Jose Abel Lima Cantero

Expediente 450/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 44 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
450/2018
Año
2018
Actuaciones
44
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Jose Abel Lima Cantero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el diez de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecinueve de septiembre al nueve de octubre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida cautelar. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable en el presente juicio de amparo, devuélvase al Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, la copia certificada de la causa penal 21/2017 de su índice, con la que se formó el anexo I; sin que sea necesario requerir el acuse de recibo toda vez que la autoridad responsable en mención se encuentra dentro de la circunscripción de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Por otra parte, no ha lugar a proveer sobre la devolución de las garantías exhibidas en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo, en virtud de que por acuerdo de treinta de agosto de la presente anualidad, emitido en dicha incidencia, se pusieron a disposición de la parte quejosa los billetes de depósito exhibidos. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales conducentes que, mediante oficio SEADS/962/2018, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal informó que el Pleno del Consejo, por unanimidad de votos, aprobó la propuesta presentada y designó como titular de este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla a Horacio Óscar Rosete Mentado, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. Resulta aplicable por analogía, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.104/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  2. Principal

    (SE PUBLICA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 270 y 271), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que el quejoso haya desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil dieciocho (fojas 164 a 187), se concedió el amparo y protección a los quejosos para el efecto de que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente únicamente la parte de la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en los autos de la causa penal 21/2017, por la que dictó la orden de aprehensión en contra del quejoso José Abel Lima Cantero, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 404, fracción II y 403, fracción IV, en relación con los artículos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, y, 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: a) Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir la orden de aprehensión reclamada (fundamentación), y las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (motivación), en virtud de lo expuesto en el punto I del considerando anterior. b) Motivará el elemento del cuerpo del delito de fraude específico, consistente en la conducta orientada a enajenar una cosa a título oneroso, esto es, motivará cómo es que otorgó al contrato de promesa de compraventa, la naturaleza de una compraventa, ya que de no hacerlo, estaríamos ante otro tipo penal de fraude específico, en virtud de lo expuesto en el punto II del considerando anterior. c) Motivará las circunstancias de tiempo de la conducta delictiva, en el caso, precisará la fecha en que se tuvo por consumado el delito de fraude, así como la fecha en que el pasivo tuvo conocimiento del hecho delictivo, en virtud de lo expuesto en el punto I del considerando anterior. d) Motivará lo referente al monto de lo defraudado, esto es, el total del perjuicio ocasionado, en el caso, la operación realizada tomando en cuenta el año del que tomó el salario mínimo, y que debió multiplicar por mil días, en virtud de lo expuesto en el punto IV del considerando anterior, e) Motivará, en el apartado de la probable responsabilidad, la conducta que desplegó el aquí quejoso, en virtud de lo expuesto en el punto V del considerando anterior, y, f) De considerar, de acuerdo a su facultad, que procede alguna reclasificación del delito, deberá realizarlo, siempre y cuando no varíe los hechos contenidos en el pliego de consignación. (.) También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". La concesión del amparo no implica negar la orden de aprehensión que solicitó la representación social, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso; por consiguiente, al no estar afectado el fondo de la orden de aprehensión, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. (.) No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que el delito de fraude específico no es considerado grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, y el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La presente concesión se hace extensiva al acto reclamado al 2. Fiscal General del Estado, 3. Fiscal Metropolitano del Estado de Puebla, 4. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, 5. Director General de la Agencia Estatal de Investigación, en su denominación correcta, y 6.Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, en su denominación correcta, consistente en la ejecución de orden de aprehensión, por ser una consecuencia de la orden reclamada que resultó violatoria de garantías, y por ende su ejecución también lo es por no reclamarse por vicios propios..." Ahora, mediante oficio 2919 de veintisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 190), la secretaria de acuerdos encargada del despacho del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de las diligencias celebradas en esa data dentro de la causa penal 21/2017 de su índice, en la que el quejoso José Abel Lima Cantero compareció ante dicha autoridad responsable bajo los efectos de la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión derivado del presente controvertido constitucional y rindió su declaración preparatoria (fojas 191 a 196); y, por acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se reservó proveer lo conducente hasta que la sentencia adquiriera firmeza. Por oficio 2950 de dos de agosto de la presente anualidad (foja 215), el juez penal responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, emitida en la causa penal de origen (fojas 216 a 232) en la que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso; en auto de seis de agosto de dos mil dieciocho (foja 233), se reservó proveer sobre tal cuestión hasta que la sentencia causara ejecutoria. En acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (foja 