Jorge Usla Arredonda

Expediente 733/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
733/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
15/06/2021

Partes del expediente

  • Jorge Usla Arredonda
  • Presidente Municipal de San Andres Tuxtla Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, quince de junio de dos mil veintiuno. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 733/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, quince de junio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora con quien actúa y da fe."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, quince de junio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    III. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa la sentencia engrosada el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, misma que a la letra dice: RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-15). SEGUNDO. Trámite. Por auto de treinta y uno de diciembre siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita (fojas 28-33). Se tuvieron por agregados en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 74-76). El veintiséis de marzo del año en curso, se acordó: requerir a la parte quejosa manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de la diversa autoridad Ejecutor Eulalio Jara Baxín, adscrito a la Dirección de Ejecución Fiscal, Supervisión y Reglamentos, dependiente de la Tesorería Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz y, fijar fecha y hora para la audiencia constitucional (fojas 67-68). Luego, el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, se certificó que la parte quejosa no amplió su demanda de amparo dentro del plazo que para ello se le concedió, por lo que se ordenó continuar el presente juicio en los términos planteados en el escrito inicial de demanda (fojas 87-88). Integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados. Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, en Boca del Río, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo del Acuerdo General 03/2013. Por la vía, en virtud de que se reclama la determinación de una autoridad administrativa que atenta contra la garantía de legalidad en perjuicio de la parte quejosa, impugnable en amparo indirecto. La materia, pues se actúa como órgano de instrucción en materias penal, laboral y civil, así como de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues el acto reclamado tiene ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La ejecución de la resolución TM/RES.ADMTVA/390/2020, emitida por el Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, en la que se fijó como fecha el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, a fin de clausurar de manera definitiva el rastro de pollos propiedad del quejoso, denominado "Pollería Usla", ubicado en calle Landero y Coss, colonia Belén Chico, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Las autoridades 1. Presidente Municipal, 2. Tesorero Municipal, 3. Directora de Ejecución Fiscal, Supervisión y Reglamentos, dependiente de la Tesorería Municipal y, 4. Comisario de la Policía Municipal Preventiva, todos del Ayuntamiento del Municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz, al rendir su informe justificado negaron la existencia de la ejecución reclamada, pues sostuvieron que la clausura de la negociación no se efectuó, al no encontrarse en funcionamiento el rastro de pollos objeto de la resolución de que se trata. Indicaron dichas autoridades que la clausura de la negociación no se realizó, precisamente porque en el mismo lugar ahora se encuentra funcionando un diverso establecimiento con un giro comercial distinto, el cual también pertenece al aquí quejoso, como se asentó en el acta circunstanciada levantada el treinta y uno de diciembre de dos mil vente (fojas 47-49 y 59). Documentales que tienen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. De lo anterior informado, se aprecia la certeza de la ejecución de la resolución reclamada por el quejoso a las autoridades responsables, la cual se observa se llevó a cabo el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Luego, ante las manifestaciones de las propias autoridades responsables en su informe justificado y de lo advertido en la constancia que acompañaron a estos, debe tenerse por cierto el acto combatido, acorde además con el criterio de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del juicio constitucional. En el caso, se estima que sobreviene el motivo de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, puesto que los actos se consumaron de manera irreparable. Marco legal El referido numeral y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." Del artículo transcrito se observa que los actos que se hayan consumado de un modo irreparable son aquellos que de ninguna forma sería posible restituir al gobernado en el goce del derecho fundamental violado. Lo anterior es así, porque la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. Por tanto, es de tomarse en consideración que por una parte el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional es un medio de control que tiene por objeto reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueve, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los derechos que le han sido transgredidos, ya sea volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, tratándose de actos de carácter positivo, o bien, cuando se está en presencia de actos negativos obligando a la autoridad a respetar el derecho que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Así, debe entenderse como "actos consumados" cuando se han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que, para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis I.4o.C.45 K, que se lee: "ACTOS CONSUMADOS IRREPARABLEMENTE. TIENEN ESA CALIDAD LOS QUE, ANTE LA INMUTABILIDAD DE LA COSA JUZGADA, NO ADMITEN REPARACIÓN A TRAVÉS DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando con la promoción del juicio de amparo, la pretensión del quejoso que intervino en el juicio de origen lleva a quebrantar la autoridad de la cosa