Jorge Ubaldo Soberanes
Expediente 869/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 869/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 10/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Jorge Ubaldo Soberanes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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VISTA LA CERTIFICACION... HA CAUSADO EJECUTORIA,... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO... TRANSFIERASE A LA DIRECCION GENERAL EN CITA... MESA 9:
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R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege ...MESA 9
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AVISO: Se notifica por medio de lista al quejoso, la resolución emitida en el juicio de amparo 869/2019, el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en virtud del aviso de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, sentencia que dice: "...VISTO, para resolver el juicio de amparo 869/2019, promovido por Jorge Ubaldo Soberanes, por propio derecho, contra actos de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por considerarlo violatorios de los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, que por razón de turno se remitió el diez de julio de la presente anualidad, a la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional Jorge Ubaldo Soberanes, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir en: "IV. NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE RECLAMA. De la autoridad señalada como responsable, el ACUERDO y/o RESOLUCIÓN DCITADA en fecha 28 de mayo del año dos mil diecinueve." SEGUNDO. Admisión y trámite. El once de julio de dos mil diecinueve, se admitió a trámite y se requirió el informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se tuvo como tercero interesado al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli, denominado Operagua Izcalli O.P.D.M. (quien fue emplazado el quince de julio de dos mil diecinueve, como se advierte en la foja 19) y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo según el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, constitucionales, 33, 35 de la Ley de Amparo vigente, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada en tanto no se contraponga a lo previsto en la ley de la materia vigente. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el o los actos reclamados que se desprendan del estudio y análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias del presente sumario, atendiendo a la jurisprudencia P./J. 40/2000, Novena Época, con registro electrónico 192097, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de 2000, página 32, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Es de hacer notar, que para la fijación de los actos reclamados no se tomarán en consideración los calificativos que el peticionario del amparo expuso, con apoyo en la jurisprudencia de la Séptima Época, con registro electrónico 239099, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 18, tercera parte, página 159, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. Si al enunciarse los actos reclamados se formulan apreciaciones valorativas sobre ellos, las mismas no deben de tomarse en consideración al estudiar el problema de la existencia de dichos actos, puesto que tales observaciones se refieren al fondo del asunto y su análisis procederá en el supuesto de que, al no presentarse ninguna causal de improcedencia, se tenga que entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos." Del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama: El auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente SAT 113/2017 del índice de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, en el que se declara legalmente competente a ésta para conocer del juicio laboral J.9/449/2015 del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. De los artículos 63, fracción IV, 74, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador, apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo, cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia planteada. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, por así haberlo manifestado al momento de rendir su informe justificado, manifestación que resulta suficiente para acreditar la certeza del acto. Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con la constancia que la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, remitió como complemento a su informe justificado, consistentes en copia certificada de diversas actuaciones que integran el juicio laboral SAT 113/2017, de su índice; medio de convicción que constituye documento público y se le otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. 1. Mediante escrito de quince de mayo de dos mil quince, Jorge Ubaldo Soberanes demandó del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli, denominado Operagua Izcalli O.P.D.M., el pago de la indemnización constitucional, así como diversas prestaciones de carácter accesorio (fojas 1 a 9 del legajo de pruebas). 2. Por auto de quince de mayo de dos mil quince, dictado dentro del juicio laboral J.9/449/2015 del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, se previno a la parte actora para para que aclarara la prestación marcada con el numeral dieciséis de su escrito inicial de demanda (foja 13 del legajo de pruebas). 3. Una vez desahogada dicha prevención, mediante auto de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto y ordenó remitir los autos del juicio laboral J.9/449/2015 al Presidente de la Sala Auxiliar del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para conocer del mismo (fojas 17 y 18 del legajo de pruebas). 