Jorge Samuel Mendez Rocha

Expediente 204/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
204/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/04/2021

Partes del expediente

  • Jorge Samuel Mendez Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, treinta de abril de dos mil veintiuno. DEVUELVE DESPACHO [8005]. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio enviado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Apatzingán, Michoacán, a través del cual se devuelve diligenciado el despacho 745/2021 (orden 1290/2021), del índice de este Juzgado, enviado con la finalidad de notificar al quejoso el proveído de veinte de abril de dos mil veintiuno; encomienda que se realizó el veintiséis de abril de dos mil veintiuno. BAJA. Dese de baja dicha comunicación oficial en el libro de gobierno respectivo; sin que haya lugar a lugar acusar el recibo correspondiente; lo anterior, toda vez que el ocurso de que se trata fue recibido vía correo electrónico. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. DEFENSOR ACEPTA CARGO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese el escrito firmado por José Gerardo Flores Martínez, a través del cual acepta y protesta el cargo de Defensor Público Federal del quejoso Jorge Samuel Méndez Rocha y/o Méndes Rocha, para representarlo en el juicio de amparo en que se actúa; asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. CORREO ELECTRÓNICO. Tómese conocimiento de los datos de contacto proporcionados por dicho Defensor, a saber, el correo electrónico jose.flores.martinez@correo.cjf.gob.mx; ello a fin de que, por ese conducto, puedan realizarse las notificaciones que se ordenen en el presente asunto, de conformidad con los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. PRECISIÓN 1. Hágase del conocimiento a la parte quejosa tal circunstancia; asimismo, notifíquese al referido defensor el presente proveído, así como el de veinte de abril de la presente anualidad, a efecto de que se imponga de su contenido y para los efectos legales conducentes. PRECISIÓN 2. En el entendido que, en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le resulten al citado quejoso privado de su libertad, se harán por conducto de su defensor. SOLICITA CONSULTAR EL EXPEDIENTE VÍA ELECTRÓNICA. Por otro lado, atento a su solicitud, se autoriza el ingreso y consulta vía electrónica del expediente en que se actúa y para ello, proporciona el nombre de usuario "gerardoflores", para tal efecto, de conformidad con el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal. SE INSTRUYE AL ANALISTA JURÍDICO DE SISE. Se instruye al analista jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice el registro correspondiente en el Sistema y agréguese a los autos la constancia respectiva. DESPACHO NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO. Finalmente, tomando en consideración que el peticionario de amparo de referencia, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, y notifique al quejoso el presente proveído. Por otra parte, se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remitan las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En la inteligencia de que al realizar el envío de la comunicación oficial por la vía electrónica, será innecesaria su remisión por la vía postal. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la autoridad, que de hacer caso omiso al presente requerimiento en el plazo concedido para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237 fracción I y 259, ambos de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que se practique la diligencia encomendada. NOTIFÍQUESE AL DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE QUE SE TRATA EL PRESENTE PROVEÍDO Y EL DIVERSO REFERIDO EN EL PRESENTE ACUERDO, POR CUALQUIER MEDIO ELECTRÓNICO AUTORIZADO CONFORME AL ACUERDO GENERAL 21/2020 EMITIDO POR EL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y MEDIANTE DESPACHO AL QUEJOSO.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veinte de abril de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Jorge Samuel Méndes Rocha y/o Méndez Rocha, por propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de los Centros Federales, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 204/2021-II, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: ... DESECHAMIENTO. Ahora, apreciado íntegramente el libelo de garantías, se desecha de plano porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que contra el acto reclamado por el quejoso procede algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. ... En efecto, el referido precepto legal dispone: ... Del precepto en comento, la improcedencia del juicio deviene cuando se colman los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado se trate de una resolución o acto proveniente de una autoridad distinta a un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa que suspenda los efectos del acto reclamado. c) Que por virtud de ese medio, la resolución o acto pueda ser modificado, revocado o nulificado. Así, una vez contrastado el acto materia de la litis, con el precepto legal trascrito, es manifiesto que se actualizan los supuestos que se enuncian. En principio porque, como se desprende de las manifestaciones