Jorge Vargas Gamboa

Expediente 1431/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1431/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Vargas Gamboa

Actuaciones

  1. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Se interpone recurso de revisión. Visto el escrito de cuenta signado de manera electrónica por **********; atento a su contenido y con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el RECURSO DE REVISIÓN que hace valer en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa. 2. Reproducción y distribución de copias. En términos del artículo 88, párrafo segundo, del ordenamiento legal citado en el párrafo que antecede, distribúyanse el escrito de agravios entre las partes distintas a la recurrente copia de aquél. 3. Remisión al Tribunal de Alzada. Hecho que sea lo anterior y dentro del término de los tres días siguientes al en que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno; acompañándose el escrito de expresión de agravios. 4. Entrega de oficios. Se instruye al Secretario y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore, el contenido y envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el Actuario de la adscripción. 5. Por otro lado, comisiónese a la Oficial Judicial A, para efectos de que haga disponible el expediente electrónico al órgano colegiado que corresponda. Asimismo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa; particularmente las relativas a la interposición del recurso precisado en párrafos anteriores, ello con la finalidad de que el Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación correspondiente se encuentre en condiciones legales de resolver el mismo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Electrónica Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Electrónica

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo interpuesta por **********, por propio derecho en contra de actos reclamados de la Magistrados Integrantes del Primer Tribunal de Alzada, en Materia Penal de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, por considerar que se vulnera en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Federal, se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1431/2023, se ordena al registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Integración del expediente físico y electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al Oficial Judicial la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las personas actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo la persona secretaria cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. 3. Admisión. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; y, 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA DE AMPARO EN SUS TÉRMINOS. 4. Incidente de suspensión. De conformidad con los artículos 125 y 128, ambos de la Ley de Amparo, así como lo previsto en el numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, tramítese en un solo cuaderno y por separado el incidente de suspensión, por así haber sido solicitado por la parte quejosa. 5. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional a las diez horas del veintidós de diciembre de dos mil veintitrés. 6. Fiscal Federal adscrito. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la Fiscal Federal adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Federal, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. a) Hecho notorio. Por otra parte, se advierte que en el presente juicio, se dio la legal intervención al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito, conforme a lo establecido en los artículos 107, fracción XV, constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, debido a que de la lectura integral de la intervención ministerial de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, presentada en el cuaderno de varios 1/2023, de la estadística de este Juzgado de Distrito; de cuyo contenido se aprecia que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, solicita se le otorgue el acceso a la consulta del expediente electrónico de los juicios de amparo en los que tiene participación y que las notificaciones que sucedan en los mismos, se le realicen a través del usuario que proporciona para tales efectos. Lo que constituye un hecho notorio en términos numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia y la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/41 , emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, cuyo rubro es: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS." b) Autorización consulta de expediente electrónico. En atención a la solicitud realizada por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito, y con fundamento en lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario "**********", vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para que pueda cumplir con su obligación procesal de estar al pendiente del litigio constitucional en cualquier lugar y momento, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Es pertinente señalar que la digitalización de las promociones y proveídos del expediente electrónico, se integran atendiendo a la carga de trabajo con la que cuenta este órgano jurisdiccional y depende de la optimización y funcionamiento del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". 7. Pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que en términos del precepto 117 de la Ley de Amparo, deberán rendirlo dentro del plazo de quince días, siguientes a aquél en que reciba el oficio en el que se le solicita, en el cual deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y de ser el caso, remita copia certificada y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, considerando las siguientes directrices: Si algunas de las fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de las que se obtuvieron, entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las fotocopias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles, deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las fotocopias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así deberá realizarlo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J. 22/2018 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO RINDA NO PUEDE REDUCIRSE."1. En caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De conformidad con los artículos 17 constitucional, 119 de la Ley de Amparo, y 188 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, infórmese a la autoridad responsable que estén en aptitud de aportar como prueba de su parte toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que podrán adjuntar a su informe justificado el disco compacto (CD) que contenga la resolución reclamada, lo anterior, a la luz del principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. 