Jorge Rodríguez Esquivel

Expediente 1478/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1478/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Rodríguez Esquivel

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Requerimiento de Cumplimiento En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que se le notifique la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "a) De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta fundada y motivada, respecto del escrito de aceptación de pensión presentado por la parte quejosa el cuatro de julio de dos mil veintitrés; asimismo, de ser procedente, deberá emitir el calendario de pagos, a efecto de que la parte quejosa pueda recibirlos, conforme a lo emitido en el dictamen de pensión en el que se determinó que tiene ese derecho; y b) Notifique la respuesta emitida a dicha solicitud a la parte quejosa. Sin que el contenido o sentido de dicha determinación, ni actuaciones subsecuentes, sean objeto de análisis en el presente juicio." Apercibimiento Bajo apercibimiento que de no hacerlo, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se impondrá a la persona física que ostente el cargo de su titular, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización; también se les apercibe que, en caso de no acatar la actual determinación, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo 1478/2023-V; y, R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las autoridades y el acto reclamado siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: A) DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS... B) JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS..." "IV. ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE REALIZAR EL PAGO DE LA PENSIÓN a que tengo derecho, por parte de las autoridades responsables, en cumplimiento al Dictamen de Pensión que se me informó en su atento oficio número ******************** de fecha ********************, mismo que se acompaña al presente escrito en copia fotostática simple como ANEXO UNO para que produzca sus efectos legales conducentes." Por estimarlos, en esencia, violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que radicó la demanda con el número 1478/2023-V, por auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó parcialmente la demanda y únicamente se admitió respecto de la "Jefa del Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios", se dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público Federal, se requirió el informe de ley, seguido el juicio en sus etapas, se llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación reformado el siete de junio de dos mil veintiuno y en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se reclama un acto de naturaleza omisiva que no precisa ejecución material. SEGUNDO. Fijación del Acto Reclamado y Autoridad Responsable. De la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que obran en el expediente, se obtiene que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La omisión de dar contestación al escrito de aceptación de pensión que presentó ante la Unidad de Atención al Derechohabiente el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión. TERCERO. Existencia del Acto Reclamado. Es cierto el acto reclamado atribuido a la autoridad responsable, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Certeza que se corrobora con la documental exhibida por la parte quejosa adjunta a su escrito de demanda, la cual al ser exhibida en copia certificada ante Notario Público, tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Consideración que, además, por las consideraciones que en ella se exponen, se apoya en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Enero de 2005, página 540, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS POR NOTARIO PÚBLICO. A LAS EXHIBIDAS EN EL JUICIO LABORAL DEBE DÁRSELES EL MISMO TRATAMIENTO Y VALOR PROBATORIO EN CUANTO A SU CONTENIDO QUE A LOS ORIGINALES. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 16/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 477, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS CERTIFICADAS DE OTRAS DE IGUAL ÍNDOLE, CUYO COTEJO O COMPULSA ORDENÓ LA JUNTA. HACEN FE EN EL JUICIO LABORAL, YA QUE PRODUCEN CERTEZA DE QUE SU CONTENIDO COINCIDE PLENAMENTE CON SU ORIGINAL, PUES ESA CONFIABILIDAD SE LA OTORGA LA CERTIFICACIÓN, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.", sostuvo que las copias fotostáticas certificadas tienen valor probatorio no sólo cuando se expiden sustentándose en un documento original, sino también cuando se efectúa con apoyo en una copia certificada por un funcionario con fe pública que manifieste haber tenido el original a la vista y que ambos documentos concuerdan en todas sus partes; asimismo, estableció que la referencia que hace el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo en el sentido de que cuando se ofrezca como medio de prueba un documento privado consistente en copia simple o fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original, no constituye un obstáculo para realizarse con apoyo en una copia certificada, puesto que dicho precepto tiene el propósito de precisar que el original es idóneo para el cotejo, pero no impide que se lleve a cabo con una copia certificada. En congruencia con tal criterio, se concluye que a las copias fotostáticas certificadas por Notario Público exhibidas en el juicio laboral se les debe dar, en cuanto a su contenido, el mismo tratamiento y valor probatorio que al documento original, sin que ello signifique que ese documento sea apto para demostrar el fin que se persigue, pues ello dependerá de las objeciones o a la apreciación que en derecho haga la Junta en su resolución." