Jorge Winckler Ortiz

Expediente 848/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 62 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
848/2022
Año
2022
Actuaciones
62
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Winckler Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 62.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese para los efectos legales procedentes el oficio signado por el Subdirector de Amparo, Civil y Penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en virtud de lo acordado en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso. Por otra parte, del estado procesal del expediente y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; pronunciándose al respecto la parte quejosa mediante diversos escritos remitidos vía electrónica, registrados con los números de control interno 15542, 15645, 15647, 15649, 16027, 16041, 16306, 16538, 17003 y 17146, recibidos en autos de nueve, dieciséis y treinta y uno de octubre, así como siete, catorce y quince de noviembre, todos del año en curso; en consecuencia, se procede a analizar si conforme con las constancias remitidas por la autoridad responsable, la sentencia amparadora se encuentra cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: I) En sentencia dictada el diez de abril de dos mil veintitrés (fojas 494-509), por una parte se sobreseyó en el juicio, y por otra, se concedió el amparo solicitado por Rodolfo Félix Cárdenas, en su carácter de defensor particular de ***** para el efecto que la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, realizara lo siguiente:Emitiera una resolución en la causa penal número **** instruida al quejoso, en la que dilucidara si atendiendo a las razones que dieron lugar al traslado del quejoso a un centro de reclusión de máxima seguridad, le corresponde o no seguir conociendo del asunto, de un análisis que realizara respecto a las hipótesis de "competencia por razón de seguridad" que contempla el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. II) Posteriormente, por diversos escritos (promociones electrónicas y fojas 526-528) recibidos en autos de veinticinco y veintiséis de abril de este año, la parte quejosa a través de su defensor particular, la Agente del Ministerio Público adscrita, así como la parte tercera interesada, interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; medios de impugnación que por auto de veintidós de mayo del año en curso (foja 568), fueron remitidos al Tribunal Colegiado, para su substanciación. III) Por oficio recibido el dos de octubre de dos mil veintitrés (fojas 621-642), el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, devolvió los autos originales del juicio de amparo 848/2022 y comunicó que en la revisión 178/2022 de su índice, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se NIEGA el AMPARO Y PROTECCIÓN de la Justicia Federal a ***** respecto del acto y por la autoridad que se puntualizan en el considerando cuarto de esta ejecutoria. TERCERO. Por las razones de este Tribunal Colegiado de Circuito, la Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ******, contra el acto reclamado y autoridad responsable precisados en el último considerando de esta ejecutoria." Asimismo determinó lo siguiente: "(.) 69. En ese tenor, la concesión del amparo deberá ser precisada por este Tribunal Colegiado en los términos siguientes, para que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, proceda en los términos siguientes: Emita resolución en la causa penal número ***** instruida al quejoso **** en la que atendiendo a las razones por las cuales calificó de legal el traslado de este último al Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", se declare legalmente incompetente y remita el proceso penal correspondiente al juez que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se ubica el centro de reclusión en donde está interno el peticionario del amparo." IV) Por lo que, en proveído de dos de octubre de la presente anualidad (foja 643-644), se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; aunado a que el quejoso, a través de su defensor particular, mediante escrito recibido en esa misma fecha, solicitó el cumplimiento inmediato a la ejecutoria de amparo. V) Luego, en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés (foja 653-654), se tuvo a la autoridad responsable informando la aludida imposibilidad en que se encontraba para dar cumplimiento a la sentencia amparadora (foja 652); sin embargo, se reiteró a la misma los términos en que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal, otorgó el amparo a la parte quejosa, además, se le precisó que era la autoridad facultada para dar cumplimiento al fallo protector, por lo que, nuevamente se le requirió para que atendiera al requerimiento formulado. VI) Posteriormente, por oficio recibido en este Juzgado el nueve de octubre del año en curso (foja 662), la autoridad Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal y de Enjuiciamiento, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, remitió la resolución con la pretende dar cumplimiento a la sentencia de amparo (fojas 663-677); por su parte, -por escritos presentados a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con registro 15542 y 15645-, la autorizada de la parte quejosa promovió incidente de inejecución de sentencia de amparo y exhibió documentales, al estimar que la autoridad responsable había ncumplido el fallo protector; asimismo, un diverso autorizado de la parte quejosa mediante escritos presentados vía electrónica (registrados con los número 15647 y 15649), adicionó el planteamiento del incidente propuesto para expresar que se incumplió la ejecutoria de amparo. VII) Por acuerdo de nueve de octubre de este año (fojas 696- 701), se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera. Por otro lado, respecto a las solicitudes de los autorizados de la parte quejosa, se determinó que no era posible dar trámite al índice de inejecución de sentencia de amparo, hasta en tanto se agotara el procedimiento previsto en los artículos 192 a 196 de la Ley de Amparo; no obstante, se precisó que las consideraciones expuestas en aquellos escritos, se tomarían en consideración en el presente pronunciamiento. VIII) Mediante escritos presentados de forma electrónica (registrados con los números 16027, 16041, 16306, 16538, 17003 y 14176), la parte quejosa, por conducto de sus autorizados, realizó manifestaciones en el sentido que la responsable no dio cumplimiento al fallo amparador y reiteró la solicitud de trámite al incidente de inejecución de sentencia; por lo que en autos de dieciséis y treinta y uno de octubre, así como siete, catorce y quince de noviembre, todos del año en curso, se reiteró que no era posible dar trámite al incidente planteado por los motivos expuestos y se precisó que sus manifestaciones serían tomadas en consideración en la presente resolución. IX) Por autos de diecisiete, treinta y uno de octubre, siete, catorce y veintiuno de noviembre, todos de dos mil veintitrés, se realizaron diversos requerimientos y gestiones a efecto de obtener el acuse de recibo del oficio 25797, por el cual se ordenó notificar el auto de nueve de octubre pasado, en el que se dio vista con el cumplimiento dado al fallo amparador, a la autoridad tercera interesada Pablo Mendizabal Bernal, en su carácter de Fiscal Noveno adscrito a la Unidad Integral de Procuración de Justicia de Córdoba, Veracruz; hasta que se obtuvo la constancia respectiva de la que se advierte que fue notificado el diecisiete de noviembre del presente año y se tuvo por aclarada su denominación actual como Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas desaparecidas Zona Centro Cosamaloapan en auto de veintitrés de noviembre del año actual. Ahora bien, previo análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que la sentencia de amparo SE ENCUENTRA EN VÍAS DE CUMPLIMIENTO, atendiendo a las siguientes consideraciones: En principio, resulta necesario reiterar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al resolver los recursos de revisión interpuestos en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, modificó la misma, para el efecto que, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, realizara lo siguiente: Emitiera resolución en la causa penal número *****instruida al quejoso ***** en la que atendiendo a las razones por las cuales calificó de legal el traslado de este último al Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", se declarara legalmente incompetente y remitiera el proceso penal correspondiente al juez que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se ubica el centro de reclusión en donde está interno el peticionario del amparo. Al respecto, la autoridad responsable emitió la resolución de seis de octubre del año en curso, en la que, por una parte, realizó un estudio por el cual calificó de legal el traslado del quejoso, y, por otra, se declaró legalmente incompetente para conocer del proceso penal y ordenó remitir los autos del proceso penal al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, del Poder Judicial del Estado de México, situado en kilómetro 4.5 Carretera Toluca Almoloya de Juárez, Santiaguito Tlalcilalcalli, en Almoloya de Juárez, México. No obstante, del análisis de dicha determinación se concluye que en una parte del pronunciamiento no cumple a cabalidad con los lineamientos establecidos en la sentencia amparadora, como enseguida se explica. Calificación de traslado: En la referida resolución de seis de octubre del año en curso, se realizó un primer pronunciamiento en relación con el traslado del quejoso, en el siguiente sentido:Que en lo concerniente a la resolución en la que la autoridad administrativa decidió trasladar al indiciado ***** al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, se encuentran justificadas la hipótesis que contempla el artículo 52, fracciones II y III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal -que regulan la posibilidad de realizar el traslado sin autorización judicial previa-, por las cuales la autoridad penitenciaria autorizó y ejecutó el traslado de la persona privada de su libertad, sin previa audiencia como lo establece el numeral 51 de la Ley en comento. Que dicho procedimiento en mención, constituye un acto compuesto por dos fases, la administrativa en la que interviene la autoridad penitenciaria, que comprende la autorización y ejecución del traslado y la fase judicial en la que el Juzgador convalida o revoca el traslado. Que de la información proporcionada por la autoridad penitenciaria concluye que la misma es razonable y suficiente para establecer que el imputado mismo y su familia, correrían un riesgo alto, si permanece un tiempo prolongado en el centro de reinserción zona I Xalapa, sumado a que, dicha circunstancia incide negativamente en la operatividad del centro, pues al tratarse de privilegiar la integridad del justiciable, podrían desatenderse las necesidades de otros internos. Que los registros valorados llevaron al convencimiento que constituyen datos de prueba eficaces para probar el hecho relativo al riesgo objetivo que corría la integridad del quejoso, así como el impacto negativo en la gobernabilidad y seguridad del centro penitenciario. Que el Centro de Reinserción Social de Pacho Viejo, Veracruz, tiene condiciones insuficientes para poder hacer frente a las particularidades de la persona privada de libertad, resultando más benéfico su traslado, no solo para la población sino para el tratamiento del mismo procesado, dado el análisis de enviarlo a un Centro de Readaptación Federal con la aptitud física y material para preservar sus derechos. Que en el caso quedaron patentes dos de las causales de excepción al traslado voluntario, por lo tanto, el proceder de la autoridad administrativa se estima legal. Que al examinar la legalidad de dicha orden, las diversas situaciones que motivaron su traslado a otro centro de reclusión, y si en el caso, se decidió que fuera trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, fue porque se consideró que un centro de ese nivel (alta seguridad) cuenta con la operatividad necesaria para lograr el adecuado cumplimiento de la medida cautelar. En ese sentido, la autoridad responsable determinó declarar legal el traslado de la persona privada de la libertad, ahora quejoso, del Centro de Reinserción Social, Zona I Xalapa, Pacho Viejo, Veracruz, al Centro Federal de Readaptación Social