Josafat Gautier Balam Polanco

Expediente 1076/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1076/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • Josafat Gautier Balam Polanco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído dictado en este juicio el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión en su contra. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con los diversos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que el referido proveído que SOBRESEYÓ fuera de audiencia en el presente asunto, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; debiendo remitir al archivo de este juzgado por separado los cuadernos del incidente de suspensión respectivos, agregando a los mismos copia autorizada del presente auto. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que no obstante que en el presente asunto, se tuvo por no presentada la demanda de amparo; sin embargo, en virtud de que en el mismo se concedió una medida cautelar, pues se decretó de oficio la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo procedente es declarar el presente juicio de amparo como susceptible de depuración. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, y del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    Visto, para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1076/2020-IV-A, promovido por NABIL ASUNCIÓN BALAM POLANCO, a favor del directo quejoso ***; y, ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, ***, a favor del directo quejoso ***, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclaman de las siguientes autoridades: Secretario de Seguridad Pública del Estado. Subsecretario de Seguridad Pública del Estado. Fiscal General de Justicia del Estado de Yucatán; y, Director de la Policía Estatal de Investigaciones del Estado de Yucatán. Todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el nueve de noviembre de dos mil veinte en el juicio principal, se concedió la suspensión de plano respecto de los actos reclamados consistentes en la incomunicación, tortura y/o malos tratos del directo quejoso. TERCERO. El diez de noviembre siguiente, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos con la precisión de que la tramitación del presente incidente únicamente sería por cuanto hace a la privación de la libertad y detención reclamada, se solicitó a las autoridades responsables su informe previo y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERACIONES PRIMERO. Con fundamento en el artículo 146 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a precisar los actos reclamados materia de este incidente de suspensión. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo se observa que la parte quejosa reclama en este incidente: La privación de la libertad y detención del directo quejoso. SEGUNDO. No son ciertos los actos reclamados al Director de la Policía Estatal de Investigaciones, pues así lo manifestó expresamente al rendir su correspondiente informe previo, por conducto del Encargado del Departamento Jurídico de dicha dependencia, sin que la parte quejosa hubiese aportado prueba tendente para desvirtuar dicha negativa. En consecuencia, procede negar la suspensión definitiva, por lo que a tal autoridad se refiere, por falta de materia sobre la cual pueda ser decretada, resultando aplicable el criterio sustentado en la tesis jurisprudencial número 286, publicada en la página 237, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, registro 917,820, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse por cierto si no existen pruebas contra lo que en el se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión, si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." TERCERO. Por lo que respecta a las siguientes autoridades: Secretario de Seguridad Pública del Estado. Subsecretario de Seguridad Pública del Estado; y. Fiscal General de Justicia del Estado de Yucatán. Las cuales se advierte que no rindieron sus informes previos, no obstante de haber sido debidamente notificadas, como se observa de las boletas de notificación de los oficios respectivos, por el que se les solicitó, mismos que fueron recibidos el dieciocho de noviembre en curso; por lo que para el sólo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. Cabe citar la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, visible en la página 2357 del Tomo CXXI del Semanario Judicial de la Federación, registro 317,630, que indica: "INFORME PREVIO, FALTA DE. La falta de informe previo establece la presunción de ser cierto el acto reclamado, tan sólo para los efectos de la suspensión, según lo previene el artículo 132 de la Ley de Amparo, pero no con respecto al fondo del negocio." CUARTO. A fin de resolver acerca de la suspensión definitiva solicitada respecto de los actos reclamados de dichas autoridades, conviene señalar que del análisis del referido informe previo, por lo que corresponde del rendido por el Director de la