Jorge Vázquez Castelán
Expediente 545/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 545/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/06/2016
Partes del expediente
- Jorge Vázquez Castelán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de junio de dos mil dieciséis. Vistos los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de diez de mayo de dos mil dieciséis; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia, en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla con el que remite copia certificada de la resolución en forma de laudo dictada el nueve de mayo de dos mil dieciséis dentro del expediente laboral 1005/2014. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en su escrito de demanda Jorge Vázquez Castelán señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Como Ordenadora, lo es la Junta Especial 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en avenida 31 poniente número 2904. Colonia el Vergel en la Ciudad de Puebla, Puebla. IV OMISIÓN QUE GENERA EL ACTO RECLAMADO: De la responsable reclamo la omisión de dictar la resolución en forma de Laudo con el cual se resuelva la controversia sometida a la potestad de la autoridad señalada como responsable, en términos de lo que disponen los artículos 885, 886, 888, 889, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo vigente a la fecha de la presentación de la demanda laboral, lo que conlleva al incumplimiento de las normas establecidas previamente a la radicación del escrito de demanda." Ahora bien, del comunicado y de las constancias de cuenta se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por conducto de su presidenta remite copia certificada de la resolución en forma de laudo de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio laboral 1005/2014; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante en esa misma fecha. La anterior aseveración se encuentra acredita con la copia certificada de la resolución en forma de laudo dictada el nueve de mayo del año actual, dentro del expediente laboral 1005/2014 y la respectiva constancia de notificación, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto al acto reclamado se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias remitidas por las responsables, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, y de la narrativa que antecede se colige que mediante resolución de nueve de mayo de dos mil dieciséis la junta responsable dictó el laudo correspondiente, dentro del juicio laboral 1005/2014; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante en esa misma fecha. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber dictado la resolución en forma de laudo el nueve de mayo de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 1005/2014 y al hacerlo del conocimiento de la parte impetrante el nueve de mayo de dos mil dieciséis, cesaron los efectos del retardo del que se duele el peticionario de amparo, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable dictara la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 1005/2004, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el nueve de mayo de dos mil dieciséis la junta responsable dictó el laudo correspondiente, dentro del juicio laboral 1005/2014; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante en esa misma fecha. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, como se dijo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 1005/2014 se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciocho minutos del once de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla con el que remite copia certificada de la resolución en forma de laudo dictada el nueve de mayo de dos mil dieciséis dentro del expediente laboral 1005/2014. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en su escrito de demanda Jorge Vázquez Castelán señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Como Ordenadora, lo es la Junta Especial 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con domicilio en avenida 31 poniente número 2904. Colonia el Vergel en la Ciudad de Puebla, Puebla. IV OMISIÓN QUE GENERA EL ACTO RECLAMADO: De la responsable reclamo la omisión de dictar la resolución en forma de Laudo con el cual se resuelva la controversia sometida a la potestad de la autoridad señalada como responsable, en términos de lo que disponen los artículos 885, 886, 888, 889, y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo vigente a la fecha de la presentación de la demanda laboral, lo que conlleva al incumplimiento de las normas establecidas previamente a la radicación del escrito de demanda. Ahora bien, del comunicado y de las constancias de cuenta se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por conducto de su presidenta remite copia certificada de la resolución en forma de laudo de nueve de mayo de dos mil dieciséis, dictada dentro del juicio laboral 1005/2014; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante en esa misma fecha. La anterior aseveración se encuentra acredita con la copia certificada de la resolución en forma de laudo dictada el nueve de mayo del año actual, dentro del expediente laboral 1005/2014 y la respectiva constancia de notificación, las cuales adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 79, 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, esta autoridad advierte que respecto al acto reclamado se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos de esos actos. Para evidenciar lo anterior, conviene traer a contexto el dispositivo invocado, el cual es del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias remitidas por las responsables, con valor probatorio pleno en los términos expuestos, y de la narrativa que antecede se colige que mediante resolución de nueve de mayo de dos mil dieciséis la junta responsable dictó el laudo correspondiente, dentro del juicio laboral 1005/2014; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante en esa misma fecha. Bajo esa óptica, es posible concluir que la autoridad responsable al haber dictado la resolución en forma de laudo el nueve de mayo de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 1005/2014 y al hacerlo del conocimiento de la parte impetrante el nueve de mayo de dos mil dieciséis, cesaron los efectos del retardo del que se duele el peticionario de amparo, pues los efectos de dicho retardo desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna de dicha afectación. Ello, porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la autoridad responsable dictara la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 1005/2004, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el nueve de mayo de dos mil dieciséis la junta responsable dictó el laudo correspondiente, dentro del juicio laboral 1005/2014; determinación que se hizo del conocimiento de la parte impetrante en esa misma fecha. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relatadas condiciones, como se dijo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo dentro del expediente laboral 1005/2014 se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable al caso, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386 del Tomo XVII de marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que literalmente dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con dieciocho minutos del once de mayo de dos mil dieciséis, que se habían señalado para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de garantías. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO 15/2015-II PROMOVIDO POR ÁNGEL VÁZQUEZ LÓPEZ, RESPECTO DE LOS ACTOS Y AUTORIDADES PRECISADOS EN EL CONSIDERANDO SEGUNDO DE ESTA SENTENCIA.
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