vertidas por el quejoso, el acto reclamado es atribuido a autoridades administrativas. En cuanto a la segunda y tercera hipótesis, del análisis del acto reclamado señalado por el quejoso, se infiere que se trata de una medida relacionada con su condición de internamiento que consiste en la orden de traslado ejecutada del Centro de Ejecuciones y de Sanciones Jonatepec, Morelos, a diverso lugar del que actualmente se encuentra recluido, esto es del Centro Federal de Readaptación Social Número 17 "CPS, Michoacán, con sede en Buenavista, Tomatlan, Michoacán; por lo que, la ley aplicable al caso, es la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigente a partir de diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Criterio sostenido en la jurisprudencia I.2o.P. J/3 (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 3157, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dispone: ... En esa tesitura, cabe precisar que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se complementó la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de dieciocho de junio de dos mil once, donde se introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas, debido a que la autoridad judicial a través del Juez de Ejecución, en la actualidad, es la competente para vigilar los derechos fundamentales de los sentenciados, así como resolver todas las controversias relacionadas con las condiciones inherentes a su internamiento, la autorización y revisión de la legalidad de los traslados y la modificación de las penas de prisión. Apoya a lo anterior la jurisprudencia PC.IV.P. J/1 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Cuarto Circuito, visible en la página 2148, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: ... Además, dentro de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establecieron procedimientos para que la autoridad penitenciaria y el juez de ejecución, dentro de sus facultades, puedan modificar las condiciones inherentes a los internos, ordenar los traslados a otros centros penitenciarios, tramitar incidente relacionados con la modificación de las penas de prisión impuestas y en sí, cualquier aspecto relacionado con la ejecución de la pena impuesta en un proceso penal. Asimismo, se consideraron diversos recursos y una controversia judicial para que las personas privadas de su libertad puedan combatir los actos emitidos por las autoridades penitenciarias y judiciales relacionados con las condiciones de su internamientos y en específico con la orden de traslado -acto reclamado en la presente instancia constitucional-. En efecto, los artículos 1°, fracción II, 5, 9, 30, 50, 51, 52, 57, 116, 120 a 25, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, regulan los tipos de traslados de un centro penitenciario a otro y el procedimiento a seguir para ordenarlo y ejecutarlo, además contemplan el "recurso de apelación" y "la controversia judicial" ante el Juez de Ejecución para que el interno (sentenciado o procesado) combata dicho acto privativo, medios de impugnación que prevén la suspensión del acto reclamado y pueden modificar, revocar o nulificar el actuar de la autoridad responsable. Al respecto los citados preceptos legales establecen: ... Las personas privadas de la libertad podrán ejercer los derechos y hacer valer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que estuvieren pendientes al momento de su ingreso o aquellos que se generen con posterioridad, salvo aquellos que sean incompatibles con la aplicación de las sanciones y medidas penales impuestas." ... De lo anterior, se advierte que los traslados siempre deben ser autorizados por el Juez competente, la regla general es que la autorización sea previa, aunque de manera excepcional la autorización será posterior a la ejecución del traslado, en este último caso, las autoridades penitenciarias tienen facultad para emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, pero será calificada con posterioridad por un Juez; por tanto, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, la orden siempre debe ser autorizada por un juez, por esa razón se estima que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados. En esa tesitura, cuando la autorización judicial es posterior, pueden surgir dos vertientes, a saber, un análisis oficioso, y otro, a petición de parte: La Ley de Ejecución en su artículo 52 impone a la autoridad penitenciaria la obligación de notificar al Juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes al traslado, la resolución administrativa que lo ordena, a su vez surge la obligación a cargo del juez de calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, dentro de cuarenta y ocho horas, esta resolución puede ser apelada por el interno. En este supuesto estamos en presencia de un control jurisdiccional oficioso, pues las autoridades actúan bajo el imperio de la ley. Cuando el juez competente omite calificar la legalidad del traslado, el interno está en posibilidad de combatir la resolución administrativa a través de una controversia judicial, según el artículo 52 en relación con los diversos 116 a 119 de la Ley de Ejecución Penal. Adicionalmente, cabe destacar que, con independencia del tipo de traslado -voluntario, involuntario o urgente-, los