juzgada, verbigracia, cuando se persigue la admisión de un incidente de nulidad de la notificación de la sentencia definitiva que, incluso, ya fue materia de amparo directo, debe estimarse que el acto reclamado quedó consumado de forma irreparable, ante la imposibilidad jurídica de restituir al peticionario en el goce de la garantía violada, por virtud de la cosa juzgada que impera en lo decidido sobre la acción y excepción planteadas en el juicio de origen. Esto es así porque, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la conculcación, mientras que la fracción IX del artículo 73 de la propia ley prevé la improcedencia del juicio de garantías contra actos consumados de modo irreparable, entendidos éstos como los que han producido todos sus efectos de manera tal, que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso de que se otorgara la protección constitucional, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser material o jurídicamente posible reparar la violación de que se trate. De ahí que, en casos como el indicado al principio se justifique declarar la improcedencia del juicio de garantías." Hasta aquí las anteriores premisas. SUBSUNCIÓN En la especie, el promovente del amparo reclamó en esta instancia la ejecución de la resolución TM/RES.ADMTVA/390/2020, que tiene como finalidad la clausura de manera definitiva del rastro de pollos de su propiedad denominado "Pollería Usla" ubicado en calle Landero y Coss, colonia Belén Chico, en San Andrés Tuxtla, Veracruz. Así, se tiene que en el supuesto que resultaran fundados los conceptos de violación aducidos por el quejoso, el efecto del amparo sería únicamente para que las autoridades responsables dejen insubsistente la mencionada resolución en la que se fijó una hora y fecha para llevar a cabo la diligencia de verificación y clausura el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Sin embargo, se estima que tal situación ya no pude presentarse, en razón de que las autoridades responsables ejecutaron la resolución reclamada precisamente en la hora y fecha señaladas, sin que al efecto se llevara a cabo la clausura del establecimiento propiedad del quejoso, porque en el mismo lugar ahora se encuentra funcionando un diverso establecimiento con un giro comercial distinto, tal como se advierte del acta circunstanciada que se levantó (foja 59). De manera que las afectaciones que pudiera sufrir el quejoso, no pueden ser reparadas con la concesión del amparo, pues aun cuando se examinaran los conceptos de violación propuestos y se encontraran fundados, no habría manera de concretar los efectos de la protección constitucional porque, como se dijo, a nada práctico conduciría obligar a las autoridades a que se deje insubsistente una diligencia que ya ocurrió y, que además, no tuvo la consecuencia pretendida de la clausura de la negociación mercantil de que se trata, pues no es posible retrotraer el tiempo. Apoya lo anterior, la siguiente tesis relevante emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La improcedencia del amparo sólo puede decretarse, fundándose en que el acto se ha consumado de un modo irreparable, cuando la restitución de las cosas al estado anterior a la violación, es materialmente imposible." CONCLUSIÓN En esas condiciones, al concretarse el motivo de improcedencia previsto en el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XVI, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la citada legislación. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Usla Arredonda, contra el acto reclamado y por las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de este fallo. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede, se advierte que el veintiséis de abril de la presente anualidad, feneció el plazo de los quince días conferido a la quejosa mediante acuerdo de veintiséis de marzo del año en curso para que manifestara si era su deseo ampliar su demanda en relación a la autoridad ejecutor Eulalio Jara Baxin, adscrito a la Directora de Ejecución Fiscal, Supervisión y Reglamentos, dependiente de la Tesorería Municipal de San Andrés Tuxtla, Veracruz, sin que lo hubiera hecho. Ahora bien, dado que de las pruebas documentales que anexó el peticionario de amparo a su demanda de amparo, se advierte que tiene su domicilio fuera de la sede de este juzgado, es decir, en San Andrés Tuxtla, Veracruz, y por ello, el escrito de ampliación es de aquellas promociones susceptibles de presentarse en la oficina pública de comunicaciones de la residencia de la parte quejosa, debe atenderse a la posibilidad de que el escrito respectivo fue depositado ante la aludida oficina. En ese orden de ideas, si acorde a lo dispuesto en el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando el ejercicio de un derecho dentro de un procedimiento judicial, deba efectuarse fuera del lugar en que radique el negocio, y se deba fijar un término para ello, se ampliará el término en un día más por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exceda de la mitad, entre el lugar de radicación y el en que deba ejercitarse el derecho (en el caso, presentar el escrito de ampliación) y entre esta ciudad y San Andrés, Veracruz, existen aproximadamente ciento cuarenta y seis kilómetros de distancia; entonces, es razonable estimar que el escrito correspondiente puede recibirse dentro de los cuatro días hábiles siguientes al en que feneció el plazo que tenía para depositarlo. En consecuencia, si el plazo para dar cumplimiento al requerimiento feneció el veintiséis de abril del año en curso, y es razonable estimar que pudo ser depositado al término del plazo, entonces el ocurso en mención pudo arribar dentro de los referidos cuatro días hábiles siguientes, mismos que concluyeron el treinta de abril de la presente anualidad. En consecuencia, hágase efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintiséis de marzo y se continuará el presente asunto en los términos planteados desde su inicio. Con fundamento en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente proveído por lista de acuerdos a las partes.

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