Jorge Sánchez Guerra
Expediente 12/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 12/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 20/05/2019
Partes del expediente
- Jorge Sánchez Guerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de seis de mayo del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que se ha dado al fallo protector, sin que hayan manifestado su inconformidad para tal efecto, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de seis de mayo de la presente anualidad, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, por una parte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional para los siguientes efectos: En este orden de ideas, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección federal a JORGE SÁNCHEZ GUERRA, para el efecto de que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, dicte las medidas necesarias y acuerde lo reservado en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral D-2/150/2018 de catorce de agosto de dos mil dieciocho; es decir, emita un acuerdo en el que se cumpla estrictamente el plazo señalado por los artículos 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, de lo cual deberá informar a este juzgado federal. En atención a lo anterior, mediante oficio recibido en este juzgado el tres de mayo del año en curso, el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copia certificada del auto dictado el veintiséis de abril del año en curso, dentro del expediente laboral D-2/150/2018, donde se aprecia que las partes ratificaron un convenio de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, teniendo a la parte demandada exhibiendo la cantidad total de $38,000.00 treinta y ocho mil pesos, cero centavos moneda nacional, con el cual tuvo por terminada la relación laboral que existía entre las partes, ordenando el archivo del asunto como total y definitivamente concluido (foja 67). Conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo y por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. El contenido de dicho precepto legal, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedó cumplida la sentencia; lo cierto es, que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien, la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora, en el presente asunto, se constriñó a autoridad responsable a un hacer, a saber, que realizara las actuaciones necesarias para acordar lo reservado en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrecidas en el juicio laboral dentro del término que para tal efecto establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, la controversia del juicio laboral culminó con el convenio celebrado entre las partes del juicio natural. Aquí debe explicarse, que cuando las partes llegan a un convenio en el juicio laboral, aquél tendrá efectos de laudo, tal y como lo dispone el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, si dentro del juicio de origen, se celebró un convenio, tal posición, conforme a la ley produjo los mismos efectos de un laudo, esto es, entre otras cosas que se tenga por concluido el proceso. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, si conforme a lo expuesto en virtud de la actuación de las partes del juicio de origen, se dio por concluido el juicio natural; lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, pues de cualquier manera el procedimiento de origen ya culminó. En consecuencia, lo anterior constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria, por lo que lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201, fracción II, y 202 de la Ley de Amparo, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de seis de mayo del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que se ha dado al fallo protector, sin que hayan manifestado su inconformidad para tal efecto, de acuerdo a la certificación de cuenta, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto de seis de mayo de la presente anualidad, por tanto, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, por una parte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional para los siguientes efectos: En este orden de ideas, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección federal a JORGE SÁNCHEZ GUERRA, para el efecto de que la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, dicte las medidas necesarias y acuerde lo reservado en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral D-2/150/2018 de catorce de agosto de dos mil dieciocho; es decir, emita un acuerdo en el que se cumpla estrictamente el plazo señalado por los artículos 880 y 883 de la Ley Federal del Trabajo, de lo cual deberá informar a este juzgado federal. En atención a lo anterior, mediante oficio recibido en este juzgado el tres de mayo del año en curso, el Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, remitió copia certificada del auto dictado el veintiséis de abril del año en curso, dentro del expediente laboral D-2/150/2018, donde se aprecia que las partes ratificaron un convenio de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, teniendo a la parte demandada exhibiendo la cantidad total de $38,000.00 treinta y ocho mil pesos, cero centavos moneda nacional, con el cual tuvo por terminada la relación laboral que existía entre las partes, ordenando el archivo del asunto como total y definitivamente concluido (foja 67). Conforme a lo expuesto es posible advertir que debe declararse la imposibilidad jurídica para cumplir la ejecutoria de amparo