artículos 116, fracción I2, en relación con el 117, fracción III3, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, instituyen a la controversia judicial ante el Juez de Ejecución como un medio eficaz para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias. Así, con base en lo hasta aquí expuesto, se puede decir que como parte integral de la implementación del nuevo sistema de reinserción social y de los mecanismos de protección de los derechos de los procesados y sentenciados, se promulgó la Ley Nacional de Ejecución Penal, que entró en vigor el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, la que tiene por objeto establecer las normas que deben observarse para ordenar y ejecutar el traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, asimismo, contempla el "recurso de apelación" y una "controversia judicial" como medios jurisdiccionales eficaces para combatir dicho acto de autoridad. En tal virtud, toda vez que no se advierte que la autoridad judicial competente haya realizado pronunciamiento al respecto y que el quejoso manifiesta que se transgreden sus derechos fundamentales con la ejecución de la orden de traslado combatido, previo acudir al amparo, debieron agotar la controversia judicial ante el Juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado a fin de que se analice su legalidad y en su caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo, de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal; el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevé la suspensión del acto combatido. Así, es claro que si el quejoso reclaman la orden de traslado atribuida a autoridades administrativas, es inconcuso que existe el medio ordinario de defensa -controversia judicial ante el Juez de Ejecución prevista por la Ley Nacional de Ejecución Penal-, el cual deben agotar previo a la promoción del juicio de amparo. Luego, si con motivo de la controversia judicial ante el Juzgado de Ejecución, se puede analizar la legalidad del traslado en cuestión, indefectiblemente ese proceder puede conllevar a que se modifique, revoque o nulifique la determinación o acto que se reclama; situación que satisface el último de los presupuestos que se mencionan en los incisos precedentes. No obstante lo anterior, se desprende que el quejoso acudió directamente a promover el presente juicio de amparo sin que previamente hayan interpuesto algún medio de impugnación de los previstos en la Ley Nacional de Ejecución en contra del traslado reclamado. De lo que se sigue que si el quejoso acude a esta instancia constitucional a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra la orden de traslado atribuida a autoridades administrativas, pero no agotó la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal, que de conformidad con el articulo 52 en relación con el 116, fracción I, en relación con el 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que constituye el medio de defensa judicializado, eficaz e idóneo para analizar la legalidad del traslado reclamado a autoridades administrativas, es evidente que el acto aquí no es definitivo. En consecuencia, al no haberse agotado la controversia judicial ante el Juez de Ejecución Penal contra el acto reclamado, es inconcuso que se inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causal de improcedencia contenida en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número V.1o.P.A.5 P (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 1573, Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: ... Aunado a que la orden de traslado no se encuentra en ninguna de las causas de excepción al principio de definitividad, como sería si se tratase de un acto que atenta contra la libertad personal fuera de procedimiento -toda vez que el procedimiento del traslado se encuentra previsto y regulado en capítulo V de la Ley Nacional de Ejecución Penal-; que el peticionario de derechos acuda como persona extraña al juicio, como lo dispone la fracción VII, del ordinal 107 constitucional; y en los casos previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, toda vez que esa medida no importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, ni se ordena alguno de los actos prohibidos por el diverso 22 de la ley fundamental, específicamente, penas de mutilación e infamia, azotes, marcas, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Sirve de apoyo la jurisprudencia número: P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro: 2017117, que dispone: ...Sin que sea obstáculo a la anterior determinación los siguientes criterios de nuestro Más Alto Tribunal: ... Ello es así, porque de su análisis se advierte que la Suprema Corte tomó como base la reforma constitucional a los artículos 18 y 21, de junio de 2011, donde se le quitaron facultades a las autoridades administrativas para decidir las controversias que se susciten en reclusión, para otorgárselos a la autoridad judicial, por ende, las autoridades administrativas ya no tienen competencia para ordenar traslados, de hacerlo estaríamos hablando de actos fuera de procedimiento judicial. En tales criterios el alto tribunal alude a situaciones donde las autoridades administrativas continuaban ordenando traslados de internos de un centro penitenciario