Número 1 "El Altiplano", con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, realizado mediante resolución administrativa de treinta y uno de julio de dos mil veintidós. De lo narrado con anterioridad, se determina que en este apartado de la resolución en análisis la autoridad responsable se excedió en el cumplimiento del mandato federal, pues el pronunciamiento realizado en el sentido de calificar nuevamente la legalidad del traslado del quejoso, es ajeno a los alcances de la ejecutoria de amparo. Es decir, en el testimonio del Tribunal Colegiado se estableció que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, debía emitir resolución en la causa penal número *****instruida al quejoso ****** en la que atendiendo a las razones por las cuales calificó de legal el traslado de este último al Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", se declare legalmente incompetente y remita el proceso penal correspondiente al juez que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se ubica el centro de reclusión en donde está interno el peticionario del amparo. Por lo que resulta claro que en ningún momento el órgano colegiado ordenó que se realizara una nueva calificación de la legalidad del traslado del quejoso. Incluso tal calificación de traslado no fue acto reclamado en el presente juicio de amparo, por lo que no existe justificación para emitir ese pronunciamiento que, además, resta seguridad jurídica a las partes. De ahí, que en ese aspecto la autoridad responsable se excedió en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al proveer sobre cuestiones que no le fueron requeridas. Declaratoria de incompetencia y remisión de los autos. Por otra parte, en otro apartado de la resolución de seis de octubre del año en curso, la autoridad responsable se pronunció de la siguiente manera: Que los artículos 20, fracción I, 22 y 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan reglas generales de competencia, dentro de las cuales destaca una regla especifica que fija la competencia por razones de seguridad, para que conozca del asunto un órgano jurisdiccional distinto al del lugar de la comisión del delito o al que resulte competente. Que derivado del amparo en revisión 178/2023, se estableció que por las razones que se calificó el traslado del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social número 1 "El Altiplano", se estima que se surte la regla especial de competencia por razones de seguridad. En la medida que el Centro de Reinserción Social Zona I Xalapa, Pacho Viejo, Veracruz, no cumple con las medidas y sistemas de seguridad adecuados para la permanencia de la citada persona privada de la libertad, al estar en riesgo su integridad, la gobernabilidad al interior del centro por insuficiencia de estado de fuerza, aunado a los delitos por los que se encuentra procesado el justiciable. Que en consecuencia, es correcto que el órgano competente para conocer de ese tipo de competencia especial, es el del lugar en que se ubica el centro de reclusión al que se llevó al imputado por razones de seguridad, siendo Almoloya de Juárez, Estado de México; en ese sentido, al actualizarse la competencia territorial de excepción por razones de seguridad, ese Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa, Veracruz, con sede en la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz, se declara legalmente incompetente para conocer del trámite del proceso penal ***** única y exclusivamente por lo que respecta a ***** ello por razones de competencia territorial excepcional por seguridad en las prisiones, que prevé el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, declinando la competencia en favor de un Juez de Control del orden común del Poder Judicial del Estado de México, en Almoloya de Juárez, Estado de México.  Que si bien la pretensión de la defensa del quejoso, ha sido que se decline la competencia en favor de un Juez de Distrito en funciones de Juez de Control Especializado en Sistema procesal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin embargo, no se comparte su visión, en la medida que los hechos constitutivos de delito por los que se encuentra procesado el quejoso, son el de desaparición forzada y el diverso de privación de la libertad, en su modalidad de secuestro, por lo que, con motivo de los tipos penales por los que se encuentra vinculado corresponde conocer al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.  Lo anterior, dado que, en términos de los artículos 24 y 25 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (ley que sanciona los delitos de en materia de desaparición forzada) señala que será competente la federación, cuando el servidor público involucrado en la desaparición de personas haya sido servidor público federal, lo cual, no se surte en el caso, pues el quejoso fue Fiscal General en el orden común, sin que cobre vigencia alguna de las excepciones previstas en dichos ordinales o alguna hipótesis prevista por el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para considerar que le corresponde conocer al fuero federal. Incluso, en la fracción III del citado numeral señala la competencia concurrente, cuando el hecho punible sea federal, pero deban conocer las autoridades del fuero común, en los términos que dispongan las leyes, es decir, en los términos que prevé la Ley General de en materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y la misma dota de facultad en ese caso, al juzgador común, no al federal. Asimismo, el ilícito relativo a la privación de la libertad en su modalidad de secuestro, se encuentra previsto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los delitos en materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo artículo 23 prevé que la federación es competente en casos previstos en la Ley contra la delincuencia organizada, cuando se apliquen las reglas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Código Nacional de Procedimientos Penales o cuando el Ministerio Público Federal solicite la competencia por las singularidades del caso, situación que tampoco acontece, pues no se surte ninguna de las reglas de competencia federal que prevé el arábigo 20 de la normatividad procesal en comento, por tanto, corresponde al Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, seguir conociendo del trámite de la causa. Que en el caso se actualiza la competencia por excepción territorial, por razones de seguridad, prevista en el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de cuya interpretación literal y hermenéutica "debe entenderse como el Juez territorialmente competente (por excepción) en la población donde se encuentre dicho Centro; sin que la propia ley establezca que deba declinarse en favor de un Juzgador de Distrito o Federal, pues ni siquiera el fallo amparador así lo precisó, ya que para que eso pudiera acontecer, tendrían que actualizarse los presupuestos de las leyes generales en cita o del Código Nacional, lo cual no sucede".Mayor aún, porque en razón de materia y fuero, el competente debe considerarse al Juez de Control común, y no al Juez Federal, dado que las propias leyes por los tipos penales de secuestro y desaparición forzada de personas, señalan la competencia para el juzgador del orden común, sin que se actualice alguna excepción prevista legalmente para resolver que le corresponde conocer a la federación. Cuenta habida que únicamente se está declinando competencia por excepción territorial de razones de seguridad, en la medida que el indiciado se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "El Altiplano" en Almoloya de Juárez, Estado de México; y en ese lugar se encuentran los Juzgados de Control del Distrito Judicial de Toluca, del Poder Judicial del Estado de México, "sito en K.m. 4.5 Carretera Toluca Almoloya de Juárez, Santiaguito Tlalcilalcalli. C.p. 50900. Almoloya de Juárez, México." Juzgados de Control que en razón de materia, fuero, grado y excepción por territorio en términos del párrafo segundo del artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales se estiman competentes para seguir conociendo del proceso. Finalmente, se dejó a disposición del Juez de Control en turno del Distrito Judicial de Toluca del Poder Judicial del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, al quejoso, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada, vigente al diecisiete de julio de dos mil veinticuatro. Se indicó al Fiscal Decimosegundo de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz que con la mayor prontitud posible remita la carpeta de investigación al Fiscal en ejercicio y con competencia en el Distrito Judicial de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, en lo concerniente al quejoso, para que continúe la Representación Social que corresponda con el trámite. Asimismo, se ordenó remitir al juzgado de control copia de diversas constancias del proceso penal *****en razón que la causa penal se sigue contra otras personas. De las consideraciones resumidas se aprecia que en este apartado la autoridad responsable cumplió lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Esto es así, pues atendiendo a las razones por las cuales calificó de legal el traslado del quejoso al Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la causa penal que se instruye en su contra. Asimismo, realizó una interpretación de diversas disposiciones para concluir que debía seguir conociendo del asunto un Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, del Poder Judicial del Estado de México, situado en kilómetro 4.5 Carretera Toluca Almoloya de Juárez, Santiaguito Tlalcilalcalli, en Almoloya de Juárez, México; por ser el juez que ejerce jurisdicción en el lugar en donde se encuentra ubicado el centro de reclusión en que está interno el quejoso. Razonamiento que resulta acorde a los lineamientos dados en el fallo amparador, como enseguida se explica: En efecto, en este punto conviene abundar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, al resolver el recurso de revisión interpuesto por el defensor particular del quejoso en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, determinó que los agravios expuestos por el mismo resultaban sustancialmente fundados, y al realizar el estudio de fondo indicó: - Que debía otorgarse un amparo liso y llano, en lugar de concederlo para efectos, ante lo manifiesto del sentido que debe regir la actuación de la autoridad al reparar la omisión que es violatoria de derechos fundamentales. - Que el ahora quejoso fue vinculado a proceso, por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10 fracción I, inciso b), y fracción II, incisos a) y b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y, por el delito de desaparición forzada de personas previsto y sancionado por los artículos 27, 28 y 30 de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometido por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y, con motivo de esa determinación fue ingresado al Reclusorio Regional de la congregación de Pacho Viejo, Veracruz, de donde fue trasladado por orden del Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. - Que el traslado involuntario, calificado de legal por la autoridad responsable, obedeció a que la autoridad penitenciaria invocó como motivos los supuestos previstos en las fracciones I, II y III del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; esto es, por tratarse de un asunto en donde era necesario establecer medidas especiales de seguridad, por existir riesgo objetivo tanto para la integridad y la salud del interno, como de la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. - Asimismo, invocó los artículos 20 y 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, indicando que de ellos se advierten las reglas generales de competencia, dentro de las cuales destaca una regla específica que fija la competencia por razones de seguridad, para que conozca del asunto un órgano jurisdiccional distinto al del lugar de la comisión del delito o al que resulte competente con motivo de las reglas generales, que es cuando el imputado es trasladado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en cuyo caso será competente el juez del lugar en que se ubique dicho centro, para tal efecto podrá seguirse el procedimiento de incompetencia por declinatoria (o en su caso, de inhibitoria), conforme al cual el órgano incompetente remitirá los registros correspondientes al que considere competente y también pondrá al imputado a su