Jorge Toledo Enriquez

Expediente 316/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
316/2023
Año
2023
Actuaciones
15
Última actuación
05/09/2023

Partes del expediente

  • Jorge Toledo Enriquez
  • JORGE TOLEDO ENRIQUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Intégrese a los autos el oficio telegráfico de la Delegada de la Directora de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en la Ciudad de México -superior jerárquico de la autoridad responsable Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca-, por el que solicita copia del acuerdo de quince de agosto de dos mil veintitrés, por el que se tuvo por cumplida la sentencia emitida en autos. En tales condiciones, mediante oficio que al efecto se gire a la citada autoridad, remítasele copia del citado auto con sus evidencias criptográficas correspondientes, las cuales se consideran copias certificadas al incluir tales evidencias criptográficas, conforme a lo establecido en el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil veintitrés. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por las responsables sobre ese aspecto. Análisis sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo Tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y que de conformidad con los artículos 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 214, de la Ley de Amparo, "No podrá archivarse juicio de amparo alguno, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional", este órgano de control constitucional, con las constancias que obran en autos, procede a resolver si ha quedado cumplido el fallo protector. Alcances de la sentencia de amparo De entrada, cabe destacar que por sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, -que en su oportunidad causó ejecutoria-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte peticionaria del amparo, para efectos de que las siguientes autoridades responsables, realizaran lo siguiente: Magistrados que integran la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo: Emitir las determinaciones conducentes en el juicio de nulidad ****/19-PC3-5; en términos del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que la autoridad demandada, cumplan plenamente con la sentencia de diez de marzo de dos mil veinte, lo cual significa que deberá ser diligentes en el trámite de la ejecución de dicha sentencia, a efecto de que éste no quede paralizado. Lo anterior, sin perjuicio que, dicten otras medidas que abonen al lograr el cumplimiento de la sentencia de mérito. Por su parte, la autoridad Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca (denominación correcta de la autoridad responsable): Deberá de acatar la sentencia de nulidad dictada en el procedimiento administrativo antes mencionado. Actuaciones realizadas por las autoridades responsables en cumplimiento a la sentencia de amparo Con motivo de ello, el Magistrado Presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Toluca de Lerdo, Estado de México y Secretaria de acuerdos de dicha Sala, remitieron los oficios PC3-1-2-***-2023, PC3-1-2*******-2023 y PC3-1-2-******-2023, al que anexaron las constancias correspondientes. Análisis del acto emitido en cumplimiento Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que las autoridades responsables Magistrados que integran la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo y Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca (denominación correcta de la autoridad responsable) cumplieron con la misma, toda vez que: La autoridad demandada, Encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, mediante oficio SP/DPSHT/JN/*****/2023 de nueve de marzo de dos mil veintitrés, emitió resolución en cumplimiento a la sentencia de diez de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio de nulidad *******/19-PC3-5. Determinación contra la cual la parte actora, aquí quejosa, interpuso recurso de queja por defecto en el cumplimiento, el cual fue resuelto el uno de agosto de dos mil veintitrés, en la que se declaró infundada la queja por defecto contra el cumplimiento dado por la autoridad demandada mediante oficio SP/DPSHT/JN/*********/2023 de nueve de marzo de dos mil veintitrés, en la que la Sala responsable estableció: Que la autoridad demandada al emitir el citado oficio, preciso que el cálculo de la pensión de la actora es realizado a partir del incremento más beneficio entre el porcentaje anual del incremento al Índice Nacional de Precios al Consumidor y aquel que recibieron los trabajadores en activo, con la misma plaza que ocupó el promovente; Aplicó los incrementos porcentuales que ha tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para obtener los aumentos otorgados a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, tomando en consideración los incrementos porcentuales del sueldo básico de los trabajadores en activo expedida por la dependencia para la cual laboró la promovente; Insertando una tabla que contiene los porcentajes de incremento, aplicando el mayor beneficio en cada caso; Que la autoridad no omitió aplicar los incrementos que se le otorgaron en la sentencia definitiva, ya que quedaron firmes pues en la sentencia se le ordenó tomar en consideración la constancia de evolución salarial emitida por la dependencia en la cual laboró el actor; La demandada insertó un cuadro en la que señaló las cantidades que la solicitante debió percibir por pensión y aguinaldo, aplicando el porcentaje de incremento más benéfico para cada año, desde que se hizo acreedora a la pensión y otro en el que se señalan las cantidades que percibió por esos conceptos; Conforme a dicha tabla en el periodo comprendido en el 2011 se aplicó el porcentaje del 21.32%; que respecto a que la constancia de evolución salarias en que se reconoce un porcentaje de incremento de 35.06% en el periodo 2011, la autoridad motivo que no existía coincidencia en el incremento que