238 a 240), se declaró que la sentencia de amparo causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento; sin embargo, en dicho proveído se estableció que, a pesar de que en los autos del presente expediente obra el auto de libertad emitido a favor del quejoso, lo cierto es que no constaba el pronunciamiento expreso de la autoridad responsable relativo a dejar insubsistente la orden de captura reclamada, por lo que se le requirió para que se pronunciara al respecto. Mediante oficio 3106 de veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 251), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada del auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 252), así como del acuse de recibo del oficio 2916 de veintisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 252 bis). Así mismo, por oficios de veintidós de agosto de dos mil dieciocho (fojas 253 a 269), signados por la agente del Ministerio Público en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, del Fiscal de Investigación Metropolitano, de la Directora de Mandamientos Judiciales, así como por el diverso signado por el Director General de la Agencia Estatal de Investigación, comunicaron que dichas autoridades ejecutoras dejaron sin efecto el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada en el presente sumario constitucional. A las documentales descritas se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de las que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la parte de la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en los autos de la causa penal 21/2017, por la que dictó la orden de aprehensión en contra del quejoso José Abel Lima Cantero, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 404, fracción II y 403, fracción IV, en relación con los artículos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 252). 2. El juez responsable no emitió diversa orden de captura ni resolvió sobre la petición del agente del Ministerio Público consignador en tal sentido, en virtud de que el veintisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 191), José Abel Lima Cantero compareció ante dicha autoridad judicial y rindió declaración preparatoria dentro de la causa penal 21/2017 de su índice y, el dos de agosto de dos mil dieciocho, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso, respecto del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 404, fracción II y 403, fracción IV, en relación con los artículos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (fojas 216 a 240), respecto del cual se había emitido en su contra la orden de aprehensión reclamada en el presente controvertido constitucional. 3. Las autoridades responsables ejecutoras Fiscal General del Estado de Puebla, Fiscal de Investigación Metropolitano, Directora de Mandamientos Judiciales y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, dejaron sin efectos el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada (fojas 253 a 269). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 270 y 271), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que el quejoso haya desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil dieciocho (fojas 164 a 187), se concedió el amparo y protección a los quejosos para el efecto de que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente únicamente la parte de la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en los autos de la causa penal 21/2017, por la que dictó la orden de aprehensión en contra del quejoso José Abel Lima Cantero, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 404, fracción II y 403, fracción IV, en relación con los artículos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, y, 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: a) Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir la orden de aprehensión reclamada (fundamentación), y las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (motivación), en virtud de lo expuesto en el punto I del considerando anterior. b) Motivará el elemento del cuerpo del delito de fraude específico, consistente en la conducta orientada a enajenar una cosa a título oneroso, esto es, motivará cómo es que otorgó al contrato de promesa de compraventa, la naturaleza de una compraventa, ya que de no hacerlo, estaríamos ante otro tipo penal de fraude específico, en virtud de lo expuesto en el punto II del considerando anterior. c) Motivará las circunstancias de tiempo de la conducta delictiva, en el caso, precisará la fecha en que se tuvo por consumado el delito de fraude, así como la fecha en que el pasivo tuvo conocimiento del hecho delictivo, en virtud de lo expuesto en el punto I del considerando anterior. d) Motivará lo referente al monto de lo defraudado, esto es, el total del perjuicio ocasionado, en el caso, la operación realizada tomando en cuenta el año del que tomó el salario mínimo, y que debió multiplicar por mil días, en virtud de lo expuesto en el punto IV del considerando anterior, e) Motivará, en el apartado de la probable responsabilidad, la conducta que desplegó el aquí quejoso, en virtud de lo expuesto en el punto V del considerando anterior, y, f) De considerar, de acuerdo a su facultad, que procede alguna reclasificación del delito, deberá realizarlo, siempre y cuando no varíe los hechos contenidos en el pliego de consignación. (.) También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". La concesión del amparo no implica negar la orden de aprehensión que solicitó la representación social, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso; por consiguiente, al no estar afectado el fondo de la orden de aprehensión, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. (.) No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que el delito de fraude específico no es considerado grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, y el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La presente concesión se hace extensiva al acto reclamado al 2. Fiscal General del Estado, 3. Fiscal Metropolitano del Estado de Puebla, 4. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, 5. Director General de la Agencia Estatal de Investigación, en su denominación correcta, y 6.Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, en su denominación correcta, consistente en la ejecución de orden de aprehensión, por ser una consecuencia de la orden reclamada que resultó violatoria de garantías, y por ende su ejecución también lo es por no reclamarse por vicios propios..." Ahora, mediante oficio 2919 de veintisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 190), la secretaria de acuerdos encargada del despacho del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de las diligencias celebradas en esa data dentro de la causa penal 21/2017 de su índice, en la que el quejoso José Abel Lima Cantero compareció ante dicha autoridad responsable bajo los efectos de la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión derivado del presente controvertido constitucional y rindió su declaración preparatoria (fojas 191 a 196); y, por acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se reservó proveer lo conducente hasta que la sentencia adquiriera firmeza. Por oficio 2950 de dos de agosto de la presente anualidad (foja 215), el juez penal responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, emitida en la causa penal de origen (fojas 216 a 232) en la que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso; en auto de seis de agosto de dos mil dieciocho (foja 233), se reservó proveer sobre tal cuestión hasta que la sentencia causara ejecutoria. En acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (foja 238 a 240), se declaró que la sentencia de amparo causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento; sin embargo, en dicho proveído se estableció que, a pesar de que en los autos del presente expediente obra el auto de libertad emitido a favor del quejoso, lo cierto es que no constaba el pronunciamiento expreso de la autoridad responsable relativo a dejar insubsistente la orden de captura reclamada, por lo que se le requirió para que se pronunciara al respecto. Mediante oficio 3106 de veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 251), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada del auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 252), así como del acuse de recibo del oficio 2916 de veintisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 252 bis). Así mismo, por oficios de veintidós de agosto de dos mil dieciocho (fojas 253 a 269), signados por la agente del Ministerio Público en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, del Fiscal de Investigación Metropolitano, de la Directora de Mandamientos Judiciales, así como por el diverso signado por el Director General de la Agencia Estatal de Investigación, comunicaron que dichas autoridades ejecutoras dejaron sin efecto el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada en el presente sumario constitucional. A las documentales descritas se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de las que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la parte de la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en los autos de la causa penal 21/2017, por la que dictó la orden de aprehensión en contra del quejoso José Abel Lima Cantero, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 404, fracción II y 403, fracción IV, en relación con los artículos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 252). 2. El juez responsable no emitió diversa orden de captura ni resolvió sobre la petición del agente del Ministerio Público consignador en tal sentido, en virtud de que el veintisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 191), José Abel Lima Cantero compareció ante dicha autoridad judicial y rindió declaración preparatoria dentro de la causa penal 21/2017 de su índice y, el dos de agosto de dos mil dieciocho, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso, respecto del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 404, fracción II y 403, fracción IV, en relación con los artículos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (fojas 216 a 240), respecto del cual se había emitido en su contra la orden de aprehensión reclamada en el presente controvertido constitucional. 3. Las autoridades responsables ejecutoras Fiscal General del Estado de Puebla, Fiscal de Investigación Metropolitano, Directora de Mandamientos Judiciales y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, dejaron sin efectos el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada (fojas 253 a 269). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho (fojas 270 y 271), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que el quejoso haya desahogado dicha vista. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil dieciocho (fojas 164 a 187), se concedió el amparo y protección a los quejosos para el efecto de que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: ".NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, una vez que esta sentencia adquiera firmeza y le sea requerido su cumplimiento, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente únicamente la parte de la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en los autos de la causa penal 21/2017, por la que dictó la orden de aprehensión en contra del quejoso José Abel Lima Cantero, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 404, fracción II y 403, fracción IV, en relación con los artículos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, y, 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra, debidamente fundada y motivada, la que podrá ser en el mismo sentido o, en sentido contrario, pero purgando los vicios formales que la afectan, y que han quedado precisados en esta sentencia, esto es: a) Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir la orden de aprehensión reclamada (fundamentación), y las razones por las que se consideró actualizado este aspecto (motivación), en virtud de lo expuesto en el punto I del considerando anterior. b) Motivará el elemento del cuerpo del delito de fraude específico, consistente en la conducta orientada a enajenar una cosa a título oneroso, esto es, motivará cómo es que otorgó al contrato de promesa de compraventa, la naturaleza de una compraventa, ya que de no hacerlo, estaríamos ante otro tipo penal de fraude específico, en virtud de lo expuesto en el punto II del considerando anterior. c) Motivará las circunstancias de tiempo de la conducta delictiva, en el caso, precisará la fecha en que se tuvo por consumado el delito de fraude, así como la fecha en que el pasivo tuvo conocimiento del hecho delictivo, en virtud de lo expuesto en el punto I del considerando anterior. d) Motivará lo referente al monto de lo defraudado, esto es, el total del perjuicio ocasionado, en el caso, la operación realizada tomando en cuenta el año del que tomó el salario mínimo, y que debió multiplicar por mil días, en virtud de