Jorge Salcedo Pérez

Expediente 2441/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 8 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2441/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
01/03/2019

Partes del expediente

  • Jorge Salcedo Pérez
  • JORGE SALCEDO PÉREZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintisiete de febrero del presente año (foja 87), acompaña constancia de entrega de un cheque valioso por la cantidad de $11,906.50 (once mil novecientos seis pesos 50/100 moneda nacional), de cuyo contenido se advierte una firma al calce de la parte promovente del amparo y copia de la credencial de elector; por tanto, agréguense para los efectos legales correspondientes. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Por sentencia dictada el catorce de enero del año que transcurre (fojas 44 a 63), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ** Sentencia que causó ejecutoria el siete de febrero del mismo año (fojas 76 y 77), por lo que se requirió a la autoridad responsable correspondiente a fin de que la acatara en sus términos. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el trece de febrero del presente año (fojas 81 y 82), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había expedido un cheque a favor de la parte quejosa por $11,906.50 (once mil novecientos seis pesos 50/100 moneda nacional). Posteriormente, mediante oficio de cuenta y anexo que adjuntó la autoridad oficiante, se advierte que en cumplimiento al fallo protector entregó el aludido título de crédito a la parte quejosa, mismo que fue recibido por éste el veintiséis de febrero actual. Ahora bien, a la cantidad total que la parte quejosa erogó por el pago de derechos conforme a los preceptos declarados inconstitucionales, a saber, $11,993.89 (once mil novecientos noventa y tres pesos 89/100 moneda nacional), debe restársele la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde el monto mínimo a pagar, tal como está ordenado en la sentencia, lo que arroja un total de $11,713.89. (once mil setecientos trece pesos 89/100 moneda nacional). De ello se obtiene que la autoridad devolvió la cantidad de $11,906.50 (once mil novecientos seis pesos 50/100 moneda nacional). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en catorce de noviembre de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el once de febrero de dos mil diecinueve se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 82), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho a enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de enero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue de 101.440 y para el mes de enero de dos mil diecinueve fue de 103.108, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0164. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $11,713.89. (once mil setecientos trece pesos 89/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $11,905.99 (once mil novecientos cinco pesos 99/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $192.01 (ciento noventa y dos pesos 01/100). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de$11,905.99 (once mil novecientos cinco pesos 99/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de$11,906.50 (once mil novecientos seis pesos 50/100 moneda nacional); es decir, hay un excedente de $0.51 (51/100 centavos moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de obtenerlos, así como los que efectué la quejosa, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **

  2. Principal

    **TEPIC, NAYARIT, UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintisiete de febrero del presente año (foja 87), acompaña constancia de entrega de un cheque valioso por la cantidad de $11,906.50 (once mil novecientos seis pesos 50/100 moneda nacional), de cuyo contenido se advierte una firma al calce de la parte promovente del amparo y copia de la credencial de elector; por tanto, agréguense para los efectos legales correspondientes. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: **Por sentencia dictada el catorce de enero del año que transcurre (fojas 44 a 63), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ** Sentencia que causó ejecutoria el siete de febrero del mismo año (fojas 76 y 77), por lo que se requirió a la autoridad responsable correspondiente a fin de que la acatara en sus términos. De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolverle la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar actualizada. Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de garantías la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el trece de febrero del presente año (fojas 81 y 82), la Delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había expedido un cheque a favor de la parte quejosa por $11,906.50 (once mil novecientos seis pesos 50/100 moneda nacional). Posteriormente, mediante oficio de cuenta y anexo que adjuntó la autoridad oficiante, se advierte que en cumplimiento al fallo protector entregó el aludido título de crédito a la parte quejosa, mismo que fue recibido por éste el veintiséis de febrero actual. Ahora bien, a la cantidad total que la parte quejosa erogó por el pago de derechos conforme a los preceptos declarados inconstitucionales, a saber, $11,993.89 (once mil novecientos noventa y tres pesos 89/100 moneda nacional), debe restársele la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde el monto mínimo a pagar, tal como está ordenado en la sentencia, lo que arroja un total de $11,713.89. (once mil setecientos trece pesos 89/100 moneda nacional). De ello se obtiene que la autoridad devolvió la cantidad de $11,906.50 (once mil novecientos seis pesos 50/100 moneda nacional). En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado en catorce de noviembre de dos mil dieciocho, como fue señalado en sentencia y que el once de febrero de dos mil diecinueve se tuvo a la autoridad responsable realizando la devolución por el monto total actualizado de dicho recibo (foja 82), por lo que el periodo de actualización comprende del mes de octubre de dos mil dieciocho a enero de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de enero de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue de 101.440 y para el mes de enero de dos mil diecinueve fue de 103.108, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0164. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: $11,713.89. (once mil setecientos trece pesos 89/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $11,905.99 (once mil novecientos cinco pesos 99/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $192.01 (ciento noventa y dos pesos 01/100). No pasa inadvertido que el monto que la responsable debía devolver a la quejosa era de$11,905.99 (once mil novecientos cinco pesos 99/100 moneda nacional); sin embargo, ésta reintegró la diversa de$11,906.50 (once mil novecientos seis pesos 50/100 moneda nacional); es decir, hay un excedente de $0.51 (51/100 centavos moneda nacional), pero dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de obtenerlos, así como los que efectué la quejosa, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de biinstancial, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez no se tramitó. **

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el escrito de cuenta, signado suscrito por *****, en su carácter de autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita se regularice el presente asunto y se ordene entregar los billetes de depósito exhibidos por la autoridad responsable, por las razones que expone. Sin embargo, dígasele que no ha lugar a proveer favorablemente a su petición, por las razones expuestas en el proveído de dieciocho del presente mes y año, en el que se le indicó entre otras cosas, que existe un recurso de queja en el diverso juicio 882/2016 del índice de este órgano jurisdiccional, interpuesto por la autoridad responsable Comisión Federal de Electricidad en contra de la resolución de treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se resolvió el incidente innominado, tramitado a efecto de definir el equivalente del porcentaje cedido a*****, en su carácter de cesionaria de los actores en el juicio civil ordinario 205/2007 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, con motivo de la sentencia amparadora, relacionado con el que hoy se provee, mismo que podría modificar la repartición de la indemnización de que se trata y afectar en todo caso la parte proporcional del accionante del amparo en los presentes autos. Máxime que este Juzgado Federal no puede revocar sus propias determinaciones.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector, lo que acredita con la documental que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo de referencia, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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