8. Tratamiento de información clasificada. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberá enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de información con tal carácter, ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos de los artículos 101, 104 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sumando a las anteriores, los documentos que en su caso corresponda remitir por parte de la autoridad responsable los cuales deberán contener la leyenda precisada en el artículo 30 del reglamento de la ley aducida, en ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, la misma no podrá ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P/J.26/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LA PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA". 2 9. Autorización para las personas actuarias de la adscripción. Se faculta a cualquiera de las personas actuarias de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir el comunicado a ellas dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Con fundamento en la fracción I, párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que el error o la imprecisión no sustancial en la denominación o en la cita de su nombre que impida individualizarlas o distinguirlas, no será motivo para negarse a recibir el oficio respectivo o para rendir los informes que se soliciten; pues en su caso la persona actuaria al contar con fe pública podrá asentar la denominación correcta atendiendo al principio de economía procesal que debe imperar en los asuntos. Aunado a lo anterior, sí la persona secretaria encargada del asunto le es devuelto un oficio por las mismas circunstancias, éste podrá hacer la modificación a la denominación de la autoridad sin darle vista a la parte quejosa en atención al principio pro actione, ello atendiendo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, los que forman parte del principio a la tutela judicial efectiva, que tiene como objeto evitar entre otros, que el órgano jurisdiccional pueda convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso, con la única limitante de no afectar garantías procesales de la parte contraria. Por ello ante, el error o la imprecisión no sustancial en la denominación o en la cita de su nombre que impida individualizarlas o distinguirlas, resulta innecesario dar vista a la parte quejosa y obligar al juzgador a realizar actuaciones que afectarían el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el principio de economía procesal. Sirve de apoyo la Jurisprudencia I.3o.C. J/4 (10a.)3 del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU APLICACIÓN EN EL PROCESO.". 10. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten; de no hacerlo, a la omisa se le impondrá una multa equivalente a treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. 11. Conocimiento previo. Requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. 12. Reserva de emplazamiento de tercero interesado. En virtud de que la suscrita no tiene certeza de que la parte tercera interesada señalada por la parte quejosa se encuentre en los supuestos previstos en el artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, a efecto de evitar trámites innecesarios, resérvese proveer lo conducente en torno al emplazamiento de la parte tercera interesada, hasta en tanto la autoridad responsable haya rendido su informe justificado o, en su caso, obren las constancias de las que emana el acto reclamado, ya que hasta ese momento la suscrita se encontrará en aptitud de determinar a quién le asiste el carácter de tercero interesado en esta instancia. 13. Autorización consulta de expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación los diversos numerales 9, 14, 16, 19, 35 y 36 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo", por así haberlo solicitado la parte quejosa, se le autoriza la consulta del expediente electrónico a través del usuario proporcionado, vía internet del juicio en que se actúa; debido a que de la certificación de cuenta, se advierte que dicho usuario se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Usuario "**********" 14. Notificación electrónica. Ahora, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30 fracción II, de la ley de la materia, SE AUTORIZA QUE LAS NOTIFICACIONES, SE LE REALICEN DE MANERA ELECTRÓNICA en el usuario proporcionado para tal efecto. En atención a ello, se instruye al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) a fin de que realice los movimientos informáticos necesarios para tal efecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.1o.4 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE PUEDAN HACERSE RESPECTO DE RESOLUCIONES, SE REQUIERE DE SOLICITUD EXPRESA DEL INTERESADO, CONTAR CON FIRMA ELECTRÓNICA Y DE LA AUTORIZACIÓN DEL JUZGADOR."4. 15. Autorizados y domicilio. Se autoriza en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que mencionan para tales efectos en su escrito de demanda, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el Registro Único de Profesionales del Derecho, de lo contrario únicamente tendrán las facultades de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de la Materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones y documentos a las personas que refiere. 16. Uso de medios electrónicos. Por otra parte, con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes, autorizados, delegados y autoridades responsables, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. Son aplicables a lo anterior, los criterios sustentados en las tesis números I.3o.C.725 C y I.1o.A.23 K (10a.), cuyos rubros son los siguientes: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."5 y "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)."6. 17. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. 18. Notificación a las autoridades responsables. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica de Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes ("S.I.S.E."). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."7. Se autoriza a las personas secretarias adscritas a este órgano jurisdiccional a que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. 19. Notificación a las partes. Se instruye a la persona Secretaria y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore, el contenido y envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en la persona Actuaria de la adscripción. a. En juicios de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio de notificación, la persona actuaria deberá informarle que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que, si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada. b. Incluso cuando las autoridades no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en amparos urgentes tramitados electrónicamente, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un "oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica", el cual puede enviarse por correo electrónico institucional. 20. Transparencia. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental8; hágase del conocimiento de aquéllas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica

