Jorge Vargas Martínez

Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
51/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Jorge Vargas Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, por medio del cual acusa recibo del oficio 22304/2022 del índice de este órgano de control constitucional, por el que se le envió un legajo de pruebas relativo al toca penal de apelación ******************** de su índice. Téngase por acusada la recepción de los documentos en cita, para los efectos legales conducente Notifíquese: por lista a las partes.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de Armando Gómez Segura, secretario que firma y da fe. osvelia/*

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte, que obran las constancias que la autoridad responsable Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Ecatepec, Estado de México, remitió en apoyo a su informe justificado; en atención a ello, se ordena devolver un legajo de pruebas relativo al toca penal de apelación 451/2021; requiriéndole para que acuse recibo de tales constancias dentro del plazo de tres días, computados a partir de la notificación del presente auto. Apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese por oficio a la mencionada autoridad y por lista a las demás partes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales, y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de Armando Gómez Segura, secretario que firma y da fe. /Luis*

  4. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de marzo de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de veinticuatro de febrero del año en curso, emitido en los autos del amparo directo 24/2022, de su índice, del cual se advierte que no aceptó la competencia declinada, por considerar que los actos reclamados no constituyen una resolución que ponga fin al juicio, pues en su contra procede un medio ordinario de defensa, como es el recurso de revocación, previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, razón por la cual devuelve las constancias que integran el presente asunto, a efecto de que se resuelva lo que a derecho corresponda, con relación a la demanda de amparo promovida por Jorge Vargas Martínez. Atento lo anterior, éste órgano de control constitucional asume el conocimiento del asunto. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Colegiado oficiante, se provee: Previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Con respecto del acto reclamado consistente en la audiencia de lectura y explicación del fallo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, practicada dentro de la causa penal 477/2019l del índice del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17 ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.). Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. La fracción XIV del citado artículo 61 regula la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito que no es otra cosa que la promoción del juicio de amparo en forma extemporánea. En esas condiciones, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo por regla general es de quince días; salvo los casos de excepción que el propio precepto prevé. También, el artículo 18 de la ley de la materia dispone que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, la parte quejosa en su escrito de demanda, manifestó bajo formal protesta que el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, tuvo conocimiento del acto reclamado antes precisado. La anterior manifestación hace prueba plena en contra del solicitante de amparo, en términos de los artículos 95 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2 de la ley de la materia. En lo conducente, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese contexto, el término de quince días hábiles que la ley concede a la parte quejosa para promover juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado antes descrito, comenzó el veinte de octubre de dos mil veintiuno y feneció el once de noviembre de dos mil veintiuno, descontando de dicho computo los días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. En tanto que la demanda de amparo fue presentada en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, el diecinueve de enero del año en curso. De lo que resulta evidente que la demanda de amparo se presentó de manera extemporánea. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de mérito, con fundamento en lo que establece el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. De igual manera, en cuanto al diverso acto reclamado consistente en el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del toca penal de apelación 451/2021, por el que se desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso, en contra de la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" El citado precepto consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo: el principio de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles. De manera que, previamente a la interposición del juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución o acto reclamado, que le causa perjuicio; de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener satisfacción a sus pretensiones se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Por lo que, si pasando por alto tales consideraciones las partes afectadas por actos de autoridad no tuvieren la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable o ante la jurisdicción ordinaria, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de distrito se suplantaría en las facultades de la autoridad a quien correspondiera conocer del medio ordinario de defensa respectivo. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, los gobernados deben, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe aclarar que aun en los casos en los cuales se reclamen actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, el quejoso se encuentra obligado a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto prevea, antes de acudir al juicio de amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". En el caso concreto la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del toca penal de apelación 451/2021, en el que se desechó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el ahora quejoso, en contra de la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. En contra de dicho acto procede un medio ordinario de defensa, en términos de los artículos 107, fracciones II, inciso a) y V, inciso a), de la Carta Magna. Esto es así, pues el numeral 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece lo siguiente: Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación. El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponde. Del contenido de dicho artículo, se advierte que el recurso de revocación, procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. De modo que la parte quejosa se encontraba en posibilidad legal de agotar el medio ordinario de defensa que tiene a su alcance, esto es, el recurso de revocación, a efecto de combatir los vicios de legalidad de que pudiera adolecer el acto que reclama y lograr, en su caso, que se declare su invalidez. Sin que en la especie se advierta que se configure alguna excepción diversa al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que amerite el conocimiento inmediato de los actos reclamados, en esta vía. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, en virtud de que el quejoso no interpuso el recurso de revocación en contra del acto reclamado antes precisado, previo a la interposición del amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A" SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese: vía interconexión al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; y por lista a la parte quejosa.

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