disposición, en el entendido que el órgano que resulte competente por razones de seguridad no podrá promover, a su vez, declinatoria. - Refirió que en la especie, se impuso al quejoso la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que, en un primer momento, aquél se encontró privado de su libertad en el Reclusorio Regional de Pacho Viejo, Veracruz; empero, al aducirse que era necesario establecer medidas especiales de seguridad, por existir riesgo objetivo tanto para la integridad y la salud del interno, como de la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, la autoridad penitenciaria, con fundamento en el repetido numeral 52, fracciones I, II y III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ordenó su traslado a un centro de reclusión de máxima seguridad, esto es, el Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, el cual fue calificado de legal. - Por consiguiente, concluyó, si en el caso particular el acto reclamado se hizo consistir en la omisión del juez de Control responsable, que calificó de legal el traslado, de emitir resolución en la que se declare incompetente para seguir conociendo del proceso penal instaurado al quejoso, con motivo del traslado de éste a un penal de máxima seguridad, como lo es el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México; entonces, el juez de Distrito válidamente estaba en condiciones de conceder la protección constitucional para que la responsable emitiera la resolución correspondiente, esto es, que se declarara legalmente incompetente y remitiera el proceso penal correspondiente al juez que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se encuentra ubicado el centro de reclusión en el cual se encuentra interno el peticionario del amparo, esto es, sobre el Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano". Ello es así, en virtud que la consecuencia de haberse declarado de legal el traslado del quejoso, por razones de seguridad, es precisamente declinar la competencia para seguir conociendo del proceso penal, como lo establece expresamente el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. - Al respecto, se invocó la tesis de rubro "COMPETENCIA TERRITORIAL POR EXCEPCIÓN POR RAZONES DE SEGURIDAD EN LAS PRISIONES. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL CENTRO DE MÁXIMA SEGURIDAD AL QUE SE HAYA TRASLADADO AL IMPUTADO Y AL JUEZ DECLINANTE PROVEER LO NECESARIO PARA EL ENVÍO A AQUÉL DE LOS REGISTROS DE LA CARPETA DIGITAL QUE SE TRAMITABA ANTE ÉL Y LOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." - De ahí que, en aras del principio de economía procesal, el Juez de Distrito estaba en condiciones de conceder el amparo liso y llano, en lugar de para efectos, puesto que, de lo contrario, la autoridad federal, por la vía de un nuevo amparo que en su caso y oportunidad se promoviera, por el propio quejoso en el eventual caso que la responsable no actuara en ese sentido manifiesto, tendría que resolver el asunto favorablemente a sus intereses. - En ese tenor, la concesión del amparo se precisó por el Tribunal Colegiado para que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, proceda en los términos siguientes: Emita resolución en la causa penal número *****instruida al quejoso, en la que atendiendo a las razones por las cuales calificó de legal el traslado de este último al Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", se declare legalmente incompetente y remita el proceso penal correspondiente al juez que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se ubica el centro de reclusión en donde está interno el peticionario del amparo. En ese sentido, se aprecia que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito precisó que el acto reclamado en el presente juicio de amparo, por el cual se otorgó la protección constitucional, fue la omisión del juez de control responsable, que calificó de legal el traslado, de emitir resolución en la que se declare incompetente para seguir conociendo del proceso penal instaurado al quejoso, con motivo del traslado de éste a un penal de máxima seguridad, como lo es el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, Altiplano, con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. Asimismo, indicó que el ahora quejoso fue vinculado a proceso, por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro previsto y sancionado en los artículos 9, fracción I, inciso a), en relación con el diverso 10 fracción I, inciso b), y fracción II, incisos a) y b), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y, por el delito de desaparición forzada de personas previsto y sancionado por los artículos 27, 28 y 30 de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometido por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; y, con motivo de esa determinación fue ingresado al Reclusorio Regional de la congregación de Pacho Viejo, Veracruz, de donde fue trasladado por orden del Director General de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública, al Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México. Finalmente, concluyó que la consecuencia de haberse declarado legal el traslado del quejoso, por razones de seguridad, es precisamente declinar la competencia para seguir conociendo del proceso penal, como lo establece expresamente el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, refirió que la concesión del amparo solicitado debía ser para el efecto que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, emitiera resolución en la causa penal número ****instruida al quejoso, en la que atendiendo a las razones por las cuales calificó de legal el traslado de este último al Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", se declare legalmente incompetente y remita el proceso penal correspondiente al juez que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se ubica el centro de reclusión en donde está interno el peticionario del amparo. En ese orden de ideas, conviene retomar el contenido del artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala: "Artículo 22. Competencia por razón de seguridad Será competente para conocer de un asunto un Órgano jurisdiccional distinto al del lugar de la comisión del delito, o al que resultare competente con motivo de las reglas antes señaladas, cuando atendiendo a las características del hecho investigado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que por las mismas razones la autoridad judicial, a petición de parte, estime necesario trasladar a un imputado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en el que será competente el Órgano jurisdiccional del lugar en que se ubique dicho centro. (.)" Numeral del que se advierte que será competente para conocer de un asunto un Órgano jurisdiccional distinto al del lugar de la comisión del delito, o al que resultare competente con motivo de las reglas señaladas por el propio Código, cuando atendiendo a las características del hecho investigado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que por las mismas razones la autoridad judicial, a petición de parte, estime necesario trasladar a un imputado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en el que será competente el Órgano jurisdiccional del lugar en que se ubique dicho centro. Ahora, como se advierte de los autos, se inició en contra del quejoso un proceso penal por parte del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, órgano del fuero local que inicialmente se estimó competente para conocer del asunto. Dicho órgano calificó de legal el traslado del quejoso, por razones de seguridad, al Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", el cual se localiza en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde actualmente se encuentra recluido. En consecuencia, se concluye que, como bien lo indicó la autoridad responsable, el órgano que ejerce jurisdicción en ese lugar es el Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, del Poder Judicial del Estado de México. Esto en términos de los artículos 1, 28, 71, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, que señalan lo siguiente: "Artículo 1. El ejercicio de la función jurisdiccional corresponde a los órganos del Poder Judicial en los términos que establece la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y se deposita en: a) El Tribunal Superior de Justicia, que funcionará en Pleno y en Salas; b) Una Sala Constitucional; c) Salas Colegiadas y Unitarias; d) Tribunales de Alzada; e) Tribunales de enjuiciamiento, juzgados de primera instancia y juzgados de ejecución; f) Juzgados de cuantía menor y juzgados de control, y g) Tribunales laborales. h) Una Sala de Asuntos Indígenas." "Artículo 28. Los Juzgados de Control tendrán competencia para conocer: I. De la etapa de investigación e intermedia, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales; II. De la etapa de investigación e intermedia, en los casos a que se refiere el artículo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales, y III. De las medidas de protección y tratándose de delitos de género, podrán conocer también de las órdenes de protección y demás disposiciones que señale la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia." "Artículo 71. El territorio del estado de México se divide en cuatro regiones judiciales las cuales a su vez se integran por distritos judiciales, como a continuación se describe: I. Región Toluca, conformada por los distritos judiciales de El Oro, lxtlahuaca, Jilotepec, Lerma, Sultepec, Temascaltepec, Tenango del Valle, Tenancingo, Toluca de Lerdo y Valle de Bravo; II. Región Tlalnepantla de Baz, conformada por los distritos judiciales de Cuautitlán y Tlalnepantla de Baz; III. Región Texcoco, conformada por los distritos judiciales de Chalco, Nezahualcóyotl, Otumba y Texcoco de Mora, y IV. Región Ecatepec de Morelos, que comprende el distrito judicial del mismo nombre y Zumpango. Las regiones y distritos judiciales tendrán, como asiento de su cabecera, los municipios del mismo nombre. (.)" "Artículo 72. Los distritos judiciales comprenden, de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, los municipios siguientes: (.) Distrito de Toluca: Toluca, Almoloya de Juárez, Metepec, Temoaya, Villa Victoria y Zinacantepec; (.)" "Artículo 73. Las salas, los tribunales y juzgados tendrán jurisdicción en la región y distrito judicial al que pertenezcan o en demarcaciones territoriales de este último según lo disponga el Pleno, salvo las excepciones que la ley establezca." Numerales de los que se aprecia que los Jueces de Control del Distrito Judicial de Toluca, ejercen jurisdicción en Almoloya de Juárez, municipio donde se encuentra el centro de reclusión en que se haya el quejoso. Cabe señalar que el referido Juzgado de Control del Distrito Judicial de Toluca, del Poder Judicial del Estado de México, se encuentra situado en kilómetro 4.5 Carretera Toluca Almoloya de Juárez, Santiaguito Tlalcilalcalli, Almoloya de Juárez, México; como se aprecia de una consulta al Directorio de Juzgados del Poder Judicial del Estado de México:1 Y no pasa inadvertido que se trata de una población distinta a 1 Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de una consulta a la página electrónica https://www.pjedomex.gob.mx/vista/28_directorio la ubicación del Centro Federal de Readaptación Social no. 1 Almoloya, situado en Ex Rancho la Palma sin número, Santa Juana, Centro, Villa de Almoloya de Juárez, México; lo que incluso se visualiza de una consulta a la página electrónica google maps:2 No obstante, ello en nada cambia el hecho que el referido Juzgado de Control ejerce jurisdicción en el territorio de Almoloya de Juárez, en términos de los citados artículos 28, 71, 72 y 73 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. En ese tenor, se estima correcta la apreciación de la autoridad responsable de remitir los autos al citado Juez de Control, por ser el órgano del mismo fuero, quien se aprecia que ejerce jurisdicción en el lugar en que se ubica el centro de reclusión donde está interno el quejoso; entendiéndose éste como Almoloya de Juárez. Manifestaciones de la parte quejosa Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional que la parte quejosa refiere que se debió declinar la competencia a un Juez del fuero Federal, como lo es el Juez de Distrito Especializado en Sistema Penal Acusatorio en Funciones del Juez de Control, con sede en el edificio del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, y no a un juez