Jorge Vega García
Expediente 192/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 192/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jorge Vega García
- Fiscal Investigador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación de esta fecha que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia autorizada el seis de mayo de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó, y por la otra se negó el amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. No obsta lo anterior que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación de las autoridades responsables; toda vez que el sentido de la citada determinación no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por una parte se sobreseyó, y por la otra se negó el amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ, Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por último, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de audio y video, el tomo de pruebas y el sobre cerrado, remitidos por las autoridades responsables, licenciado Urbino Alcaraz García, Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, en representación de la licenciada Norma Landa Villalba, con sede en Orizaba, Veracruz y Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, respectivamente; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo respectivo
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación de esta fecha que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia autorizada el seis de mayo de dos mil veintiuno, en la que por una parte se sobreseyó, y por la otra se negó el amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo, por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado ejecutoria dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. No obsta lo anterior que no obren en autos la totalidad de las constancias de notificación de las autoridades responsables; toda vez que el sentido de la citada determinación no les causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que por una parte se sobreseyó, y por la otra se negó el amparo y protección de la justicia de la unión en el presente juicio de amparo; en el entendido que deberán conservarse la demanda, y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, PUES EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ, Y POR LA OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Por último, toda vez que resulta innecesario seguir conservando el disco de audio y video, el tomo de pruebas y el sobre cerrado, remitidos por las autoridades responsables, licenciado Urbino Alcaraz García, Juez de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, en representación de la licenciada Norma Landa Villalba, con sede en Orizaba, Veracruz y Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, respectivamente; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándoles el acuse de recibo respectivo
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 192/2020, promovido por. contra actos del Fiscal Investigador de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el once de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba. solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y las autoridades que a continuación se precisan. AUTORIDADES RESPONSABLES. Ordenadoras. ACTOS RECLAMADOS. TERCERO. AUTORIDADES INEXISTENTES. En auto de ocho de septiembre de dos mil veinte, se tuvo por inexistentes a las autoridades señaladas por el quejoso como. Fiscal Investigador de la Subunidad de Atención Temprana en la Ciudad de Nogales, Veracruz. Fiscal Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Distrito Judicial. con residencia en Orizaba, Veracruz. Comandante Encargado de la Coordinación de Unidades de Detectives del Distrito Judicial. con residencia en Orizaba, Veracruz. CUARTO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCEROS INTERESADOS. Mediante proveídos de veintitrés de septiembre de dos mil veinte y catorce de enero de dos mil veintiuno, respectivamente, se ordenó emplazar a los terceros interesados. Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz; y víctima de identidad resguardada identificada como. por conducto de la. asesora jurídica; lo que así se realizó, según las constancias de notificación que obran en el presente controvertido. QUINTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos. de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que, de ser ciertos, los actos reclamados tendrían ejecución dentro de la jurisdicción territorial asignada a este Juzgado Federal, según el Acuerdo General. del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de técnica jurídica, en este considerando se delimitarán los actos reclamados por la parte quejosa, en acato a lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda de amparo y de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se precisa que aquéllos consisten en. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos que se reclaman. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado por lo que respecta a las autoridades responsables. todos Jueces de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Orizaba, Veracruz, precisado en el inciso. del considerando anterior, consistente en la integración de la citada carpeta de investigación en contra del impetrante, así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar sus negativas. Tampoco es cierto el acto reclamado de las autoridades responsables. Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz. ambos Jueces de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Orizaba, Veracruz, precisado en el inciso. del considerando anterior, consistente en la mencionada orden de aprehensión girada en contra del quejoso, así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes con justificación, sin que el inconforme aportara prueba alguna para desvirtuar sus negativas. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto de los actos y las autoridades de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado del. Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, precisado en el inciso. del considerando segundo, consistente en la integración de la carpeta de investigación. así lo manifestó al rendir su informe justificado. También son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables. Jueza de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Orizaba, Veracruz. Jefe de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, precisados en el inciso. del considerando segundo, consistente en la emisión de la orden de aprehensión contra. en el proceso penal. su ejecución, pues así lo indicaron al rendir sus respectivos informes justificados. Cabe indicar, además, que la certeza de los mencionados actos reclamados se corrobora con la copias certificadas del proceso penal. con el disco versátil digital remitido por la Juez responsable en apoyo a su informe justificado; a los que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos. del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De igual forma, se tiene por cierto el acto de ejecución que se reclama del. Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives, con residencia en Orizaba, Veracruz, pues no obstante que en su informe justificado lo negó; lo cierto es que en consideración a que la autoridad ordenadora, Jueza de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Orizaba, Veracruz. aceptó la emisión de la orden de aprehensión, lo procedente es hacer extensiva la existencia al acto de ejecución; máxime si por la naturaleza de las funciones que desempeña se encuentra facultado para ejecutar las consecuencias jurídicas del acto reclamado a la ordenadora. QUINTO. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue promovida en tiempo, dado que la parte quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, sin prueba en contrario, que tuvo conocimiento de los actos reclamados el diecinueve de febrero de dos mil veinte, por lo que el término de quince días hábiles siguientes al en que se ostentó conocedor de aquéllos artículo 17 de la Ley de Amparo inició el veinte de febrero y feneció el doce de marzo, sin contar los días veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, uno, siete, ocho y nueve de marzo, por ser inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y de la Circular 3/2020, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respectivamente. Luego, si la demanda de amparo fue presentada el once de marzo de dos mil veinte; entonces, resulta oportuna. SEXTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO CONSISTENTE EN A) LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte de Oficio que respecto del acto reclamado consistente en. la integración de la carpeta de investigación. instruida en contra del quejoso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. De lo anterior se colige que para que se actualice la causal de improcedencia antes señalada, deben concurrir los supuestos siguientes. Ahora bien, como se anticipó, en el presente juicio de amparo el quejoso. reclama la integración de la carpeta de investigación. del índice de la Fiscalía Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, instruida en su contra. Sin embargo, de la lectura integral del informe justificado rendido por el Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz, y de las constancias que obran en autos, se advierte, en lo que trasciende, que si bien dicho representante social inició la integración de la citada carpeta de investigación, también lo es que el diecisiete de febrero de dos mil veinte ejerció acción penal en contra de. al girar oficio a la Jueza de Control de Proceso, Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento, con residencia en Orizaba, Veracruz. por el cual le solicitó, entre otras cosas, emitir la correspondiente orden de aprehensión; la cual fue concedida en audiencia de esa misma fecha celebrada en el proceso penal. Por tanto, cambió la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en la etapa de investigación, lo que impide el análisis de alguna violación que pudiese haber sufrido en dicha fase, obligando a considerarla irreparablemente consumada, toda vez que no puede analizarse su constitucionalidad, sin afectar la nueva situación jurídica emanada del ejercicio de la acción penal. Así es, pues la judicialización de la citada carpeta de investigación a través del ejercicio de la acción penal por parte del fiscal investigador, implica la consumación de la etapa de investigación inicial del procedimiento penal, según se desprende del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y con ello, la de los actos acaecidos en dicha fase procesal. En consecuencia, se reitera, respecto del acto reclamado precisado en este apartado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo. de