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio de fondo del juicio, deben examinarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio por el suscrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Apéndice de 1985, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "Improcedencia. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La autoridad responsable al rendir su informe de ley invocó la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que la parte quejosa no observó el principio de definitividad, a través del juicio contencioso administrativo, con sustento en el ordinal 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Esta es infundada. Al respecto, el artículo 61, fracción XX, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Del precepto legal reproducido, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados; esto es, el principio de definitividad. Asimismo, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En la especie, el acto reclamado consiste en la omisión de dar contestación al escrito de aceptación del dictamen de pensión que presentó ante la Unidad de Atención al Derechohabiente el ********************; y como consecuencia de ello, la falta de pago de pensión. Ahora bien, de conformidad con el marco normativo expuesto, se estima que el acto reclamado antes señalado sí se encuentra en la excepción al principio de definitividad prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a que se reclaman actos relacionados con la omisión de dar respuesta a una petición efectuada, como violación directa al derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, al no existir diversa causa de improcedencia hecha valer o advertidas de oficio, se procede al estudio del fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de Violación. No se transcriben los conceptos de violación, por no exigirlo algún precepto de la ley de amparo, además de que con ello no se deja en estado de indefensión a la parte quejosa. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXXI, Mayo 2010, página 830, de rubro siguiente: "Conceptos de violación o agravios. Para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo es innecesaria su transcripción." SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa, en esencia, aduce la violación a sus garantías contenidas en el artículo 8° de la Constitución General de la Republica, ya que la autoridad responsable no ha dado respuesta a su petición formulada el ********************, en donde se aceptó la pensión emitida en el dictamen respectivo y como consecuencia de ello, la falta de pago de su pensión. Pues bien, el precepto de violación que hace valer es fundado, puesto que, como lo aduce la parte quejosa, la autoridad responsable, transgrede el derecho fundamental consagrado en el artículo 8° Constitucional que a la letra dice: "Artículo 8°. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Como se ve, el precepto legal invocado, establece uno de los derechos fundamentales protegidos por la Carta Magna, que es el "derecho de petición", en virtud de que todo gobernado tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando por escrito una solicitud, y ante dicho escrito, las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo por escrito que sea congruente con lo que se le solicitó, dentro de un breve término. Sirve de apoyo lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia, siguiente: "Petición. La existencia de este derecho como garantía individual para su salvaguarda a través del juicio de amparo requiere que se formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (Época: Novena Época; Registro: 189914; Instancia: Pleno; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XIII, Abril de 2001; Materia(s): Común; Tesis: P./J. 42/2001; Página: 126). En ese sentido, los artículos 73 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipio; 75, párrafo segundo y 96 del Reglamento de Prestaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; así como el Manual General de Organización del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, publicado en el periódico oficial "Gaceta de Gobierno" el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en lo que interesa, disponen: "Artículo 73. El Instituto resolverá respecto al otorgamiento de una pensión del sistema solidario de reparto en un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud con la documentación correspondiente. Si en el término señalado no se ha otorgado la pensión, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión probable que se determine, sin perjuicio de continuar el trámite para el otorgamiento de la pensión definitiva. (.)" "Artículo 