Josafat Chan Loeza
Expediente 1555/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1555/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Josafat Chan Loeza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la parte a quien pudo causarle perjuicio la sentencia de veintisiete de julio de dos mil veintidós, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que CAUSA EJECUTORIA la referida sentencia que en sus puntos resolutivos, sobreseyó en el presente asunto; para todos los efectos legales que correspondan. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se señala que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad; lo anterior, para los efectos legales y administrativos correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1555/2022-IV-B, promovido por Josafat Chan Loeza; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el Buzón Judicial el veintiuno de junio de dos mil veintidós; recibido en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán al día siguiente; y turnado el veintitrés del citado mes y año, a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Josafat Chan Loeza, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo la que quedó registrada con el número 1555/2022-IV-B; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó emplazar al tercero interesado, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y Sin que sea obstáculo para resolver el presente asunto, la circunstancia de que no han mediado ocho días entre el acuerdo en el que se pusieron a la vista el informe justificado que rindió la responsable, con la fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional. En razón de que, de una interpretación en sentido estricto del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se concluye que ello no causa perjuicio alguno al derecho de defensa de la parte quejosa, toda vez que la autoridad responsable reconoció la existencia del acto reclamado. Máxime que no existió solicitud de la parte impetrante en el sentido de diferir la audiencia de ley, ni resulta procedente el diferimiento de oficio, al no haber razón jurídica para que primordialmente la quejosa quisiera ofrecer prueba para desvirtuar lo informado por la responsable cuando reconoció la existencia del acto; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así de la lectura íntegra del escrito de demanda, como de las constancias remitidas por la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se tiene que la parte quejosa reclama esencialmente, lo siguiente: La omisión de ordenar notificar a los demandados Césareo Enrique Arellano Aponte, Casa Dominga Barrio Gourmet y Arquitectura de Espectáculos CT, Sociedad Anónima de Capital Variable, el laudo dictado en el expediente 171/2018, del índice de la autoridad responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó expresamente la Presidenta de la misma, al rendir el informe justificado. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, concerniente a la cesación de efectos del acto reclamado, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el precepto 63, fracción V, de la invocada ley de la materia. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto de autoridad, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que la responsable remitió a su informe justificado, se advierte que el catorce de julio de dos mil veintidós, la junta responsable notificó el laudo dictado en el juicio laboral de origen 171/20218, al demandado Césareo Enrique Arellano Aponte, por sí y como responsable de la fuente de trabajo denominada "CASA DOMINGA BARRIO GOURMET" y "ARQUITECTURA DE ESPECTÁCULOS CT", Sociedad de Capital Variable. Todo lo cual, la autoridad responsable acreditó con las constancias que adjuntó a su informe de mérito. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Actos de autoridad que acontecieron durante la sustanciación del presente juicio de amparo, considerando que la demanda de amparo se presentó el veintiuno de junio de dos mil veintidós; y la parte demandada fue notificada el catorce de julio de dos mil veintidós, por conducto de su apoderado; lo que actualiza a plenitud la causa de improcedencia invocada. Por lo antes expuesto, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante, la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce del derecho humano que estimó violado, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63, de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del motivo de sobreseimiento que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Así como la tesis I.11o.C.40 K (10a.), del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación, publicada el 09 de abril de 202, Materia(s): (Común), con registro: 2022945, que dice: "LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉSTA EL TERCERO INTERESADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Hechos: En el juicio de amparo indirecto se dictó sentencia que decretó el sobreseimiento; contra dicha resolución el tercero interesado interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el tercero interesado carece de legitimación para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que decretó el sobreseimiento, al no causarle agravio en su esfera de derechos. Justificación: Lo anterior es así, pues del examen lógico y correlacionado de los artículos 81, fracción I, inciso e) y 82 de la Ley de Amparo, se advierte que la procedencia del recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo indirecto está condicionada a que dicho fallo