corresponde a dicho periodo porque rebasaría el topo de 10salarios mínimos; La autoridad motivo la existencia de una diferencia de $370,436.50 (trescientos setenta mil cuatrocientos treinta y seis pesos con cincuenta centavos, moneda nacional), derivado del correcto incremento a la cuota pensionaria de la quejosa, el cual también se reflejó en su aguinaldo, por lo que la diferencia determinada corresponde a las cantidades que por ambos conceptos no le fueron entregados; Concluyendo que la autoridad dio cumplimiento a la sentencia definitiva ya que realizó el cálculo del incremento a la cuota pensionaria de la parte quejosa, tomando en consideración el porcentaje más beneficio entre aquel que correspondió al Índice Nacional de Precios al Consumidor y el de los trabajadores en activo en la misma plaza que ocupó el promovente; y preciso las cantidades correspondientes por concepto de diferencias anuales por aguinaldo. Conclusión sobre el análisis del cumplimiento En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Determinación sobre exceso o defecto en el cumplimiento Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, las autoridades responsables, acataron todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que las autoridades responsables, cumplieron correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizaron todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión. Se agrega oficio Por otra parte, glósese el oficio signado por la representante legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, por el que informa los trámites que realiza para cumplir con la ejecutoria de amparo, para lo cual remite copia del oficio número SP/DPSHT/JN/*******/2023, de veintinueve de mayo del año en curso, dirigió a los Magistrados de la Sala Regional del Sur del Estado de México y Auxiliar en Materia de Pensiones Civiles del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a quienes les informa el cumplimiento dela sentencia de diez de marzo de dos mil veinte, emitida en el juicio de nulidad ******/19-PC3-5, anexándole el oficio SP/DPSHT/JN/*****/2023, de nueve de marzo de dos mil veintitrés dirigido al quejoso ******, cédula de notificación, oficio número SP/DPSHT/JN/*****/2023, de once de abril pasado, por el que se solicita a la Subdelegada de Administración del ISSSTE en Oaxaca, la elaboración de pago al actor, contra recibo de cuenta por liquidar certificada y resumen de pago; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que con las constancias remitidas por la Sala responsable se advierte el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Archivo del expediente como concluido En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 12, 14, 17, fracción III, inciso a) y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Relevancia documental Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Destino del expediente Toda vez que en este juicio se concedió la protección constitucional, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será CONSERVABLE en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, previo trámite correspondiente, se transferirá al depósito documental designado para tal efecto, conforme a lo establecido en el artículo 26, del Acuerdo invocado. Anotaciones en carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional Sur del Estado de México y Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Toluca de Lerdo, Estado de México y Secretaria de acuerdos de dicha Sala -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, por el que remite copia de dos acuerdos de uno de agosto de dos mil veintitrés, y resolución de queja de esa misma fecha, por la que declaró infundada la queja por defecto interpuesta por la parte actora, aquí quejosa, contra el cumplimiento dado por la autoridad demandada mediante oficio ******************** de nueve de marzo de dos mil veintitrés, dictados en el juicio ******************** de su índice; relativos al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo ********************96 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, así como con el diverso oficio ********************-********************-********************-********************/********************3 y anexos agregados en auto de treinta de junio del año en curso (fojas ****************************************8 a ********************59 expediente físico), córrase traslado y dese vista a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Por lo que se instruye al Actuario asiente constancia de su cumplimiento. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    JA 316/2023 MESA I B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Glósese el oficio suscrito por el Presidente de la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Pachuca de Soto, conjuntamente con el Secretario de Acuerdos -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico oficial-, por el que en cumplimiento al requerimiento realizado a los Magistrados que integran la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, informan que si bien en las Salas Regionales de ese Tribunal se encuentra personal que cubre guardias en periodos vacacionales, lo cierto es que sólo queda habilitado para resolver las peticiones urgentes sobre medidas cautelares y/o suspensión de los actos impugnados, y que el primer periodo vacacional concluye el treinta y uno de julio del año en curso, por lo que solicita se deje sin efectos el apercibimiento decretado en proveído de treinta de junio pasado, y se otorgue un nuevo plazo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, hasta en tanto la Sala requerida esté debidamente integrada. Al respecto, dígase a la oficiante que no es posible acordar de conformidad su petición, pues dada la naturaleza del juicio de amparo y su calidad de recurso judicial efectivo, no es posible dilatar la sustanciación de sus procedimientos con base en los plazos