del fuero común, como lo 2 Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. realizó la responsable, atendiendo a los siguientes razonamientos: Que en términos de los artículos 2 y 23 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; 6 y 24 de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas -pues el último remite a la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales y del Código Penal Federal-; 13, fracción III, del Código Penal Federal -aplicado al quejoso para sostener su coautoría y 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se le reconoce competencia al Juez Federal; lo cual se declaró fundado por el Tribunal Colegiado que conoció del recurso de revisión y otorgó el amparo liso y llano. Que el Centro de Justicia Penal Federal se encuentra contiguo al Centro Federal de Readaptación Social número 1 "El Altiplano". Que el centro de reclusión en que se encuentra el quejoso es "El Altiplano", no "Santiaguito" o "Almoloyita", penal local en el Estado de México, en donde se encuentran los Jueces de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez Santiaguito Tlalcilalcalli. Que el Tribunal Colegiado al citar el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales subrayó el texto de la fracción I, de la competencia local "con lo que deja claro que otro tribunal local de jurisdicción distinta de la del Juez de Pacho Viejo, Veracruz no tiene competencia para seguir conociendo de la causa penal del quejoso, porque en la jurisdicción de ese otyro (sic) juez local, los hechos punibles no se cometieron" (página 19 de la promoción con registro 16041). Empero, a juicio de este órgano jurisdiccional, respetuosamente se concluye que no se aprecian elementos que permitan llegar a esa convicción, como enseguida se explica. En principio cabe destacar que si bien parte de los agravios expresados por el defensor del quejoso en el recurso de revisión versaron en señalar que -a juicio del recurrente- correspondía a un Juez Federal seguir conociendo del asunto; y el Tribunal Colegiado declaró que los argumentos del defensor eran sustancialmente fundados. Empero, lo cierto es que del análisis integral y contextualizado del testimonio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que previamente se ha resumido, se aprecia que dicho órgano únicamente concluyó -como ya se dijo- que el juez responsable debía declararse incompetente y remitir el proceso penal correspondiente al juez que ejerza jurisdicción en el lugar en donde se encuentra ubicado el centro de reclusión en que está interno el quejoso; pero no se aprecia que dicho órgano hubiera declarado que correspondiera al fuero federal el conocimiento de la causa penal. Tampoco indicó el órgano colegiado que la autoridad responsable debiera realizar un estudio para verificar si el asunto debía ser conocimiento del fuero federal. Incluso la omisión que se analizó como acto reclamado no proviene de alguna solicitud en que se haya peticionado analizar si el proceso penal debía ser del conocimiento de una autoridad del fuero federal. Por el contrario, del análisis del testimonio del Tribunal Colegiado se advierte que el criterio en que sustentó el estudio para otorgar la protección constitucional al quejoso, da la pauta para concluir que es válido que se analice la hipótesis de competencia territorial por excepción por razones de seguridad que prevé el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre órganos del mismo fuero local. Efectivamente, es relevante destacar que la tesis en que el órgano colegiado sustentó su criterio fue la siguiente: "Registro digital: 2020544 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Penal Tesis: XXX.3o.7 P (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo III, página 1823 Tipo: Aislada COMPETENCIA TERRITORIAL POR EXCEPCIÓN POR RAZONES DE SEGURIDAD EN LAS PRISIONES. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL CENTRO DE MÁXIMA SEGURIDAD AL QUE SE HAYA TRASLADADO AL IMPUTADO Y AL JUEZ DECLINANTE PROVEER LO NECESARIO PARA EL ENVÍO A AQUÉL DE LOS REGISTROS DE LA CARPETA DIGITAL QUE SE TRAMITABA ANTE ÉL Y LOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DEL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES). De conformidad con el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la competencia territorial de excepción por razones de seguridad corresponde al Juez del lugar en que se ubique el centro de máxima seguridad al que sea trasladado el imputado. Por su parte, el artículo 27 de este ordenamiento señala que la incompetencia por declinatoria podrá promoverse en cualquier etapa del procedimiento, salvo las excepciones previstas en el propio código, y el órgano que reconozca su incompetencia remitirá los registros correspondientes al que considere competente y, en su caso, pondrá también a su disposición al imputado; y en su último párrafo dispone que no se podrá promover la declinatoria en los casos previstos de competencia en razón de la seguridad. Ahora bien, si por instrucciones del comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social el imputado fue trasladado a otro centro de reclusión, en virtud de que en el que se encontraba no cumplía con las medidas y sistemas de seguridad adecuados para la permanencia de las personas que están involucradas en la comisión de delitos de alto impacto social, con un alto riesgo para la sociedad y con gran capacidad de planeación y ejecución, lo cual se hizo del conocimiento del Juez de control, quien consideró actualizada la hipótesis del artículo 22 referida y giró exhorto al Tribunal Superior de Justicia del Estado para que el órgano jurisdiccional competente en turno continuara con la etapa correspondiente de la causa penal y, en principio, el Juez local del lugar del centro de reclusión admitió la competencia para conocer de la causa por razones de seguridad; sin embargo, en auto posterior estima no poder desahogar la audiencia intermedia dentro del plazo legal, porque la Fiscalía General del Estado no había recibido la carpeta de investigación y declina su competencia a favor del Juez de control y de juicio oral penal del lugar donde estaba recluido el imputado, para no vulnerar los derechos procesales de éste, luego, el órgano competente para conocer de este tipo de competencia especial es el del lugar en que se ubica el centro de reclusión al que fue trasladado el imputado por razones de seguridad, pues éste no puede declinarla por diversos motivos si ya la había admitido, es decir, la falta de recepción de la carpeta de investigación por la Fiscalía del Estado, nada tiene que ver con la cuestión de competencia, ya que no es un dato que incida en las reglas generales y de excepción para fijarla, previstas en los artículos 20 y 22 del código citado; máxime que la competencia territorial de excepción por razones de seguridad no puede ser declinada por el Juez que ejerce jurisdicción en el lugar donde el imputado se encuentre recluido, por existir prohibición expresa para hacerlo, establecida en el último párrafo del artículo 27 invocado, esto mientras subsistan los motivos por los que se fijó dicha competencia. Asimismo, este precepto nada dice, expresamente, respecto de los registros de la carpeta de investigación que sustenta o constituye el origen de la causa penal, que no tiene en su poder el juzgador por estar a cargo del Ministerio Público, quien tiene la calidad de parte dentro de la causa penal y le corresponde conducir la investigación, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión, así como cumplir con las demás obligaciones procesales; por lo que de una interpretación extensiva de esa porción normativa se colige que el Juez que se declare incompetente deberá proveer lo necesario a fin de que se envíen no sólo los registros de la carpeta digital que se tramitaba ante él, sino también los de la carpeta de investigación, para lo cual deberá requerir al agente del Ministerio Público de su adscripción para que remita estos últimos a la Fiscalía General del Estado donde ejerza jurisdicción el órgano que ha resultado competente, a fin de que lo turne al representante social que le corresponda intervenir en calidad de parte dentro de la causa penal, para que pueda continuarse con el procedimiento penal y que no se deje en inseguridad o incertidumbre jurídica su trámite y, con ello, al gobernado que está sujeto a la investigación delictiva, sobre todo porque dicha colaboración está permitida en términos del artículo 74 del referido código, en el entendido de que, en su caso, la falta del convenio ahí señalado es intrascendente, pues no puede dejarse a capricho de las entidades federativas el momento cuando debe aplicarse o no la ley para la continuación del procedimiento penal." En este punto, para mayor entendimiento de dicha tesis, es importante destacar las consideraciones en que se sustentó el Conflicto competencial 3/2019 -que le dio origen- suscitado entre el Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal del Tercer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes y el Juzgado de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Estado de Nayarit; resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes (ambos órganos del fuero local), en sesión de veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Así, en la parte considerativa de dicha resolución se indicó: "CUARTO. Conforme a lo antes expuesto, se observa que la jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit, basa sus argumentos en que, aunque ya había aceptado la competencia del asunto por cuestiones de seguridad, al no poder desahogar la audiencia intermedia dentro del plazo que ya se había excedido, debido a que la Fiscalía General de ese Estado no había recibido la carpeta de investigación, declina su competencia para no vulnerar los derechos procesales del imputado a favor de la jueza de Control y de Juicio Oral Penal del Tercer Partido Judicial, con sede en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes; en tanto que ésta insiste en su incompetencia, debido a que por razones de seguridad el imputado fue trasladado a un centro de reclusión federal ubicado en el Estado de Nayarit. Por lo que a fin de determinar a qué autoridad corresponde conocer de la causa penal, es necesario dilucidar si una vez admitida la competencia por razones de seguridad, el juzgado que la admitió puede declinarla por diversos motivos, relativos a la ausencia de la carpeta de investigación en la fiscalía de aquel Estado. Para ello es necesario atender a la naturaleza misma del conflicto, cuyo objeto de decisión es determinar qué autoridad está legalmente facultada para desahogar el procedimiento y resolver el juicio (.). Preliminarmente debe señalarse que la competencia, entendida como la aptitud legal que tiene un órgano jurisdiccional para conocer de determinadas controversias judiciales, es un presupuesto sin el cual no puede existir el proceso, se trata de un derecho fundamental consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que subordina la validez de la actuación de las autoridades a las facultades expresamente conferidas por la ley. Dicho presupuesto procesal, tiene su origen en el criterio de distribución, el cual consiste en que los respectivos ordenamientos secundarios acoten el tipo de controversias jurisdiccionales que pueden ser del conocimiento de los diferentes órganos jurisdiccionales, bajo la máxima de derecho que señala que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley explícitamente les autoriza. Así, las reglas de fijación de la competencia inciden en el principio de seguridad jurídica de los gobernados, el cual consiste en que los actos de molestia y privación deben ser emitidos por quien la ley faculte, es decir, por quien está legitimado. Expresándose tal presupuesto como parte de las formalidades esenciales del procedimiento, ya que la autoridad se encuentra constreñida a justificar su capacidad para pronunciarse en los asuntos sometidos a su conocimiento. En el caso específico, conviene precisar lo que al respecto prevén los artículos 20, 22 y 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dicen: "Artículo 20. Reglas de competencia Para determinar la competencia territorial de los Órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las siguientes reglas: I. Los Órganos jurisdiccionales del fuero común tendrán competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerzan sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica, o