75. Cuando la solicitud carezca de algún requisito formal o no se adjunten los documentos respectivos, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días hábiles corrija o complete el escrito o exhiba los documentos ofrecidos, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo se tendrá por no presentada la solicitud. El Instituto señalará al solicitante una fecha de respuesta que no excederá de treinta días hábiles. El escrito de respuesta estará a su disposición en la unidad administrativa donde el promovente inició el trámite, a excepción de aquellas solicitudes que por su naturaleza requieran de mayor tiempo para su resolución." Artículo 96. El Instituto cubrirá puntualmente el pago de las pensiones y podrá determinar o modificar los procedimientos de pago a los pensionados y pensionistas." "207C0401520101L DEPARTAMENTO DE PENSIONES OBJETIVO: Realizar las acciones relacionadas con la determinación de las prestaciones de pensiones, seguro por fallecimiento y estímulo por permanencia en el servicio, otorgadas por el Instituto, derivadas del sistema solidario de reparto. FUNCIONES: - Aplicar los incrementos del monto diario de pensión aprobados por el Consejo Directivo, conforme a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. - Calcular y determinar las cantidades a pagar para los pagos por primera vez por concepto de pensiones y estímulo por permanencia en el servicio, así como aplicar el monto autorizado por el Consejo Directivo para el pago del seguro por fallecimiento. - Ejecutar, en el ámbito de su competencia, las sentencias o requerimientos de las autoridades judiciales o administrativas para su debido cumplimiento. - Mantener actualizadas las bases de datos de pensiones y de seguros por fallecimiento, para el control de los beneficios otorgados. - Ejecutar las acciones relacionadas con el otorgamiento de pensiones, verificando que el cálculo de los montos diarios se realice conforme a los parámetros establecidos. - Elaborar el informe de las actividades que realiza el Comité de Pensiones para el conocimiento del Consejo Directivo. - Revisar que las solicitudes recibidas en el departamento cumplan con los requisitos establecidos por la legislación de seguridad social para el otorgamiento de la prestación. - Verificar el cumplimiento de los requisitos para el trámite de pensiones, seguros por fallecimiento y estímulos por permanencia en el servicio. - Verificar que se realicen los registros de supervivencia, altas, bajas y cambios realizados en la nómina de pensionadas y pensionados y pensionistas, a fin de controlar la procedencia de los pagos que el Instituto eroga quincenalmente por este rubro. - Desarrollar las demás funciones inherentes al área de su competencia." De los preceptos legales transcritos se aprecia, en lo que aquí interesa, que es al Instituto a quien corresponde pagar de manera puntual las pensiones otorgadas, actividad que, deberá efectuarse por conducto del Departamento de Pensiones, quien cuenta con un plazo de treinta días contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, para resolver respecto a la solicitud planteada y para el supuesto de que no se haya otorgado la pensión solicitada, el Instituto queda obligado a efectuar el pago de la pensión correspondiente. En el presente asunto, como lo acredita la parte quejosa con copia certificada del acuse de la aceptación de pensión de ********************; se advierte que realizó una petición por escrito, de manera pacífica y respetuosa, en donde aceptó el pago de la pensión contenida en el dictamen respectivo, del cual se evidencia que a la emisión del presente fallo ha transcurrido en exceso el plazo de treinta días que establecen las legislaciones citadas con antelación; sin embargo, no se aprecia que se haya emitido una respuesta por parte de la autoridad responsable. En este orden, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo para el efecto de que la autoridad responsable, realice lo siguiente: De no haberlo hecho, inmediatamente a partir del día siguiente al que cause ejecutoria, emita una respuesta fundada y motivada, respecto del escrito de aceptación de pensión presentado por la parte quejosa el ********************; asimismo, de ser procedente, deberá emitir el calendario de pagos, a efecto de que la parte quejosa pueda recibirlos, conforme a lo emitido en el dictamen de pensión en el que se determinó que tiene ese derecho; y Notifique la respuesta emitida a dicha solicitud a la parte quejosa. Sin que el contenido o sentido de dicha determinación, ni actuaciones subsecuentes, sean objeto de análisis en el presente juicio. Finalmente, se hace hincapié que, como se dijo en el acta de audiencia que antecede, no obsta que a la fecha de la emisión de la presente sentencia, trascurra el plazo que establece el artículo 117 de la ley de la materia, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado; en virtud a que atendiendo la naturaleza del acto reclamado, el sentido de la sentencia no causará afectación a ninguna de aquéllas. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 74, 75, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R e s u e l v e: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la parte quejosa, contra el acto atribuido a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo de este fallo y para los efectos establecidos en el similar último de esta resolución.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación de cuenta, se advierte que en auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se otorgó al quejoso el plazo de quince días, legalmente computado, a efecto de que manifestara si es su deseo ampliar su demanda de amparo, lo cual se le hizo del conocimiento a través de la notificación electrónica de cinco de octubre de dos mil veintitrés. Ahora, en términos de las Circulares 28/2023 y 29/2023, de diecinueve y veinticinco, ambas de octubre de dos mil veintitrés, signadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se observa que se declararon inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de mes y año en curso, en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; lo cual implica que hasta esta fecha todavía transcurre el plazo de quince días otorgado en el aludido auto de veintinueve de septiembre pasado; el cual fenece el quince de noviembre de dos mil veintitrés. Por tanto, se señala para la celebración de la audiencia constitucional las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Finalmente, se hace del conocimiento que el suscrito es consciente que el paro de labores de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación generó un impacto en la administración de justicia; por lo que, atento a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género, que rigen la carrera judicial, conforme a lo dispuesto en el artículo 100, en relación con el 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tomarán las medidas correspondientes, a fin de subsanar el retraso ocasionado. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Ejecutoria Vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Aclaración de sentencia Atento a lo anterior y visto el estado de autos, se advierte que el treinta y uno de agosto del año en curso, se dictó la sentencia relativa al sumario en que se actúa, la que contiene incongruencias que deben subsanarse para dar mayor claridad y certeza jurídica al fallo; por tanto, se procede a hacer la correspondiente aclaración de sentencia, con fundamento en lo que establece el artículo 17 constitucional y la jurisprudencia P./J. 94/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya esta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que, por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el error material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo". En efecto, del contenido de la mencionada resolución se colige que, en diversas partes de la misma se hizo alusión al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de El Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, como denominación de la autoridad responsable; cuando lo correcto debe ser Juez Primero Civil del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, lo que se precisa para los efectos legales conducentes. Requerimiento de cumplimiento En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la autoridad responsable Juez Primero Civil del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación acate en sus términos la ejecutoria de amparo, es decir, realice lo siguiente: "A. Deje insubsistente la determinación de ocho de junio de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente ********************. B. Emita una determinación en la cual con libertad de jurisdicción analice debidamente el recurso de revocación respecto de la prestación de pensión alimenticia a favor. Cabe mencionar no será objeto de tutela constitucional la nueva determinación que emita la autoridad responsable al tratarse de un nuevo acto." Bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá a la persona física que ostente dicho cargo una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, ello con fundamento en los artículos 192 y 258 de la legislación de la materia. En la inteligencia de que, la responsable se encuentra constreñida a realizar todas aquellas gestiones necesarias a fin de lograr el cumplimiento de la sentencia amparadora; ello atendiendo a que su objetivo primordial es que sean cumplimentadas sin demora, pues la restitución de la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. Se hace de su conocimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en párrafos que anteceden, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, según sea el caso, para continuar con el trámite de inejecución; así como, para que lleve a cabo el proyecto de separación de su cargo, conforme a lo establecido en el numeral 193 de la Ley de Amparo. Devolución de anexo Finalmente, devuélvase al Juez Primero Civil del Distrito Judicial de El Oro, Estado de México, el anexo que remitió como complemento a su informe con justificación, consistente en copia certificada del expediente ********************; sin que sea necesario requerir acuse de recibo, en razón de que, para tal efecto, se toma en consideración la notificación que se realice del presente proveído. ***

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