cause agravio al recurrente -pues de serle favorable sólo podría promover revisión adhesiva, a fin de tratar de conservar lo ya obtenido en esa sentencia-. Entonces, el derecho subjetivo afectado por una sentencia dictada en la audiencia constitucional es lo que configura el perjuicio que da legitimación para impugnarla en el recurso de revisión. Por ello, no sólo se requiere ser parte en el juicio de amparo para estar en aptitud de recurrir en revisión la sentencia que ahí se emita, sino que ésta afecte un derecho subjetivo del recurrente; de ahí que el interés del tercero interesado radica, comúnmente, en que subsista el acto reclamado, de manera que si el Juez de Distrito decreta el sobreseimiento, esa determinación no afecta sus derechos como parte en el juicio de amparo, porque produce el efecto de que subsista el acto reclamado." Sin que obste a lo anterior, el que no haya sido emplazado a este juicio a los terceros interesados Césareo Enrique Arellano Aponte, Casa Dominga Barrio Gourmet y Arquitectura de Espectáculos CT, Sociedad Anónima de Capital Variable, pues en virtud del sentido de la presente sentencia, no resentirían perjuicio alguno. Es atendible al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lo caliza en la página 131, Tercera Parte, LVII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "TERCEROS PERJUDICADOS, FALTA DE CITACIÓN A LOS, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito no llamó al juicio para la defensa de sus derechos a los terceros perjudicados, aunque es verdad que el procedimiento del juicio de amparo es de derecho público y la violación del mismo impone su reposición, no es del caso ordenarla, si se llega a la conclusión de sobreseerse, por ser innecesaria tal medida, toda vez que no resentirían ningún perjuicio dichos terceros, cuyos derechos quedan intocados". QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Josafat Chan Loeza, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, agréguese a este expediente el oficio remitido por el Juez Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en Kanasín, Yucatán, que envía en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. En dicha misiva, la autoridad oficiante informa que hasta la presente fecha el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no ha exhibido documento con el cual acredite la tramitación de la designación de albacea o el nombramiento de interventor en la sucesión del quejoso Cesar Alejandro Batún Baeza. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, a partir de que quede legalmente notificado, informe las gestiones que ha llevado a cabo, a fin de que dicho Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dé contestación al requerimiento que le realizó sobre la designación de albacea o el nombramiento de interventor en la sucesión del quejoso Cesar Alejandro Batún Baeza, a fin de acordar lo conducente.
- Principal
ELECT Mérida, Yucatán, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de veintidós de junio de este año, se dio vista a la parte quejosa de lo que informó la autoridad responsable sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así mismo, en el referido auto se le apercibió que de no hacer manifestación alguna dentro del término que se le concedió, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. Ahora bien, el acuerdo de mérito se notificó electrónicamente a la parte quejosa el veintitrés de junio siguiente; en consecuencia, a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles que se le concedió para que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que lo hiciera. Por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra cumplido o no. Ahora bien, el once de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia, en la cual se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto siguiente: "... procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Delegado del Registro Agrario Nacional en Yucatán, de manera inmediata culmine con el procedimiento y/o trámite con folio 31170007556, relativo al trámite de expedición de los títulos de propiedad de la parcela colectiva número 654, ubicada en el ejido Sitpach, municipio de Mérida, y hecho ello, sean puestos a disposición de la parte quejosa." Posteriormente, por auto de trece de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Así, a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, mediante oficio RAN/YUC/SR/DJ/2030/2022, relacionado en auto de veintidós de junio del año en curso (promoción 14336), informó que fijó las doce horas del cinco de julio de dos mil veintidós, para la entrega de los títulos de propiedad 1005234/1, 1005234/2 y 1005234/3, que amparan la parcela colectiva número 654 Z1 P1 del ejido de Sitpach, municipio de Mérida, Yucatán, relativo a la solicitud 31170007556; lo que se corrobora de la copia que remitió como anexo. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de ahí que se considere destruido el acto atribuido y, por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; remitiendo por cuerda separada los cuadernos del incidente de suspensión, anexándoles para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el inciso b), del artículo 18, del Acuerdo General sin número, de veintitrés de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es depurable. Lo anterior, en virtud de que se trata de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el citado artículo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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