Jorge Winckler Ortiz

Expediente 953/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
953/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Jorge Winckler Ortiz

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Delegado Jurídico en la Dirección General de Transporte del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve el citatorio que fijó la Actuaria Judicial por los motivos que ahí expone. En virtud de lo anterior, resérvese notificar al tercero interesado ***** hasta en tanto transcurran los días otorgados con motivo de su incapacidad.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el escrito de cuenta, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Analizada la demanda de amparo promovida por ****************, quien se ostenta como defensor particular del quejoso ****************, contra actos del Licenciado ****************, en su calidad de Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con residencia en la localidad de Pacho Viejo, Veracruz, y otras autoridades; por lo tanto, se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y registrarlo en el Libro de Gobierno con el número de juicio 953/2023 que le corresponde. DESECHAMIENTO HIPÓTESIS NORMATIVAS En el caso, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 62 y 113 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Establecido lo anterior, en el caso se advierte de modo manifiesto e indudable que respecto de los actos que pretende impugnar la parte quejosa se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. El citado dispositivo legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Conforme a lo previsto por el precepto legal reproducido, el juicio de amparo es improcedente cuando, por aplicación del principio de definitividad, el quejoso no agota de manera previa los medios o recursos ordinarios que establezca la ley que rige el acto. Del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley ordinaria establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio, encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, que procede contra actos definitivos; por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar que el dieciséis de junio de dos mil dieciséis fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir del día siguiente de su publicación, cuyo objeto, en lo que aquí interesa, radica en el establecimiento de normas que deben observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. La Ley Nacional de Ejecución Penal prevé dos recursos a través de los cuales las partes de un procedimiento, según sea el caso, pueden impugnar las resoluciones y autos que emita un juzgador, a saber, revocación y apelación. En ese orden de ideas, los artículos 51 y 132 del ordenamiento legal antes invocado establecen la procedencia del recurso de apelación contra diversas determinaciones emitidas por el Juez de Control -a más de otros supuestos- entre las que se encuentran la orden de traslado. Los numerales en comento son del tenor siguiente: "Artículo 51. Traslados involuntarios El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley" En el caso, los actos reclamados a las responsables por el quejoso en el presente juicio de amparo se hacen consistir en: La orden de traslado involuntario emitida en la causa penal número ****************, por el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, a solicitud expresa del Fiscal Décimosegundo adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, por virtud de la cual el impetrante fue trasladado del lugar en el que se encontraba privado de su libertad hasta el tres de octubre de dos mil veintitrés, Centro Federal de Readaptación Social Número 1, "El altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, al Centro de Reinserción Social ubicado en la localidad de Pacho Viejo, Veracruz; así como su ejecución. De conformidad con lo previsto por los preceptos legales transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en contra del acto reclamado consistente en la orden de traslado involuntario autorizada por el Juez de Control en el proceso penal ya indicado, procede el recurso de apelación, al tratarse de una determinación autorizada por una autoridad juridicial, Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz, mediante la cual se ordenó la remisión del impetrante del centro de reclusión en que se encontraba, en el Estado de México, a otro ubicado en esta entidad federativa. Por tanto, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, es claro que el acto tildado de inconstitucional por el quejoso no puede ser analizado de primera intención por este órgano de control constitucional, pues contra éste procede el aludido medio de impugnación previsto por los artículos 51 y 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que contra las determinaciones pronunciadas por la autoridad jurisdiccional relativas a traslados de personas privadas de su libertad con motivo de la ejecución de una pena o estando bajo los efectos de la prisión preventiva, las mismas deben ser combatidas mediante el recurso de apelación. Máxime, que en el presente caso, no se actualiza ninguno de los diversos supuestos de excepción que prevén los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Ahora aun cuando se estimare que el acto reclamado es de los considerados como de imposible reparación, debe tenerse en cuenta que el juicio de amparo indirecto sólo es procedente, previo a que se agote el principio de definitividad; porque estimar lo contrario equivale a considerar que en contra de cualquier acto dictado en un procedimiento jurisdiccional, procede el juicio de amparo indirecto sin atender el principio de definitividad, pues el juicio de amparo no es un recurso, sino un medio extraordinario de defensa que se sigue en contra de actos arbitrarios de autoridad. Apoya lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia 11/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 8, que señala lo siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Por tanto, si el quejoso no agotó el recurso de apelación antes citado, en contra de la determinación que reclama a la autoridad judicial, en forma previa a la promoción del presente juicio constitucional, inobservó el principio de definitividad referido, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo. No es óbice para la determinación anterior, el hecho que en la demanda de amparo se argumente, como cuestión de fondo, que la autoridad que emitió y autorizó la orden de traslado reclamada resultaba legalmente incompetente para hacerlo, ya que ello resulta ser un argumento que, en todo caso, deberá ser analizado por el órgano jurisdiccional competente que deba conocer del medio ordinario de defensa previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Dado que se actualizó el supuesto de improcedencia del juicio de amparo invocado, debe DESECHARSE DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. La presente determinación se sustenta en el criterio seguido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en la ejecutoria de dieciséis de junio de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja penal ****************. AUTORIZADOS Asimismo, se facultan como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************** debido a que sí tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República. Asimismo, se faculta en los mismos términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, debido a que sí cuenta con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública para ejercer la profesión en derecho; sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia consultable con el registro electrónico 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". ACCESO A EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con apoyo en lo dispuesto en los artículo 3 de la Ley de Amparo y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los cuales establecen los mecanismos para acceder de manera eficiente a la información disponible para el logro de los fines referidos a través de la tecnología, específicamente el uso de una firma electrónica y la integración del expediente electrónico, se autoriza a los usuarios **************** el ingreso a dicho sistema electrónico, para efectos de consulta del juicio de amparo, presentar promociones y recibir notificaciones; con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas; lo anterior, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional en días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitarlos, se instruye al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. Por otra parte, con fundamento en el artículo 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se instruye a los actuarios de la adscripción que por turno corresponda para que en lo subsecuente, dentro del plazo legal, agreguen al expediente electrónico las constancias que se generen con motivo de las notificaciones que se practiquen a la parte quejosa durante la tramitación del presente juicio. Sin que haya lugar a proveer de conformidad el domicilio particular que proporciona, en razón que en los párrafos que anteceden se ordenó que todas las notificaciones que del presente juicio emanen se realicen vía electrónica. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO". DATOS DE CONTACTO Se toma como dato de contacto los correos electrónicos que proporciona para entablar comunicaciones no procesales, en términos de lo dispuesto en el artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe pública del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

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