y por ende, ordenarse el archivo de este expediente como asunto concluido. El contenido de dicho precepto legal, dispone el procedimiento que deben de seguir los jueces de distrito para determinar si la ejecutoria de amparo quedó cumplida, existió exceso o defecto, o bien para declarar la imposibilidad de cumplimiento. Es así, porque aun cuando el párrafo primero únicamente alude al supuesto relativo a cuando la responsable afirme que ya quedó cumplida la sentencia; lo cierto es, que el segundo de ellos, se refiere al resto de las hipótesis mencionadas en el párrafo precedente, esto es, al exceso, defecto e imposibilidad de cumplir con la sentencia; circunstancia que evidencia la pretensión del legislador de establecer un solo procedimiento para ese tipo de cuestiones. Así, la imposibilidad de cumplimiento de la sentencia de amparo se actualiza cuando la causa obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad obligada, y no deriva de omisiones culposas o dolosas de ésta, sino de la propia conducta de las partes que provocó la conclusión del juicio. Si bien, la materia del cumplimiento se traduce en este caso en una obligación de hacer a cargo de la autoridad responsable, lo cierto es que, cuando surge la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, no se puede obligar a la responsable a la restitución en el pleno goce del derecho fundamental violado, consistente en restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, ya que para ello, es necesario que la naturaleza del acto reclamado lo permita. Ahora, en el presente asunto, se constriñó a autoridad responsable a un hacer, a saber, que realizara las actuaciones necesarias para acordar lo reservado en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas ofrecidas en el juicio laboral dentro del término que para tal efecto establece el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo Sin embargo, su cumplimiento no es posible, pues como se expuso anteriormente, la controversia del juicio laboral culminó con el convenio celebrado entre las partes del juicio natural. Aquí debe explicarse, que cuando las partes llegan a un convenio en el juicio laboral, aquél tendrá efectos de laudo, tal y como lo dispone el artículo 876, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de ideas, si dentro del juicio de origen, se celebró un convenio, tal posición, conforme a la ley produjo los mismos efectos de un laudo, esto es, entre otras cosas que se tenga por concluido el proceso. En efecto, a ningún fin práctico conduce analizar las constancias de autos a fin de determinar si se cumplió con cada uno de los efectos del fallo protector, si conforme a lo expuesto en virtud de la actuación de las partes del juicio de origen, se dio por concluido el juicio natural; lo cual redunda en la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, pues de cualquier manera el procedimiento de origen ya culminó. En consecuencia, lo anterior constituye un obstáculo para cumplir con la ejecutoria, por lo que lo procedente es declarar la imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo. Sin que proceda remitir los autos al Tribunal Colegiado correspondiente en términos del artículo 193 de la Ley de Amparo, ya que esta obligación se impone cuando existe renuencia por parte de la responsable a acatar el fallo protector, lo cual, en el presente no sucede. Hágase del conocimiento de las partes este proveído para los efectos de los artículos 201, fracción II, y 202 de la Ley de Amparo, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo e ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales".
- Principal
Incorpórese al expediente el oficio del Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual remite copia certificada del auto dictado el veintiséis de abril del año en curso, dentro del expediente laboral D-2/150/2018, donde se aprecia que las partes ratificaron un convenio de fecha diez de abril de dos mil diecinueve, teniendo a la parte demandada exhibiendo la cantidad total de $38,000.00 treinta y ocho mil pesos, cero centavos moneda nacional, con el cual tuvo por terminada la relación laboral que existía entre las partes, ordenando el archivo del asunto como total y definitivamente concluido. Con lo anterior y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no efectuar expresión alguna sobre el particular, con o sin manifestaciones, este juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base la totalidad de los elementos que se encuentren en el expediente y documentales aportadas por las partes.
- Principal
Intégrese a los autos el oficio del Presidente de la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual informa su imposibilidad por el momento para dar cumplimiento al fallo protector, atento a que el expediente laboral D-2/150/2018, fue remitido al diverso juicio de amparo 143/2019-IV-NL, del índice de este juzgado federal, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora, por cuanto hace a su petición, dígase que una vez que le sea devuelto el expediente laboral de referencia, lo comunique a este juzgado federal; asimismo, para que en su momento dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Con el APERCIBIMIENTO para el Presidente de la Junta responsable que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización y se ordenara remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Turno en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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