Policía Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad, por conducto del encargado del Departamento Jurídico de dicha dependencia; se advierte que el directo quejoso JOSAFAT GAUTIER BALAM POLANCO, se encontraba recluido en el área de seguridad de la Policía Estatal de Investigación y a disposición del Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes con Detenido, por hechos posiblemente delictuosos contenidos en la carpeta de investigación número D1/001452/2020. Sin embargo, posteriormente, con fecha once de noviembre de dos mil veinte, el directo quejoso JOSAFAT GAUTIER BALAM POLANCO, en cumplimiento a lo ordenado por la autoridad ministerial, fue puesto en libertad. Lo anterior, resulta suficiente a juicio de este órgano jurisdiccional para DECLARAR SIN MATERIA EL PRESENTE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, respecto de la privación de la libertad y detención reclamadas de dichas autoridades responsables, pues como ya quedó expuesto, desde el once de noviembre en curso, el directo quejoso ya no se encontraba detenido, ante la libertad que le fue otorgada por la representación social investigadora. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : PRIMERO. SE NIEGA la suspensión definitiva solicitada por el directo quejoso ***, contra los actos que reclamó del Director de la Policía Estatal de Investigación, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando segundo de la misma. SEGUNDO. SE DEJA SIN MATERIA el presente cuaderno incidental, por lo que toca a la suspensión definitiva solicitada por el directo quejoso ***, contra los actos que reclamó del Secretario y Subsecretario de Seguridad Pública así como del Fiscal General de Justicia, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto: toda vez que por acuerdo de cuatro de marzo del año en curso, se tuvo por recibido de la Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, el oficio 4146/2020 de fecha veintiocho de febrero anterior, deducido del juicio de amparo 148/2020-V de su índice, mediante el cual informó que, previo a pronunciarse sobre la competencia planteada por este Juzgado Federal, previno a la quejosa Asfaltos Universales, Sociedad Anónima de Capital Variable, en los términos señalados en dicho proveído. Siendo que, en el indicado auto de cuatro de marzo en cita, se reservó acordar lo relativo al destino del presente asunto, en tanto se recibiera de la autoridad antes nombrada, la información relativa al trámite que le daría a la demanda de amparo promovida por la persona moral quejosa, sin que a la fecha se tenga noticia de ese hecho. En atención a lo anterior, mediante oficio que se remita vía interconexión, pídase atentamente a la indicada Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, informe a este Juzgado Federal, por la misma vía, si aceptó o no la competencia planteada para conocer la demanda de amparo, dentro del término legalmente establecido por la ley de la materia. Lo anterior, a fin de que el suscrito se encuentra en la posibilidad de acordar lo que legalmente corresponda, con relación a este asunto. Notifíquese y cúmplase.

  4. Incidental

    Visto para resolver el juicio de amparo número 274/2020-V-B, promovido por ***, contra el acto que reclama al Congreso del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte ante este Juzgado Segundo de Distrito, compareció ***, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama del Congreso y Gobernador Constitucional, Secretaría General de Gobierno, como autoridades ordenadoras, Secretaría de Administración y Finanzas, Secretario de Seguridad Pública, Director General del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (en su correcta denominación), Directora de Transporte del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (en su correcta denominación), todos del Estado de Yucatán, Ayuntamiento, Presidente Municipal, Director de la Policía Municipal (en su correcta denominación), los últimos del Ayuntamiento de Mérida, como autoridades ejecutoras. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento al requerimeinto de catorce de febrero de dos mil veinte, por auto de veintidós de septiembre siguiente, respecto a la autoridad Secretaría General de Gobierno del Estado, señalada como responsable se desechó la demanda; y por otra parte, por las demás autoridades señaladas como responsables se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 274/2020-V-B; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; y, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Medida preventiva frente al Coronavirus Covid-19. En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el acuerdo 4/2020, en el que adoptó diversas medidas frente a la pandemia ocasionada por el Coronavirus Covid-19, entre ellas, la suspensión de funciones de los órganos jurisdiccionales, lo que también implicó que no corrieran plazos procesales; motivo por el cual no pudo verificarse la audiencia constitucional en