la Ley de Amparo. bien ambos criterios transcritos hacen referencia a actos reclamados dentro de una averiguación previa; empero, tratándose del procedimiento penal acusatorio, de conformidad con el artículo 141, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la investigación de los delitos que realiza el Ministerio Público llevada a cabo a través de la denominada. es el equivalente a la averiguación previa del Sistema Penal Mixto. En consecuencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado de que se trata en este considerando, al actualizarse la causa de improcedencia invocada. Luego, al no existir diversa causa de improcedencia que invoquen las partes o que se deba examinar de oficio, se procede al estudio de la constitucionalidad del diverso acto reclamado, consistente en la orden de aprehensión emitida el diecisiete de febrero de dos mil veinte, contra. en el proceso penal. por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima de identidad resguardada identificada como. OCTAVO. ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Son infundados los conceptos de violación formulados por el quejoso, sin que este Juzgado advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo. de la Ley de Amparo. Así es, en primer término, resulta infundado el motivo de disenso en el que el impetrante de amparo aduce sustancialmente que se viola en su perjuicio el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la responsable no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, pues, dice, no se le citó previamente a la emisión del acto reclamado. Para corroborar dicha postura, en principio, es pertinente citar el contenido del citado numeral constitucional, que en su párrafo segundo establece. Disposición normativa de la que deriva que el constituyente reconoció en la Carta Magna la llamada garantía de audiencia, relativa a las formalidades esenciales del procedimiento, que integran el debido proceso legal, referida al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional. A ese respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera como formalidades esenciales del procedimiento las siguientes. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. Oportunidad de alegar. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Por otra parte, es pertinente indicar que, como forma de conducción al proceso, la orden de aprehensión tiene como finalidad que el imputado esté presente en la audiencia inicial y conozca los hechos atribuidos en su contra al tenor de los principios de contradicción e inmediación, así como los datos de prueba que sustentan la imputación a fin de que ejerza su derecho de defensa. Luego, es al momento de comparecer con motivo de la orden de aprehensión, cuando se otorga al indiciado la garantía de audiencia, en la que deben atenderse las formalidades esenciales del procedimiento, consistentes en ponerlo en conocimiento de las imputaciones que se le atribuyen, darle la oportunidad de probar y alegar lo que a su derecho convenga. En ese entendido, se estima no existe violación alguna por parte de la responsable por cuanto hace a las formalidades del procedimiento del que deriva el acto reclamado, dado que se reitera tratándose de órdenes de aprehensión, no es exigible la garantía de audiencia, pues para su emisión sólo se debe atender a lo establecido por el numeral 16 constitucional, tal y como se analizará en líneas posteriores. De ahí lo infundado del motivo de inconformidad en análisis. También resulta infundado el concepto de violación en el que el peticionario de amparo sostiene toralmente que el acto reclamado viola en su perjuicio la garantía de legalidad tutelada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que carece de fundamentación y motivación. Para justificar dicha postura, es pertinente citar el texto actual del artículo 16, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece lo siguiente. En relación con lo anterior, los artículos. del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen. En lo que trasciende al presente estudio, los anteriores preceptos conforman el marco normativo relacionado con las formas de conducción del imputado a proceso, a saber. La fracción III, que es la que interesa a este estudio, constituye una medida excepcional para que el imputado sea conducido a la presencia del juez de control, que procede incluso sin previa cita a fin de formular la imputación, lo que, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución General deberá cumplir además de la necesidad de cautela que exige tal fracción con los siguientes requisitos. Por su parte, de los artículos 142 y 143, del Código Nacional de Procedimientos Penales se advierte, por un lado, que el Ministerio Público, al solicitar la orden de aprehensión se encuentra obligado a exponer las razones por las que considera que se actualizaron los requisitos previstos en el artículo 141 del citado ordenamiento; y por otro, que el juez debe resolver sobre la solicitud de la orden de aprehensión en audiencia, pronunciándose sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud, la cual debe cumplir con los requisitos legales exigibles. Así, el Juez de control sólo podrá librar la orden de aprehensión solicitada cuando cumpla con los requisitos previstos en los artículos 141 y 142, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso, la Juez es autoridad judicial competente para resolver respecto de la solicitud del libramiento de la orden de aprehensión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141, párrafo primero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dado que se trata de una Juez de control; además de que es competente por razón de territorio, de conformidad con el artículo 20, fracción I, de ese mismo ordenamiento, por versar la solicitud de captura sobre hechos que acontecieron en el municipio de Rio Blanco, Veracruz, dentro del que la responsable ejerce jurisdicción. Por tanto, se satisface el requisito precisado en el inciso. Por lo que respecta al requisito señalado en el inciso. también se actualiza, pues como lo indicó la responsable, por un lado, acorde a lo relatado por la Fiscalía, existe denuncia previa por parte de las personas de identidad resguardadas identificadas como. que originó la formación de la carpeta de investigación respectiva; y por otra parte, el delito que se investiga es el de secuestro agravado, previsto en los artículos. de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que prevé una sanción privativa de libertad de cuarenta a ochenta años. En cuanto a la existencia de. datos que establezcan que se ha cometido ese hecho. Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, también se colman como se verá a continuación. En efecto, los artículos. de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen. Luego, tal como precisó la Juez responsable, los principales datos de prueba relatados por el Fiscal son los siguientes. Elementos que, como lo indicó la responsable, son suficientes por el momento para establecer que durante la mañana del tres de febrero de dos mil veinte, en el interior de la casa marcada con el número. un sujeto activo en compañía de otros, de manera violenta, privó de la libertad a la víctima de identidad resguardada. con quien tiene una relación de parentesco. con el fin de obtener un rescate, la cual posteriormente, fue privada de su vida; conducta que se encuentra en el tipo penal de secuestro agravado, previsto en los. de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que hace a la probable intervención de. en la comisión del referido hecho delictivo, es legal que se haya tenido por acreditado, principalmente, con el señalamiento puntual y directo que deriva de la entrevista realizada al testigo de identidad resguardada. con las videograbaciones presentadas por la diversa persona de identidad resguardada. de las que se desprende que probablemente el inculpado, en las circunstancias de modo, tiempo y lugar indicadas, llevó a cabo el antisocial que se le atribuye. Máxime que para el dictado de una resolución como la reclamada. no se requiere de la existencia de datos de pruebas plenos que establezcan de manera indudable la responsabilidad del indiciado. Por último, la necesidad de cautela que exige la fracción III, del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también se encuentra acreditada, pues tal como lo sostuvo la Juez de control, en el caso, dada la naturaleza del hecho delictivo que se le atribuye al denunciado, existe el riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, es decir, que en caso de citársele no comparezca, aunado a que el delito por el cual se solicitó la orden de aprehensión es calificado como grave y, además, amerita prisión preventiva oficiosa de conformidad con el artículo 19 constitucional. Por tanto, contrario a lo sostenido por el impetrante de amparo, la orden de aprehensión librada en su contra por su probable participación en la comisión del antisocial que se le endilga, colma todos y cada uno de los requisitos que para su emisión exige el artículo 16 constitucional. De ahí lo infundado del concepto de violación en análisis. En atención a que conforme a lo dispuesto por el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, la suplencia de la queja de los conceptos de violación, sólo debe expresarse en las sentencias de amparo cuando de ésta derive en un beneficio para el impetrante; y al no advertirse queja que suplir a favor de la parte quejosa que le reporte algún beneficio que lleve a conceder el amparo impetrado; por tanto, resulta innecesario el análisis oficioso de toda la resolución reclamada. En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo. de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman de las autoridades responsables. Jefe de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con residencia en Córdoba, Veracruz. Policía Ministerial Encargado de la Jefatura de Detectives, con residencia en Orizaba, Veracruz, dado que no se reclaman por vicios propios, sino como consecuencia de la orden de aprehensión cuya constitucionalidad no quedó desvirtuada. NOVENO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se. PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 192/2020, promovido por. respecto de los actos y las autoridades precisadas en los considerandos tercero y sexto de la presente resolución, por los fundamentos y motivos expuestos en éstos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a. contra los actos y las autoridades precisadas en el considerando octavo de la presente sentencia, por las consideraciones expuestas en éste. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
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