a otro, sin contar con facultades y sin autorización judicial; sin embargo, el panorama cambio con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues creó un procedimiento judicial que regula los traslados, por regla general la autorización judicial es previa y excepcionalmente en casos urgentes la autorización judicial es posterior, en este último caso la autoridad administrativa ordena y ejecuta el traslado para posteriormente solicitar la autorización judicial, quien podrá confirmar o revocar esa decisión administrativa, también se previó la facultad de los internos de ejercitar una acción que inicie una controversia judicial, para combatir ese traslado. Reviste importancia el último supuesto mencionado, pues la ley de ejecución faculta a las autoridades administrativas a emitir una resolución administrativa que ordene el traslado, que posteriormente debe ser revisada por una autoridad judicial, como todo ello ocurre en el contexto de un procedimiento establecido en la ley se trata de actos ocurridos dentro de un procedimiento, a diferencia de lo analizado por el alto tribunal que alude a supuestos donde los actos fueron emitidos fuera de juicio, de allí que al caso a estudio no resulten aplicables esos criterios. En apoyo a lo anterior se cita la tesis PC.III.P. J/18 P (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada el viernes 07 de septiembre de 2018 10:16 h, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 2017822, del rubro y texto siguiente: ... En esta tesitura, se colige que con la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de la libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las situaciones relacionadas con la reclusión del ahora quejoso; como lo es, lo relativo a su traslado; adicionalmente cuenta con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, por lo que es inconcuso que dichos procedimientos deber ser agotados previo a la presentación del juicio de amparo, en atención al principio de definitividad. Ello es así, porque de acuerdo al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo, previo a la interposición de éste, deben ejercitarse los recursos ordinarios que prevenga la ley, que tengan por objeto revocar, modificar o confirmar la resolución reclamada, tal y como se estipulo en líneas precedentes, entonces debe concluirse que el presente juicio es improcedente. En tales condiciones, como fue anticipado, es indudable que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Jorge Samuel Méndes Rocha y/o Méndez Rocha, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con la fracción XX del precepto 61, ambos de la Ley de Amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. .. EXPEDICIÓN DE COPIAS... SE COMISIONA... REQUIERE DESIGNACIÓN. Con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase vía electrónica al Delegado del Instituto de la Defensoría Pública Federal, con sede en Morelia, Michoacán, para que en el término de tres días contados a partir de que reciba el oficio de notificación del presente proveído (al que deberá adjuntarse copia simple del escrito de demanda), designe Defensor Público Federal para que asista en este asunto al citado quejoso Jorge Samuel Méndes Rocha y/o Méndez Rocha. DOMICILIO. Toda vez que el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, establece que los quejosos privados de su libertad, deberán ser notificados de manera personal en el local del juzgado o en el establecimiento en que se hallen recluidos; se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el lugar de su reclusión. SE GIRA DESPACHO. Ahora, ya que el quejoso Jorge Samuel Méndes Rocha y/o Méndez Rocha, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán, con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 298, 299 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento despacho, vía correo electrónico, al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Apatzingán, Michoacán, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione a quien corresponda para que, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención que resulten indispensables al realizar una notificación, con el objeto de evitar cualquier riesgo de infección y propagación del virus que ha dado lugar a la emisión del Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Consejo de Salubridad General de los Estados Unidos Mexicanos, para que realice lo siguiente, lo que deberá de asentar en el acta respectiva. Notifique al quejoso el contenido del presente proveído. Se previene al Juez requerido, que tan pronto como reciba el despacho, sirva ordenar el desahogo de la diligencia encomendada, y en términos de los artículos 282, 300 y 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se habilitan días y horas inhábiles para tal efecto; de igual forma, hágasele del conocimiento, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remitan las constancias al correo electrónico 5jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en atención a lo establecido en el Acuerdo General 8/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y de medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. APERCIBIMIENTO... TRANSPARENCIA... FIRMA ELECTRÓNICA...

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