la fecha que se estableció para ello. Medida que fue prorrogada por diversos Acuerdos Generales, siendo el último en este sentido el 18/2020, que reformó el similar 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia, extendiendo la suspensión hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte. CUARTO. Reanudación del procedimiento. Por auto de tres de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, se determinó el levantamiento de la suspensión y la reanudación de los plazos y términos procesales, anteriormente decretada. Por tal motivo, se reanudó el procedimiento y una vez admitido el juicio, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán es legalmente competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48, en relación con el 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa reclama: "La reforma del artículo 56-E Bis de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto 155/2019; así como la reforma contenida en el último párrafo, del artículo 28 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto 158/2019, ambos publicados en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, con vigencia a partir del uno de enero de dos mil veinte." TERCERO. Inexistencia de actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados a la Secretaría de Administración y Finanzas, Director de Transporte, Titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, los anteriores del Estado de Yucatán, así como del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Director de la Policía Municipal, los últimos del Ayuntamiento de Mérida, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables antes señaladas, sin que la parte quejosa ofrezca prueba en contrario, resulta procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de dichas autoridades y en cuanto a los actos que a cada una de ellas se les atribuye, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, Gobernador y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado y con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Quinta Época, Materia Común, Tomo II, página 830, registro 1002815. Tesis identificada con el número 749). QUINTO. Causas de improcedencia. Previo a abordar cuestiones de fondo del asunto, procede examinar si en el caso se actualizan las causas de improcedencia del juicio constitucional hechas valer por las autoridades responsables, o bien, alguna que se advierta de oficio, pues de ser fundada alguna de ellas, resultaría ocioso estudiar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Además, que su estudio es de orden público y preferente, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 814, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, el Gobernador y el Congreso, ambos del Estado, sostienen que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al señalar que la aquí quejosa no acreditó encontrarse entre los supuestos de las normas reclamadas, por lo que no se afecta su interés jurídico para reclamar su inconstitucionalidad. Es fundada la aludida causal propuesta por las autoridades responsables, cuenta habida, que respecto a los actos reclamados, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, en virtud de las consideraciones que se expondrán. En efecto, numeral en comento establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;". De lo antes transcrito, se deduce que la instancia constitucional resulta inviable respecto de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, en los términos establecidos en la fracción I del numeral 5 de la propia ley, así como de normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. En ese sentido, conviene tener en cuenta que los arábigos 17, fracción I, 61, fracción XII y 107, fracción I de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, sin condicionar su individualización, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar si una ley es o no "autoaplicativa", no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza "heteroaplicativa", se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo al plazo genérico dispuesto en el citado precepto 17 de la ley en consulta. En conclusión, una norma es "heteroaplicativa" cuando no es de acción automática, esto es, cuando no causa perjuicio al particular desde el momento de su entrada en vigor, porque dicha vigencia no crea, transforma o extingue situaciones concretas de derecho, sino que para que se configure en el mundo fáctico en perjuicio del gobernado, requiere de la actualización de un acto que condicione su aplicación. La condición puede consistir en actos administrativos o jurisdiccionales de aplicación del ordenamiento controvertido, debiendo tomarse en cuenta que el acto condición de aplicación de una ley también puede traducirse en un hecho jurídico como suceso independiente de la voluntad humana, o bien, en un acto jurídico realizado por el propio particular, pues tal acontecimiento o acto voluntario son los que determinan la colocación de una persona dentro de la hipótesis legal. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor la afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, con registro 198200, de rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En ese tenor, para efectos del juicio de amparo una norma de carácter general puede ser impugnada: a) Con motivo del inicio de su vigencia, cuando las obligaciones derivadas de la ley vinculan a sus destinatarios desde su nacimiento, sin que se requiera la actualización de condición alguna (norma "autoaplicativa" o de individualización incondicionada). b) Con motivo del primer acto de aplicación, cuando las obligaciones impuestas por la norma no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere de un acto que condicione su actualización (disposición "heteroaplicativa" o de individualización condicionada). Desde esa óptica, para determinar la naturaleza de las normas impugnadas en el juicio de amparo y, por tanto, si pueden ser controvertidas con motivo del inicio de su vigencia o de ulterior acto de aplicación, se debe atender al momento en que las obligaciones deducidas de ellas vinculan a sus destinatarios. Si las cargas derivadas de la legislación los obligan con su sola expedición, se estará ante disposiciones conocidas como "autoaplicativas"; no obstante, si se requiere de una actuación diversa con la que se concreten en la esfera de derechos de los gobernados, ya sea de la autoridad, del propio interesado, terceros o, incluso, de actualización fortuita, se entenderá que se está ante una norma "heteroaplicativa". Establecido lo anterior, en el caso la parte quejosa reclama la reforma al artículo 56-E Bis, entre otros, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto 155/2019; así como la reforma al artículo 28, último párrafo de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto 158/2019 y su ejecución, pues considera que transgreden en su perjuicio diversos artículos constitucionales y tratados internacionales relacionados con derechos humanos de los que el Estado Mexicano es parte. Ahora bien, los preceptos reclamados son del tenor siguiente: LEY GENERAL DE HACIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN Artículo 56-E Bis.- Por el otorgamiento del permiso para la realización de maniobras y el tránsito de vehículos con capacidad de carga en las vialidades del estado, se causarán derechos conforme a lo siguiente: I.- Por cada maniobra de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, de vehículos con capacidad de carga: a) De 3 a 5 toneladas 7.00 UMA b) De 5.1 a 10 toneladas 9.00 UMA c) De 10.1 a 15 toneladas 12.00 UMA d) De 15.1 a 20 toneladas 15.00 UMA e) De más de 20 toneladas 20.00 UMA II.- a la IV.- . V.- Por el permiso anual de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, para vehículos del servicio particular, con capacidad de carga: a) De 3 a 5 toneladas 34.00 UMA b) De 5.1 a 10 toneladas 57.00 UMA c) De 10.1 a 15 toneladas 115.00 UMA d) De 15.1 a 20 toneladas 138.00 UMA e) De más de 20 toneladas 230.00 UMA VI.- Por el permiso anual de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, para vehículos del servicio público, con capacidad de carga: a) De 3 a 5 toneladas 57.00 UMA b) De 5.1 a 10 toneladas 115.00 UMA c) De 10.1 a 15 toneladas 172.00 UMA d) De 15.1 a 20 toneladas 230.00 UMA e) De más de 20 toneladas 345.00 UMA" LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN Artículo 28.- Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte de carga podrán transitar por las vías del Estado, siempre y cuando no excedan el peso, las medidas y las demás características que determine el Reglamento de esta Ley. Cuando la capacidad de un vehículo destinado a la prestación del servicio de transporte de carga sea de tres toneladas de peso o más, dicho vehículo, para su tránsito por las vías del Estado y el desarrollo de las maniobras de carga y descarga correspondientes, requerirá de la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública o del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, según corresponda, de acuerdo con el Reglamento de esta Ley. La autorización a que se refiere el párrafo anterior podrá ser otorgada por maniobra o de manera anual, según sea el caso, previo pago del derecho correspondiente, en términos de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán." De su contenido se deducen las siguientes determinaciones: 1. Los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte de carga que excedan de tres toneladas de peso o más, para su tránsito por las vías del Estado y el desarrollo de las maniobras de carga y descarga correspondientes, requerirá de la autorización de la Secretaría de Seguridad Pública o del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, según corresponda, de acuerdo con el Reglamento de esa Ley. 2. Los operadores de transporte de carga deberán obtener un permiso para ello, cumpliendo los requisitos establecidos; asimismo, el procedimiento, las formalidades y los plazos aplicables para el otorgamiento de los permisos, se establecerán en el Reglamento de Ley de Transporte. 