Jorge Torres Nungaray
Expediente 326/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 19/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Torres Nungaray
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de once de agosto de dos mil quince, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que hubiese hecho uso de ese derecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) De las constancias que corren agregadas a los autos se advierte que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Torres Nungaray, fue para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la determinación reclamada de veinte de marzo de dos mil quince, emitida en la audiencia preliminar desahogada en el juicio F318/2015, exclusivamente en lo que se refiere a la medida de alimentos provisionales; y, con plenitud de jurisdicción, determinara el monto de la medida de alimentos provisionales, el cual podría ser igual o distinto, pero motivando su resolución y tomando en cuenta el cúmulo probatorio con el que contó hasta el momento en que emitió el acto declarado inconstitucional, conforme a lo sustentado en la sentencia amparadora. b) Por acuerdo de veintitrés de julio de la presente anualidad, se declaró la firmeza de la sentencia y se procedió a requerir a la responsable para que diera cumplimiento. c) Mediante oficio JOFAC52234/2015 la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar con residencia en esta ciudad, allegó copia certificada de la determinación emitida el siete de los actuales en el juicio F-318/2015, de su índice. d) Con motivo de lo anterior, el once de agosto pasado, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora del examen de las constancias remitidas por la responsable, las cuales de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: Dejó insubsistente la determinación adoptada en la audiencia preeliminar celebrada el veinte de marzo de dos mil quince, respecto a la medida de alimentos provisionales decretada; y, Siguiendo los lineamientos tazados en la ejecutoria de amparo, dictó una nueva en el que con plenitud de jurisdicción se pronunció respecto a la medida provisional de alimentos, en la que decretó el veinticinco por ciento del total de las percepciones del aquí quejoso, como monto de la medida cautelar, la cual motivo tomando en cuenta las prestaciones ofrecidas por el actor y el cúmulo probatorio con el que contó hasta el momento obran en el juicio de origen. Por lo anterior, es inconcuso que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que es claro que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración de este Juzgado, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de once de agosto de dos mil quince, para que hiciera manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que hubiese hecho uso de ese derecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) De las constancias que corren agregadas a los autos se advierte que la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Torres Nungaray, fue para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la determinación reclamada de veinte de marzo de dos mil quince, emitida en la audiencia preliminar desahogada en el juicio F318/2015, exclusivamente en lo que se refiere a la medida de alimentos provisionales; y, con plenitud de jurisdicción, determinara el monto de la medida de alimentos provisionales, el cual podría ser igual o distinto, pero motivando su resolución y tomando en cuenta el cúmulo probatorio con el que contó hasta el momento en que emitió el acto declarado inconstitucional, conforme a lo sustentado en la sentencia amparadora. b) Por acuerdo de veintitrés de julio de la presente anualidad, se declaró la firmeza de la sentencia y se procedió a requerir a la responsable para que diera cumplimiento. c) Mediante oficio JOFAC52234/2015 la Jueza de Partido Civil Especializada en Materia Familiar con residencia en esta ciudad, allegó copia certificada de la determinación emitida el siete de los actuales en el juicio F-318/2015, de su índice. d) Con motivo de lo anterior, el once de agosto pasado, se dio vista a la parte quejosa y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna al respecto, este juzgado determinaría si la sentencia de amparo fue o no acatada. Ahora del examen de las constancias remitidas por la responsable, las cuales de conformidad con los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que efectuó lo siguiente: Dejó insubsistente la determinación adoptada en la audiencia preeliminar celebrada el veinte de marzo de dos mil quince, respecto a la medida de alimentos provisionales decretada; y, Siguiendo los lineamientos tazados en la ejecutoria de amparo, dictó una nueva en el que con plenitud de jurisdicción se pronunció respecto a la medida provisional de alimentos, en la que decretó el veinticinco por ciento del total de las percepciones del aquí quejoso, como monto de la medida cautelar, la cual motivo tomando en cuenta las prestaciones ofrecidas por el actor y el cúmulo probatorio con el que contó hasta el momento obran en el juicio de origen. Por lo anterior, es inconcuso que se restituyó a la parte agraviada en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, por lo que es claro que la sentencia de amparo se encuentra cumplida. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración de este Juzgado, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental. Ahora bien, atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Jueza de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente asunto; por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la citada legislación, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a sus intereses convenga, apercibido que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que no fue recurrida dentro del término legal la sentencia dictada el treinta de junio del año en curso, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Jorge Torres Nungaray; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Oralidad Familiar con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, en relación con el propio numeral 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, se reserva el envío de los oficios girados a las autoridades responsables con sede en esta ciudad, toda vez que del calendario oficial de labores del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, que obra en la página www.poderjudicial-gto.gob.mx, se advierte que dichas autoridades se encuentran gozando de su primer periodo vacacional, por lo que hasta que reanuden labores se les notificará la presente determinación.
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