Jorge Sarza Castro
Expediente 1558/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1558/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 11/03/2022
Partes del expediente
- Guadalupe Salinas Gómez
- Jorge Sarza Castro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se ordenó el archivo del juicio en que se actúa sin que se precisara correctamente lo relativo a su destino final, por lo tanto, con apoyo en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria y en términos de lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se aclara lo siguiente: El cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, al haberse concedido la suspensión provisional sobre los actos aquí reclamados. Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a las partes para manifestar lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia concesoria de amparo.En ese sentido, no obstante las partes no realizaron manifestación alguna en cuanto a la manera en que la responsable acató la ejecutoria de amparo, atendiendo a que el cumplimiento de la sentencia es de orden público, se procede a determinar si el fallo ha sido acatado en sus términos, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y datos de identificación siguientes:"INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."Alcances del estudio.La materia de la presente resolución, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por la recurrente; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada.Fijación de los efectos y alcances del fallo protectorEn ese tenor, el artículo 80 de la Ley de Amparo aplicable al caso concreto, establece:"Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija".Numeral del que se colige que el efecto de las sentencias de amparo, es restituir a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada.Previo a determinar lo conducente, se precisa que el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se dictó sentencia en el presente sumario, en la cual se otorgó la protección constitucional impetrada, para que las autoridades responsables, colmaran los efectos siguientes:"a) Deje insubsistente el acta administrativa de diez de diciembre de dos mil quince, así como la sanción impuesta al quejoso; b) Hecho lo anterior, en su lugar emita otra, la cual puede ser en el mismo sentido que la anterior o en otro diverso, pero en la que deberá motivar adecuadamente su pronunciamiento respecto a la sanción impuesta al quejoso."Acciones emprendidas en cumplimiento a la sentencia amparante.Ahora, una vez establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional procede a verificar si efectivamente existe cumplimiento de la ejecutoria amparante.Por oficio recibido el once de abril de dos mil dieciséis, las autoridades responsables remitieron copia certificada de la actuaciones efectuadas con motivo del correctivo disciplinario impuesto al quejoso; las cuales adquieren valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º y de las que se obtiene lo siguiente:En diligencia de quince de marzo de dos mil dieciséis, se dejó insubsistente el acta de correctivo disciplinario de diez de diciembre de dos mil quince; Además, en esa fecha, impuso nuevo correctivo al quejoso, fundamentando y motivando adecuadamente la sanción que le impuso.ConclusiónEn suma, de las consideraciones expuestas en cuanto a la delimitación de los efectos de la sentencia de amparo y sus alcances, así como con las acciones emprendidas por la autoridad judicial responsable para dar cumplimiento a la misma, este órgano jurisdiccional concluye que la ejecutoria de amparo ha sido cumplida por las responsables.Sin que en el caso este juzgado de Distrito esté en aptitud de analizar la legalidad del nuevo pronunciamiento que la autoridad responsable efectuó en cumplimiento al fallo protector, toda vez que el procedimiento de ejecución de sentencia de amparo, que concluye con el dictado de la resolución que la tiene por cumplida, únicamente tiene como finalidad verificar que la responsable restablezca los derechos humanos trastocados a la parte quejosa con la emisión de los actos reclamados, que en la especie fueron las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, al advertirse vicios de fundamentación y motivación en los eventos controvertidos.En el entendido que, si se pretende acusar algún vicio de legalidad o constitucionalidad de la resolución que cumplió la sentencia de amparo, pues ello será objeto, en su caso, de un nuevo juicio de amparo o recurso legal que proceda conforme a la ley adjetiva aplicable al caso concreto.Tiene aplicación, las jurisprudencias 2a./J. 201/2009 y a./J. 29/2013 (10a.) emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dicen:"EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución."Así como, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia VI.2o.C. J/330 (9a.), que dice:"QUEJA POR EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL SE CONCEDIÓ ÚNICAMENTE PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ESTUDIARA DETERMINADOS AGRAVIOS, NO PUEDE ANALIZARSE LA LEGALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES QUE, EN CUMPLIMIENTO DE DICHA EJECUTORIA, DIERON RESPUESTA A ESOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD. Cuando en una sentencia de amparo se concede la protección constitucional únicamente para el efecto de que la autoridad responsable analice agravios cuyo estudio indebidamente omitió, en el recurso de queja formulado por exceso o defecto en el cumplimiento a dicha ejecutoria sólo puede analizarse si efectivamente se dio respuesta a tales motivos de inconformidad, pero no la legalidad de las consideraciones sostenidas para tal efecto, pues esto integraría una diversa infracción legal que no puede ser objeto de este medio de defensa."En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por cumplida.En ese sentido, en atención a lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 196 antes citado, se ordena el archivo definitivo del presente expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.Por otro lado, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009 emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, este expediente no tiene relevancia documental, ni trascendencia jurídica, política, social, ni económica; por lo que es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en donde se concedió la protección constitucional a la parte quejosa.Notifíquese; y personalmente como legalmente corresponda.Así lo proveyó y firma el licenciado José Jiménez Sarmiento, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en funciones de Juez de Distrito, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6258/2016, de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa asistido ante el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la Presidenta de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos y al efecto remite copia certificada de diversas constancias, de las que se advierte que requirió a Edith Salomé Álvarez Lara, perito en materia de grafoscopía, para que en el plazo de diez días, rinda su dictamen en dicha materia, circunstancia de la que este juzgado queda enterado para los efectos legales a que haya lugar.Ahora, toda vez que de las constancia que remitió la autoridad oficiante se advierte que no ha dado total cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la Primera Sala Regional Familiar de Toluca, para que una vez que resuelva en definitiva el toca 1020/2015, remita copia de la resolución que se pronuncie.Reiterándole que el efecto de la ejecutoria de amparo fue la siguiente:".1.- La sala responsable dicte una nueva sentencia en la que deje insubsistente la resolución reclamada;2.- En términos del artículo 5.79 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, en segunda instancia se recabe la prueba pericial en materia de grafoscopía en los términos antes precisados; y, 3.- Una Vez realizado lo anterior, la sala resuelva conforme a sus atribuciones."Es aplicable, la jurisprudencia visible en la página 13 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son:"CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo."Se apercibe a la citada responsable que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, en caso de su inobservancia, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso.Con independencia de lo anterior, se informa a la citada autoridad que de constituirse en actitud omisiva, también puede hacerse acreedora a las sanciones previstas en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, así como que en caso de eludir el acatamiento del fallo protector, con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, con apoyo en el precepto invocado y en armonía con el Acuerdo General 5/2013, de trace de mayo de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa en turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Federal, esto es, para que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente sobre la separación del cargo de la autoridad contumaz y la consigne al Juez de Distrito que corresponda, por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 193 de la ley de la materia. Cobra validez la jurisprudencia visible en la página 7 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Noviembre de 2014, Décima Época, Materia Común, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice:"CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
EN RAZÓN DE AVISO SE NOTIFICA LO SIGUIENTE EL SOBRESEIMIENTO CAUSÓ EJECUTORIA
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