3. La autorización a que se refiere el párrafo anterior podrá ser otorgada por maniobra o de manera anual, según sea el caso, previo pago del derecho correspondiente, en términos de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán en su artículo 56-E Bis. En ese contexto, es evidente que los preceptos legales reclamados son de naturaleza autoaplicativa, pues desde el inicio de su vigencia obligan a los particulares que se ubiquen en la hipótesis normativa que prevé. Entonces, para acreditar que una norma general autoaplicativa afecta el interés jurídico del quejoso es necesario analizar, en principio, en qué situación de hecho debe ubicarse para sufrir un perjuicio con la entrada en vigor de aquélla, para que en su caso pueda evidenciarse si coinciden con el supuesto de hecho que genera la consecuencia jurídica que prevé la norma controvertida, pues de lo contrario, podría demostrarse un hecho irrelevante que no lo legitimaría para impugnar el respectivo acto legislativo. Bajo esta perspectiva, resulta evidente que para impugnar una norma general desde su sola vigencia o en virtud de un acto de aplicación, precisa que trascienda a la esfera jurídica del quejoso, generándole un menoscabo al respecto, puesto que de no demostrarse que se han concretado los efectos jurídicos de la norma, es incontrovertible la falta de legitimación de aquél para impugnar la disposición general en la que no se ubica. En el caso la parte quejosa estima que la reforma del artículo 28 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, en relación con el diverso 56-E Bis de la Ley General de Hacienda del Estado, que regulan el tránsito de los vehículos destinados a la prestación de servicio de carga y descarga que exceda de tres toneladas de peso o más, en la citada entidad y el costo por la expedición de los permisos correspondientes, le afecta directamente desde el momento de su entrada en vigor; es decir, como normas autoaplicativas ya que los artículos referidos, restringen su libre tránsito y derecho al trabajo, al contener parámetros de control sobre la fijación de los mismos, pues establecen límites de circulación y la reglamentación específica sobre maniobras de carga y descarga en la vía pública bajo ciertas características (peso). Sin embargo, en una nueva reflexión, se estima que la parte quejosa debió exhibir alguna prueba tendente a demostrar fehacientemente el derecho que le asiste para solicitar el presente juicio de amparo en contra de esas disposiciones, esto es, debió acreditar tener la autorización por parte de las autoridades Estatales para desempeñar la actividad económica de transportista de carga general. Se dice lo anterior, toda vez que la parte quejosa acude a esta instancia aduciendo que las normas impugnadas violan los derechos al libre tránsito, la seguridad jurídica, legalidad y trabajo reconocidos en los artículos 11, 14, 16 y 25 constitucionales, en virtud de que se grava de forma exorbitante e injustificadamente el servicio de transporte de carga, teniendo en cuenta que aduce dedicarse al transporte de carga. No obstante ello, en el caso, no acreditó su interés jurídico para impugnar las referidas normas como un sistema normativo integral autoaplicativo, en virtud de que no aportó prueba idónea con la que acredite que cuenta con el permiso expedido por el Ejecutivo del Estado o con el certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad o en su caso, con el pago de alguna contribución establecida en las disposiciones legales en materia hacendaria del Estado de Yucatán de conformidad con los numerales 36 y 53 de la Ley de Transporte del Estado, para considerar que con la reforma a la citada ley contenida en el Decreto 158/2019 reclamado, se afectan sus derechos. A efecto de demostrar lo anterior, conviene señalar que los artículos 36 y 53 de la Ley de Transporte del Estado (vigentes antes de la reforma contenida en el Decreto 158/2019 reclamado, pues el numeral 36 fue reformado y el 53 derogado) disponen lo siguiente: "Artículo 36.- Para la prestación del servicio particular de transporte, las personas físicas o morales deberán contar con permiso, el cual será otorgado por el Ejecutivo del Estado previa satisfacción de los requisitos y cubiertas las formalidades que se establecen en esta Ley y su reglamento. Artículo 53. Para que transiten en las vías terrestres estatales los vehículos destinados al servicio público o particular, de transporte de carga cuya capacidad útil mínima sea de tres mil kilogramos o mayor, los concesionarios deberán obtener un certificado de pesos, dimensiones y medidas, expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad". De la lectura de los numerales en comento, se desprenden las siguientes conclusiones: Que para la prestación del servicio particular