en su defecto, conforme a los acuerdos expedidos por el Consejo; II. Cuando el hecho punible sea del orden federal, conocerán los Órganos jurisdiccionales federales; III. Cuando el hecho punible sea del orden federal pero exista competencia concurrente, deberán conocer los Órganos jurisdiccionales del fuero común, en los términos que dispongan las leyes; IV. En caso de concurso de delitos, el Ministerio Público de la Federación podrá conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales cuando lo considere conveniente, asimismo los Órganos jurisdiccionales federales, en su caso, tendrán competencia para juzgarlos. Para la aplicación de sanciones y medidas de seguridad en delitos del fuero común, se atenderá a la legislación de su fuero de origen. En tanto la Federación no ejerza dicha facultad, las autoridades estatales estarán obligadas a asumir su competencia en términos de la fracción primera de este artículo; V. Cuando el hecho punible haya sido cometido en los límites de dos circunscripciones judiciales, será competente el Órgano jurisdiccional del fuero común o federal, según sea el caso, que haya prevenido en el conocimiento de la causa; VI. Cuando el lugar de comisión del hecho punible sea desconocido, será competente el Órgano jurisdiccional del fuero común o federal, según sea el caso, de la circunscripción judicial dentro de cuyo territorio haya sido detenido el imputado, a menos que haya prevenido el Órgano jurisdiccional de la circunscripción judicial donde resida. Si, posteriormente, se descubre el lugar de comisión del hecho punible, continuará la causa el Órgano jurisdiccional de este último lugar; VII. Cuando el hecho punible haya iniciado su ejecución en un lugar y consumado en otro, el conocimiento corresponderá al Órgano jurisdiccional de cualquiera de los dos lugares, y VIII. Cuando el hecho punible haya comenzado su ejecución o sea cometido en territorio extranjero y se siga cometiendo o produzca sus efectos en territorio nacional, en términos de la legislación aplicable, será competencia del Órgano jurisdiccional federal." "Artículo 22. Competencia por razón de seguridad Será competente para conocer de un asunto un Órgano jurisdiccional distinto al del lugar de la comisión del delito, o al que resultare competente con motivo de las reglas antes señaladas, cuando atendiendo a las características del hecho investigado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan garantizar el desarrollo adecuado del proceso. Lo anterior es igualmente aplicable para los casos en que por las mismas razones la autoridad judicial, a petición de parte, estime necesario trasladar a un imputado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en el que será competente el Órgano jurisdiccional del lugar en que se ubique dicho centro. (.)" "Artículo 27. Procedencia de incompetencia por declinatoria. En cualquier etapa del procedimiento, salvo las excepciones previstas en este Código, el Órgano jurisdiccional que reconozca su incompetencia remitirá los registros correspondientes al que considere competente y, en su caso, pondrá también a su disposición al imputado. La declinatoria se podrá promover por escrito, o de forma oral, en cualquiera de las audiencias ante el Órgano jurisdiccional que conozca del asunto hasta antes del auto de apertura a juicio, pidiéndole que se abstenga del conocimiento del mismo y que remita el caso y sus registros al que estime competente. Si la incompetencia es del Órgano jurisdiccional deberá promoverse dentro del plazo de tres días siguientes a que surta sus efectos la notificación de la resolución que fije la fecha para la realización de la audiencia de juicio. En este supuesto, se promoverá ante el Juez de control que fijó la competencia del Tribunal de enjuiciamiento, sin perjuicio de ser declarada de oficio. No se podrá promover la declinatoria en los casos previstos de competencia en razón de seguridad." Como se ve, de los preceptos transcritos se advierten las reglas generales de competencia, dentro de las cuales destaca la relativa a que cuando exista competencia concurrente respecto de un ilícito del orden federal, deben conocer de éste los órganos jurisdiccionales del fuero común, en los términos que dispongan las leyes; además de esa regla general, existe una regla específica que fija la competencia por razones de seguridad, para que conozca del asunto un órgano jurisdiccional distinto al del lugar de la comisión del delito o al que resulte competente con motivo de las reglas generales, que es cuando el imputado es trasladado a algún centro de reclusión de máxima seguridad, en cuyo caso será competente el juez del lugar en que se ubique dicho centro, para tal efecto podrá seguirse el procedimiento de incompetencia por declinatoria (o en su caso, de inhibitoria), conforme al cual el órgano incompetente remitirá los registros correspondientes al que considere competente y también pondrá al imputado a su disposición, en el entendido de que el órgano que resulte competente por razones de seguridad no podrá promover, a su vez, declinatoria. Ahora bien, el hecho que la ley señala como delito que se le imputa a ***, es el delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de comercio de clorhidrato de metanfetamina, en su variante de venta, cometido en agravio de la sociedad, previsto y sancionado por los artículos 475, en relación al 479 de la Ley General de Salud, según se advierte de la minuta del auto de vinculación a proceso; siendo que dicho ilícito es de competencia concurrente en términos del artículo 474 de ese ordenamiento legal; de ahí que, en principio, conforme a la regla general, la competencia concurrente, se surte a favor del que previene, en el caso, un órgano jurisdiccional del fuero común. Asimismo, se surte la regla especial de competencia por razones de seguridad, en virtud del informe rendido por el Secretario del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social para Varones "Aguascalientes", mediante oficio ***, del doce de noviembre de dos mil dieciocho y del oficio ***, emitido por el Secretario de Seguridad Pública del Estado el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho (que obran en los autos sin número de foja), se advierte que por instrucciones del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Previsión y Readaptación Social, el imputado fue trasladado al CEFERESO número cuatro "Noreste", debido a que los centros de reclusión del Estado de Aguascalientes no cumplen con las medidas y sistemas de seguridad adecuados para la permanencia de las personas que se encuentran involucradas en la comisión de delitos de alto impacto social, con un alto riesgo para la sociedad y con gran capacidad de planeación y ejecución, por lo que existe riesgo de que se vulneren las medidas de seguridad de las instituciones penitenciarias. En consecuencia, el órgano competente para conocer de este tipo de competencia especial, es el del lugar en que se ubica el centro de reclusión al que fue trasladado el imputado por razones de seguridad, es decir, el del Estado de Nayarit; incluso, en principio, así fue admitida la competencia por razones de seguridad por el juez local de ese Estado, mediante auto de quince de febrero de dos mil diecinueve, al considerar que era competente y avocarse al conocimiento de la causa penal. No obsta para lo anterior, lo alegado por la jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit, en un auto posterior, en el que estima que al no poder desahogar la audiencia intermedia dentro del plazo legal que ya se había excedido, debido a que la Fiscalía General de ese Estado no había recibido la carpeta de investigación, declina su competencia para no vulnerar los derechos procesales del imputado. Ello, toda vez que, en primer lugar, la falta de recepción de la carpeta de investigación por la fiscalía de aquel Estado, nada tiene que ver con la cuestión competencial, ya que no es un dato que incida en las reglas generales y de excepción para fijarla, previstas en los artículos 20 y 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que no pueda argumentarse esa cuestión como para desconocer una competencia por razón de seguridad ya aceptada. Máxime que, como ya se vio, la competencia territorial de excepción por razones de seguridad -aspecto respecto del cual no hubo controversia- no puede ser declinada por el juez que ejerce jurisdicción en el lugar donde el imputado se encuentra recluido, al existir una prohibición expresa para hacerlo, establecida en el último párrafo del artículo 27 del citado ordenamiento legal, esto mientras subsistan los motivos por los que se le fijó dicha competencia, es decir, hasta en tanto el imputado se encuentre recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número cuatro "Noreste" por razones de seguridad, condición que aún subsiste. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 2/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación libro 30, mayo de 2016, tomo II, página 955, que dice: "COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SI LOS MOTIVOS QUE SIRVIERON PARA SU JUSTIFICACIÓN NO PERSISTEN O SE DESVIRTÚAN, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE DECLINARLA EN FAVOR DEL QUE CONSIDERE COMPETENTE. (.)" Asimismo, es aplicable por identidad de razón, la tesis aislada sostenida por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, julio de 2009, página 1871, que dice: "COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN. LA PROHIBICIÓN DE INVOCAR LA DECLINATORIA PREVISTA EN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 10 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES SÓLO ES APLICABLE A LOS JUECES DE DISTRITO QUE EJERCEN JURISDICCIÓN EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD. (.)" Así, con fundamento en los citados artículos 20, fracción III, 22 y 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haberse fijado la competencia por razones de seguridad a favor de la jueza de Control del Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral con sede en Tepic, Nayarit, y toda vez que ésta ya no la podía declinar; la competencia para conocer de la causa penal seguida en contra de ***, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, cometido en agravio de la sociedad, registrada con el número *** de su índice, se surte a favor de la citada jueza. No se soslaya que la jueza del Estado de Nayarit, considera que tiene imposibilidad para desahogar la audiencia intermedia al no encontrarse la carpeta de investigación ante la autoridad ministerial de ese Estado, en virtud de que la Fiscalía General le informó que no ha recibido la carpeta de investigación correspondiente por parte del representante social de Aguascalientes, lo que ha provocado que se exceda el término para fijar la fecha de la audiencia intermedia en detrimento de los derechos procesales del imputado. Asimismo, se advierte que el artículo 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que en caso de incompetencia por declinatoria oficiosa (lo que ocurrió originalmente cuando la jueza residente en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, se declaró incompetente por razones de seguridad, y cuya competencia fue admitida inicialmente por el órgano jurisdiccional de Tepic), el órgano incompetente remitirá los registros correspondientes al que considere competente, refiriéndose a aquellos registros con los que cuenta y, en su caso, pondrá también a su disposición al imputado, empero, nada dice expresamente respecto de los registros de la carpeta de investigación con los que no cuenta el juzgador por estar a cargo del Ministerio Público, pero que son los que sustentan o constituyen el origen de la causa penal. Por tanto, si se considera que de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el representante social tiene la calidad de parte dentro de la causa penal que se le instruye a ***, y le corresponde, entre otras cosas, conducir la investigación y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión en términos del artículo 127 de dicho ordenamiento legal, así como cumplir con las obligaciones procesales que le impone el artículo 131 del citado código; haciendo una interpretación extensiva de la porción normativa del artículo 27 del referido cuerpo legal, señalada en el párrafo anterior; entonces el juez del municipio de Pabellón de Arteaga, a pesar de que ha sido declarado legalmente incompetente, también debió proveer lo necesario a fin