  3. Incidental

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. I. Apertura de incidente de suspensión. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, agréguese al original del incidente de suspensión con la copia simple del escrito de demanda interpuesta por **********, copia simple del auto admisorio de esta misma fecha relativo al juicio de amparo 1431/2023. II. Requerimiento de informe previo. Con apoyo en los artículos 128, 138 y 140, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, quienes deberán rendirlo con firma electrónica (FIREL o e.firma), mismo que deberán rendir dentro de un plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la que queden notificadas del presente acuerdo, apercibidas que de no hacerlo dentro del plazo concedido, de conformidad con lo establecido en el artículo 260, fracción I, de la ley de la materia, Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, se le impondrá una MULTA EQUIVALENTE A CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE. a) Fecha de audiencia incidental. Se fijan las nueve horas con cuarenta y seis minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. b) Obligación de las autoridades responsables de recibir los oficios que se le envíen. Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este incidente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá en lo individual, una multa equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. c) Domicilio, autorizados, medios electrónicos y acceso al expediente electrónico. Téngase como domicilio, autorizados, correo electrónico y usuario para acceso al expediente electrónico a los precisados en el auto admisorio de esta misma fecha, del cual obra copia simple en el presente incidente. d) Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, en concordancia con el artículo 17 constitucional, para los casos en los que en el presente juicio se deban de realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas. III. Estudio de fondo de la medida cautelar. Actos reclamados. Del estudio e interpretación integral de la demanda, se advierte que la promovente reclama, los actos y autoridades responsables que ahora se indican: a) Del 1) Magistrados Integrantes del Primer Tribunal de Alzada, en Materia Penal de Ecatepec del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en el ámbito de sus funciones se reclama lo siguiente: a.1) Resolución de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil veintitrés, dictado en el toca 529/2023 del incide de la autoridad responsable, en la que revoca el auto de no vinculación a proceso emitido por el Juez de Control de Zumpango, dictando auto de vinculación a proceso en contra del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/20001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". b) Delimitación de la medida cautelar solicitada. Una vez que se han precisado los actos reclamados en este asunto, se continúa con la delimitación de los efectos de la medida cautelar. Al efecto, se impone destacar que el juez de Distrito solamente debe conceder o negar la suspensión de los actos reclamados para los efectos específicos que solicite la parte quejosa. En consecuencia, la suscrita se pronunciará respecto a la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, esto es, para que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran hasta que se dicte la resolución correspondiente en el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 4/2019 (10a.), del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA."2. c. Presupuestos procesales para la válida paralización de los actos reclamados. El estudio armónico de la normatividad relativa permite concluir que la válida paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos y requisitos legales que enseguida se precisan: 1. Que los actos reclamados sean ciertos; 2. Que la naturaleza jurídica de los actos reclamados permita su paralización; 3. Que se acredite el interés legítimo; 4. Que el agraviado solicite la suspensión (artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo); y, 5. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público (artículos 128, fracción II y 129 de la Ley de Amparo) y de manera simultánea, se efectuará un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho (artículo 138 de la Ley de la Materia). Si se reúnen los requisitos antes señalados, entonces surgirá la obligación jurisdiccional de conceder la suspensión. Así, una vez que se cumplan la totalidad de los requisitos referidos, serán analizados los requisitos de efectividad de la suspensión, esto es, este juzgado establecerá las exigencias que el agraviado o quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión otorgada. Sobre este punto, resulta aplicable, por analogía, la tesis 2a. XXIII/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA."3. Así como, la jurisprudencia PC.IV.A. J/35 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA."4. IV. Caso concreto. La primera condición se actualiza, debido a que para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Para ello, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de la parte quejosa formuladas en la demanda, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta por el momento, para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que la parte quejosa da por hecho se pretenden ejecutar en su contra. Manifestaciones, que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 5/93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 12, tomo 68, Agosto de 1993, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 206,395, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO.". Al quedar satisfecha la condición de procedencia indicada en el punto atento a su naturaleza jurídica, es un acto positivo de ejecución instantanea, susceptible de ser suspendido hasta antes de que se consume. En tales condiciones, superado el punto relativo a la naturaleza jurídica de los actos reclamados supracitados, la suscrita procede analizar si la parte quejosa acredita su interés suspensional. Interés suspensional En tales condiciones, superado el punto relativo a la naturaleza jurídica del acto reclamado, la suscrita procede analizar si la parte quejosa acredita su interés suspensional. Para ello es preciso señalar que en términos de lo dispuesto por los artículos 107 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión en el