para las autoridades responsables, y si bien tales plazos pueden ser previsibles, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que las autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Derivado de lo anterior, es que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional-, dejar al arbitrio de las autoridades responsables, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como tales; como así se indica en la tesis P./J. 1/2022 (10a.) de rubro: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE.". [Undécima Época, registro: 2024********************10, Pleno, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Abril de 2022, Tomo I, página 12]. Al respecto, con fundamento en el artículo ********************2 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrados que integran la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, para que en el plazo de tres días posteriores a su notificación, informen a este Juzgado si ya fue resuelta la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia definitiva interpuesta en el juicio de nulidad ********************/********************-********************-********************, de ser así remitan copia certificada de la misma, y en caso de que ésta haya sido fundada, remitan copia certificada de las determinaciones que al efecto adoptaron para que la autoridad demanda cumpla cabalmente con la sentencia de diez de marzo de dos mil veinte. Asimismo, requiérase a la autoridad responsable ********************, Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca (en su denominación actual y correcta), para que en el plazo de tres días, siguiente al en que reciba el comunicado respectivo, cumpla con la ejecutoria de amparo, y remita dentro del mismo plazo, copia certificada legible y completa de las determinaciones que al efecto adopte, esto es: Acatar la sentencia de nulidad dictada en el procedimiento administrativo antes mencionado. La anterior precisión, se realiza en estricto acatamiento a la tesis de Jurisprudencia P./J. ********************9/2014 (10a.), aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el seis de noviembre de dos mil catorce, publicada en la página ********************, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época. De incumplir la autoridad responsable sin causa justificada (informe el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a su titular multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 2********************8 de la Ley de Amparo. Además, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones. No se soslaya que el artículo ********************2 de la Ley de Amparo, párrafo tercero, establece que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquella para que le ordene cumplir con la ejecutoria y el numeral ********************4 de la propia ley dispone que el superior jerárquico de la autoridad responsable es aquel que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. Empero, en el caso los Magistrados que integran la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Toluca de Lerdo, al contar con autonomía e independencia para resolver las controversias sometidas a su conocimiento, carecen de superior jerárquico, puesto que no lo es la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que si bien es superior por razón de grado, su competencia se actualiza cuando las partes interponen los medios de defensa legal, y tampoco lo es la Junta de Gobierno y Administración de dicho Tribunal, ya que acorde a su naturaleza administrativa no encuadra dentro de los supuestos establecidos en el artículo ********************4 de la Ley de Amparo, ya que no podría ejercer poder o mando sobre los Magistrados de la Sala Regional en cuestión, para que emitan una determinación para cumplir con una sentencia de amparo ni cumplir por sí mismos una sentencia de amparo dirigida a dichos Magistrados, pues ello implicaría una invasión a su esfera competencial; por tanto, los aludidos Magistrados que integran Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa carecen de superior jerárquico, de ahí que el requerimiento al cumplimiento de la sentencia solo se realiza a ellos. Asimismo, con fundamento en los artículos ********************2, párrafo tercero, y ********************4 de la Ley de Amparo, notifíquese este proveído a ********************, Directora Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en la Ciudad de México, en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, de la Representación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca (en su denominación actual y correcta), en términos del artículo 27 y 9 del Estatuto Orgánico de ese Instituto, y requiérasele para que inmediatamente ordene a su inferior cumplir con la ejecutoria, o bien con las facultades que tiene cumpla con la misma. Apercíbase al mencionado superior jerárquico que de no demostrar ante este Juzgado dentro del plazo de tres días que hizo uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer a fin de constreñir al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, y a las citadas autoridades responsables que de no cumplir sin causa justificada (informar el impedimento legal o material que tenga para ello), se impondrá a los titulares de las referidas autoridades una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, equivalente a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional ($10,374.00), a razón de 103.74 como valor diario, conforme a lo establecido en los artículos 238 y 2********************8 de la Ley de Amparo. De igual forma, hágaseles saber que el incumplimiento a una ejecutoria de amparo, puede tipificar el ilícito que establece el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, mismo que tiene una pena de prisión que se castiga con cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Notifíquese.

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