de constreñir al Ministerio Público que es parte dentro de la causa penal tramitada ante él, para que remitiera los registros de la carpeta de investigación a la Fiscalía General del Estado donde ejerza jurisdicción el órgano que ha resultado competente, es decir, en el caso particular, a la del Estado de Nayarit, a fin de que lo turnara al representante social que le correspondiera intervenir en calidad de parte dentro de la causa penal radicada en aquella entidad, lo cual no hizo, dado que se limitó a remitir sus propios registros, pero sin ordenar la remisión de los registros de la carpeta de investigación. Ahora bien, como en el caso particular, ya se determinó que el órgano jurisdiccional que resultó competente es el Juzgado de Control de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con sede en Tepic, Nayarit, quien registró el expediente con el número de causa penal ***, por lo que el representante social a quien corresponderá intervenir en calidad de parte, es, precisamente, el adscrito a ese juzgado, atendiendo al principio de expeditez previsto en el artículo 17 Constitucional y considerando que el juzgado competente no ha podido desahogar la audiencia intermedia debido a la falta de remisión de la carpeta de investigación, a fin de obviar tiempo y no afectar los derechos procesales del imputado, lo que procede es que esos registros se remitan directamente al Ministerio Público adscrito al referido juzgado. Sobre todo, porque no puede dejarse en inseguridad jurídica la causa penal respectiva en el caso de incompetencia por razones de seguridad declinada y aceptada, sumado a que dicha colaboración entre el Ministerio Público de Aguascalientes y el de Nayarit está permitida en términos del artículo 74 del multicitado código nacional; por lo que existe la obligación del juez de Pabellón de Arteaga de que los registros que se remitan a las autoridades de otra entidad federativa, incluyan no sólo los de la carpeta digital que se tramitaba ante él, sino también los de la carpeta de investigación, a fin de que se pueda continuar legalmente con el trámite del procedimiento penal, siendo que respecto a esto último, dicha obligación la cumple mediante el requerimiento al representante social para que realice dicha remisión y que acredite haberlo hecho de manera completa. (.)" Como se aprecia de la transcripción anterior, en el referido conflicto competencial 3/2019 se analizó un asunto en que se estimó actualizada la regla especial de competencia por razones de seguridad, prevista en el artículo 22 el Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a que el imputado en una causa penal fue trasladado al CEFERESO número cuatro "Noreste", debido a que los centros de reclusión del Estado de Aguascalientes no cumplían con las medidas y sistemas de seguridad adecuados para la permanencia de las personas que se encuentran involucradas en la comisión de delitos de alto impacto social, con un alto riesgo para la sociedad y con gran capacidad de planeación y ejecución, por lo que existía riesgo que se vulneren las medidas de seguridad de las instituciones penitenciarias. Dicho conflicto competencial se suscitó entre dos órganos del fuero local, y resultó ser competente la Juez con sede en Tepic Nayarit, al ser el lugar -Estado- en que se ubica el centro de reclusión CEFERESO número cuatro "Noreste" en que se encontraba interna la persona. En ese sentido, se aprecia que incluso el criterio en que se apoyó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito para resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en el presente juicio de amparo, no proporciona ningún elemento para concluir que la aplicación del artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales, implique que los asuntos que se ubiquen en esa hipótesis forzosamente deban ser del conocimiento del fuero federal, por el solo hecho que haya un Centro de Justicia Penal Federal que ejerza jurisdicción en el mismo territorio donde se encuentra el lugar de reclusión. En ese orden de ideas, respetuosamente, no se comparte la apreciación de la parte quejosa toda vez que la hipótesis de excepción atinente a las razones de seguridad en las prisiones, se entiende comprendida a la competencia por razón de territorio y no por cuestión de fuero, por cuyo motivo no es jurídicamente posible fincar la competencia para conocer del referido proceso penal a favor de un juzgado federal, con base en dicho supuesto legal de excepción. Además, el fuero no puede variarse de local a federal, sino hasta que se actualice alguno de los supuestos de delitos de carácter federal a que se refiere el artículo 20, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.3 Al respecto, resulta congruente con la interpretación adoptada, el criterio que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, al resolver el conflicto competencial 5/2023 suscitado entre el Juez de Enjuiciamiento del sistema procesal penal acusatorio de la Ciudad de México y el Juez del Tribunal de enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México; en sesión virtual de treinta de marzo de dos mil veintitrés. En dicho asunto se concluyó que el último Tribunal citado era el órgano competente para conocer de un asunto en que el imputado fue 3 "Artículo 20. Reglas de competencia Para determinar la competencia territorial de los Órganos jurisdiccionales federales o locales, según corresponda, se observarán las siguientes reglas: (.) II. Cuando el hecho punible sea del orden federal, conocerán los Órganos jurisdiccionales federales; (.)" "Artículo 51. Las y los jueces federales penales conocerán: I. De los delitos del orden federal. Son delitos del orden federal: a) Los previstos en las leyes federales y en los tratados internacionales. En el caso del Código Penal Federal, tendrán ese carácter los delitos a que se refieren los incisos b) a l) de esta fracción; b) Los señalados en los artículos 2 a 5 del Código Penal Federal; c) Los cometidos en el extranjero por las o los agentes diplomáticos, personal oficial de las legaciones de la República y cónsules mexicanos; d) Los cometidos en las embajadas y legaciones extranjeras; e) Aquellos en que la Federación sea sujeto pasivo; f) Los cometidos por una o un servidor público o persona empleada federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; g) Los cometidos en contra de una persona servidora pública o empleada federal, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, así como los cometidos contra la o el Presidente de la República, las y los secretarios del despacho, el o la Fiscal General de la República, las y los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las y los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial Federal, las y los miembros del Consejo de la Judicatura Federal, las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las personas titulares de organismos constitucionales autónomos, las y los directores o miembros de las Juntas de Gobierno o sus equivalentes de los organismos descentralizados; h) Los perpetrados con motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o concesionado; i) Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado; j) Todos aquéllos que ataquen, dificulten o imposibiliten el ejercicio de alguna atribución o facultad reservada a la Federación; k) Los señalados en el artículo 389 del Código Penal Federal cuando se prometa o se proporcione un trabajo en dependencia, organismo descentralizado o empresa de participación estatal del Gobierno Federal; l) Los cometidos por o en contra de las y los funcionarios electorales federales o de funcionarios partidistas en los términos de la fracción II del artículo 401 del Código Penal Federal; m) Los previstos en los artículos 366 Ter y 366 Quáter del Código Penal Federal, cuando el delito sea con el propósito de trasladar o entregar a la o el menor fuera del territorio nacional, y n) El previsto en los artículo (sic) 376 Ter y 376 Quáter del Código Penal Federal; (.)"trasladado precisamente al Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ante el planteamiento en el sentido que debía ser el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México con residencia en Almoloya de Juárez, quien conociera del asunto, se contestó que ello era desacertado porque el análisis de la hipótesis de excepción atingente a las razones de seguridad en las prisiones atañe a la competencia por razón de territorio y no de fuero; y que para variar el fuero de local a federal, debían actualizarse los supuestos previstos en los artículos 20, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Criterio que se invoca como hecho notorio, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser una resolución consultable en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Por otra parte, se estima que ya fue atendida la manifestación de la defensa del quejoso en el sentido que el centro de reclusión en que se encuentra el quejoso es "El Altiplano", no "Santiaguito" o "Almoloyita", penal local en el Estado de México, en donde se encuentran los Jueces de Control del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Almoloya de Juárez Santiaguito Tlalcilalcalli; pues como se dijo con anterioridad, el referido Juzgado de Control ejerce jurisdicción en el territorio de Almoloya de Juárez, en términos de los artículos ya referidos lo que le otorga de competencia para conocer del asunto. Y si bien destaca la parte quejosa el contenido de los artículos 2 y 23 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro,4 así como 6 y 24 de la Ley General de 4 "Artículo 2. Esta Ley establece los tipos penales y punibilidades en materia de secuestro. Para la investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la presente ley se aplicará en lo conducente el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de Víctimas. Los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de esta Ley, durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa." "Artículo 23. Los delitos previstos en esta Ley se prevendrán, investigarán, perseguirán y sancionarán por la Federación cuando se trate de los casos previstos en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y cuando se apliquen las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y del Código Nacional; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite a la autoridad competente de la entidad federativa le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o a la relevancia social del mismo. En los casos no contemplados en el párrafo anterior, serán competentes las autoridades del fuero común. Si de las diligencias practicadas en la investigación de un delito se desprende la comisión de alguno de los contemplados en esta Ley, el Ministerio Público del fuero común deberá, remitir al Ministerio Público de la Federación los registros de investigación correspondientes. Si de las diligencias practicadas en la investigación de los delitos contemplados en esta Ley se desprende la comisión de alguno diferente del fuero común, el Ministerio Público de la Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;5 por el hecho que se hace referencia a la competencia que otorga el Código Nacional de Procedimientos Penales; empero, se insiste en que el citado artículo 22 de esta última codificación no indica que en automático el conocimiento del asunto cambie de fuero local a federal, sino que hace alusión a una competencia relacionada con el territorio. Respecto a la manifestación en el sentido que se atribuyó al quejoso una "coautoría" y que ello revela una aplicación del Código Penal Federal; respetuosamente se estima que por el momento no revela que se trate de un asunto que deba ser del conocimiento de la Federación, pues no se justifica que se ventilen hechos que las normas respectivas cataloguen como del fuero federal. Finalmente, la afirmación de la defensa del quejoso en cuanto a que el Tribunal Colegiado al citar el artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales subrayó el texto de la fracción I, de la competencia local "con lo que deja claro que otro tribunal local de jurisdicción distinta de la del Juez de Pacho Viejo, Veracruz no tiene competencia para seguir conociendo de la causa penal del quejoso, porque en la jurisdicción de ese otyro (sic) juez local, los hechos Federación deberá, remitir al Ministerio Público del fuero local los registros de investigación correspondientes. 