Jorge Suárez Ochoa

Expediente 377/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
377/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Jorge Suárez Ochoa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia autorizada el veintitrés de agosto del año en curso, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, incisos a), del citado Acuerdo General, se establece que el juicio principal es conservable y deberá transferirse al Archivo de Concentración, con apoyo de la Administración Regional correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la emisión del presente proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 377/2023, promovido por*** contra actos del 1. Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Orizaba, Veracruz, y otras autoridades, los que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** CUARTO. Procedencia del juicio. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable; sin embargo, en el caso las partes no formularon argumento al respecto, y no se advierte la actualización de causa de improcedencia alguna. QUINTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Es infundado el concepto de violación formulado por la parte quejosa, en el que medularmente aduce que las autoridades responsables violan su derecho a la salud, al haber incurrido en retraso en su atención médica. Para justificar dicha postura, en principio, es pertinente destacar que los artículos 1, párrafo tercero, y 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen*** De ello se advierte que el artículo 1 constitucional tutela la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 4, transcrito, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud que proporciona el Estado. El derecho a la salud se encuentra, además, consagrado en diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, a saber*** De lo anterior se obtiene que la protección a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos; y todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. Por lo tanto, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, que no sólo abarca la atención de salud oportuna o apropiada, sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso a los servicios de salud que debe proporcionar el Estado. Lo anterior pone en evidencia que el derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 4 de la Constitución Federal, y en los diversos tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano referidos, puede entenderse como la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más consistente en el derecho a la integridad físico psicológica. De dicho criterio pueden extraerse los siguientes puntos: 1. La obligación del Estado Mexicano de garantizar el derecho a la salud a través de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; 2. Por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad; y se clasifican en tres tipos, a saber: a) de atención médica, b) de salud pública y c) de asistencia social. 3. Que son servicios básicos de salud, entre otros, los consistentes en*** la atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, definiéndose a las actividades curativas como aquellas que tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar tratamiento oportuno; y b) la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud, para cuyo efecto habrá un cuadro básico de insumos del sector salud. En el caso, el peticionario de amparo, Jorge Suárez Ochoa, acude a esta instancia constitucional reclamando de las autoridades responsables la negativa de proporcionar atención y tratamiento médico, así como la demora de practicar el procedimiento quirúrgico o la cirugía que requiere, pues manifestó*** Ahora, de las copias certificadas del expediente clínico del quejoso, remitidas por las autoridades responsables, las cuales cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su segundo precepto, se advierte que no existió negativa de las autoridades de proporcionar atención y tratamiento médicos al peticionario; y ya se le realizó el procedimiento quirúrgico que requería para tratar la lesión en su pie derecho*** que le fue diagnosticado. En efecto en dicho expediente obran*** Así, del expediente clínico del peticionario del amparo se advierte que le fue proporcionada la atención y tratamiento médicos por parte de las responsables, pues de las copias certificadas de las constancias médicas previamente relatadas se obtiene que a partir de su ingreso*** al Hospital General de Zona número Uno, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz, y durante su internamiento, se le proporcionó atención médica, pues le fueron practicados diversos exámenes de laboratorio, suministrado medicamentos y realizado diversos procedimientos de acuerdo a lo que se estimó requería, y su evolución y estado de salud fueron monitoreados por personal de dicha institución. Aunado a ello, derivado de los análisis que se le practicaron, la autoridad responsable le diagnosticó*** con base en sus antecedentes ingresó a cirugía general para debridación quirúrgica, la cual se realizó el siete de mayo de dos mil veintitrés*** Finalmente, dado que el impetrante presentó una buena evolución clínica derivada del procedimiento realizado, fue dado de alta el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés*** Por tanto, se estima que no existe violación a su derecho humano a la salud, dado que como se advierte de lo antes relatado, el impetrante recibió la atención y tratamiento médicos que requirió, y le fue practicado el procedimiento quirúrgico que ameritaba su padecimiento de necrosis y enfisema subcutáneo con compromiso a nivel óseo*** lo que, según se asentó en la nota de egreso de dieciséis de mayo del año en curso, dio como resultado una buena evolución clínica que motivó que fuera dado de alta. En tales condiciones, al ser ineficaz el concepto de violación hecho valer por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. SEXTO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de once de mayo de dos mil veintitrés*** se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con tal publicación. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA a*** contra los actos reclamados de las autoridades responsables señaladas en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el diverso quinto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa, electrónicamente al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Director, por sí y en representación del Subdirector*** todos del Hospital General Regional de Zona Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz, mediante el rinde su informe justificado y remite constancias; dese vista a las partes por el término de ocho días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo. Por otra parte, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 119 de la ley de la materia, se tienen como prueba de su parte la instrumental de actuaciones y la documental consistente en copia certificada del expediente clínico electrónico del quejoso Jorge Suárez Ochoa; sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. Respecto de los delegados y correos electrónicos que refiere en su informe, deberá estarse a lo ordenado en auto del dieciocho del mes y año en curso. Notifíquese.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

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