de transporte, las personas físicas o morales deberán contar con permiso, el cual será otorgado por el Ejecutivo del Estado previa satisfacción de los requisitos y cubiertas las formalidades que se establecen en esta Ley y su reglamento. Que para que transiten en las vías terrestres estatales los vehículos destinados al servicio público o particular, de transporte de carga cuya capacidad útil mínima sea de tres mil kilogramos o mayor, los concesionarios deberán obtener un certificado de pesos, dimensiones y medidas, expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad; y Por tanto, en concepto de este resolutor, previa entrada en vigor de las normas reclamadas, los interesados en prestar el servicio de transporte tanto público como particular en el Estado de Yucatán, debían, según fuera el caso: a) Contar con permiso otorgado por el Ejecutivo del Estado previa satisfacción de los requisitos y cubiertas las formalidades establecidas (servicio particular de transporte); y, b) Obtener el certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad (vehículos destinados al servicio público o particular, de transporte de carga cuya capacidad útil mínima sea de tres mil kilogramos o mayor). Por tanto, para acreditar que las normas impugnadas generan una afectación en la esfera jurídica de la parte quejosa, era menester que exhibiera los documentos que acrediten que cuenta con ese permiso y certificado; puesto que, al tratarse de una actividad regulada, es evidente la necesaria demostración de la facultad constituida en su favor, para llevarla a cabo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 1635, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 177594, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, CON MOTIVO DE LA DETENCIÓN DE UN VEHÍCULO, DEBE EXHIBIRSE LA CONCESIÓN OTORGADA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y NO OTRO DOCUMENTO. De la recta interpretación del artículo 26 de la Ley de Transportes para el Estado de Chiapas y 18 de su reglamento, se advierte que para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las modalidades de urbano, suburbano, foráneo, de alquiler o taxi, se requiere del documento en el que conste la concesión otorgada por autoridad competente para ello; de donde se sigue que cuando el peticionario de amparo, con motivo de la detención de su vehículo con el que presta el servicio de transporte de pasajeros en alguna de las modalidades a que se refieren las fracciones I, II y III del citado precepto 26 de la Ley de Transportes, no exhibe la concesión que exige el citado precepto legal, es evidente que no acredita el interés jurídico con el que comparece a instar el juicio de garantías, ya que cualquier otro documento carece de idoneidad para demostrar la titularidad del derecho cuestionado." Sin embargo, se considera que el interés que la parte quejosa estima vulnerado no resulta afectado, pues para que ello ocurriera era menester acreditar que se ubica en el supuesto que subyace en la norma, esto es, que demostrara la existencia del permiso expedido por el Ejecutivo del Estado o del certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad o en su caso, del pago de alguna contribución establecida en las disposiciones legales en materia hacendaria del Estado de Yucatán de conformidad con los numerales 36 y 53 de la Ley de Transporte del Estado, para considerar que con la reforma a la citada ley contenida en el Decreto 158/2019 reclamado, se afecten sus derechos. En efecto, para acreditar el interés en el juicio de amparo promovido contra las normas reclamadas, cuya vigilancia del cumplimiento está a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, es imperativo que se demuestre la existencia de un derecho legítimamente tutelado, vigente y actual, que se vea afectado, esto es, exhibir el permiso expedido por el Ejecutivo del Estado, así como el certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad, o en su caso, el pago de alguna contribución establecida en las disposiciones legales en materia hacendaria del Estado de Yucatán, de donde pudiere advertirse la obtención de este permiso o certificado, ya que, en caso contrario, se incorporaría o constituiría un derecho cuyo ejercicio legalmente no se acreditó. Por tanto, para que proceda el amparo sin existir acto concreto de aplicación debe acreditarse la afectación al interés jurídico o legítimo por su ubicación particular frente a las normas, demostrándose que se está bajo la hipótesis de ellas, lo que la parte quejosa no hizo, pues no exhibió documento alguno con el que pudiera acreditarse los extremos señalados y, por ende, que la reforma al artículo 28 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, así como al numeral 56-E Bis de la Ley General de Hacienda del Estado, le afectan. Cuenta habida que, tanto la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, como de los Tribunales Colegiados de