4. Por auto de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del expediente SAT 113/2017 del índice de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dicha autoridad se declaró competente para conocer del presente asunto; de igual manera declaró nulo todo lo actuado ante la junta incompetente, salvo el auto de admisión y requirió a la ahora parte quejosa para que señalara las funciones que venía desempeñando en su área de trabajo (foja 33 del legajo de pruebas). QUINTO. Causas de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de análisis preferente, se procede a determinar si existen causas que impliquen la improcedencia del juicio de amparo intentado, ya sea que las hagan o no valer las partes, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, o bien, que de oficio se advierta impida abordar el análisis de fondo de la cuestión debatida, que se conforma de los actos cuya certeza quedó acreditada según lo determinado en el considerando precedente. Bajo ese contexto, se estima que en la especie no se actualizan causas de improcedencia en el asunto de mérito, y al no haberlas invocado las partes, se procede al análisis de fondo de la cuestión debatida. SEXTO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación expuestos en la demanda no se transcriben en este apartado, en obvio de repeticiones y bajo el principio de economía procesal; además, el artículo 74, ni algún otro de la Ley de Amparo, prevé la obligatoriedad de realizar tal trascripción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 58/2010, Novena Época, con registro electrónico 164618, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante lo anterior, se precisa que el promovente refiere en su único concepto de violación que la responsable ha omitido lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, ya que desde que se ingresó el escrito inicial de demanda, en el lugar que le correspondió originalmente por razón de turno, esto es, en la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, en donde se demandó al Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli, denominado Operagua Izcalli O.P.D.M., siendo un organismo público descentralizado de carácter municipal, correspondiéndole conocer y resolver a una junta local de dicho asunto y no como erróneamente se avocó al conocimiento del mismo la sala auxiliar responsable. Que es violatorio de derechos humanos que la sala responsable se haya declarado competente para conocer del presente asunto, cuando el mismo no le correspondía, en virtud de que existen antecedentes de demandas que el ahora quejoso ha entablado en contra del tercero interesado, conociendo de las mismas la junta local referida, por lo que pudiera suceder que la ya señalada junta local conozca de una demanda y la sala auxiliar responsable conozca de otra, pudiendo dictar laudos contradictorios, lo cual le generaría perjuicios de imposible reparación al impetrante. Refiere la parte quejosa que la determinación de la sala responsable no está fundada ni motivada, en virtud de que la autoridad que deber ser la competente es la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, ya que la demandada es un organismo descentralizado que depende del Ejecutivo y por ende escapa a las legislaturas locales, por tanto, las relaciones laborales entre el hoy tercero interesado y sus trabajadores deben regirse por el Apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la competencia para conocer de los conflictos laborales que surjan entre el mismo y sus trabajadores debe seguir correspondiendo a las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y no a los Tribunales Estatales de Conciliación y Arbitraje. SÉPTIMO. Estudio. El concepto de violación resulta infundado en atención a lo siguiente: Es menester señalar que la Ley Federal del Trabajo vigente, en sus artículos 701 y 703, en relación con los temas de las competencias, disponen: "Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta ley." "Artículo 703. Las cuestiones de competencia, en materia de trabajo, sólo pueden promoverse por declinatoria. "La declinatoria deberá oponerse al iniciarse el periodo de demanda y excepciones en la audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde; en ese momento, la Junta después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime convenientes, las que deberán referirse exclusivamente a la cuestión de incompetencia, dictará en el acto resolución." Es evidente que de actuaciones se advierte que al desahogar la parte actora en el juicio de origen la prevención formulada el quince de mayo de dos mil quince, y al proporcionar que la parte demandada era el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli, denominado Operagua Izcalli O.P.D.M., la Junta local de oficio procedió a declararse incompetente, y ordenó remitir los autos a la sala auxiliar responsable. En la especie, este órgano jurisdiccional considera que la competencia para conocer de la demanda laboral promovida por la impetrante se surte a favor de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz, del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Lo anterior, porque esa determinación encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 130/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 36, Tomo II, noviembre de 2016, visible en la página 1006, de título, que señala: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los 'Estados y sus trabajadores' se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto 'Estado' como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial." De acuerdo al anterior criterio, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive, de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. En esa tesitura se debe tener en consideración que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, rige las relaciones laborales entre el Gobierno del Estado de México y sus trabajadores; que para los efectos de dicha ley, comprende a los Poderes del Estado de México y Organismos Descentralizados que remitan en sus decretos constitutivos a la aplicación de dicha ley, y que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, será el competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el Gobierno del Estado o los Ayuntamientos y sus trabajadores, lo que incluye a los poderes locales y a los organismos descentralizados que remitan en sus decretos constitutivos a la aplicación de la ley laboral local, en este caso la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Por las consideraciones antes expuestas, este juzgador estima que fue correcto el criterio de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-Texcoco, en el sentido de considerarse legalmente incompetente para conocer de la demanda laboral interpuesta por el hoy quejoso Jorge Ubaldo Soberanes y remitir los autos del expediente J.9/449/2015, a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, porque conforme a la fracción VI del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , así como los numerales 1, 2, 184 y 185 fracción I y y II de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios , la competencia se surte a favor de dicha sala responsable para conocer el asunto materia de estudio. En las condiciones apuntadas, si de conformidad con los numerales antes precisados, la parte demandada Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli, denominado Operagua Izcalli O.P.D.M., en la demanda laboral promovida por Jorge Ubaldo Soberanes, es un organismo público descentralizado local (estatal), la competencia para conocer de tal demanda laboral, recae en la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por lo que ésta debe continuar conociendo de la demanda laboral en cuestión. Sin que en el caso tenga aplicación la tesis de rubro: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES QUE SURJAN ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES Y SUS TRABAJADORES.", que citó la parte quejosa, porque la fecha en que se acordó lo relativo a la prevención realizada a la parte actora en el juicio de origen (hoy quejoso) (dieciocho de enero de dos mil diecisiete), dicho criterio ya había sido superado, toda vez que del texto de la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de rubro: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)].", claramente estableció: "Consecuentemente, lo procedente es abandonar el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 180/2012 (sic), así como todos aquellos en donde se hubiere sostenido una postura similar, dado que es de reiterarse, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con el apartado A o el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inclusive de manera mixta, sin obligación a sujetarse a alguno de ellos en especial"; por ende, tales criterios fueron abandonados a partir de la vigencia de dicha jurisprudencia. Por las consideraciones antes expuestas, se concluye que acertadamente la sala responsable es la competente para conocer de la demanda laboral interpuesta por Jorge Ubaldo Soberanes, en contra de Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli, denominado Operagua Izcalli O.P.D.M. Apoya a lo antes expuesto la jurisprudencia XIX.1o.P.T. J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, visible en la página 2095 que señala: "TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE TAMAULIPAS. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE ESA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES. De la interpretación de los artículos 1o. y 13 del Decreto Gubernamental mediante el cual se crea el Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, denominado Servicios de Salud de Tamaulipas, publicado en el Periódico Oficial de la entidad el 27 de febrero de 1999, los trabajadores que se incorporen a dicho organismo se sujetarán a las disposiciones de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que en sus numerales 1o., 5o. y 100, fracción I, regula las relaciones de trabajo con el Gobierno del Estado, y prevé que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, será el competente para conocer de los conflictos individuales suscitados entre el gobierno y sus trabajadores de los poderes locales y organismos descentralizados que remitan en sus decretos constitutivos a la aplicación de esa legislación laboral. En consecuencia, si el demandado en un juicio laboral es un organismo público descentralizado local, la competencia recae en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 130/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]." En ese sentido, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, por las consideraciones antes expuestas. OCTAVO. Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Hágase del conocimiento de las partes que la presente resolución estará a disposición del público para su consulta, con supresión de la información confidencial que en su caso pueda contener, de conformidad con los artículos 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que sea necesario su consentimiento para autorizar el acceso a la misma de actualizarse alguna de las hipótesis previstas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Por todo lo anteriormente lo expuesto y fundado, y con apoyo además en el contenido de los artículos 62, 73, 74, 75, 119, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Jorge Ubaldo Soberanes, contra el acto atribuido a la Sala Auxiliar de Tlalnepantla de Baz del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, por los motivos expresados en el considerando séptimo de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Miguel Ángel Burguete García, Juez Octavo de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, hasta el día de hoy diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido del secretario Enrique Camacho Flores. DOY FE..."
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VISTA LA CERTIFICACION DE CUENTA. SE DIFIERE LA AUDIENCIA. SE SEÑALA NUEVO DIA Y HORA PARA SU CELEBRACION. MESA: 9
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