lo expuesto en el punto IV del considerando anterior, e) Motivará, en el apartado de la probable responsabilidad, la conducta que desplegó el aquí quejoso, en virtud de lo expuesto en el punto V del considerando anterior, y, f) De considerar, de acuerdo a su facultad, que procede alguna reclasificación del delito, deberá realizarlo, siempre y cuando no varíe los hechos contenidos en el pliego de consignación. (.) También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Materia Penal, registro 170391, página 151, del rubro siguiente: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". La concesión del amparo no implica negar la orden de aprehensión que solicitó la representación social, sino que en estos casos, el efecto del amparo consiste en que la autoridad responsable deje insubsistente el acto reclamado y con plenitud de jurisdicción dicte una nueva resolución, la cual podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso; por consiguiente, al no estar afectado el fondo de la orden de aprehensión, debe de producir los efectos y consecuencias jurídicas a que está destinado. (.) No ha lugar a solicitar el cumplimiento inmediato de la presente determinación en términos del antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, ya que el delito de fraude específico no es considerado grave de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla, y el estudio no involucró un análisis de fondo, sino se concedió por vicios formales. La presente concesión se hace extensiva al acto reclamado al 2. Fiscal General del Estado, 3. Fiscal Metropolitano del Estado de Puebla, 4. Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla, 5. Director General de la Agencia Estatal de Investigación, en su denominación correcta, y 6.Jefe de la Unidad de Control y Seguimiento de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, en su denominación correcta, consistente en la ejecución de orden de aprehensión, por ser una consecuencia de la orden reclamada que resultó violatoria de garantías, y por ende su ejecución también lo es por no reclamarse por vicios propios..." Ahora, mediante oficio 2919 de veintisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 190), la secretaria de acuerdos encargada del despacho del Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de las diligencias celebradas en esa data dentro de la causa penal 21/2017 de su índice, en la que el quejoso José Abel Lima Cantero compareció ante dicha autoridad responsable bajo los efectos de la suspensión definitiva concedida en el incidente de suspensión derivado del presente controvertido constitucional y rindió su declaración preparatoria (fojas 191 a 196); y, por acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se reservó proveer lo conducente hasta que la sentencia adquiriera firmeza. Por oficio 2950 de dos de agosto de la presente anualidad (foja 215), el juez penal responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, emitida en la causa penal de origen (fojas 216 a 232) en la que dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso; en auto de seis de agosto de dos mil dieciocho (foja 233), se reservó proveer sobre tal cuestión hasta que la sentencia causara ejecutoria. En acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho (foja 238 a 240), se declaró que la sentencia de amparo causó ejecutoria, por lo que se requirió su cumplimiento; sin embargo, en dicho proveído se estableció que, a pesar de que en los autos del presente expediente obra el auto de libertad emitido a favor del quejoso, lo cierto es que no constaba el pronunciamiento expreso de la autoridad responsable relativo a dejar insubsistente la orden de captura reclamada, por lo que se le requirió para que se pronunciara al respecto. Mediante oficio 3106 de veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 251), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada del auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho (foja 252), así como del acuse de recibo del oficio 2916 de veintisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 252 bis). Así mismo, por oficios de veintidós de agosto de dos mil dieciocho (fojas 253 a 269), signados por la agente del Ministerio Público en representación del Fiscal General del Estado de Puebla, del Fiscal de Investigación Metropolitano, de la Directora de Mandamientos Judiciales, así como por el diverso signado por el Director General de la Agencia Estatal de Investigación, comunicaron que dichas autoridades ejecutoras dejaron sin efecto el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada en el presente sumario constitucional. A las documentales descritas se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y de las que se aprecia que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el Juez responsable realizó lo siguiente: 1. Dejó insubsistente la parte de la resolución de diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en los autos de la causa penal 21/2017, por la que dictó la orden de aprehensión en contra del quejoso José Abel Lima Cantero, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 404, fracción II y 403, fracción IV, en relación con los artículos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (foja 252). 2. El juez responsable no emitió diversa orden de captura ni resolvió sobre la petición del agente del Ministerio Público consignador en tal sentido, en virtud de que el veintisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 191), José Abel Lima Cantero compareció ante dicha autoridad judicial y rindió declaración preparatoria dentro de la causa penal 21/2017 de su índice y, el dos de agosto de dos mil dieciocho, dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del quejoso, respecto del delito de fraude específico, previsto y sancionado por los artículos 404, fracción II y 403, fracción IV, en relación con los artículos 11, 13 y 21, fracción I del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla (fojas 216 a 240), respecto del cual se había emitido en su contra la orden de aprehensión reclamada en el presente controvertido constitucional. 3. Las autoridades responsables ejecutoras Fiscal General del Estado de Puebla, Fiscal de Investigación Metropolitano, Directora de Mandamientos Judiciales y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, dejaron sin efectos el cumplimiento de la orden de aprehensión reclamada (fojas 253 a 269). Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

Quedan 40 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano