Jorge Reyes Maldonado
Expediente 1035/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1035/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge Reyes Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual transcribe el testimonio de la resolución de veintiocho de septiembre del año en curso, dictado en el conflicto competencial 32/2023 de su índice; lo anterior, toda vez dicha comunicación ya obra en autos, acordándose lo conducente por proveído de dos de octubre del año en curso. Notifíquese: por lista a las partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual transcribe el testimonio de la resolución de veintiocho de septiembre del año en curso, de la que se advierte que el citado órgano federal determinó: ".RESUELVE PRIMERO. Sí existe el conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legamente competente al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del juicio de amparo. Notifíquese." De lo anterior, este juzgado toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que en el presente asunto, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. Por otra parte, vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En su oportunidad realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito; y por lista a las demás partes.
- Principal
Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el auto que se dictó en esta fecha en el cuaderno principal del que deriva esta incidencia, mediante el cual causó ejecutoria la sentencia en la que se sobreseyó en el juicio, por lo que, procede declarar sin materia este incidente de suspensión y dejar sin efectos las medidas decretadas en el mismo. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por medio del cual remite el original del juicio de amparo 719/2023, de su índice. Lo anterior, en razón a que, el titular de dicho juzgado determinó no aceptar la competencia planteada por este órgano de control constitucional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Jorge Reyes Maldonado, bajo el argumento que la orden de aprehensión reclamada puede ejecutarse en el domicilio conyugal, señalado en la Ciudad de México, o bien, en el domicilio del quejoso ubicado en Cuautitlán, Estado de México, por lo que este Juzgado Federal declinante debe conocer la demanda de que se trata a prevención. En relación al tema de competencia, este juzgador insiste en declinar la competencia para conocer del presente asunto, en virtud de que no se comparten los argumentos en que apoyo su determinación el homólogo, toda vez que los actos reclamados, consisten en lo siguiente: La orden de detención y/o aprehensión decretada en contra del quejoso. La ejecución de dicha orden. De la demanda de amparo se advierte que señaló como autoridades responsables, las siguientes: Fiscalía adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México. Policía de Investigación Fiscalía adscrita al Centro de Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México Luego, del capítulo correspondiente a los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, refirió lo siguiente: "(.) 1. Que el suscrito se encuentra casado con la señora SANDRA SANTOS ALVAREZ, teniendo su domicilio conyugal Teniente Javier Martínez Valle, número 217, Interior 5, Colonia Escuadrón 201, Código Postal 09060, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad De México, y a últimas fechas tuve conflictos con la misma que llegaron al contacto físico lo que conllevo a que me saliera de mi domicilio sin seguir cumpliendo con mis obligaciones económicas. 2. . 3. Y sucede que el día de hoy al acudir al domicilio conyugal por unas cosas un amigo me abordo y me dijo no te acerques a tu casa porque te anda buscando la judicial, motivo por el cual me espante y me retire y después recibí una llamada de mi esposa, lo cual me indico que me había denunciado en el Centro de Justicia para las Mujeres y que era mejor que me entregara, ya que ya me andaban buscando cabe hacer mención que dicha orden de detención es ilegal ya que no me han citado para hacer valer mi garantía de audiencia y darme el derecho de ofrecer pruebas violentándose el debido proceso y la exacta aplicación de la ley, la garantía de audiencia y la tutela judicial efectiva, por lo cual solicito el amparo y protección de la justicia federal a efecto de que no sea detenido y se me permita comparecer ante la autoridad que me requiere para hacer valer mi derecho de defensa (.)" En ese orden de ideas, de los hechos que bajo protesta de decir verdad manifiesta la parte quejosa, existen datos o elementos que permiten advertir que el acto reclamado se pretende ejecutar en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, lugar donde se encuentra el domicilio conyugal, pues fue ahí, donde aduce, lo han tratado de aprehender; por tanto, debe aplicarse la regla de competencia prevista por el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En ese sentido, si el acto se ha tratado de ejecutar únicamente en la Alcaldía de Iztapalapa, Ciudad de México, es decir, fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, no así en el domicilio del quejoso que se encuentra en el Municipio de Cuautitlán, Estado de México, significa que es competencia del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, aunado a que las autoridades responsables que señala el impetrante de amparo ejercen jurisdicción en esa Ciudad. Resulta aplicable, en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2004166, que a letra dice: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Razón por la cual, este órgano de control constitucional insiste en estimar que a quien corresponde conocer de la demanda promovida por Jorge Reyes Maldonado, por propio derecho, es al Juzgado Federal oficiante. En ese sentido, según lo que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el diverso 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en vista del conflicto competencial suscitado entre este juzgador y el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se ordena remitir el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en Toluca, en turno, con el objeto de que determine a favor de qué órgano jurisdiccional se surte la competencia para conocer de la demanda de amparo de mérito, solicitándole de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo correspondiente vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Comuníquese lo anterior al Juez oficiante. Notifíquese: por oficio vía ordinaria al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en Toluca, en turno; vía interconexión al Juez oficiante, y por lista a las partes restantes.
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