Jorge Ramirez Sanchez
Expediente 91/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jorge Ramirez Sanchez
Actuaciones
- Principal
IV.-De las razones precisadas en la cuenta secretarial, se advierte que a los Actuarios de la adscripción, no les fue posible notificar personalmente al quejoso Jorge Ramírez Sánchez, el contenido del proveído de catorce de marzo del año en curso, en que se tuvo por no interpuesta la demanda de garantías; lo anterior, por fallecimiento del referido peticionario de la tutela federal y al efecto, anexa copia simple del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/06403/2018, de dieciocho de marzo actual, signado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, residente en la Ciudad de México, de la que se desprende dicha circunstancia. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2°, de la Ley de Amparo, en relación con el 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO DICHO PROVEÍDO, para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquéllos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en la que se declaró firme el proveído que tuvo por no presentada la demanda de amparo, pues sin decidir el juicio en lo principal, lo da por concluido, además, el expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
IV-Vista la materia de la cuenta, se acuerda lo siguiente: Téngase a Jorge Ramírez Sánchez, por propio derecho, promoviendo demanda de garantías. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 91/2018-IV. Ahora, a fin de acordar lo procedente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 108, fracciones IV y V, en relación con los numerales 110 y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE al accionante de garantías, para que dentro del término de CINCO DÍAS, computados legalmente y tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, prescripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II.." Por escrito y con las copias suficientes para correr traslado a las partes, realice, bajo protesta de decir verdad, la aclaración de su demanda respecto de lo siguiente: Indique de manera clara, precisa y concreta, el acto reclamado en su demanda de garantías, así como la autoridad jurisdiccional a la que le atribuya el acto que tilda de inconstitucional. Lo anterior, toda vez que de un análisis integral de la demanda de garantías, se advierte que el promovente Jorge Ramírez Sánchez, señala como como acto reclamado: "La suspensión de oficio y de plano para los efectos legales de mi traslado de solicitud voluntaria al control penitenciario que a continuación señalo como lugar más cercano a mi domicilio: Cefereso No 1 "altiplano" ex rancho la palma S/N, colonia Santa Juana Centro. Almoloya de Juárez, estado de México, C.P. 50900". Circunstancia por la que es importante destacar, que la demanda de amparo, como se plantea crea confusión, porque el promovente no señala claramente cuál es el acto reclamado, ni la autoridad jurisdiccional o administrativa a la cual se lo atribuye. Por tanto, como ya se indicó, prevéngase al promovente, para que manifieste de forma clara, precisa y concreta, el acto reclamado en su demanda de garantías, así como la autoridad responsable a la que se lo atribuya. Ello, a fin de fijar correctamente la litis en el presente juicio de garantías, así como la autoridad responsable y estar en condiciones de solicitar de manera correcta el informe de ley a la responsable y ésta se encuentre en aptitud de rendirlo adecuadamente. Resulta aplicable, la tesis siguiente: Tesis: XX.57 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 202853 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo III, Marzo de 1996 Pag. 871 Tesis Aislada(Común) ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda. b) Redacte de forma clara, congruente y cronológica los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, pues precisamente éstos son la base para analizar la acción constitucional que intenta; entendiéndose como tal, la relación sucinta de las actuaciones previas al acto reclamado, como lo es la naturaleza del proceso penal; las partes que lo integran; los términos de las resoluciones que en su caso se hubieren emitido; y el estado procesal que guarda la causa penal de origen; ello porque los antecedentes a que se refiere el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo, son sustento de los conceptos de violación. Lo anterior, toda vez que de su contexto, únicamente se desprenden algunos de ellos, lo que dificulta su análisis y entendimiento; de ahí que, dichas manifestaciones no pueden equipararse al requisito de forma previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990 del Tomo XXIII, Abril de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Así como la tesis VI.1o.19 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 301, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." Con el apercibimiento que de no cumplir con lo señalado dentro del plazo que se le concede, se procederá en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. Sin que haya lugar a proveer respecto de la suspensión de plano del acto que el quejoso Jorge Ramírez Sánchez, tilda de inconstitucional, consistente en la solicitud de su traslado del Centro Federal de Reinserción Social, número 17 "CPS Michoacán", en donde actualmente se encuentra recluido al Centro Federal de Reinserción Social, número 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Lo anterior, toda vez que no se actualizan los supuestos que establece el artículo 126 de la Ley de Amparo, para estar en condiciones de conceder dicha medida suspensiva, en razón de que la citada suspensión de plano, se concede cuando la orden de traslado es emitida por autoridades de carácter administrativo; lo que en el caso, no acontece, ya que como se advierte de párrafos que anteceden, el peticionario de garantías, señala como acto reclamado, la solicitud de su traslado del Centro de Reinserción Social, número 17 "CPS Michoacán", al diverso Centro Federal de Reinserción Social, número 1 "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, sin indicar autoridad responsable; esto es, se trata de una solicitud de traslado, no así de una orden de traslado, emitida por autoridad jurisdiccional o administrativa, susceptible de ser suspendida. Cobra aplicación a lo expuesto: Tesis: 1a./J. 58/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2013066 1 de 1 Primera Sala Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Pag. 865 Jurisprudencia(Común) ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta. De conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 Constitucional, en relación con los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley mencionada, indíquese a las partes que toda información que tiene en resguardo el Poder Judicial de la Federación es pública, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 1, 3, 5, 6, 7 y 8 del citado reglamento, por ende, los expedientes podrán ser consultados por cualquier persona, con las salvedades a que se refiere tal disposición; de la misma manera, hágase del conocimiento de la parte quejosa que tiene el derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 97, 110 y 113 de la citada ley federal, como reservada o confidencial; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, legalmente computados, manifieste por escrito si está de acuerdo con que se especifique su nombre y datos personales, al hacerse la publicación de las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria; en la inteligencia de que la falta de aceptación expresa, conlleva su oposición para que el fallo respectivo se publique con tales datos. Téngase por designado como domicilio para oír y recibir notificaciones personales dirigidas a la parte quejosa, el lugar de su reclusión por así solicitarlo el promovente, esto es, las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", ubicadas en Buenavista Tomatlán. Por tanto, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, conforme al rol correspondiente, en la fecha establecida, a efecto de que se constituya en legal y debida forma en dicho centro penitenciario y haga del conocimiento del peticionario de la tutela federal Jorge Ramírez Sánchez, el contenido del presente proveído, corriéndole traslado con una copia simple. En el entendido que la salida y regreso del actuario comisionado, deberá ser en el mismo día, para los efectos legales a que haya lugar; por tanto, con fundamento en el artículo 156, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entérese de la anterior determinación a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que, las notificaciones que se ordenen de manera personal al quejoso, deberán practicarse en el lugar de su reclusión, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO JORGE RAMÍREZ SÁNCHEZ, EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN CORRIÉNDOLE TRASLADO CON UNA COPIA SIMPLE DEL PRESENTE AUTO.
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