5 "Artículo 6. En todo lo no previsto en la presente Ley, son aplicables supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y las legislaciones civiles aplicables, así como la Ley General de Víctimas y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 24. La investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en esta Ley, corresponderá a las autoridades federales cuando: I. Se encuentre involucrado algún servidor público federal como probable responsable, o como sujeto pasivo de los delitos previstos en esta Ley; II. Se actualicen las hipótesis previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal, o en cualquier otra disposición que le otorgue competencia a la Federación; III. Exista una sentencia o decisión de algún organismo internacional de protección de los derechos humanos o una resolución de un órgano previsto en cualquier Tratado Internacional en la que se determine la responsabilidad u obligación del Estado Mexicano por defecto u omisión en la investigación, persecución o enjuiciamiento de los delitos previstos en esta Ley; IV. El Ministerio Público de la Federación solicite a la Fiscalía Especial de la Entidad Federativa, le remita la investigación correspondiente, atendiendo a las características propias del hecho, así como a las circunstancias de ejecución o la relevancia social del mismo, o V. Durante la investigación se encuentren indicios que en la comisión del hecho participó una persona cuya pertenencia o colaboración con la delincuencia organizada esté acreditada. La víctima podrá pedir al Ministerio Público de la Federación que solicite la remisión de la investigación, a la que el Ministerio Público deberá responder de forma fundada y motivada." punibles no se cometieron"; resulta respetable, pero no se comparte, pues si bien se aprecia un texto subrayado en el referido artículo, lo cierto es que durante su análisis el órgano colegiado no dejó sentada la conclusión que refiere la defensa, por lo que no se puede sustentar el presente estudio en tal apreciación. Por todo lo expuesto, resulta acertado que en la resolución de seis de octubre del año en curso la autoridad responsable haya ordenado la remisión de los autos al citado Juez de Control del orden común, por ser quien ejerce jurisdicción en el lugar en donde está interno el quejoso, como se explicó con anterioridad. SE IMPONE MULTA POR INCUMPLIMIENTO En atención a las consideraciones antes expuestas, resulta evidente que la responsable no dio cabal cumplimiento al fallo amparador en los términos ordenados, pues como se explicó, se excedió en su actuación al realizar una nueva calificación de la legalidad del traslado del quejoso, cuando ello no fue ordenado en la sentencia de amparo. Por ende, al no haber dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin causa justificada, se hace efectivo el apercibimiento ordenado en proveído de cuatro de octubre de dos mil veintitrés y, por ende, se impone a la autoridad responsable Roberto Santos Maldonado Morales, Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, la MULTA MÍNIMA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. En la inteligencia que la unidad de medida y actualización correspondiente al año de dos mil veintitrés equivale a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), conforme al cálculo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía6 , por lo que la multa impuesta asciende a $10,374.00 (diez 6 https://www.inegi.org.mx/temas/uma/ mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional). Sin que sea necesario pormenorizar los elementos que llevaron a este órgano jurisdiccional a determinar dicho monto como lo pueden ser, entre otros, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor o su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última como en el caso acontece, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Sirve de apoyo a la consideración anterior, por su sentido, la jurisprudencia de rubro: Registro digital: 192796 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 127/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Diciembre de 1999, página 219 Tipo: Jurisprudencia "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima." En ese contexto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, fracción XXVIII, y segundo párrafo, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, se ordena girar oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Veracruz "1", con residencia en esta ciudad, para que haga efectiva la multa decretada en los párrafos que anteceden. Resulta ilustrativa la jurisprudencia que enseguida se invoca: Registro digital: 184086 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 49/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Junio de 2003, página 226 Tipo: Jurisprudencia "MULTAS IMPUESTAS POR EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. COMPETE HACERLAS EFECTIVAS A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CORRESPONDIENTE. Del examen sistemático de lo dispuesto en los artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o., fracciones I, IV y XIII, y tercero transitorio de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en vigor a partir del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, se advierte que con el establecimiento del Servicio de Administración Tributaria se creó un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el carácter de autoridad fiscal, encargado de manera especial y exclusiva, entre otras funciones, de las concernientes a la determinación, liquidación y recaudación de las contribuciones, aprovechamientos federales y sus accesorios, y se reservó a la Tesorería de la Federación el carácter de asesor y auxiliar gratuito del mencionado órgano. Por otro lado, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 20, fracciones XVI, XVII, XXIII, LII, párrafos tercero y penúltimo, y 22 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria en vigor, la Administración General de Recaudación es la unidad administrativa encargada de recaudar directamente o a través de sus oficinas autorizadas, las contribuciones, los aprovechamientos, las cuotas compensatorias, así como los productos federales, y de concentrarlos en la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la Tesorería de la Federación, de acuerdo con los artículos 11, fracción V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación; dicha Administración cuenta con facultades para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución que respecto del cobro de créditos fiscales derivados de aprovechamientos federales establece el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, al igual que cuenta con los servicios de las Administraciones Locales de Recaudación que ejercen esas facultades dentro de una circunscripción determinada territorialmente. Atento lo anterior, corresponde a la Administración Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, que tenga competencia territorial en el domicilio del infractor o en aquel en el que pueden cobrársele, hacer efectivas las multas impuestas por el Poder Judicial de la Federación." SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DEL FALLO AMPARADOR En ese contexto, al considerarse que la autoridad responsable Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, no dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con apoyo en los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, requiérasele por última ocasión para que en el término de CUARENTA Y OCHO HORAS, legalmente computado a partir que reciba notificación del presente proveído, justifique haber dado total cumplimiento al fallo protector, en particular, acredite que dejó insubsistente el pronunciamiento efectuado en la resolución de seis de octubre del año en curso, únicamente respecto al acto jurídico de decisión por el cual calificó de nueva cuenta el traslado del quejoso último al Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano". Esto, dejando intocado el diverso pronunciamiento por el cual se declaró legalmente incompetente y ordenó remitir el proceso penal *****al juez que ejerce jurisdicción en el lugar en donde se ubica el centro de reclusión en donde está interno el peticionario del amparo; pues ello es acorde a los lineamientos del fallo amparador. Plazo que se estima razonable y suficiente para que emita los actos necesarios para cumplir la ejecutoria de amparo, atendiendo a que sus efectos son concretos, ya han sido explicados en la presente determinación y no requieren mayor preparación. Se recuerda que este Juzgado cuenta con el correo electrónico 17jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, al cual se puede remitir información para mayor celeridad. De igual forma se destaca que subsiste el apercibimiento previamente formulado, es decir, que en caso de incumplimiento injustificado nuevamente se impondrá multa de cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, y podrá ordenarse la remisión del expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por ende, una vez que transcurra el plazo otorgado, este órgano jurisdiccional acordará lo conducente de acuerdo a la actuación de la autoridad responsable. Cabe hacer mención que por el momento no es posible dar trámite a un índice de inejecución de sentencia de amparo, hasta en tanto se agote el procedimiento previsto en los artículos 192 a 196 de la Ley de Amparo. Esto, pues como se indicó líneas arriba, resulta pertinente esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Esto es acorde con la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2007918, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2007918 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 54/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 19 Tipo: Jurisprudencia PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Máxime que en el caso no se está en presencia de una abstención total, sino de una actuación con la que se cumplió la sentencia de amparo, aunque con exceso. Ilustra el criterio adoptado la siguiente jurisprudencia: "Registro digital: 185736 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 63/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Octubre de 2002, página 134 Tipo: Jurisprudencia INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INCIDENTE RELATIVO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZA ACTOS QUE ENTRAÑAN UN PRINCIPIO DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva un incidente de inejecución de sentencia, es necesario que exista, previamente, una determinación del Juez de Distrito, de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo o del Tribunal Colegiado de Circuito, en el sentido de que no se ha cumplido con la sentencia de amparo pese a los requerimientos hechos a las responsables, y no obre en autos constancia alguna que demuestre lo contrario. En estas condiciones, se concluye que si encontrándose pendiente de resolver ante este Alto Tribunal un incidente de inejecución de sentencia, la autoridad responsable lleva a cabo algún acto tendiente a acatar la ejecutoria de amparo, que se pudiera considerar como un principio de ejecución del fallo protector, dicho incidente deberá declararse sin materia, porque éste exige, como presupuesto para su procedencia, que la aludida responsable incurra en una abstención total de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora, lo que no se actualiza si aquélla efectúa" Cabe señalar que si bien el tercer párrafo del artículo 192 de la Ley de la materia prevé que se requerirá al superior jerárquico de la autoridad responsable, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria; empero, toda vez que en el caso es un juez el responsable, se estima que no tiene superior jerárquico para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, por lo que se le requiere de forma directa. Consideraciones que encuentran sustento en la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2008147 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 63/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, página 6 Tipo: Jurisprudencia CONSEJOS DE LA JUDICATURA LOCALES. NO SON SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN A LOS PODERES JUDICIALES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 192 Y 194 DE LA LEY DE AMPARO). En aquellas entidades federativas en las que se haya establecido un órgano de administración del aparato judicial, éste deberá responder a la naturaleza prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así, la