amparo, el estudio que debe realizarse, en atención a la naturaleza de la violación alegada, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, valorar si dicho acto que constituye en sí la violación alegada se proyecta sobre un derecho del peticionario de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa de este último, o más bien, incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al quejoso. En relación con el cuarto requisito (artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo), se advierte que se actualiza porque la medida cautelar es solicitada por la parte quejosa. Apariencia del buen derecho e interés social Por otra parte, el artículo 138 de la Ley de Amparo dispone que promovida la suspensión, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. La apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. El requisito aludido implica que, para la concesión de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos contenidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del derecho invocado por el quejoso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado. El estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho, como presupuesto de la medida suspensional, debe hacerse sin dejar de observar los demás requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo. Ahora bien, si para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos legales, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho, se concluye que el juzgador debe ponderar de manera simultánea los aspectos que se analizan, es decir, debe confrontar la apariencia del buen derecho, con la posible afectación que se pueda ocasionar al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto a que se refiere la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, es dable concluir que ante el conocimiento superficial del asunto, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, no es posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad de los actos reclamados. En tales condiciones, no es factible aplicar la apariencia del buen derecho, como factor a considerar para el pronunciamiento sobre la medida suspensional que se solicita, así como a la efectiva preservación de la materia del juicio constitucional en lo principal, toda vez que el examen de la procedencia de la suspensión debe partir del análisis de la naturaleza de la violación alegada, la dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a terceros perjudicados y el interés público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 15/96, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 16, tomo III, Abril de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 200,136, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.". Es aplicable también, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 204/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 315, tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 165,659, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO.". Interés social El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. Así, la apreciación de la existencia del orden público y del interés social dependen del caso concreto, por ende, los juzgadores al otorgar o negar la suspensión de los actos reclamados deben exponer los fundamentos, motivos, circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas por los que consideren se ocasiona o no perjuicio al interés social, o si se contravienen o no disposiciones de orden público, respetando así el mandato constitucional relativo a la fundamentación y motivación de sus resoluciones como una formalidad esencial del procedimiento, tal como se desprende del contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en lo conducente, el artículo 146 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.3o.A. J/16, aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 383, tomo V, Enero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199,549, de rubro: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA." Es aplicable también, la jurisprudencia número 2a./J. 81/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 357, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada con el número 186,415, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. AL RESOLVER SOBRE ELLA, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE EXPONER, EN SU CASO, LOS MOTIVOS POR LOS QUE CONSIDERE SE OCASIONA O NO PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL Y SI SE CONTRAVIENEN O NO DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.". Así como, la tesis número I.9o.A.8 K, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA SU OTORGAMIENTO DEBE DEMOSTRARSE, CUANDO MENOS EN FORMA INDICIARIA, QUE EL QUEJOSO ES TITULAR DEL DERECHO QUE ESTIMA VIOLADO.". V. Medida suspensional. En ese orden de ideas, se niega la suspensión provisional solicitada, respecto del auto de vinculación a proceso, dictado el veinticuatro de octubre del año en curso, dentro del toca de apelación 529/2023, del índice de la responsable, atento a que se está en presencia de actos consumados, contra los cuales no resulta procedente conceder la suspensión del acto reclamado, pues de hacerlo se darían efectos restitutorios, mismos que son propios del estudio del fondo del asunto que en su caso se pronuncie en el juicio en lo principal. Sirve de apoyo a esta consideración, la Jurisprudencia número 37, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la federación, tomo 60, en diciembre de mil novecientos noventa y dos, página 81, cuyo rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efecto restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Así las cosas, por acto consumado se entiende, aquel que ha sido materialmente ejecutado por la autoridad a la que se le atribuye y respecto del cual, de concederse la medida cautelar se darían efectos restitutorios a la misma, los cuales son propios de la sentencia de fondo que se llegue a dictar en el juicio de garantías del que deriva este cuaderno incidental y tomando en consideración que los efectos de la suspensión estriban en mantener las cosas en el estado en que se encontraban al decretarla y no en el de restituirla al que tenían antes de la violación constitucional, pues al resolverse sobre dicha medida cautelar no pueden estudiarse cuestiones que se refieren al fondo del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI-febrero, visible en la página 201, cuyo rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE ANTE. Aun cuando se estimen ciertos los actos tribuidos por el quejoso a las autoridades, si éstos ya se llevaron a cabo, la suspensión definitiva es improcedente." Enseguida, se procede a verificar si los efectos el auto de vinculación a proceso pueden ser susceptibles de suspenderse. Al respecto el artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que los efectos el auto de vinculación a proceso serán establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o determinar las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. De lo anterior, puede concluirse que no es procedente conceder la suspensión solicitada por la promovente del amparo, dada la naturaleza del acto reclamado, pues no tiene ejecución que deba suspenderse, además los efectos no generan riesgo de que la parte quejosa pueda sufrir perjuicios de difícil reparación o que el juicio pueda quedar sin materia. En consecuencia, en términos del artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada respecto al acto reclamado arriba mencionado. Ahora bien, por cuanto hace a los efectos y consecuencias del auto de vinculación a proceso se concede la medida cautelar solicitada para el solo efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y en caso de que exista alguna medida restrictiva de la libertad, en contra del quejoso **********, éste quede a disposición de este juzgado en cuanto a su libertad se refiere y a disposición del juez de la causa por lo que hace a la continuación del proceso penal, hasta en tanto se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte acerca de la suspensión definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.9o.P.298 P (10a.), con registro digital 2022812, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 84, marzo de 2021, tomo IV, página 3068, que señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 163 Y 166 DE LA LEY DE LA MATERIA SI EL ACTO RECLAMADO ES LA RATIFICACIÓN Y/O NO MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, Y NO NEGARLA CON FUNDAMENTO EN EL DIVERSO 128, FRACCIÓN II, PÁRRAFO TERCERO, DE LA PROPIA LEY, AL SER INAPLICABLE. Hechos: El quejoso interpuso amparo contra la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva en la que se encontraba, acto contra el cual el Juez de Distrito negó la suspensión provisional, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual, en su fracción II, párrafo tercero, establece que no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial; de ahí que no procede concederla tomando en cuenta que dicho numeral establece categóricamente que no será objeto de suspensión alguna medida cautelar concedida por autoridad judicial. Inconforme con la decisión, el quejoso interpuso el recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que procede conceder la suspensión provisional, en términos de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado consiste en la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, al tratarse de un acto privativo de la libertad y no negarla con fundamento en el diverso 128, fracción II, párrafo tercero, de la propia ley, al ser inaplicable. Justificación: Lo anterior es así, pues la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, al ser un acto relativo a una medida cautelar, implica la privación de la libertad, y la circunstancia de que sea ratificada y/o no modificada esa medida, trae como consecuencia que el quejoso siga privado de su libertad en el centro de reclusión en el que se encuentra, es decir, que continúe su proceso penal en reclusión y no en libertad. Por lo que para realizar el pronunciamiento de suspensión correspondiente, no debe atenderse al artículo 128, fracción II, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, pues dicho numeral no es el aplicable, ya que al tratarse de un acto privativo de la libertad, los aplicables son el 163 y el 166 del propio ordenamiento legal, que contienen disposición expresa para pronunciarse en relación con la suspensión, cuando el acto reclamado sea la ratificación y/o no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva, mismos que establecen que en su contra sí procede la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso quede a disposición del a quo por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde actualmente se encuentre recluido y a disposición del Juez responsable, respecto a la continuación del procedimiento penal." Prevéngase a la autoridad responsable ordenadora para que manifieste en su informe previo, el o los delitos por los que dictó el o los actos reclamados; el o los artículos que los definen y sancionan, y si se trata o no de delitos graves. Sin que haya lugar a fijar garantía alguna de conformidad con lo dispuesto por el artículo 132 de la Ley de Amparo; en virtud de que a consideración de esta juzgadora, salvo el perjuicio que se le pueda llegar a ocasionar a la sociedad el cual es menor al que en su caso se le produciría a la parte quejosa, no existe daño que se le pudiera ocasionar a un tercero, dada la naturaleza del acto reclamado. VI. Notificaciones a la autoridad responsable. De conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se les notificará de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil accesos, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica de Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". Se autoriza a los secretarios adscritos a este órgano jurisdiccional a que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo; así como los generados con motivo del incidente de suspensión. VII. Notificación a las partes. Se instruye al Secretario y al Oficial de trámite respectivos, para que se efectúe y corrobore, el contenido y envío inmediato de los oficios relativos. En el entendido de que la responsabilidad tanto del envío efectivo del comunicado de referencia, la veracidad de los datos que se publiquen en la lista de acuerdos, así como la correcta y oportuna notificación de este proveído y del resto de las determinaciones que se emitan en el presente asunto, recae en el Actuario de la adscripción. a. En juicios de amparo, conforme a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, si la autoridad se niega a recibir un oficio de notificación, el actuario deberá informarle que, no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que, si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada. b. Incluso cuando las autoridades no tengan celebrado un convenio de interconexión con el Consejo, de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracción I, de la Ley de Amparo, es posible que en amparos urgentes tramitados electrónicamente, las notificaciones a las autoridades responsables (previstas a su vez en el precepto 26, fracción II, de dicho ordenamiento) se hagan a través de cualquier medio oficial, incluyendo un "oficio digitalizado mediante la utilización de la Firma Electrónica", el cual puede enviarse por correo electrónico institucional. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio Fiscal Federal adscrito Vía electrónica

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