Jorge Sánchez Carranza
Expediente 637/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jorge Sánchez Carranza
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el quejoso *********, no interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que presentó; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Por tanto, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***********, por su propio derecho, contra actos del Juez Primero Civil de Partido con sede en Salvatierra, Guanajuato; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020, así como en el diverso 25/2020, que reforma al primero, con relación al periodo de vigencia, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 637/2020-VII. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En la especie, el suscrito considera la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido." Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo al resultado de la resolución." De la segunda parte del precepto legal trascrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. De igual forma, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 177, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible a página 145, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia invocada, conviene establecer que el quejoso acude a esta instancia constitucional señalando como acto reclamado: La audiencia de remate en segunda almoneda, programada en el juicio Ejecutivo Mercantil número M024/18, de la estadística del Juzgado Primero Civil de Partido con sede en Salvatierra, Guanajuato, respecto del inmueble embargado en dicho procedimiento judicial, consistente en una finca urbana ubicada en calle Hidalgo número 50 esquina con calle Morelos de Tarimoro, Guanajuato. Lo anterior, en etapa de ejecución de sentencia. En esa virtud, si el acto que en esta vía se reclama, es la audiencia de remate en segunda almoneda, ordenada en el juicio Ejecutivo Mercantil M-0024/18, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido con sede en Salvatierra, Guanajuato, en el cual el aquí quejoso figura como demandado y en la cual ya existe sentencia definitiva, puesto que en los antecedentes del acto reclamado bajo protesta de decir verdad manifiesta que fue emplazado y condenado en dicho procedimiento judicial; por lo que, es inconcuso que dicho acto fue dictado en etapa de ejecución de sentencia, ya que guarda plena vinculación con la ejecución de la misma, en virtud de que no es autónomo a ésta; razón por la cual, no constituye la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, ni es de las que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior se afirma, habida cuenta que el acto que se reclama en esta instancia fue emitido en etapa de ejecución de sentencia, y no debe perderse de vista que: I. El quejoso es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado. II. El acto impugnado deriva de la existencia de un fallo con el rango de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. De proceder con el trámite del presente juicio, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J.28/2010., sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que surgió al resolver la contradicción de tesis 40/2009, de la Novena Época, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 2010, Materia (S) Civil, de texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." En este orden de ideas, se debe concluir que el amparo promovido en contra del acto reclamado es improcedente porque no se surte la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que determina que el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución dictada en ejecución de sentencia. Al respecto cabe citar la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página 2982, Tomo XXXII, Octubre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, párrafo segundo, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, téngase al quejoso autorizando en términos de la última parte, segundo párrafo del artículo 12, de la Ley de Amparo a *************, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 35, 36, 55 y 57 último párrafo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario fabiolazamudio, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.
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