conformación de Consejos de la Judicatura en los Estados es de servicio administrativo a la función jurisdiccional, debido a lo cual, aquéllos no pueden controlar o invadir la esfera jurisdiccional de los órganos que administran, por lo que dicha función, bajo ningún concepto, puede estar subordinada a la administrativa, organizacional, disciplinaria o de cualquier otra naturaleza, que ejerzan esos Consejos, pues sus competencias, en materia de inspección y vigilancia sobre los juzgados y tribunales, únicamente pueden referirse al examen de lo necesario para conocer el funcionamiento del órgano judicial y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, pero no, y a riesgo de violentar la independencia judicial, pueden referirse a la interpretación y aplicación de las leyes por los juzgadores cuando administran justicia en su sentido más amplio, incluyendo el contenido, modo y forma del cumplimiento de una sentencia de un tribunal de amparo. Por tanto, más allá de una relación de jerarquía, las funciones de dichos Consejos se encuentran dirigidas a salvaguardar la autonomía e independencia judiciales, de forma que los órganos jurisdiccionales se enfoquen a la resolución de los asuntos sometidos a su consideración, permitiendo que un órgano especializado se encargue de la administración necesaria para que la impartición de justicia se realice en los términos establecidos en el artículo 17 constitucional. En consecuencia, para efectos del cumplimiento de sentencias de amparo, los Consejos de la Judicatura locales no son superiores jerárquicos de los órganos jurisdiccionales que integran a los Poderes Judiciales de los Estados, pues acorde a su naturaleza administrativa, no encuadran dentro de los supuestos establecidos en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ya que no podrían: (I) ejercer poder o mando sobre órganos jurisdiccionales para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo; y (II) cumplir, por sí mismos, una sentencia de amparo dirigida a un órgano jurisdiccional, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial. Por lo anterior, en el supuesto de que la autoridad responsable sea un órgano jurisdiccional de un Poder Judicial local, la existencia de un Consejo de la Judicatura no actualiza el supuesto normativo contenido en el artículo 192 de la Ley de Amparo, consistente en que se requiera al superior jerárquico para cumplir una sentencia de amparo." ESCRITOS DE LA PARTE QUEJOSA RESERVADOS En otro orden de ideas, de las constancias que integran el presente se advierte que mediante diversos escritos remitidos vía electrónica, registrados con los número de control interno 15542, 15645, 15647, 15649, 16027, 16041, 16306, 16538, 17003 y 17146, recibidos en autos de nueve, dieciséis y treinta y uno de octubre, así como siete, catorce y quince de noviembre, todos del año en curso, la parte quejosa, por conducto de sus autorizados realizó diversas manifestaciones para destacar que la actuación de la autoridad responsable en principio resultaba evasiva y dilataba el cumplimiento del fallo amparador y posteriormente evidenciaba un cumplimiento defectuoso por no ser acorde con los lineamientos de la sentencia de amparo al haberse remitido los autos a un juez que no resultaba competente para conocer del asunto, ya que debió enviarse a un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio en funciones de Juez de Control con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez; por lo que solicitó la imposición de sanciones y el trámite de un incidente de inejecución de sentencia. Tales consideraciones se consideran esencialmente atendidas con el estudio efectuado en párrafos previos en los que se analizó la actuación de la autoridad responsable, determinado que no se dio cabalmente el fallo protector, se impuso multa por tal incumplimiento, y se requirió por última ocasión el cumplimiento de la sentencia, con los apercibimientos respectivos. Cabe agregar que si bien los autorizados del quejoso argumentan que en el caso se debe considerar que es un Juez de Distrito quien ejerce jurisdicción en el lugar en que se encuentra recluido el quejoso, bajo los siguientes argumentos: No pasa inadvertido que los autorizados del quejoso expusieron que éste había sido trasladado al Reclusorio Regional de la Congregación de Pacho Viejo, Veracruz el tres de octubre del año actual, para la práctica de exámenes médicos y psicológicos que él no pidió; no obstante, de la resolución de seis de octubre de este año, que en el caso se analizó, se aprecia que la responsable requirió al Director de Prevención y Reinserción Social del Estado que realizara las gestiones a su alcance para que de manera inmediata reingresara el quejoso al Centro Federal de Readaptación Social número 1 "El Altiplano", Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que jurídica y legalmente cumple su internamiento. Por lo que se observa que a la fecha la autoridad responsable ya efectuó las gestiones para que el impetrante reingresara a su lugar de reclusión. De igual forma, respecto a las manifestaciones en el sentido que la autoridad incompetente continuaba actuando, se estima que tal situación podrá ser subsanada con la remisión de las actuaciones al órgano competente para el conocimiento de la secuela procesal. De igual forma se reitera que, en todo caso, el trámite del incidente de inejecución solicitado queda sujeto al resultado del requerimiento efectuado a la autoridad responsable, por los motivos antes explicados. SE REMITE OFICIO PARA CONOCIMIENTO Asimismo, de autos se advierte que mediante oficio 3012080P08/19420/2023 de treinta y uno de octubre del año actual, el Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México informó que recibió las constancias que remitió el Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, con sede en Pacho Viejo, Veracruz, al habérsele declinado competencia en razón de seguridad; y que se encuentra pendiente de emitir resolución en relación con la competencia declinada, en virtud que se encuentra en espera del resultado del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el diverso juicio de amparo 820/2022. En tales condiciones, se estima conveniente girar oficio al citado Juez de Control, a efecto que tome conocimiento de la presente determinación, para los efectos legales conducentes; destacando que una vez que se provea sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo, de igual forma se le comunicará. FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese para los efectos legales procedentes el oficio con el que el Subdirector de Amparo, Civil y penal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, informa que el diecisiete de noviembre del año en curso notificó a la autoridad tercera interesada el oficio 25797/2023 que contiene el proveído de nueve de octubre del año en curso. Asimismo, informa que ********** funge como Fiscal Especializado para la Atención de Denuncias por Personas desaparecidas Zona Centro Cosamaloapan; por lo tanto, se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para que realice la anotación en dicho Sistema. El oficio que se provee, recibido vía correo electrónico oficial con la certificación respectiva, tiene valor pleno en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, toda vez que de la certificación de cuenta se aprecia que al día de hoy se encuentra transcurriendo el término de tres días otorgado a la autoridad tercera interesada por auto de nueve de octubre del año en curso, provéase lo conducente una vez que fenezca el mismo. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el primer oficio de cuenta, signado por **********, en su carácter del Fiscal Noveno Investigadora de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con sede en Córdoba, Veracruz, en funciones de Encargada del Despacho de la Fiscalía Investigadora de Fortín, a través del cual devuelve el oficio 25797/2023, y refiere que lo recibió por error, dado que esa Fiscalía no es parte del proceso penal del que deriva el presente juicio de amparo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Por otra parte, visto el segundo oficio de cuenta, toda vez que se recibió a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III, 22 y 48 párrafo tercero del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", intégrese en formato impreso. En atención a su contenido, se tiene al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, devolviendo debidamente diligenciado el exhorto ********** (orden **********), mediante el cual se le encomendó notificar el oficio 25797/2023. En consecuencia, dese de baja el exhorto de referencia, haciendo las anotaciones de ley en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). SE GIRA OFICIO A SUPERIOR JERÁRQUICO Si bien del exhorto devuelto se aprecia la constancia de notificación del oficio 25797/2023, lo cierto es que dicho oficio fue devuelto por su destinatario por las razones ya expuestas; en ese sentido, atendiendo a que en auto de catorce de noviembre del año en curso se ordenó realizar la notificación respectiva por conducto de la Fiscalía General del Estado, sin que a la fecha se tenga alguna respuesta, requiérase a dicha dependencia para que en el término de veinticuatro horas, informe el seguimiento dado al oficio 2826/2023 con el que se le notificó el auto de referencia. En el entendido que subsiste el apercibimiento ordenado en dicho proveído, es decir, de no cumplir con lo ordenado, se hará acreedora a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establece el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con el artículo 237, fracción I y el diverso 259, de la Ley de Amparo. El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, quince de noviembre de dos mil veintitrés. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el oficio de cuenta que remite el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. Acúsese recibo. Al respecto, el referido Tribunal remite copia del escrito signado por la autorizada de la parte quejosa con el cual comunica que no se ha dado trámite al incidente de inejecución de sentencia planteado en autos; a efecto que se provea lo conducente. Asimismo, dicho Tribunal destaca que en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo corresponde a este Juzgado de Distrito analizar, si una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, se debe o no multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, o en su caso, esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. En tales condiciones, comuníquese al referido Tribunal que en el presente juicio de amparo, por auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés se otorgó vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable con las que pretende dar cumplimiento al fallo amparador, y respecto a dicha vista aún no se cuenta con la constancia de notificación del oficio 25797 con el que se ordenó 04/12/23 23:31:28 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.57.a6 Kristell Alexia Pedersen Grajales notificar a la autoridad tercero interesada foránea; no obstante, para mayor celeridad en la integración, se ordenó reexpedir el oficio para realizar la notificación por conducto de su superior jerárquico. En tales condiciones -como previamente se ha informado a la parte quejosa- una vez que transcurra el término otorgado a las partes con la vista otorgada en el referido auto de nueve de octubre del año actual, se proveerá lo conducente respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Resulta importante destacar como hecho notorio que con fundamento en los artículos 9 fracciones XIII y XIV y 10 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, por causa de fuerza mayor, se declararon inhábiles los días dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, para los Juzgados Federales entre los que se encuentra el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado, el cual conoce del presente expediente; en los cuales no corrieron términos. Al margen de lo anterior, los argumentos contenidos en el escrito de la parte quejosa, que se anexa al oficio de cuenta, se tomarán en cuenta al resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; y en torno a la solicitud de dar trámite al incidente de inejecución planteado, en proveído de catorce de noviembre del año en curso se reiteraron los motivos por los que aún no es procedente tramitar dicho incidente...

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