Circuito, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés, por ello debe estimarse que si no existe en autos elemento alguno que genere convicción de que el acto reclamado afecta real, directa o indirectamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso, se reitera, dicho acto no afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la constitución. Resulta aplicable la jurisprudencia 321 de la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable a folios 216, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que informa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Así, como la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 50, del Tomo VII, Marzo de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Registro 207025, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA. No debe confundirse el carácter de autoaplicativa de la ley, con el interés jurídico para reclamarla en amparo, pues mientras que aquél se refiere a la obligatoriedad del mandato legal desde que entra en vigor, el segundo se relaciona con la afectación que el propio mandato origina a la parte quejosa; afectación que debe probarse, tomando en cuenta que el artículo 4o. de la Ley de Amparo previene que el juicio de garantías únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Así para legitimar el ejercicio de la acción constitucional no es suficiente con que las disposiciones de la ley resulten obligatorias desde el momento mismo en que entran en vigor, sino que es indispensable demostrar que el quejoso se encuentra en los supuestos de las normas que pretenda impugnar, ya que sólo así se puede concluir que la ley, desde el momento de su iniciación de vigencia, afecta los intereses jurídicos del solicitante del amparo." Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 267, Octava Época, Registro 206527, que indica: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA. Cuando se promueve amparo en contra de una ley alegando que su sola expedición causa perjuicio al quejoso, es necesario que éste pruebe, en la audiencia constitucional, que es sujeto de la norma y que sus disposiciones afectan su interés jurídico; pues no basta, para tenerlo por demostrado, el que en la demanda de amparo se hubiere declarado, bajo protesta de decir verdad, que se está dentro de los preceptos de la norma." Lo anterior, sin que pasen inadvertidos los medios de prueba acompañados por la parte quejosa a la demanda de amparo, consistentes en: Constancia de situación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria. Copia certificada del permiso único para prestar el servicio de autotransporte federal de carga número 03012001310854459, Copia certificada de la inclusión de vehículos al permiso único para prestar el servicio de autotransporte federal de carga número 03012001310854459. Copias certificadas de las tarjetas de circulación con números de folio 01443608, 01966385, 01966281, 0604208, 0665481 y 0952955. Permiso original de tránsito signado por el Director de la Policía Municipal del Ayuntamiento de Mérida. Recibo original número 62378 relativo al permiso de tránsito expedido por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal. Pues de tales probanzas no se advierte la existencia del permiso a la peticionaria de amparo expedido por el Ejecutivo del Estado, ni del certificado de pesos, dimensiones y medidas expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad, o en su caso, del pago de alguna contribución establecida en las disposiciones legales en materia estatal hacendaria del Estado de Yucatán a efecto de obtener dichas autorizaciones, para considerarse afectada por el artículo 28 de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, en relación con el diverso 56-E Bis, de la Ley General de Hacienda del Estado, por tener reconocido ante las autoridades estatales correspondientes el derecho a desarrollar la actividad que, con esas disposiciones legales, afirma, se afecta. En efecto, por cuanto hace la identificación aportada (credencial para votar) únicamente acredita la identidad de la aquí justiciable; luego, en relación con la copia de la constancia de situación fiscal, expedida por el Servicio de Administración Tributaria, de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, sólo evidencia que está dada de alta ante el Fisco federal para el tema de contribuciones. Luego, en lo referente al permiso para realizar el servicio de transporte de carga, expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Centro Yucatán, de tres de agosto de dos mil uno, se observa que el mismo es de carácter federal, y por ende, no es el permiso que se requiere para ubicarse en el supuesto de la norma, que es el expedido por el Ejecutivo del Estado de Yucatán. Aunado a que se advierte que dicho permiso corresponde al año dos mil uno (2001) sin que justifique la parte quejosa que el mismo está vigente. Por otra parte, en lo relativo a las copias de las tarjetas de circulación de los vehículos con los que