Jorge Vidal Santillán Gallardo

Expediente 1166/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1166/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
13/06/2023

Partes del expediente

  • Jorge Vidal Santillán Gallardo

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, trece de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en atención a su contenido se le tiene remitiendo testimonio de la resolución dictada en el expediente Q.A. 14/2023 de su índice, de donde se advierte que dicho Tribunal DECLARÓ INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por el aquí quejoso en contra del auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General) se establece que el presente asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción IV, del ordenamiento en cita. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en la carátula del expediente, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, once de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Actuario Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa, Veracruz; recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a su contenido, se le tiene informando a este Juzgado que se admitió el recurso de queja interpuesto por Jorge Vidal Santillán Gallardo, parte quejosa en el presente asunto, en contra del auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, por lo que estese en espera de lo que la Superioridad resuelva respecto de dicho medio de impugnación, el cual quedó radicado bajo el número 14/2023. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por ********************, parte quejosa en el presente asunto, recibido en línea y dado que cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, así como en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, provéase lo conducente, provéase lo conducente. Ahora, en atención a su contenido, téngasele interponiendo RECURSO DE QUEJA en contra del proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se rinde el informe sobre la materia de la queja, en el sentido de que es cierto que este Juzgado Federal emitió el proveído de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó de plano la demanda de amparo por estimarse notoriamente improcedente. Por tanto, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con residencia en Xalapa, Veracruz, el original del recurso de queja, copia certificada del proveído recurrido, informe sobre la materia de la queja y copias certificadas de las constancias que se estimen pertinentes para la substanciación del recurso de queja interpuesto. Sin que sea aplicable al caso, lo establecido en el artículo 101, primer párrafo de la Ley de Amparo, respecto a que se notifique a las partes la interposición del recurso de queja, para que en el plazo de tres días señalen constancias que en copia certificada deberán remitirse al tribunal colegiado que deba resolver el mismo, puesto que el recurso de queja es en contra del proveído que tuvo por desechada la demanda de amparo y, por ende, hasta el momento procesal no hay partes en el asunto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte promovente el auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, mismo que a la letra dice: Vista la demanda de amparo promovida por Jorge Vidal Santillan Gallardo, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad Distribución, con residencia en Boca del Río, Veracruz, y otra autoridad. Fórmese y regístrese el expediente correspondiente bajo el número 1166/2022; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y provéase lo conducente. DESECHAMIENTO Del escrito de demanda de amparo se desprende que el promovente solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra de los siguientes actos destacados: ".LA DESCONEXIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL DOMICILIO HABITACIONAL UBICADO EN LA CALLE BETO ÁVILA NÚMERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO, PENTHOUSE UNO, EN LA COLONIA VISTA ALEGRE, CÓDIGO POSTAL 94295, EN BOCA DEL RÍO, VERACRUZ, CON NÚMERO DE SERVICIO 849210402972." Ahora, con apoyo en la facultad derivada del artículo 113 de la Ley de Amparo, y luego de examinar en su integridad el escrito de demanda, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable, y por ende se impone DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo. En principio, cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Apoya lo anterior, la tesis en materia común, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VIII, noviembre de 1991, página 198, registro 221353 - motivo manifiesto e indudable que se actualiza en el presente caso toda vez que los actos reclamados no son de imposible reparación. Así pues, la hipótesis de improcedencia que se estima actualizada, se deduce de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, todos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." (.)." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general (.)." Como puede apreciarse, de una interpretación sistemática de los numerales transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de una evolución histórica del concepto de autoridad, en principio sostuvo el criterio de quienes podían ejercer fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de actuar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponían; criterio que fue superado al emitir el pleno del alto tribunal, la tesis 97, de texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De la anterior tesis, se destaca, que una autoridad para efectos del amparo, que posee las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: 1. Que tenga características de órgano público. 2. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. Ahora bien, de acuerdo con la doctrina el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen así relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en:  Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, hipótesis en la cual todos concurren en calidad de gobernados.  Las relaciones de suprasubordinación, que son las que se efectúan entre los diferentes órganos de gobierno en el desempeño de sus atribuciones.  Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte, y el gobernado, por la otra. En dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública, propia de un acto autoritario. En otros términos, el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas, en un plano de supra a subordinación, o sea entre sujetos colocados en diferentes planos, los particulares por un lado y el Estado por el otro, investido con su imperio. Ahora bien, en el caso concreto, del análisis integral de la demanda, se advierte que el quejoso se duele del corte de luz en su domicilio particular, el cual se ubica en calle BETO ÁVILA NÚMERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO, PENTHOUSE UNO, EN LA COLONIA VISTA ALEGRE, código postal 94295 en Boca del Río, Veracruz. Bajo ese contexto, y atento a las manifestaciones realizadas en su escrito de demanda, en relación con el corte del servicio del suministro de energía eléctrica, en su domicilio particular, el cual se ubica en BETO ÁVILA NÚMERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO, PENTHOUSE UNO, EN LA COLONIA VISTA ALEGRE, código postal 94295 en Boca del Río, Veracruz, servicio que según el dicho de la parte quejosa, que se encuentra al corriente de todo pago como pretende acreditar con documental que adjuntó a la misma, consistente en un recibo de luz, pero que ejecutó el corte del servicio por parte de la autoridad responsable, sin que se haya señalado algún tipo de anomalía en su equipo de usuario, sino que deriva de un adeudo. En efecto, el origen de dicho acto deriva de un acuerdo de voluntades, donde el prestador del servicio, que en el caso es la Comisión Federal de Electricidad, y el ahora promovente, adquieren derechos y obligaciones recíprocas, por lo que se recurre a las formas del derecho privado para regular la relación entre el usuario y dicha empresa. Por ende, la Comisión citada no actúa con potestad de imperio, esto es, en una relación de supra-subordinación con la impetrante de amparo; sino en un vínculo de coordinación, derivado de un contrato de energía eléctrica celebrado entre ambas partes. Se afirma lo anterior, dado que de la reforma a la Constitución Federal en materia de energía eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, que regula el sistema eléctrico nacional, dio origen a las leyes de la Comisión Federal de Electricidad y de la industria eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil catorce se desprende, que la Comisión en cita se creó, como nueva figura jurídica la de empresa productiva del Estado, con carácter empresarial, sujeta a un régimen nuevo, distinto y separado al de las empresas paraestatales. En efecto, los artículos 3, 7, 82, 83 y 118 de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, establecen: "Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios.- Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley.- En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética". "Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto.- Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda". "Artículo 82.- Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa.- Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable". "Artículo 83. En contra del fallo que adjudique el contrato procederá: I. El recurso de reconsideración ante la instancia colegiada que se determine en el Estatuto Orgánico, y conforme al procedimiento que establezca el Reglamento de esta Ley, o II. La acción jurisdiccional que corresponda ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.- Contra las demás resoluciones emitidas durante el concurso no procederá instancia ni medio ordinario de defensa alguno y, en caso de alguna irregularidad en tales resoluciones, éstas podrán ser combatidas con motivo del fallo.- Una vez adjudicado y firmado un contrato, todas las controversias que surjan relativas a su interpretación o cumplimiento serán competencia de los tribunales competentes del Poder Judicial de la Federación, salvo que se haya pactado un medio alternativo de solución de controversias". "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales.- Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte.- Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto." De las normas transcritas se desprende que el legislador dispuso expresamente que a los actos que emita la Comisión Federal de Electricidad le son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que será de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos, merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. Cabe destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia en la que consideró que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia número 2ª/J.156/2017 (10a.) emitida por la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, página 336, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil." Conforme al criterio anterior, se puede concluir que actualmente existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que define que las controversias suscitadas entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares con motivo del contrato de suministro de energía eléctrica, deben ventilarse en la vía ordinaria mercantil, pues su origen deriva de un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación, lo que permite constatar que los actos emitidos por dicha Comisión con motivo de la existencia del referido contrato no se originan en un plano de supra a subordinación (Estado-particular) y, por ende, no pueden constituir un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. No es óbice a lo anterior la existencia de la jurisprudencia número 2a./J.4/2012 (10a) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. En el auto señalado el Juez de Distrito no está en posibilidad jurídica ni material de precisar si el acto reclamado, consistente en el Acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, proviene o no de una autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta. Por tanto, el Juez federal no está en aptitud para desechar la demanda de amparo bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa no es evidente, claro y fehaciente, pues se requerirá hacer un análisis profundo para determinar su improcedencia, estudio propio de la sentencia definitiva, razón por la cual debe admitir la demanda de amparo, sin perjuicio de que en el transcurso del procedimiento lleve a efecto el análisis exhaustivo de esos supuestos." Esto, porque en el caso particular, existe jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que define la naturaleza de los actos que emite la Comisión Federal de Electricidad a partir de la celebración de un contrato de suministro de energía eléctrica; de ahí que, no es necesario esperar a examinar las pruebas aportadas en el juicio de amparo para definir la naturaleza de los actos reclamados, cuando ese tema ya se estableció en dicha jurisprudencia. Sin que lo anterior deje en estado de indefensión a la parte quejosa, dado que si bien, la Comisión Federal de Electricidad es un ente público no por ello las relaciones contractuales que tengan que ver con su objeto las puede decidir de manera unilateral, imperativa y con coercitividad, por lo que en el caso, el impetrante en caso de incumplimiento del mismo, está en aptitud legal de acudir ante los tribunales ordinarios a fin de demandar de su proveedor el cumplimiento del convenio celebrado en su calidad de consumidor, máxime que la suspensión del servicio de energía eléctrica derivo sin motivo alguno, en base a su manifestación que bajo protesta de decir verdad plasmo en su escrito de demanda, aun cuando se encuentra al corriente; lo que permite vislumbrar, además de lo ya expuesto, que el acto reclamado no constituye acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo. No obsta lo anterior, que refiera que el corte ejecutado, fue sin la debida autorización o notificación alguna; dado que como se advierte el promovente exhibe copia del recibo de luz correspondiente al periodo de consumo del catorce de septiembre al quince de noviembre de dos mil veintidós, respecto del servicio 849210402972, a nombre del peticionario de amparo, en el domicilio ubicado en calle BETO ÁVILA NÚMERO CIENTO CUARENTA Y CUATRO, PENTHOUSE UNO, EN LA COLONIA VISTA ALEGRE, código postal 94295 en Boca del Río, Veracruz; por ello, se encuentra facultado para acudir a la instancia correspondiente a efecto de ejercer acción que derive del convenio celebrado en su calidad de consumidor con la paraestatal respectiva. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo, promovida por Jorge Vidal Santillan Gallardo, por concurrir el motivo manifiesto e indudable de improcedencia establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Ténganse a Juan Pablo Guevara Doroteo y Erick Moisés Mayoral Hernández, como autorizado en términos amplios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que acreditan tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. En cambio, se tiene únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del citado artículo 12 de la ley de la materia, a las personas restantes, por así haberlo solicitado. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. Por otra parte, no ha lugar a tener por designados los medios alternativos que menciona la parte quejosa para la práctica de notificaciones (correo electrónico y número telefónico) ya que por "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO" aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós, con vigencia a partir del siete de noviembre del mismo año, abrogó los acuerdos de contingencia por COVID-19 que preveía esos medios alternativos, por lo que únicamente se encuentran autorizados los establecidos en la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Ahora bien, respecto de su solicitud en el sentido de que se le permita la consulta vía internet del expediente electrónico; como lo solicita, se le autoriza dicha consulta vía internet, con el nombre de usuario "Jorgesan2605", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración que el presente asunto fue presentado electrónicamente, y a que la parte quejosa cuenta con la posibilidad de consultar y promover a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se le exhorta a que, de ser posible, continúe la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Del mismo modo, se exhorta al resto de las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.

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