalmente le compete, corriéndole traslado con copia de la demanda de amparo; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además por reclamarse actos atribuidos a autoridades con residencia en la circunscripción territorial donde este Juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la Litis. Previo a abordar lo relativo a la certeza del acto reclamado, resulta necesario precisar cuál es este, en términos de lo dispuesto por el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo señalarse que para tales efectos se analiza en su integridad la demanda de amparo, atendiendo a la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Abril de 2000, Página 32, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte de manera categórica que el quejoso se duele de: La orden de aprehensión y/o presentación girada en su contra; y La ejecución a dichas órdenes. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método debe en principio analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no ser así, resultaría ocioso, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso del propio análisis de fondo del acto reclamado; en otras palabras, el examen de alguna causa de improcedencia del amparo o de la materia de fondo sometida a la consideración implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ello, el juicio de amparo sea procedente. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 76, Abril de 1994, Página 68, Materia Común, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Sobre esa tesitura, se tiene que las responsables ordenadoras Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado, residente en esta ciudad, y Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, al rendir su respectivo informe justificado negaron la existencia del acto que les atribuyó la parte quejosa (orden de aprehensión y/o presentación). En congruencia con lo anterior, es obvio que no les asiste obligación de exponer razonamiento alguno al respecto, menos aún se hace necesaria la remisión de las constancias a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, Página 763, Materia Común, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. "La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." Por ende, conforme a los artículos 63, fracción IV, 117 y 124, de la Ley de Amparo, ante la negativa del acto reclamado, corresponde a la parte quejosa acreditar la existencia y la inconstitucionalidad de los actos atribuidos a las responsables. Apoya la anterior consideración, la Jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 80, agosto de 1994, página 77, siguiente: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por tanto, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó prueba alguna para desvirtuar la negativa de las responsables ordenadoras que nos ocupan, en relación con la existencia del acto que de ellas reclama, es dable concluir que dicho acto motivo de la presente litis constitucional, no existe. Es aplicable al caso, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tomo XLIII, primera parte, página 181, siguiente: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." En tal tesitura, procede el sobreseimiento en el juicio, respecto del acto y autoridades en estudio, ello, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo que a la letra establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." De esta suerte, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por el impetrante del amparo, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Por otra parte, respecto de la orden de aprehensión y/o presentación atribuida a la autoridad responsable ordenadora señalada como Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Zaragoza, residente en Huamuxtitlán, Guerrero, y dada la omisión de rendir el correspondiente informe justificado que le fue requerido, no obstante de estar debidamente notificado para ello, lo procedente es presumir cierto el acto atribuido por el impetrante del amparo, ello, con fundamento en lo que dispone el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." [Énfasis añadido] Presunción de certeza que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables señaladas con el carácter de ejecutoras Coordinador de Zona de la Policía Ministerial del Estado responsable de la Coordinación Regional Zona Centro, en representación del Coordinador General de la Policía Ministerial del Estado, con sede en esta ciudad; Fiscal Regional de la Montaña; Agente encargado de la Coordinación Regional de la Policía Ministerial del Estado (Región Montaña), denominación correcta del Comandante de la Policía Ministerial Investigadora de Tlapa de Comonfort, Guerrero; Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común el Distrito Judicial de Morelos; Encargada de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del Distrito Judicial de Morelos; residentes en Tlapa de Comonfort; y Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación 2 del Distrito Judicial de Zaragoza, con sede en Huamuxtitlán, Guerrero, ya que, con independencia de que hayan negado la existencia del acto atribuido (orden de aprehensión y/o presentación) al rendir sus respectivos informes con justificación, al haber sido designadas por el impetrante del amparo como "ejecutoras", y dada la naturaleza del acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Zaragoza, residente en Huamuxtitlán, es natural que en cualquier momento puedan recibir la orden de ejecución correspondiente. QUINTO. Análisis de causas de Improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con registro 394770, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De ese modo, este órgano de control constitucional no advierte la actualización de algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, ni la alegación por las partes en ese sentido, por tanto, se procede al estudio del acto reclamado como sigue. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. El concepto de violación enderezado, se tiene por reproducido en este considerando, sin que resulte necesaria su transcripción, atendiendo a lo establecido en los artículos 74, fracción II y 76 de la Ley de Amparo. Encuentra apoyo lo anterior, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Son infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en razón de lo siguiente. En efecto, tal como quedó precisado en el considerando segundo de este fallo, el acto reclamado a la autoridad responsable ordenadora denominada Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Zaragoza, residente en Huamuxtitlán, Guerrero, se hizo consistir en la orden de aprehensión y/o presentación, girada en su contra. Resulta pertinente destacar que en el presente asunto operó la presunción de certeza de tales actos reclamados respecto de la citada autoridad, en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Es así, de conformidad con dicho precepto legal, la falta de informe justificado de la autoridad responsable establece la presunción de ser ciertos los actos reclamados, empero, se reitera, queda a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dichos actos no sean violatorios de derechos humanos en sí mismos. En el caso concreto, el impetrante del amparo no ofreció prueba alguna tendente a demostrar la inconstitucionalidad de la orden de aprehensión y/o ejecución, y su cumplimiento, carga procesal que le correspondió en términos del numeral señalado con antelación, dado que, a juicio de quien esto resuelve, tales actos de autoridad no son de aquéllos que se puedan considerar violatorios de derechos fundamentales o inconstitucionales en sí mismos, pues se trata de una conducta positiva atribuida por cuanto hace a su emisión, a una autoridad jurisdiccional, por lo que, para resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad es necesario atender a los motivos, o medios de pruebas en que se haya fundado su emisión. Por tanto, definitivamente era obligación de la parte quejosa justificar la inconstitucionalidad de dicha orden, ya que la circunstancia de que se hubiera presumido su certeza, en términos de la norma jurídica invocada, le imponía tal carga probatoria, por así estar estatuido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Tomo IX, de Febrero de 1992, Página 69, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. SI NO ES INCONSTITUCIONAL EN SI MISMO, SU EXISTENCIA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD. El acto reclamado no es inconstitucional en sí mismo, ya que de conformidad con el artículo 16 constitucional, la autoridad judicial está facultada para librar la orden de aprehensión reclamada; por ende, la existencia de la misma es insuficiente para demostrar su inconstitucionalidad, puesto que ésta depende de los motivos, datos y pruebas en que se haya fundado el propio acto, y como la carga de la prueba corresponde al quejoso, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, si no se aportaron los elementos de convicción necesarios para el análisis y determinación de la inconstitucionalidad del acto reclamado, el juez de amparo estuvo imposibilitado para suplir la deficiencia de la queja y resolver sobre tal cuestión. Consiguientemente, al negar el amparo por falta de prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado, no infringe precepto legal alguno en perjuicio del hoy inconforme." De igual forma, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 97-102, Sexta Parte, Materia(s): Penal, página 172, Séptima Época, con registro 253141, de la literalidad siguiente: "ORDEN DE APREHENSION. PRUEBAS EN EL AMPARO NECESARIAS PARA DETERMINAR SU LEGALIDAD. Para que el Juez de Distrito esté en aptitud de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una orden de aprehensión emanada de una autoridad judicial, es necesario que tenga a la vista todas las constancias que sirvieron de motivación y fundamentación a ese acto, por lo que cuando la autoridad responsable omite remitir esas probanzas y el quejoso tampoco las aporta en su totalidad, sino sólo exhibe algunas de ellas, el Juez Federal se encuentra impedido para examinar el fondo del problema planteado, dado que la referida orden no es inconstitucional en sí misma, por provenir de una autoridad que, conforme al artículo 16 constitucional, es la facultada para girarla y, por lo mismo, de acuerdo con el artículo 149 de la Ley de Amparo, el agraviado tuvo a su cargo demostrar que ese mandamiento violaba en su perjuicio sus garantías individuales, aportando al juicio constitucional todos los elementos en que