refiere la quejosa presta el servicio público federal de carga, de folios: 01443608, 01966385, 01966281, 0604208, 0665481 y 0952955, debe decirse que tampoco son aptos para acreditar el interés jurídico requerido en relación con la aplicación de los numerales tildados de inconstitucionales, pues de estos instrumentos únicamente se desprende que al ser documentos expedidos por la Dirección General de Autotransporte Federal, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), avalan la circulación por las vías federales de los vehículos que ahí se mencionan. Por tanto, es claro que con los documentos anteriores, la parte justiciable no acredita contar con el permiso otorgado por el Ejecutivo del Estado, para la prestación del servicio particular de transporte en esta entidad, el cual estuviera sustentado en los artículos que considera inconstitucionales; por otra parte, tampoco justifica tener un certificado de pesos, dimensiones y medidas, expedido por la Secretaría de Protección y Vialidad del Estado, que la faculte para transitar por vías terrestres estatales. En cuanto a la valoración probatoria, debe indicarse finalmente que, tampoco resulta útil a la quejosa en relación con la acreditación del interés jurídico requerido, el recibo número 62378, de seis de febrero de dos mil veinte, expedido por la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal a nombre de la aquí promovente del amparo, por la cantidad de $87.00 (ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional) por maniobras de carga y descarga; ya que dicho documento no corresponde a alguno de los antes aludidos, ni se desprende del mismo que correspomda al pago de lo que al efecto dispone el numeral 56-E bis de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, por no contener alguna disposición que permita establecerlo en esa forma. Además de que del propio numeral 56-E Bis tildado de inconstitucional, se desprende que el monto mínimo a pagar por maniobra de carga y descarga o transporte de carga en la vía pública, es de siete Unidades de Medida y Actualización (UMA´s), por tanto, considerando que una Unidad aludida equivale a $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional), el monto mínimo señalado por la norma es de $608.16 (seiscientos ocho pesos 16/100 moneda nacional), suma que es mucho más elevada a la consignada en el recibo de pago exhibido por la quejosa; de ahí su ineficacia probatoria. Así las cosas, es evidente que el interés jurídico de quien promueva la acción constitucional sólo puede existir en la medida que demuestre que la norma combatida le causa una afectación en su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le correspondan. Asimismo, dicho agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo. De manera que si las normas impugnadas establecen un nuevo sistema de regulación del tránsito de los vehículos en la prestación del servicio de carga y descarga que exceda de tres toneladas de peso o más en el Estado de Yucatán, resulta incuestionable que para impugnarlas necesariamente se debe acreditar que causan un perjuicio en el promovente; en consecuencia, si la parte quejosa no demostró ese extremo, deviene la actualización de la causa de improcedencia referida. Así las cosas, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XII del numeral 61 de la ley antes invocada, se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos reclamados consistentes en la reforma al artículo 56-E Bis, de la Ley General de Hacienda del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto número 155/2019; así como la reforma al artículo 28, último párrafo de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, contenida en el Decreto 158/2019 y su ejecución. Sobre esa perspectiva, este Juzgado se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues la simple actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio constitucional, impide al juzgador pronunciarse sobre cualquier cuestión que atañe al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la cuestión de fondo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia registrada con el número 2265555, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LASCUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura de sentencia. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ANGELINA RUIZ DEL HOYO SEGURA,, en contra de los actos que reclama de la Secretaría de Administración y Finanzas, Director de Transporte, Titular del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, los anteriores del Estado de Yucatán, así como del Ayuntamiento, Presidente Municipal, Director de la Policía Municipal, los últimos del Ayuntamiento de Mérida, todos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra de los actos que reclama del Congreso, Gobernador y Secretario de Seguridad Pública, todos del Estado y con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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