Jorge Román Silva y Otros.
Expediente 1756/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1756/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Román Silva y Otros.
Actuaciones
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de la parte quejosa que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción I del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Jorge Román Silva; visto su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°, como lo solicita, devuélvasele, previo folio de sustitución, las documentales que refiere, teniéndose por autorizadas para que las reciban a las personas que señala, previa identificación oficial y razón que por su entrega se asiente en autos.
- Principal
MESA IV B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil dieciséis. Con la demanda de amparo promovida por.... , fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1756/2016. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables, Fiscal General del Estado; Vice Subprocurador de Averiguaciones Previas y Consignaciones adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca; Director de Averiguaciones Previas y Consignaciones adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca; Director de la Agencia Estatal de Investigaciones Adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca; Fiscal Encargado de la Región de la Costa, con residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, la parte quejosa reclama la integración de algún legajo o carpeta de investigación en su contra por el delito de despojo. Así, versus el citado reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.]. Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. La interpretación literal del ultimo precepto transcrito pone de manifiesto que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de La Ley de Amparo. De lo que, interpretado a contrario sensu, se desprende que el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se promueva por un gobernado que no resienta perjuicio alguno en su esfera jurídica con el acto de autoridad. En el caso, el acto consistente en la integración de un legajo o carpeta de investigación en su contra por el delito de despojo, de modo alguno afecta la esfera de derechos del gobernado; pues son diligencias para integrar el material probatorio que el Fiscal debe allegar dentro de esa fase procesal para obtener los elementos suficientes para ejercer la acción penal, por lo que es el resultado del ejercicio de una facultad exclusiva del Ministerio Público; por lo tanto, no puede ser violatorio de los derechos fundamentales que invoca la parte quejosa, en mérito a que por mandato del artículo 21 constitucional, el Ministerio Público es el órgano encargado de la investigación de los delitos. Por tanto, la integración de un legajo o carpeta de investigación contra el impetrante del amparo, no le causa daño o perjuicio, por ser de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis CXXXV/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor: ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. [página trescientos cincuenta y uno, del tomo XX, correspondiente al mes de diciembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época]. Así como la jurisprudencia número del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACION DE UNA AVERIGUACION PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el Juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso. [página 689 del Tomo V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, del Semanario Judicial de la Federación]. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Para concluir, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de demanda y, por autorizadas para tal efecto a las personas que indica. Notifíquese personalmente.
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