se basó el Juez del sumario para expedirlo." [Énfasis añadida] Así también, por su contenido, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo LXXIVA, Página 200, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EFECTOS DE LA FALTA DE INFORME JUSTIFICADO, TRATÁNDOSE DE LA. Si bien el artículo 149 de la Ley de Amparo, dispone que la falta de la autoridad responsable, establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, ese precepto previene también, que queda a cargo del quejoso, la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no es violatorio de garantías, en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Ahora bien, la orden de aprehensión dictada por autoridad judicial, no es un acto inconstitucional, en sí mismo, y por tanto, si la autoridad no rinde informe, el quejoso debe probar su inconstitucionalidad, y si lo hace, debe negarse la protección federal." [Lo subrayado es propio] Sin que en el caso, en aplicación del artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, hubiere existido la obligación por parte de este Juzgado de recabar de oficio las pruebas necesarias para resolver en el presente juicio, pues dicha norma no resulta aplicable ante la falta de informe justificado de la autoridad responsable, puesto que la propia Ley de Amparo, prevé la forma en que debe procederse para los efectos de la resolución del asunto, en los términos que se precisaron con anterioridad. Es aplicable a lo expuesto, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo V, de Febrero de 1997, Página 108, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." (Lo subrayado es propio). No obsta que en los criterios antes citados, se refieran a los artículos 78 y 149 de la Ley de Amparo abrogada con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, el tres de abril de dos mil trece, en razón a que los artículos antes citados son similares, en lo conducente, a los numerales 75 y 117 de la Ley de Amparo en vigor, por tanto, resulta aplicable en términos del artículo sexto transitorio de la legislación en vigor. Entonces, al haber resultado infundados los conceptos de violación que se hicieron valer, sin que este órgano de control constitucional advierta que existió alguna violación manifiesta de la ley contra los impetrantes del amparo, que amerite, por ende, suplir la deficiencia de la queja, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución General de la República, vinculado con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades designadas con tal carácter, toda vez que no se reclaman por vicios propios sino en vía de consecuencia. Tiene aplicación a lo anterior en lo conducente la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." SÉPTIMO. Orden de publicación. En otro orden, atento a la inclusión del nombre y datos personales de las partes, en la publicación a que se refieren los artículos 1º, 3º, 4º, 9º y 113 fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. La anterior circunstancia se hizo del conocimiento de las partes mediante auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, mismo que fue notificado mediante lista publicada el diecinueve siguiente, como se constata de la foja diez de actuaciones. Por lo antes expuesto y fundado, y además con apoyo en los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 61, fracción XI, en concordancia con lo establecido en la diversa fracción X, 62 y 63, fracción V, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio promovido por José Abraham Vázquez Días, por propio derecho contra el acto que reclamó del Fiscal General del Estado, y Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero, y por los motivos establecidos en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Abraham Vázquez Días, contra el acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto, por las razones y fundamentos vertidos en el sexto considerativo de este fallo. TERCERO. Queda hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es pública, accesible a cualquier persona y que solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Notifíquese a todas las partes, por lista en los estrados de este órgano jurisdiccional en términos del artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo, por tratarse de una sentencia dictada en audiencia constitucional, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y anótese en el libro de registro.
- Incidental
Visto el oficio de cuenta signado por el Administrador Postal de Correos de México, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, remite el acuse que acredita la entrega recepción del oficio 19465/2020, dirigido a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Morelos, con residencia en Tlapa de Comonfort, Guerrero; por tanto, téngase a la autoridad oficiante cumpliendo en sus términos dicho requerimiento y agréguese al sumario en que se actúa el citado acuse para que obre como constancia y surta sus efectos legales correspondientes. Respecto a la prórroga que solicita para informar el destino que le dio a la pieza que ampara el diverso oficio 19466/2020, dígasele que no ha lugar acordar favorable tal petición dado que ya obra en autos a foja noventa y siete el acuse de referencia.
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